Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 139524
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 139524 (IPP 1400-3297-24) caratulada “ALOISE ALAN LEONARDO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL- MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de San Isidro -integrado en forma unipersonal-, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de marzo de 2025, condenó -en el marco de un juicio abreviado- a Alan Leonardo Aloise a la pena de tres (3) años de prisión -de efectivo cumplimiento-, costas del proceso y el pago del mínimo de la multa, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41 y 45 del Código Penal; 14 de la Ley 23.737; y, 209, 210, 371, 373, 375, 530 y 531 del CPP).
II. La defensa particular interpuso recurso de casación contra el pronunciamiento aludido, en el que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la figura típica prevista en el art. 14 de la ley 23.737, por cuanto dicha previsión -a entender de la parte recurrente- colisionaría con lo establecido por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, al no respetar los alcances del principio de reserva que impide la intromisión estatal en la esfera privada.
Destacó en su escrito recursivo que la doctrina legal establecida -entre otros precedentes- en el fallo “Arriola” de la CSJN brindaba apoyatura a su reclamo, por lo que pretendió -en definitiva- se aplique la sanción de inconstitucionalidad y se absuelva al imputado.
De manera subsidiaria, criticó la determinación de la pena en el caso en concreto, a tenor de lo establecido en los arts. 40 y 41 del CP, por dos razones.
La primera de ellas, relacionada con el monto de la misma, puesto que -afirmó- el mismo devino excesivo, en razón que no se ponderaron agravantes y se valoró como disminuyente la carencia de antecedentes penales.
La segunda, vinculada a la modalidad de su cumplimiento, habida cuenta que consideró que ante la posibilidad de imponer una sanción condicional -en los términos del art. 26 del digesto de fondo-, el órgano jurisdiccional de grado, en forma arbitraria, aplicó una de cumplimiento efectivo.
Requirió se haga lugar a lo peticionado, disminuyéndose la cuantía de la pena aplicada y modificándose su modalidad de ejecución por una condicional.
III. Con la adjudicación por sorteo del recurso en la Sala, se notificó a las partes -la fiscalía planteo en su memorial que las impugnaciones debían rechazarse; la defensa no ha realizado manifestaciones en esta instancia revisora-.
IV. El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
1. En oportunidad de dictar veredicto condenatorio, la señora jueza de la instancia dio por probado que "...[e]l día 29 de abril de 2024 alrededor de las 20[.]35 hs….Alan Leonardo Aloise, detentaba de manera ilegítima…la cantidad de 122.9 gramos de cocaína distribuidos en 4 envoltorios…circunstancia [que] se acreditó en momentos en que personal policial instructor se encontraba realizando recorrida preventiva, en la localidad de Beccar, partido de San Isidro…precisamente en la calle Uruguay sentido cardinal Este a Oeste, intersección con la calle Madame Curie, cuando observ[ó] circular un vehículo marca Fiat modelo Argo, de color rojo, con vidrios polarizados, dominio colocado AC589TW, que al notar la presencia del personal policial aceler[ó] su marcha y dobl[ó] bruscamente hacia la derecha en sentido a la localidad de San Fernando, [por lo que fue] perdido de vista…minutos más tarde, en momentos en que la fuerza policial instructora transitaba por la estación YPF ubicada en la intersección de las calles Uruguay y Sucre…observ[ó] el vehículo mencionado en la playa de estacionamiento de la…YPF, y [a] un[a persona del género] masculino…en el pequeño mercado de [aquella], quien al notar la presencia del móvil policial se torn[ó] nervioso, egres[ó] del interior del comercio rápidamente, y subi[ó] al vehículo en cuestión con claras intenciones de evadir[se]…por lo que se proced[ió] a su interceptación[,] haciéndolo descender del vehículo, procedi[éndose]…a incautar: de la puerta delantera del lado del conductor, en el guarda objetos, cuatro bolsas pequeñas de papel madera conteniendo cocaína en un peso total de 122.9 gramos…; de [sus] bolsillos…42.000 pesos argentinos en billetes de distinta nominación y dos teléfonos celulares…marca Apple, modelo Iphone 13 ProMax, de color celeste con funda de goma de color negra, IMEI nro. 356942219985150, con chip de la empresa Personal, y un teléfono celular marca Redmi modelo M1901F7G, con chip colocado de la empresa Personal…" -los corchetes no son del original-.
Con sustento en esa materialidad infraccionaría atribuida, la defensa ha planteado dos motivos de agravio (el vinculado a la [discutida] constitucionalidad de la figura típica aplicada y el relativo a la determinación de la pena en el caso en particular), que serán abordados con los alcances de la garantía de la revisión en los supuestos en que, en la instancia de grado, se optó por la suscripción de un acuerdo de juicio abreviado.
1.a. Adelanto que el planteo defensista dirigido a cuestionar el apego de lo establecido por el art. 14 de la ley 23.737 con el principio de reserva no puede recibir -a mi entender- acogida favorable, por cuanto en oportunidad de rubricar su adhesión a la propuesta de la fiscalía -en los términos de los arts. 395, 399 y cc. del CPP-, ninguna manifestación al respecto formuló en esa ocasión.
Conforme sostuviera al pronunciarme en torno a la tempestividad de un planteo de inconstitucionalidad -también concretado por la defensa en el recurso casatorio, pero sobre el que nada se hubo dicho al rubricar la postulación del juicio abreviado-, “ …las partes no pueden ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (cfme., CSJN, ‘Bidone, Guillermo J.’, Fallos 316:1802, consid. 6°; ‘Syntex SA’, Fallos 323:3765, consid. 8°, e/o). Si la recurrente no solicitó en tiempo oportuno lo que hoy intenta en estos estrados…carece de agravio alguno que soporte su pretensión…(art. 421, 3° párr. y 451 C.P.P…)… ” (cfr. sentencia dictada en la causa N° 103.404, caratulada “RÍOS, MARÍA FABIANA S/ RECURSO DE CASACIÓN”, pronunciada el 3 de noviembre de 2020 -los corchetes y la cursiva no son del original-).
En ese mismo hilo argumental se ha expresado la SCBA en oportunidad de revisar esa decisión ante el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa en ese caso (véase fallo en P. 136.130, "Ríos, María Fabiana s/ queja en causa n° 103.404 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", de fecha 19 de abril de 2024 -voto del Dr. Torres, con adhesión de los Dres. Soria y Genoud y de la Dra. Kogan-).
Vale resaltarse que el cimero tribunal provincial destacó, además, que “…la parte debe formular tal grave pretensión de confrontación constitucional en la primera ocasión posible a fin de que los jueces de la causa puedan considerarla y decidirla (v., por muchos, causa P. 137.820, sent. de 24-X-2023; conf. CSJN Fallos: 328:3165). Circunstancia que no ocurrió en el caso, en tanto ninguna manifestación de tal índole realizó la defensa…ante el tribunal de origen” -punto IV.II. del sufragio citado en el párrafo anterior-.
1.b. En cambio, las objeciones dirigidas a cuestionar la imposición de la pena en el caso en concreto son susceptibles de recibir acogida favorable en esta sede revisora.
Surge de la cuestión preliminar del veredicto que, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, las partes calificaron los hechos materia de imputación como constitutivos del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y pactaron la imposición de una pena de cuatro años de prisión, accesorias legales, costas del proceso y el mínimo de la multa (art. 5 inc. Ley 23.737).
Al analizar las circunstancias del caso, la señora magistrada actuante consideró que los eventos debían subsumirse en la figura típica de tenencia simple de estupefacientes, en los términos del art. 14 de la citada normativa especial (cfr. los argumentos vertidos al respecto en la primera cuestión de la sentencia en examen).
Y, tras meritar como atenuantes la ausencia de antecedentes penales del imputado; sin evaluar severizantes; fijó la pena en tres (3) años de prisión, de cumplimiento efectivo.
Al respecto, inicio mi argumentación sosteniendo que, si bien el cambio de la significación jurídica operado no conlleva, de por sí, a la imposición de una pena mínima -por cuanto aquello que las partes ponderaron como justo para una figura penal más grave no implica su réplica sin matices en relación con una más leve-, las circunstancias fácticas me persuaden a considerar que la cuantía concretamente aplicada no fue debidamente motivada.
La normativa aplicable -arts. 40, 41 y cc. del CP- ofrece una constelación de factores que apuntan, a los fines de individualizar la sanción penal, a las características del hecho -por un lado- y a las particularidades personales del justiciables -por el otro-; extremos que deben ser empleados por el órgano juzgador para erigir con meridiana objetividad la pena a imponer, delimitándose -de esta manera- los amplios márgenes que las distintas escalas punitivas previstas en la parte especial del citado digesto fijan.
Al mismo tiempo, el complejo proceso mediante el cual se traducen dimensiones fácticas y normativas en una unidad de medida temporal, además de evaluar los supuestos establecidos en las reglas mencionadas en el párrafo precedente, debe vincularse con el relevante aspecto de los fines que en nuestra cultura jurídica se le asigna a la sanción penal.
Con relación a ello, tal como lo ha destacado a CoIDH en el caso “Fermín Ramírez vs. Guatemala”, aquel mecanismo de mensuración evidencia la preponderancia de los parámetros aplicables desde la prevención general, y sus consecuencias frustran el efecto preventivo-especial que se persigue; sin dejarse de mencionar que la finalidad última de la pena -y de su sistema de ejecución-, tiene anclaje particularmente en razones de resocialización e integración social (prevención especial positiva).
Como explica Roxin, en casos como el que nos ocupa “es necesario sopesar los fines de prevención especial y general y ponerlos en un orden de prelación”, indicándose asimismo que “…la preferencia de la prevención especial no excluye los efectos preventivo-generales de la pena, sino que, a lo sumo, los debilita de forma difícilmente mensurable; pues también una pena atenuada actúa de forma preventivo-general” (Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Editorial Civitas, traducción de la 2da. edición; p. 97 y ss.).
Agrego que al carecer nuestro sistema legal vigente de normas fijas que regulan la administración de las escalas penales, el eje en la determinación judicial de la pena radica en el respeto de la proporcionalidad entre el disvalor de acción como de resultado y el principio de culpabilidad; razonabilidad que se ve afectada tanto cuando se impone una respuesta punitiva leve por hechos graves como a la inversa (es decir, se fijan sanciones elevadas por sucesos que, si bien merecen reproche penal, no revisten extrema gravedad).
Dicha temática no ha sido desarrollada en el pronunciamiento cuestionado. Tampoco encuentro en dicho fallo que se haya explicitado -en forma suficiente- los motivos por los cuales se decidió imponerle a Alan Leonardo Aloise la pena de tres (3) años de prisión, circunstancia que trasgrede lo previsto en el art. 371 del CPP.
Dicha omisión de argumentar acerca de las razones que se tuvieron en cuenta a la hora de fijar la pena, impide que la misma exprese su valor -tanto a la sociedad como al procesado-, toda vez que “…el Estado que impone una pena no solo debe poder explicar su [interés] a la comunidad, sino también al condenado que está obligado a soportarla…” (voto del Sr. juez Palermo en el acuerdo plenario de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza realizado en el marco de la causa CUIJ n° 13-05365349-3; los corchetes son míos).
Consecuentemente, corresponde censurar ese aspecto del fallo en examen.
Asimismo, sostengo que existen fundadas razones para revisar el criterio seguido por la señora magistrada de grado en punto a la modalidad de cumplimiento dispuesta, dado que ante la posibilidad de aplicar una condenación condicional -habida cuenta el cambio de calificación legal, la ausencia de antecedentes penales del imputado, la falta de ponderación de agravantes de la pena y la problemática de consumo que él padece-, ninguna manifestación se ha realizado al respecto.
La doctrina legal aplicable -tanto de la CSJN como de la SCBA- impone la necesidad de que quienes ejercemos la magistratura demos razón, en supuestos como el de este litigio, del porqué no hemos de imponer los alcances de lo establecido por los arts. 26, 27 y cc. del CP.
Así, se ha establecido, incluso desde criterios anteriores a los actualmente vigentes, que “...[s]i bien las decisiones relacionadas con la aplicación del monto de la pena resultan privativas de los jueces de mérito, cabe hacer excepción cuando, como en el caso, no se advierte una adecuada fundamentación respecto de tan trascendentes cuestiones, lo cual descalifica el fallo como acto jurisdiccional válido” -CSJN, causa S.579.XXXIX, “Squilario, Adrián, Vázquez, Ernesto Marcelo s/ defraudación especial en grado de partícipe primario – Smoldi, Néstor Leandro s/ defraudación especial en grado de partícipe secundario” -los corchetes me corresponden-.
A ello, el Máximo Tribunal federal sumó que “...[más allá de que]…la mayoría del fallo…argument[ó] que sólo la aplicación de la condenación condicional debía ser fundada [dada su calidad de] la excepción a la pena de encierro (art. 26 del Código Penal), no es menos cierto que la opción inversa, en casos donde aquella hipótesis podría ser aplicada, también debe serlo, puesto que de otro modo estaría privando a quien la sufre [de] la posibilidad de conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable…
En tales circunstancias, los condenados se verían impedidos de ejercer una adecuada defensa en juicio ante la imposibilidad de refutar decisiones basadas en criterios discrecionales de [quienes] las disponen” -mismos autos citados en el párrafo anterior; idénticas aclaraciones en cuanto a la transcripción efectuada, voto de la mayoría-.
Es menester destacar, asimismo, que dicho criterio fue suscripto por el pleno del Superior Tribunal federal en los autos “Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Caprin, Orestes Carlos s/ recurso extraordinario federal" (fallo rubricado el 8 de mayo de 2025).
Mediante remisión al dictamen del Procurador General, se dejó establecido que “…el instituto de la condenación condicional, previsto en el artículo 26 del Código Penal, tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que habiliten la aplicación de penas de hasta tres años de prisión, cuando sus circunstancias personales permiten concluir que el fin resocializador podría cumplirse satisfactoriamente sin necesidad de un tratamiento penitenciario…” (cfr. opinión de la Procuración -fechado el 23 de agosto de 2024-, punto IV, tercer párrafo).
Las circunstancias personales de Alan Leonardo Aloise -ausencia de antecedentes penales; posibilidad de trabajar, de manera estable, en un taller de su padre; contención y apoyo permanente de su pareja; problemática de consumo de sustancias desde la adolescencia-, que podrían habilitar la posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la pena, “…no merecieron ninguna consideración por el tribunal de [grado], que incurrió así en arbitrariedad…” (véase mismo dictamen; cuarto párrafo del punto IV -los corchetes me corresponden-).
La SCBA se ha pronunciamiento recientemente en sentido idéntico, al sostener -con cita expresa de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto- que “la determinación de la pena, además de compadecerse formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha al condenado, debe ser adecuadamente fundada de conformidad con las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, pues no se trata de un mero cálculo matemático o una estimación dogmática, sino de la apreciación de los aspectos objetivos del hecho mismo y de las calidades de su autor que deben ser ponderados conjuntamente” (punto IV. 3., segunda cuestión, voto de la Dra. Kogan -al que adhirieron los Dres. Soria y Mancini y la Dra. Budiño- en la causa P. 137.017-Q, "Presa, Juan Carlos s/ Queja en causa n° 43.739 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul", sentencia del 23 de octubre de 2024).
Con sustento, entonces, en las exigencias establecidas en Fallos: 320:1463; Fallos: 329:3006; Fallos: 330:490 -entre muchos-, se hizo hincapié en que “[e]l ejercicio de [la] competencia para graduar la pena privativa de la libertad…merec[ía] una especial atención por parte de los tribunales en lo que respecta a su fundamentación" (mismo sufragio antes mencionado; los corchetes son míos).
En línea con ello, a tenor de lo planteado por la defensa en su recurso, señalo -una vez más- que la condena de ejecución condicional encuentra sustento en la teoría de la prevención especial, por el efecto contraproducente que ocasiona la ejecución de penas cortas privativas de la libertad.
La imposición de una pena breve pone de manifiesto escaso contenido de injusto y de culpabilidad por el hecho, por lo que debe ceder la función retributiva ante razones de utilidad social que aconsejan prescindir de una ejecución que sería perjudicial para la persona prisionizada.
Un período de encierro de poca duración no garantiza el éxito de ningún programa de resocialización; en cambio, permite que la estadía en prisión gravite negativamente sobre el condenado como consecuencia del efecto del contagio carcelario.
Por el contrario, una condena de ejecución condicional cumple la finalidad de servir como advertencia y además de operar disuasivamente en el futuro inmediato -en lógica de prevención especial positiva-, pues conlleva un llamado para que la persona penada oriente su comportamiento hacia el respeto al sistema normativo.
Al decir de Righi, “[l]a regla según la cual la condena de ejecución condicional es una decisión facultativa del tribunal competente…suele dar lugar a que se interprete que es un beneficio y no un derecho del condenado. Tratándose de una manifestación de la individualización judicial de la pena, cabe entenderla como un acto discrecional jurídicamente vinculado, y así debe ser apreciado el margen de libertad que otorga al juez para decidir su conveniencia” (cfr. Righi, Esteban, DERECHO PENAL, Parte General, 1° Edición, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.