Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 136001
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 136001 (IPP 0605-001038-2100) caratulada “RAMOS LUIS ALBERTO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 30 de agosto del año 2024, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial La Plata, luego de la celebración del juicio oral en la causa n° 6753/1776, dictó veredicto condenatorio e impuso a Luis Alberto Ramos la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas , más la declaración de reincidencia, por encontrarlo coautor responsable del delito de homicidio calificado, cometido en la localidad de Alejandro Korn, partido de La Plata, en perjuicio de Tehuel De La Torre. (arts. 5 ,12, 29 inc. 3°, 40, 41, 50 y 80 inciso 4° del CP).
La Defensora Oficial, Dra. Natalia Argenti, interpuso recurso de casación (presentación electrónica del 20/9/2024).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 21 de noviembre de 2024, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra una sentencia definitiva de juicio oral en materia criminal, por lo que se verifican los recaudos formales y satisfacen los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 20 inc. 1, 450 1er párrafo, 451 y 454 inc. 1° del CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
La Defensa plantea los siguientes motivos de agravio: 1) Nulidad de la sentencia por afectación al derecho de defensa y debido proceso, al no describir de forma clara, precisa, circunstanciada y específica el hecho atribuido. Sostiene que la acusación no expuso cómo se produjo el supuesto homicidio y dicha indeterminación se mantuvo en la sentencia, lo que imposibilitó oponer una defensa plausible. 2) Arbitraria valoración de la prueba para tener por acreditados los extremos de la materialidad ilícita y autoría. Entiende que la prueba producida y la incorporada por lectura impiden reconstruir lo sucedido tal como fuera tenido por acreditado en el veredicto. Afirma la orfandad probatoria en especial en lo relativo a los mecanismos de producción de la supuesta muerte y la determinación del arma homicida.
Considera que la evidencia empleada permite la concurrencia de otras hipótesis válidas, enumerando, a modo ejemplificativo, diversas posibles interpretaciones de lo ocurrido. Cuestiona que no se ahondó en otras líneas de investigación, recayendo en la visión de túnel y los propios sesgos cognitivos direccionaron la pesquisa a la hipótesis más sencilla. Manifiesta que se descartó: que Tehuel haya sido captado por una red de trata de personas; la presencia de una tercera persona en el lugar de los hechos; y la asistencia de Tehuel a una fiesta clandestina la madrugada del 12 de marzo. Solicita la nulidad de los secuestros realizados por no haberse preservado correctamente el lugar. Señala que, en las dos diligencias de allanamiento, realizadas el 16 y 23 de marzo de 2021, el personal interviniente dejó constancia de que la zona no había sido preservada y que al arribar se encontraba personal de la Sub DDI San Vicente.
Pone en duda el procedimiento realizado y postula que la evidencia fue plantada en el domicilio de Ramos. Manifiesta que el oficial Ortiz se contradijo con lo declarado durante la investigación preliminar, y cuestiona la legalidad de su intervención. Agrega que la madre del imputado hizo mención a que el personal policial se hizo presente en el domicilio de su hijo antes de que se llevara a cabo el primer registro. 3) Errónea aplicación del art. 80 inc 4° del CP. Critica la ausencia de actuación con perspectiva de género a lo largo de todo el proceso. Señala que hubo orfandad probatoria y exigua argumentación para justificar la agravante. Argumenta que el imputado y la víctima eran buenos amigos, que Ramos respetaba la elección personal de Tehuel, lo trataba con respecto, lo ayudaba económicamente, y le prestaba dinero sin exigir devolución, todo lo cual descarta el móvil de odio a la identidad de género.
Considera que la declaración de Michelle Leyes, pareja de Tehuel, respecto a las dificultades de conseguir trabajo evidencia la discriminación sufrida por la víctima por parte de la sociedad, pero no se relacionan con la actitud reprochada a su defendido, que fue el único que lo ayudó a conseguir trabajo. Entiende que el comentario traído a colación por la testigo Andrea Nikolich no resulta suficiente para sustentar la agravante. Remarcó que la testigo hizo alusión a que Ramos asistía a las marchas del orgullo, nunca tuvo una actitud fuera de lugar, era atento con todos, con Tehuel tenía una muy buena amistad y fue quien lo acercó al movimiento. Aclara que la expresión “chica-chico”, tal como lo refiriera el testigo Ricardo Luis García Sommaruga, lejos estuvo de ser utilizada como una frase discriminatoria o peyorativa, sino que fue para explicarle que Tehuel era una persona trans.
Considera que no se demostró la existencia de una relación asimétrica de poder o situación de vulnerabilidad y dependencia económica. Sostiene que no se ha hecho referencia a ninguna conducta objetiva demostrativa de la ejecución por parte de Ramos de actos tendientes a crear una relación de poder sobre su amigo. Señala que la sentencia no explica cómo se aprovechó, que obtenía a cambio, y sobre qué conductas tenía control Ramos. Cuestiona los informes psicológicos por entrar en contradicción con las propias declaraciones de los familiares de la víctima, partir de premisas falsas y arribar a conclusiones tendenciosas. Aclara que Tehuel no era un militante de la colectividad y no se relaciona con su desaparición.
Invoca jurisprudencia y doctrina. 4) Inconstitucionalidad de la reincidencia por afectación a los principios de ne bis in idem , culpabilidad, legalidad y reserva. 5) Afectación al principio acusatorio y del derecho de defensa en juicio al haberse declarado la reincidencia de oficio, mediando exceso de jurisdicción. Indica que se privó a la Defensa de la posibilidad de contradecir la configuración de sus presupuestos. 6) Errónea valoración de circunstancias atenuantes y agravantes de la pena. Considera que se ha incurrido en una doble valoración prohibida al ponderar los antecedentes condenatorios que registra su defendido tanto para el dictado de la reincidencia como para agravar la pena. Sostiene que las agravantes impuestas carecen de respaldo probatorio.
Solicita se valoren como pautas atenuantes que su defendido posee una familia y que ha trabajado a lo largo de su vida. 7) Inconstitucionalidad de la pena de reclusión. Afirma que la pena de reclusión se encuentra derogada en nuestro ordenamiento y su aplicación conculca el principio de legalidad. Agrega que por su carácter infamante es contraria al principio de humanidad de las penas y el fin de resocialización de las penas. 8) Afectación de los principios de proporcionalidad, culpabilidad, razonabilidad y proscripción de crueldad por aplicación de una pena perpetua sin posibilidad de egreso ni reinserción social. Entiende que la falta de delimitación temporal de la sanción impuesta es contraria al principio de legalidad y ocasiona un gravamen actual que debe ser subsanado.
Solicita se fije la extensión de la pena o, en su caso, se declare la inconstitucionalidad del art. 14, en función del art. 80, del CP. Entiende que al momento de su determinación debe tenerse en consideración el límite de 20 años que deriva del Estatuto de Roma. 9) Inconstitucionalidad de la incapacidad civil accesoria -art. 12, CP- por resultar contraria al fin de las penas, estigmatizante, indigna e inhumana. y 10) Arbitraria aplicación de las costas del proceso, por haber existido razón plausible para litigar y la situación económica que atraviesa su defendido. Hace reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantiene el recurso de casación interpuesto y, en atención a la autosuficiencia del mismo, se remite a las razones expuestas y solicita se lo declare procedente.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, propicia el rechazo del recurso de acuerdo a su dictamen del 21/11/2024.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a las exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal tuvo por acreditado que: “ entre las primeras horas de la noche del día once de marzo del año 2021 y las primeras del día doce del mismo mes y año, en el interior del domicilio sito en calle Mansilla Nº 1203 de la localidad de Alejandro Korn -partido de San Vicente-, dos personas del sexo masculino, una de ellas identificada como Luis Alberto Ramos, motivados por razones de odio a la identidad de género y a la orientación sexual, intencionalmente causaron la muerte de Tehuel De la Torre y ocultaron sus restos mortales que, hasta el día de hoy, no han sido hallados” .
El recurso no habrá de prosperar.
I. En primer lugar, corresponde abordar el pedido de nulidad formulado con base en una supuesta afectación al derecho de defensa y al debido proceso por indeterminación del hecho imputado.
Al respecto, debe recordarse que los actos procesales solo serán sancionados con nulidad cuando no se hubieren observado las disposiciones establecidas para su realización.
La pretensión debe examinarse con criterio restrictivo, pues muchos casos de meras irregularidades procesales, cuando falta alguno de los elementos del acto que no lo privan de su esencia y las formas que reúne son suficientes para cubrir las exigencias mínimas, conserva su entidad como figura procesal autónoma.
Por ello, las nulidades de los actos procesales, además de ser de declaración restrictiva, constituyen un remedio extremo, por lo que únicamente proceden cuando la violación de las formalidades que las conforman deriva en un perjuicio real y concreto para quien las invoca, pero no cuando se solicitan por exigencias puramente formales desprovistas de interés práctico.
El sistema consagrado por el Código en materia de nulidades -art. 201 c.c. y s.s. del CPP- persigue, como regla general, la estabilidad de los actos jurisdiccionales por lo que, tratándose la nulidad de un remedio de excepción, cede frente al principio de conservación de aquéllos actos, razón por la que, previo anular es menester examinar el destino procesal del acto y separar lo sanable de lo insanable y la posibilidad de la existencia de un perjuicio concreto, o sea la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata a las garantías que son su causa, por lo que no habiéndose acreditado en el caso los extremos que la habilitan, corresponde su desestimación (TCPBA, Sala VI, Causa n° 65.958 “Foti, Alfredo Antonio s/ Recurso de Casación,” sentencia del 1 de junio de 2016).
En esta misma línea, tal como lo expusiera en la causa 86955 "Cardozo/Ferreyra" del 9/5/2019, la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del sentenciante. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan (v. Corte IDH, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 67).
El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que ésta última puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias valoradas en la acusación (Corte IDH, Íd.).
La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que “Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde […] la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra […]. El artículo 6.3.a) de la Convención reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a esos actos […]” (Cfr. Pelissier and Sassi v. France 25444/94, [1999] ECHR, párrs. 51, citado por Corte IDH, cit.)
La descripción material de la conducta imputada a Luis Alberto Ramos, se mantuvo inalterada y fue expresada en los siguientes términos: “ entre las primeras horas de la noche del día once de marzo del año 2021 y las primeras del día doce del mismo mes y año, en el interior del domicilio sito en calle Mansilla Nº1203 de la localidad de Alejandro Korn -partido de San Vicente-, dos personas del sexo masculino, una de ellas identificada como Luis Alberto Ramos, motivados por razones de odio a la identidad de género y a la orientación sexual, intencionalmente causaron la muerte de Tehuel De la Torre y ocultaron sus restos mortales que, hasta el día de hoy, no han sido hallados ”.
Las circunstancias señaladas en el recurso son insuficientes para la fulminación reclamada.
La enfática consagración en el artículo 18 de la Constitución Nacional de la fórmula: "Es inviolable la defensa en Juicio, de la persona y de los derechos", se ha definido en materia procesal penal que comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra el imputado y la de llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe.
En el caso, se garantizó a la defensa y a su asistido la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa material y técnica, puesto que en todo momento tuvieron conocimiento cabal del contenido de la acusación, sin que hayan podido verse sorprendidos o imposibilitados de oponer defensa alguna al respecto, lo que torna improcedente el planteo.
En efecto, la acusación delimitó de manera precisa el hecho, al circunscribir temporalmente el acontecimiento al lapso comprendido entre las primeras horas de la noche del 11 de marzo de 2021 y las primeras horas del día siguiente, y precisar el lugar de ocurrencia -el interior del domicilio sito en calle Mansilla N° 1203 de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente- y en qué consistió, al referir que Ramos, motivado por razones de odio a la identidad de género y a la orientación sexual, intencionalmente causó la muerte de Tehuel.
Durante el desarrollo del debate, los distintos testimonios brindados aportaron elementos que otorgaron mayor especificidad y coherencia a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal. De esta forma, el hecho intimado al acusado, debidamente determinado desde sus inicios y conocido por la defensa, fue descripto con claridad, concreción y delimitación suficiente para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de defensa. No surge de las actuaciones ningún elemento que permita sostener la existencia de una conculcación de garantías constitucionales.
Además, no puede perderse de vista que la mera invocación genérica y dogmática de afectación a garantías constitucionales no resulta suficiente para establecer que, en autos, concurra algunos de los supuestos previstos en la ley procesal, que permita a esta altura hacer lugar al reclamo.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado por la defensa, en tanto no se ha demostrado que la supuesta indeterminación del hecho haya generado una lesión real y efectiva al derecho de defensa del imputado ni a otras garantías constitucionales, lo cual sella de modo adverso la suerte de la crítica.
II. Corresponde analizar los cuestionamientos dirigidos a la valoración de la prueba respecto de la materialidad ilícita y la autoría.
Los planteos son una reedición de los que fueron realizados ante el tribunal y rechazados en forma justificada, sin que la persistencia en esta sede logre alterar la decisión (p. 31/35, v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución cuestionada, para destruir sus premisas y conclusiones o para demostrar su ilegalidad y, por lo tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
Sin perjuicio de ello, encuentro que, en contra de la arbitrariedad señalada, el Tribunal hizo una valoración pormenorizada de los elementos probatorios que lo llevó a reconstruir el hecho y tener por acreditada la autoría de Ramos, en los términos explicitados en la decisión.
Las críticas de la defensa se encuentran dirigidas en forma individualizada al material probatorio utilizado; sin atender al rendimiento probatorio que surge de un exámen completo del que fuera practicado en el debate.
Como punto de partida, no puede soslayarse la particular complejidad que reviste el hecho.
La ausencia de hallazgo del cuerpo de la víctima constituye, sin duda, una circunstancia re
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