Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 136476
1501-1872-21
136.476
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Víctor Horacio Violini, a los efectos de dictar sentencia en la causa N°136.476 caratulada "ROMERO CARLOS EZEQUIEL, ROMERO MÓNICA CELIA y S.,J.S. S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-VIOLINI .
El Tribunal en lo Criminal N°1 del departamento judicial San Martín, con integración unipersonal, resolvió, en la causa N°5409, condenar a Carlos Ezequiel Romero a la pena de ocho años de prisión, acceS.s legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio simple; a Mónica Celia Romero a la pena de cuatro años de prisión, acceS.s legales y costas, por resultar partícipe secundaria del delito de homicidio simple y a J. S. Osmar S. a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, y costas, por resultar autor del delito de homicidio preterintencional, imponiéndole por el plazo de dos años como reglas de conducta: constituir domicilio y mantenerlo; someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de mantener cualquier tipo de trato con los familiares de la víctima.
Contra dicho pronunciamiento, el defensor del imputado Carlos Romero, Alejandro Karim Apaz Madrid, interpuso recurso de casación.
Por su parte, el defensor Diego J. Szpigiel interpuso recurso de casación a favor de los acusados Mónica Romero y J. S.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el remedio intentado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez BOUCHOUX dijo:
I. El Defensor del acusado Romero estima que el sentenciante no brindó un correcto tratamiento de los elementos de convicción adunados debido a que, conforme su criterio, llevó a cabo un análisis parcial violatorio de los principios de inocencia e in dubio pro reo.
Afirma que se cuenta con filmaciones que, si bien dan cuenta de una gresca generalizada, permiten advertir el momento de la agresión física. Añade que no es posible ver la secuencia del hecho debido a que habría ocurrido en cercanías de los vestuarios donde no se encontraba colocada ninguna cámara.
Aclara que, de los videos, surge que ninguno de los testigos estuvo presente en el lugar del suceso mortal y que la pesquisa no logró individualizarlos.
Considera que, del testimonio del veedor del encuentro Matías Gabriel Rogel, se desprende la espontaneidad del ataque como también que no había en ninguno de ellos, intención homicida.
Señala que Néstor Daniel Vera tampoco aportó apoyatura a la postura convictiva, ya que sólo dijo que lo vió intentando defender a su hermana, pero sin pegarle y que luego, fue detrás del arco al igual que el hijo de la víctima.
Sostiene que la hipótesis del tribunal se funda en un grupo de testimonios que ni siquiera son contestes entre sí respecto de la secuencia total de los hechos y que, a su vez, se encuentran en contradicción con los relatos de otras personas que compartían el mismo escenario de los hechos. Así, alega que la selección de dichos testimonios es absolutamente voluntaria y demuestran la existencia de dos posibilidades que alejan la certeza como valor intrínseco de una sentencia jurisdiccional.
Aduce que la acción de propinar piñas no es lo mismo que la de dar patadas en la cabeza. En consecuencia, estima que resulta evidente que esa conducta no se vincula con la hipótesis convictiva.
Argumenta que el testimonio de Noriega “no aporta nada” debido a que “nada” vió. Afirma que claramente se desprende que es un testimonio de oídas y que reproduce algo que otros le contaron, sin especificar quiénes.
En cuanto a los dichos de Juan Cristian Capdevilla, sostiene que no resultó acreditado con certeza que su asistido haya tenido la camiseta número cinco al momento de la agresión.
Dice que idéntico razonamiento debe verificarse respecto de su hijo Cristian Nicolás Capdevilla y de los testigos Nicolás Gonzalo Salart y Marcelo Ramon Arin.
Concluye que no observaron la secuencia completa debido a que eran varias las personas que agredieron a Noriega y que incluso mencionaron a una persona con la camiseta número ocho. Argumenta que, además, del testimonio de Arin también surgió la pelea generalizada cuando especificó que el hijo de la víctima fue perseguido por algunos sujetos (jugador N°5, jugador N°7, una femenina) y que, detrás de éstos, fue el propio declarante y “parte del resto de los jugadores del otro equipo iban tirándole patadas y golpes de puño”.
Asegura que Luis Gabriel Fernández refirió que la víctima fue agredida por un sujeto de remera gris que le dio una trompada (piña en el rostro) -circunstancia que entiende difiere de aquellos que manifestaron que recibió una piña en la nuca-, que una femenina también le dio patadas y que seguía consciente.
Asimismo, reseña las declaraciones de Alan Nicolás Rivero y de Natanael Zalazar.
Estima que los testimonios dieron cuenta de la agresión rápida, compartida por varias personas, de la confusión y de la cantidad de sujetos involucrados, todo lo cual según su criterio fue corroborado por las imágenes de los videos incorporados.
Opina que Franco Nahuel Cuello, Matías Gabriel Rogel, Francisco Baldo, Juan Pablo Casco, Nahuel Marcelo Rivero, Jorge Luis Rodríguez, Alfredo Emilio Thoss, Samuel López, Jesús Ismael Rodríguez, Carlos Damián González, Ignacio Julián Rodríguez, S. Luna, Néstor Daniel Vera, Claudio Damián González, Ignacio Julián Rodríguez y la Sra. Bustamante no observaron cómo se produjo el hecho, no vieron quién lo agredió ni cómo terminó en el suelo y tampoco si sufrió agresiones estando ya en el piso.
Con respecto a la testifical de Adrián Marcelo Rodríguez, plantea que sostener que miente solo porque concurrió al partido por ser conocido de Romero y de S. constituye una arbitrariedad cuyo propósito es desechar todo aquello que entre en conflicto con la postura elegida por el Tribunal.
Aduce que la autopsia solo indica que la víctima falleció con motivo de golpes en la cabeza sin que se haya podido determinar a quién indudablemente corresponde adjudicar el golpe mortal. Añade que ni siquiera pudo establecerse si hubo un único golpe mortal o si el óbito se generó por la sucesión de golpes en una zona sensible. Estima que ello es vital debido a que se trata de un delito de mano propia y se descartó la existencia de un plan previo o concierto de voluntades y división de roles que permitiría la imputación del delito previsto por el art. 79 del Código Penal. Explica que si J. S. S. es el autor material cuya conducta causó el resultado muerte y conforme la pesquisa, su accionar ha sido pretérito al que se le adjudica a su asistido Carlos Romero, éste no puede ser imputado del delito de homicidio simple en calidad de autor.
Por otra parte, destaca la incoherencia de sostener la imputación del homicidio simple para Carlos Romero y al mismo tiempo la de un homicidio preterintencional para su consorte J. S. S. sumado a la participación de una tercera que habría aportado “un golpe que desencadenó el resultado, de una acción que no se sabe cuál de las dos anteriores fue”.
Postula que la duda obliga a absolver a los tres.
En forma subsidiaria, solicita el cambio de calificación por el homicidio en riña.
Argumenta que Noriega recibió golpes producto de la adrenalina y la locura del momento propinados por diferentes sujetos.
Solicita que se haga lugar al recurso y se case la sentencia atacada, se ordene su absolución por aplicación del principio de la duda. Subsidiariamente, peticiona que se recalifique la conducta en los términos del art. 95 del Código Penal, como homicidio en agresión, modificándose el monto de la pena estableciéndose el mínimo en razón de su falta de antecedentes y la valoración del resto de sus condiciones en el marco de los arts. 41 y 42 del Código de fondo.
II. La defensa de los acusados Mónica Romero y J. S., plantea que la decisión recurrida describió una serie de conjeturas e indicios de baja calidad o nula justificación además de incurrir en omisiones probatorias relevantes, razonamientos falaces e incorrectos con el fin de establecer las proposiciones fácticas del caso de la acusación.
Asimismo, opina que el resolutorio que cuestiona resulta arbitrario y realiza una incorrecta aplicación e interpretación de la ley de fondo y de la normativa relacionada con la valoración de la prueba y la sana crítica.
Aduce que, si bien los testimonios son numerosos, no son todos conducentes entre sí, ya que muchos resultaron contradictorios respecto de la participación y secuencia del hecho y, a su entender, aludieron diversas hipótesis de la secuencia del hecho. Al respecto, considera que el Tribunal solo escogió y seleccionó aquellos que le sirvieron para sostener la imputación hacia sus asistidos (particularmente respecto de Mónica Romero) y desechó los que justamente demostraban su ajenidad.
Por otra parte, asevera que los videos aportados tampoco permiten advertir ninguna agresión hacia Juan Noriega que se vincule con la muerte del damnificado debido a que ocurrió en las cercanías del vestuario, lugar donde no había cámaras para observar el suceso.
Dice que fueron recabadas cámaras correspondientes a otrosángulos y secuencias de la pelea, imágenes de las que, a su entender, surgieron varios supuestos. En ese sentido, menciona que el más importante se vincula con Mónica Romero, quien llegó al lugar mucho después que el resto de las personas involucradas. Añade que también resulta evidente que se trató de una gresca generalizada que duró apenas segundos y que -a diferencia de lo que postuló la acusación y confirmó la sentencia- no fue un suceso lineal, de pocas personas involucradas que permitiera claramente determinar quiénes fueron los agresores de la víctima en punto a la lesión que determinara su deceso.
Alega que no se acreditó la participación de J. S. en el suceso y que tampoco desplegó actividad física que pudiera ser eficiente para provocar el deceso de Noriega. Esgrime que tampoco hubo un concierto de voluntades en forma premeditada con los restantes imputados que pudiera involucrarlo más allá de su actuación personal.
En ese sentido, señala que la prueba testimonial valorada permite concluir que su asistido tuvo una intervención en el primer momento de los empujones y discusiones con el hijo de la víctima en el costado de la cancha, primer escenario del conflicto que, a su entender, no se vincula con el hecho de homicidio ya que Noriega no estaba en ese lugar. Afirma que, luego, ya en la zona cercana a los vestuarios donde se habría producido la agresión mortal, la víctima recibió una piña en la nuca en el marco de una gresca bastante generalizada y confusa.
Asimismo, aduce que, conforme las propias imágenes de video -cámara 7- al lugar donde finalmente ocurrieron los hechos trascendentales para el resultado fatal que se intentan esclarecer, se acercaron corriendo en forma espontánea un montón de personas. Así, señala que el hecho que el fallecido sea uno de los que corrió hacia el lugar deja en claro la espontaneidad y lo no premeditado de la situación.
Destaca que si bien su defendido le dio una piña en la nuca a la víctima, en ese contexto de confusión y agresiones, que provocó que cayera al piso, inmediatamente se recuperó y se incorporó luego de lo cual recibió una ”patada voladora” por parte de otro sujeto (según todos los testigos, el que vestía la remera con el número ocho en su espalda) que hizo que Noriega cayera al piso y a partir de dicha posición, provocada por esa última agresión, comenzó a recibir otras patadas en la cabeza propinadas por otras personas, perdiendo el conocimiento sin lograr recuperarse.
Resalta que es inexacta la afirmación que refiere que el golpe propinado por su defendido es el que provocó la caída de Noriega debido a que el damnificado se recuperó e incorporó para luego ser objeto de una suerte de “patada voladora” por parte de otro sujeto, lo que provocó la caída que habilitó que, encontrándose la víctima en esa posición, recibiera agresiones que le provocaron la muerte.
Solicita el sobreseimiento de su asistido.
Por otra parte, en cuanto a la calificación legal, postula que las imputaciones resultan incompatibles jurídicamente entre sí. Argumenta que es evidente que el acusado no tiene vinculación con los golpes que provocaron el deceso de Noriega, cuya autoría se vincula a otros coimputados, en una intervención posterior. Entiende que, por lo tanto, S. no puede ser vinculado a la conducta homicida, claramente identificada en cabeza de otras personas.
Reitera que la supuesta agresión que la víctima recibió en un primer momento por parte de S. no se vincula con la agresión fatal y, por ende, tampoco fue una conducta hábil para causar el resultado.
Asegura que, a partir de la reconstrucción de los hechos que hace el propio tribunal, se puede advertir que el golpe que le infringió a Noriega, solo lo hizo caer, que la víctima inmediatamente se incorporó para luego recibir una nueva agresión por parte de un tercero (aún no identificado), caer al piso y allí recibir una serie de agresiones en la cabeza por parte de otros sujetos, entre los cuales no se encontraba su asistido S..
Considera que la imputación en el marco de un homicidio doloso, como todo delito de propia mano, exige la conducta homicida comisiva que no es parte del accionar de S.. Señala que existe un corte en la acción entre el golpe en la nuca y el resultado muerte, habiéndose establecido que solo con ese golpe -en la nuca- no ocurrió el resultado muerte.
Aduna que, además de que no hubo dolo de muerte o sea intención de matar, tampoco concurrió la parte objetiva y necesaria del tipo penal que es la causación del resultado habiendo utilizado un medio que no debería causarlo y que, en el caso concreto, lo produce.
Concluye que el acusado no intervino en la agresión mortal y sus actos solo pudieron tener como intención lesionar a la víctima (art. 81, Cód. Penal). En consecuencia, plantea que al no haber formulado el Ministerio Público una acusación alternativa corresponde su absolución.
Respecto a Mónica Celia Romero, indica que ningún testimonio habilita a afirmar -siquiera mínimamente- que le asestó una patada a Noriega en la zona del parietal derecho y que algunas de sus acciones fueron las que causaron el edema que provocó la muerte a Noriega.
Dice que algunos testigos vieron que le propinó patadas, aunque no describieron exactamente dónde y que mencionaron a otros sujetos: el de la de camiseta cinco, el de la camiseta siete, había al menos dos camisetas siete, el de la camiseta ocho y a López. Estima que no se puede establecerse quién pegó la patada homicida ni cuál fue.
Alega que de los videos surge que su defendida es obesa, que le cuesta caminar y que es lenta en sus movimientos y torpe para realizarlos. Añade que también se la puede observar mientras va caminando hacia el lugar donde se producía una reyerta entre jugadores y que la víctima la sobrepasó corriendo, marco en el que ocurrió la secuencia donde Noriega recibió la patada voladora que lo dejó tendido en el piso.
Sumado a ello, invoca que todos los testigos en su conjunto dijeron que Mónica Romero le pegó al damnificado una vez que ya no se lo veía responder. En virtud de ello, sostiene que su intervención no es reprochable en los términos del homicidio que se le pretende imputar.
Desde otro andarivel, menciona que es difícil creer que haya protagonizado una actitud agresiva como la endilgada cuando se la observa en los videos aportados con las manos intentando contener o sacar a gente de la escena de los hechos.
Por otra parte, alude que el mismo razonamiento que permitió desvincular a López (camiseta N°8) debe de igual modo aplicarse para Mónica Romero.
Reseña los testimonios de Juan Marcelo Noriega, Juan Cristian Capdevilla, Natanel Zalazar, Nicolás Gonzalo Salart, Marcelo Ramón Arin, Cristian Nicolás Capdevilla, Luis Gabriel Fernández, Franco Nahuel Cuello, Alan Nicolás Rivero, Alan Rivero, Maíias Gabriel Rogel, Francisco Baldo, Nahuel Marcelo Rivero, Jorge Luis Rodríguez, Alfredo Emilio Thoss, Néstor Daniel Vera, Cristian Nicolás Capdevilla, S. Luna, Adrián Marcelo Rodríguez, Claudio Damián González e Ignacio Julián Rodríguez. Asegura que ninguno aportó datos útiles respecto de la individualización de personas que pudieron haber agredido a la víctima.
Sostiene que, más allá de las diferencias de percepción de cada uno de ellos, todos coinciden en que los golpes mortales habrían provenido de una figura masculina a quien identificaron con el número cinco (un sujeto masculino con botines).
Estima que no se encuentra acreditada la participación de la nombrada en el hecho de homicidio.
Sin perjuicio de ello, entiende que su asistida no realizó ninguna conducta que haya sido facilitadora o cooperadora en los términos que delimita la normativa para sostener su participación secundaria. En ese sentido, argumenta que “Si S. fue el autor material del homicidio, más allá de la figura atenuada del art. 81 del CP, no se advierte, en lo que respecta a Mónica Romero, como pudo ser partícipe de un homicidio simple del cual fue otro el causante también como autor material, en el marco de dos conductas absolutamente distintas y excluyentes respecto de la causación del resultado, conforme la hipótesis del caso planteado por el tribunal”.
Peticiona que se absuelva a la acusada.
Como planteo subsidiario, solicita el cambio de calificación legal (art. 95, Cód. Penal) al entender que no resultó cabalmente acreditado cuál fue el golpe causante del óbito de la víctima. Sostiene que solo puede admitirse la calificación de homicidio en riña.
III. La Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Daniela E. Bersi, propicia el rechazo del recurso interpuesto.
En primer lugar, opina que los recurrentes mal pueden agraviarse de lo que previamente consintieron expresamente debido a que el sometimiento al trámite del juicio abreviado resulta ser una elección o uso legítimo de un derecho que permite arribar a una sentencia mediante el acuerdo de las partes en cuanto a la calificación y pena a aplicar.
Sin perjuicio de ello, considera que, habiendo analizado la prueba, el judicante concluyó que cuando la víctima Juan Noriega fue agredida encontrándose tirada en el piso, estaban a su alrededor tanto los imputados como los compañeros de equipo en el que jugaba el hijo de la víctima, quienes vieron el hecho.
Señala que el Juez a quo concluyó que surgía claramente probado que quien le causó la muerte a Juan Noriega, fue el imputado Carlos Romero, debido a que le propinó varias patadas en la cabeza con los botines de fútbol colocados, calzado idóneo para originar un daño tan severo como el que padeció la víctima que lo llevó a la muerte y del que dio cuenta la autopsia.
Así, estima acertada la decisión del sentenciante referida a que el imputado Carlos Romero debe responder como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.
En cuanto a la imputada Mónica Romero, menciona que los testigos la ubicaron golpeando a la víctima, que algunos dicen en el cuerpo y otros en la cabeza y que luego Romero -con los botines de fútbol colocados- le aplicó varias patadas en la cabeza a la víctima. En virtud de lo expuesto, entiende que Mónica Romero debe responder como partícipe secundaria del delito de homicidio simple.
Respecto del imputado J. S. S., reseña que los testigos que observaron el hecho (Juan Noriega, Juan Cristian Capdevilla, Cristian Nicolás Capdevilla, Nicolás Gonzalo Salart, Marcelo Ramón Arian, Luis Gabriel Fernández, Franco Nahuel Cuello y Alan Nicolás Rivero) manifestaron que observaron al nombrado pegarle a la víctima un
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