Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 135982
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCasar parcialmente el fallo recurrido y absolver a Jeremías Gastón Llanos por el hecho constitutivo del delito de resistencia a la autoridad y, en consecuencia, reducir la condena impuesta al nombrado como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, a la pena de tres años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidencia.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica, 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3, 166 inc. 2 párr.3, Cód. Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 454, 465, 530 y 531 Código Procesal Penal
1500-43745-23
C. 135.982
En la ciudad de La Plata se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Ricardo Ramón Maidana, a los efectos de resolver la causa n° 135.982 , caratulada "Llanos, Jeremías Gastón s/ recurso de casación", conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-MAIDANA.
I. En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial San Martín, condenó, en el marco de un juicio abreviado, a Jeremías Gastón Llanos a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en concurso real con resistencia a la autoridad.
II. Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, Silvia L. Lew, interpuso recurso de casación.
III. Cumplimentadas así las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez BOUCHOUX , expresó:
I. La defensa postula, en primer término, errónea aplicación del artículo 239 del Cód. Penal.
En su presentación, transcribe el tramo correspondiente a la materialidad ilícita que fuera subsumida en el delito de resistencia a la autoridad y aduce que la circunstancia de haberse dado a la fuga, no constituye ese delito.
Sostiene que no obstante el no acatamiento de la orden de alto impartida por el preventor, el intento de darse a la fuga de los sujetos activos a bordo del automóvil con la clara intención de evitar el accionar policial, sin haber desplegado ningún acto de fuerza o violencia en su contra, carece de tipicidad objetiva.
En definitiva, entiende que su conducta deviene atípica, por lo que solicita su absolución en orden al delito de resistencia a la autoridad y se disminuya la pena impuesta a tres años de prisión más declaración de reincidencia y costas.
Como segundo motivo de agravio, cuestiona el monto de pena impuesto, pues entiende que resulta inmotivado.
En tal sentido, expone que su asistido debería haber sido condenado a una pena identificada con el mínimo legal de tres años de prisión, declaración de reincidencia y costas del proceso.
Aduce que cada delito tiene un mínimo y un máximo asignado y que en el caso de un concurso real, la pena aplicable es el mínimo mayor.
En esa línea argumental, entiende que, en el caso, no habiéndose meritado agravantes, la sanción no puede superar el mínimo legal.
Por lo expuesto, solicita se case la sentencia y se imponga a su asistido tres años de prisión.
Hace reserva del caso federal.
II. El Fiscal Adjunto ante este Tribunal, Fernando Luis Galán, postuló el rechazo del remedio incoado, conforme a los argumentos expuestos en el respectivo memorial.
III. 1] Como he indicado anteriormente (c. 133.216, “Agüero”, sent. del 24-IX-2024) nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de procedimientos indicando que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En nuestro sistema procesal, la adopción del procedimiento abreviado no exige admisión de los hechos y participación por parte del imputado, pero sí supone que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y sus fundamentos se expresarán sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465, CPP).
2] En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
Preliminarmente es dable mencionar que los hechos y la respectiva intervención del imputado en los mismos no vienen controvertidas, al igual que la calificación legal delito de contra la propiedad, limitándose a cuestionar exclusivamente la subsunción legal respecto del delito contra la administración pública y el monto de pena impuesto.
Recordemos que la sentenciante consideró debidamente probado -en lo que aquí concierne- que: "El día 07 de octubre de 2023 [...] en la intersección de Santa Cruz y Libertad de la misma localidad, fueron visualizados por personal policial del Comando de Patrulla San Martín, y atento a que circulaban a alta velocidad y la alarma de la moto sustraída se encontraba activa, en el legítimo ejercicio de sus funciones, los Sargentos Gallardo y Coronel, intentaron identificar a los sujetos quienes se resistieron al accionar policial dándose a la fuga del lugar, abandonando la motocicleta Bajaj y continuando en la huida ambos sujetos en el motovehículo Gilera, con el cual ingresaron a un pasillo, para ser nuevamente divisados por los Oficiales Cardozo y Gómez, personal de UTOI en arterias Primero de Mayo y 2 de Abril de la misma localidad, y al advertir la presencia policial, los imputados, continuaron resistiéndose al accionar policial, acelerando la marcha, siendo que uno de los sujetos se dio a la fuga, mientras Llanos dejó abandonada la moto, para luego salir corriendo hacia el interior de un asentamiento, logrando darle alcance en las inmediaciones del lugar".
a] Ahora bien, más allá de que la significación jurídica del hecho que ahora cuestiona la defensa está contenida en el acuerdo de juicio abreviado que oportunamente convinieron las partes, donde se estableció que la hipótesis fáctica a juzgar -en lo que aquí importa- le correspondía la calificación legal del delito resistencia a la autoridad (artículo 239 del Cód. Penal), entiendo que le asiste la razón a la defensa en lo que respecta a la falta de tipicidad objetiva del delito contra la administración pública.
Veamos.
El instrumento público de fs. 1/vta. dio cuenta, en lo que aquí resulta relevante, del tramo correspondiente a la materialidad ilícita que fue subsumida legalmente en el delito contra la administración pública.
Allí se consignó que los funcionarios policiales Franco Gallardo y Marcelo Coronel quienes circulaban a bordo de un automóvil identificable -momentos después de haber tomado conocimiento del desapoderamiento de un motovehículo marca Bajaj, color rojo dominio A135CNW, por dos sujetos de sexo masculino que se dieron a la fuga a bordo de dos motos una de ellas la sustraída-, visualizaron a unas cuatro cuadras del lugar donde aconteció el delito contra la propiedad, a los dos sujetos que circulaban a bordo de dos motos a alta velocidad y una de las motocicletas tenía la alarma activada. Por tal motivo "intentaron identificarlos pero los mismos aceleraron su marcha y se dieron a la fuga". Durante la huida dejaron abandonada una moto y continuaron circulando ambos sujetos a bordo de uno de los motovehículos.
De seguido se plasmó que paralelamente a ello, los funcionarios policiales Jorge Cardozo y Marcelo Gómez, en momentos que circulaban a bordo de un móvil identificable, tomaron conocimiento sobre la persecución y divisaron frente suyo a los dos masculinos que circulaban en una motocicleta " quienes al notar la presencia policial, aceleraron y continuaron su paso [...] al doblar ya no vieron al acompañante, mientras que el conductor hizo unos 60 metros aproximados, y dejó abandonada la moto, para luego salir corriendo hacia el interior del pasillo del asentamiento, logrando darle alcance, sin perderlo de vista, a unos 10 metros ".
Conforme surge de la evidencia colectada y elevada al rango de prueba con la suscripción del juicio abreviado, Llanos no realizó ningún comportamiento que implicara el uso de algún tipo de violencia, pues la circunstancia de no haber detenido su marcha ante la presencia del personal policial en el contexto de la huida momentos después de cometido el desapoderamiento no constituye el delito de resistencia a la autoridad.
En el caso, cabe señalar, que la mera circunstancia, de haberse dado a la fuga sin haber ejercido ningún acometimiento violento para con los funcionarios policiales no abastece las exigencias de la tipicidad objetiva del tipo en cuestión -art. 239 del Cód. Penal-.
Al respecto, tiene dicho la doctrina que el delito de resistencia a la autoridad se configura " cuando hay oposición del sujeto activo a la acción directa del funcionario público, valiéndose de medios violentos, que se ejerce sobre él, con el fin de impedirle su acción u obligarlo a hacer algo, siempre dentro del ámbito legal" (Delitos contra la administración pública, tercera edición actualizada. Edgardo Alberto Donna, Santa Fé, 2018 pág.166/167).
Por estos fundamentos, corresponde casar parcialmente el fallo recurrido y absolver a Jeremías Gastón Llanos por el hecho constitutivo del delito de resistencia a la autoridad y, en consecuencia, reducir la condena impuesta al nombrado como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, a la pena de tres años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidencia.
b] Corresponde ahora abordar el agravio impetrado con relación al monto de pena.
El recurrente postula -en lo sustancial- que debería haberse condenado al mínimo legal de tres años de prisión por cuanto no se ponderaron agravantes.
Sin perjuicio de la absolución respecto de uno de los delitos y la consecuente reducción de la pena propuesta en el acápite precedente, es dable mencionar que nuestro Código Penal no prevé criterio formal para la determinación de la pena, permitiendo al juzgador la elección de la sanción que considere más adecuada y justa para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados.
En los presentes autos, la pena impuesta a Llanos por encima del mínimo además de haber sido respetuosa del acuerdo de partes y sin perjuicio de la reducción propuesta, fue a partir de partir de que no advirtió circunstancias agravantes ni tampoco ponderó atenuantes; tampoco ha sido discutida alguna de estas cuestiones por las partes al momento acordar el juicio abreviado.
En nuestra ley sustancial la determinación judicial de la pena se apoya en las pautas establecidas por el art. 41, Cód. Penal, las que deben ser ponderadas por el juzgador con base en los criterios rectores que derivan de una interpretación de la norma compatible con nuestro plexo constitucional: la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad.
En este punto, no pierdo de vista que los extremos estipulados en los mentados artículos del Código de fondo deben ser empleados por el órgano juzgador para erigir con meridiana objetividad la pena a imponer, delimitando los amplios márgenes que las distintas escalas punitivas previstas en la parte especial del citado digesto fijan.
A mayor abundamiento es dable señalar que la SCBA tiene dicho al respecto que "... es doctrina de esta Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal, así como también ha establecido que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (conf. causas P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 132.795, sent. de 13-VIII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 134.260, sent. de 14-IV-2021; P. 131.934, sent. 10-VIII-2021; P. 132.110, sent. 26-V-2021; e.o.) " (Causa P. 133.808, sent. de 4-IV-2022).
En función de lo expuesto, se impone el rechazo de este tramo de la queja.
En definitiva, propongo al acuerdo casar parcialmente el fallo recurrido y absolver a Jeremías Gastón Llanos por el hecho constitutivo del delito de resistencia a la autoridad y, en consecuencia, reducir la condena impuesta al nombrado como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, a la pena de tres años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidencia. ASÍ LO VOTO .
A la primera cuestión planteada el Juez, MAIDANA, dijo: Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos . ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el Juez, BOUCHOUX, expresó:
Que, en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde casar parcialmente el fallo recurrido y absolver a Jeremías Gastón Llanos por el hecho constitutivo del delito de resistencia a la autoridad y, en consecuencia, reducir la condena impuesta al nombrado como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, a la pena de tres años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidencia (arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica, 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3, 166 inc. 2 párr.3, Cód. Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 454, 465, 530 y 531 Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor Juez MAIDANA dijo:
Que, en virtud de lo expuesto, adhiero al voto del Juez Bouchoux.
ASÍ LO VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
Casar parcialmente el fallo recurrido y absolver a Jeremías Gastón Llanos por el hecho constitutivo del delito de resistencia a la autoridad y, en consecuencia, reducir la condena impuesta al nombrado como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, a la pena de tres años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidencia.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica, 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29 inc. 3, 166 inc. 2 párr.3, Cód. Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 398, 399, 454, 465, 530 y 531 Código Procesal Penal
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
cb
Firmas
Funcionario Firmante: 01/09/2025 13:09:57 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2025 13:09:50 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2025 13:40:26 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/09/2025 13:42:51 hs. bajo el número RS-1050-2025 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia