Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 133001
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 133001 (IPP 0500-8368-22) caratulada “Z., Á. E. S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 6 de mayo de 2024, el Tribunal en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial La Matanza, integrado por los Jueces Matías Mariano Deane (primer voto), Raúl Fernando Elhart y Gerardo Clemente Gayol, dictó veredicto condenatorio en la causa n° 1487/2023 (reg. int. 5128), e impuso al único acusado, Á. E. Z. , la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas , como autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la víctima menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia, cometido entre la semana anterior al 27 de febrero y el 15 de agosto de 2022, en San Justo partido de La Matanza en perjuicio de L.P.M. (arts. 45, 119 párrafos segundo y cuarto inc. “f” del Código Penal).
La decisión fue impugnada por la Defensa particular, a cargo del Dr. Miguel Angel Racanelli (presentación del 22/05/2024).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 28 de julio de 2024, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El recurso de casación deducido por la Defensa es admisible, reúne los recaudos formales y los requisitos de admisibilidad del art. 450 primer párrafo del CPP. Fue presentado por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451 y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor VIOLINI , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
La Defensa señala arbitrariedad y falta de fundamentación en la acreditación de la autoría de Á. E. Z. Considera insuficiente la prueba de cargo, en especial por la falta de declaración de la presunta víctima -no se realizó Cámara Gesell en ningún momento del proceso- y la información aportada por su madre J. E. L. M. y su tía E. D. V. G. M. -únicas que afirman el abuso a partir del relato de la niña- resulta deficiente. Sus relatos comprueban “un círculo familiar conflictivo y con historial de abusos en el seno familiar” por parte del hermano y de una pareja anterior de la madre, más no son dirimentes para fundar la acusación de Z. Tampoco declaró en el debate la lic. Curbello, psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y su informe fue elaborado con total liviandad. Agrega que la videograbación de un presunto relato de la niña a su tía, carece de relevancia porque no constan las condiciones en que fue filmado. Solicita se acoja el recurso y se absuelva a su defendido.
II. El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, propicia el rechazo del recurso, de acuerdo con los argumentos desarrollados en su dictamen de fecha 11/07/2024. Sintéticamente respalda la fundamentación de los extremos de la imputación, los que considera ajustados a las pruebas de la causa y a las exigencias de los arts. 106, 209, 210 y 373 del CPP. Agrega que, al tratarse de un hecho de violencia sexual contra una niña, debe entrar en consideración la interseccionalidad que condiciona el ejercicio de los derechos de la víctima, por su vulnerabilidad en dos aspectos, la corta edad y el género. En ese sentido destaca los estándares legales y convencionales en pos de resguardar los derechos de la niña y la perspectiva de género, conforme la CDN (arts. 19 y 34), las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belem do Pará y la ley 26.485.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal tuvo por acreditado, luego de la celebración del debate, que: “En fechas no establecidas con precisión pero entre la semana anterior al 27 de febrero y el 15 de agosto del año 2022, en la vivienda ubicada en […] de esta localidad bonaerense de San Justo, Partido de La Matanza, un sujeto del sexo masculino abusó sexualmente de la niña L.P.M., de por entonces 4 años de edad, con quien convivía por ser la hija de su pareja, tocándola con sus dedos, pasando su lengua en la zona vulvo vaginal y dándole besos en la boca” .
El recurso no habrá de prosperar.
Los planteos sólo exhiben divergencias con relación a la acreditación de los extremos de la imputación, pero no dan cuenta de la existencia de arbitrariedad ni infracción constitucional ni legal en lo resuelto por el Tribunal.
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación.
Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario.
En muchas ocasiones -como en autos-, no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional ("entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados" conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 - Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 "Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación," sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
Por ello, corresponde mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por esta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A-Quo reconstruya los hechos imputados con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 "Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación" del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 "Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación" del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
La palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba muy importante en el proceso penal, más aún en casos en los que el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso, situación que se acrecienta en circunstancias de convivencia y ante relaciones que suponen ser de cuidado y protección.
La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima pueden surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, la declaración de la víctima abusada, no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuye a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuadas con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de las declaraciones mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
La prueba utilizada como fundamento del veredicto consistió en la declaración testimonial de la madre de L., J. E. L. M. y la de su tía E. D. V. G. M., junto al informe de la Lic. Curbello, de Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (p. 30 del documento adjunto, incorporado por lectura con acuerdo de partes, p. 5 acta de debate). La ausencia de declaración en Cámara Gesell por parte de la víctima, debido a su corta edad -p. 30- no devalúa la hipótesis de la acusación, en tanto los testimonios de su madre y su tía, prestados en el debate y controlados por las partes, junto al informe pericial, aportan datos fiables sobre los hechos.
J. E. L. M. declaró que conoció al imputado porque trabajaban juntos en el rubro indumentaria. Al poco tiempo comenzaron a convivir en la casa de él, en San Justo, junto con su hija L. de cuatro años, dormían los tres en una cama grande. En esa época L. comenzó el jardín de infantes y enseguida notó cambios de conducta: tartamudeaba, se orinaba constantemente y no quería quedarse sola. Una vez su hija le contó que le ardía la vagina, la llevó al hospital, allí la niña dijo por primera vez que “E. le chupaba la ‘chucha’ ”, él le pidió que no diga nada al respecto, pero al llegar al hospital lo contó directamente a la mujer que estaba en la recepción de pacientes, por lo que la revisaron y unos policías la asistieron. Esa noche en lugar de volver a la vivienda de Z., se fue con su hija a lo de su madre (en General Rodríguez) y radicó la primera denuncia. Pero al poco tiempo, el imputado reapareció con intención de retomar la relación. Dijo que la niña “inventaba” y que él la necesitaba en el trabajo. La convenció, retomaron la relación y la convivencia en San Justo. Poco después su hija le contó un nuevo abuso. Un día, mientras cocinaba, le dijo que " E. le metió el dedo chiquito en la chucha, que le bajaba la bombacha y le hacía eso ", notó que su hija estaba afectada, le contó también a su hermana G., ésta grabó un video en que L. describía lo sucedido. Este nuevo relato motivó la segunda denuncia. A partir de la detención de E., su hija mejoró, dejó de orinarse y tartamudear, volvió a socializar más y a tener amigos.
E. D. V. G. M., hermana de L. y tía de la niña, confirmó el relato de la niña sobre el abuso por parte del imputado. También mencionó los indicadores inespecíficos, como tartamudeo, enuresis y conductas sexualizadas. Señaló que luego de la primera denuncia E. estuvo demorado dos o tres días en la comisaría, luego apareció en la casa de su madre diciendo que él era incapaz de cometer el abuso. Su madre y su hermana L., que estaba embarazada de él, le creyeron, por lo que se reconciliaron, a pesar de la oposición de G. Dijo que su sobrina le contó en forma espontánea que E. la tocaba. Una noche, mientras se pintaban las uñas, L. dijo que E. le había hecho comer caca de B. -hijo de G.-, que estaban en la camioneta, su mamá había bajado y " él se bajó el pantalón y le mostró las partes íntimas ". Explicó que grabó un video en que su sobrina contaba parte de los abusos.
El informe psicológico, elaborado por la Lic. Curbello (incorporado por lectura con acuerdo de partes, conf. acta de debate, p. 4/5) dio cuenta del mismo relato y agregó otros indicadores del abuso, derivados de su interpretación de los dibujos de la niña “en los que había una familia de monstruos en donde sufren los niños pequeños (...) situando a ‘E.’ con garras, dientes y dañando” (p. 31).
La versión de la Defensa fue con acierto descartada. La declaración del imputado y los testimonios de M. M. (hermana de L.), A. C. R. (ex pareja del imputado) y A. P. M. (amiga de Z.) no aportaron información dirimente. Z. negó los abusos, dijo que nunca se quedó a solas con L. y los vinculó con la conflictiva familiar -también de abusos- entre los hermanos de la madre de L. Los restantes testimonios brindaron información de concepto, pero ningún dato relevante que funde la hipótesis contraria.
El tribunal justificó su convicción en las declaraciones coincidentes de la madre y la tía de la niña -prestadas en la inmediación del debate-, en cuanto describieron el relato de L. sobre los abusos, la acusación unidireccional de la niña hacia Z. y las circunstancias en que contó lo sucedido, que además fueron concomitantes a la aparición de problemas en la verbalización (tartamudeo), enuresis y miedo a quedarse sola. El control de las partes, en la inmediación del juicio y la justificación del tribunal de su convicción sincera, motivan, sin lagunas de información ni quiebres lógicos, el peso probatorio de sus dichos. Como indiqué, la ausencia de Cámara Gesell no desvirtúa la imputación, en tanto su relato fue reproducido además por la Lic. Curbello -quien realizó la pericia psicológica- en su informe incorporado por lectura con el acuerdo de las partes (acta de debate p. 4/5). Si bien en la sentencia no se indican otras razones que motivaran la omisión, por fuera de la corta edad de la víctima, ese vacío aparece suplido con los testimonios indicados. Vale aclarar que la perito psicóloga descartó indicadores de fabulación en la niña, así como de coconstrucción del relato.
El sentenciante explicó los motivos para considerar creíbles los relatos de la madre y la tía. Destacó en ese sentido que “ no se observa cuál sería el interés espúreo de la denunciante [la madre de L.]. No solo con el acusado mantenía una buena relación sentimental y laboral, sino que estos hechos tuvieron un costo para aquella y su hija, debiendo abandonar la vivienda que compartían en esta ciudad [San Justo] y complicar su tarea como dependiente del imputado. La Defensa dijo que la testigo no habría sido sincera con algunos pasajes de su declaración. Debo remarcar que el tribunal ha sido por lo demás amplio, en pos de la garantía de defensa en juicio, permitiendo un contraexamen variado de parte del letrado, que profundizó sobre ex parejas, y relaciones de familiares con la denunciante y entre sí. Nada raro se ha observado, por fuera de conflictos propios de una familia numerosa ” (p. 32).
Por último, la hipótesis planteada en el recurso, vinculada a la posible autoría de otras personas, aparece no sólo inverosímil por su descripción difusa y genérica, sino que desatiende que la niña en ningún momento acusó a otra persona. En todos sus relatos, reproducidos a tres personas diferentes, siempre fue coincidente en señalar a E. como el autor de los abusos. Las críticas al valor convictivo de la videograbación realizada por la tía de la niña devienen superfluas, el tribunal expresamente la descartó por la falta de información sobre las condiciones en que fue realizada y por la imprecisión de las imágenes (p. 33). La fundamentación del veredicto y los documentos adjuntos al legajo casatorio contienen los datos necesarios para la revisión y tratamiento de los agravios, por lo que el pedido de acompañar el expediente principal para el tratamiento del recurso no procede.
La evidencia probatoria colectada permite tener por comprobada, en forma indirecta, la existencia del hecho en su exteriorización. Con ello la afirmación del hecho desconocido: que existieron los hechos objeto del proceso adquiere certeza pues racionalmente reúne las condiciones de: a) certeza del hecho singular verificado: los actos de abuso realizados por Z. sobre la niña, b) que en forma racional, a partir de la fiabilidad de los datos utilizados, permita la inferencia, c) la señalada inferencia no conduce a una consecuencia distinta (indicio anfibológico) y, por último, d) los otros elementos probatorios -pericia psicológica de la Lic. Curbello- corroboran la hipótesis, por lo que permiten afirmar la conclusión a la que se arribara.
En el caso, la evaluación efectuada por el A-Quo refleja una correcta interpretación de los elementos probatorios utilizados, sin que pueda fundarse con acierto su fuerza convictiva.
La conclusión del fallo, en cuanto afirma los extremos de la imputación aquí discutidos, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada-, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabinoó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación”, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otras).
En consecuencia, propongo rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto en favor de Á. E. Z.; con costas (arts. 40, 41, 45 y 119 segundo y cuarto párrafos inc. “f” CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 421, 448 inc. 1, 450, 530, 531, cits. y ccs., CPP.). Asimismo corresponde regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Miguel Angel Racanelli (T° 1 F° 264 CALM) en representación del imputado, por sus trabajos en esta sede en una suma equivalente al 25% de lo regulado en la instancia (arts. 16 y 31 de la ley 14.967). VOTO POR LA NEGATIVA .
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
I. Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del colega que lidera el acuerdo,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.