Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 135184
2000-9461-24
C- 135.184
En la ciudad de La Plata se reúnen en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Manuel Bouchoux, Mario Kohan y Daniel Carral, para resolver el recurso de casación deducido en causa Nº135.184 caratulada “SALAZAR CHRISTIAN GABRIEL s/ Recurso de Casación” y, practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BOUCHOUX-KOHAN-CARRAL.
El Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial Avellaneda Lanús, con fecha 2 de septiembre del año 2024, condenó a Christian Gabriel Salazar a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma impropia en grado de tentativa, declarándolo reincidente y a la pena única de cuatro años y un mes de prisión, comprensiva de la dictada en la presente y de las impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°23 de CABA de seis meses de prisión por el delito de hurto agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública, más la declaración de reincidencia y por el Juzgado en lo Correccional N°3 de Quilmes en la causa 13-00-22057-21 de cuatro meses de prisión -con reincidencia también- por el delito de robo simple en grado de tentativa.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el Defensor Oficial del nombrado, Dr. Carlos Mauricio Catalano.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez Bouchoux , dijo:
I. La defensa sostiene que la sentencia puesta en crisis resulta arbitraria, ya que se efectuó una errónea aplicación de lo preceptuado por los artículos 1, 210 del CPP y 18 de la Constitución nacional.
Alega que la incorporación por lectura del testimonio de la víctima prestado en sede policial sin control de la defensa, constituyó la prueba única y dirimente en relación a la aplicación de la agravante "arma impropia", apartándose de lo resuelto por la CSJN en el caso "Benítez".
Sostiene que no existe una fuente de investigación independiente con idoneidad para acreditar el extremo alegado, por lo que insta la nulidad de la incorporación.
En esa senda, indica que de esa forma se vulneró el contradictorio al incorporar dicho testimonio, en consonancia con lo estipulado por los arts. 8.2. f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en atención a lo resuelto por la Corte Federal en el precedente mencionado.
Por otra parte, cuestiona que una llave de automóvil pueda ser considerada jurídicamente un arma en los términos del art. 166 inc. 2 del Cód. Penal, debido a que, en su criterio, carece absolutamente del poder vulnerante ex ante que requiere la calificación sostenida.
En consecuencia, solicita que se excluya del campo probatorio los dichos del señor Delgado y se recalifique el hecho como robo simple en tentativa en los términos de los arts. 42 y 164 del Cód. Penal.
Hace reserva del caso federal.
II. Estimo que para dar respuesta a la defensa acerca de la exégesis de la norma que reclama vulnerada a la luz de la interpretación jurisprudencial sentada en el precedente de la Corte Suprema de Justicia “Benítez”, obligadamente es necesario efectuar algunas breves consideraciones sobre el modelo procesal que emerge de nuestra Constitución nacional, tal como lo señala el Defensor Catalano en su escrito recursivo.
En un primer acercamiento, el derecho a la confrontación es la posibilidad que tiene el acusado, en el sistema de juzgamiento oral, de confrontar a los testigos que declaran en su contra concebido como la más importante expresión del principio de contradictoriedad.
Si bien su origen puede rastrearse en el derecho romano -la propia Biblia refiere ese origen (Hechos:25.16)-, su desarrollo corresponde primero al derecho inglés y luego al norteamericano en función de su incorporación como enmienda a su carta magna. Aparece en nuestro ordenamiento jurídico con la entrada en vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Derechos Humanos, que asumen rango constitucional en el año 1994. A nivel jurisprudencial, el fallo “Benitez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2006) marca un hito en lo que hace al reconocimiento del derecho a la confrontación como garantía constitucional.
En nuestra provincia, la ley que estableció el nuevo proceso penal en el año 1997 previó una muy rudimentaria regulación en relación al modo de producirse la prueba en el juicio oral. La ley 14.543 de 2013 estableció finalmente el juicio por jurados y esta normativa reguló con mayor precisión y con impronta adversarial la producción de la prueba durante el litigio.
Para decirlo en pocas palabras, se entiende que un sistema de juzgamiento penal compatible con un estado constitucional de derecho debe, cuanto menos, establecer un juicio oral, acusatorio y contradictorio.
En efecto, la dimensión material del derecho de defensa concreta el aspecto de ese derecho que le garantiza al imputado la posibilidad de participar de diferentes maneras en el proceso penal, incluyendo la de introducir una hipótesis alternativa en el juicio oral y a que se tenga en cuenta al momento de la decisión final, si viene acompañada de una mínima actividad probatoria.
Tengo dicho (causa Nº134.140, sent. del 26 de junio) que el proceso penal, como mecanismo jurídicamente reglado por el que se pretende establecer el valor de verdad de un enunciado acusatorio, no puede ser pensado sin el derecho de defensa como garantía de falsación y refutación de aquel enunciado. Así, el significado de la palabra verdadero es la correspondencia fundada y aproximativa de las proposiciones de las que se predica con los hechos ocurridos y que deberá ofrecer la confianza suficiente como para superar el estándar de la duda razonable (Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, 9ª Edición, Madrid 2009).
Tan importante es la cuestión de la verdad que muchos aun sostienen que averiguar la verdad es uno de los fines del procedimiento penal. Más acá en el tiempo, otros interpretan que la comprobación de la verdad debe entenderse como una condición indispensable para la validez de una sentencia condenatoria que aplica la ley penal (Guzmán, Nicolás. La verdad en el proceso penal. Una contribución a la epistemología jurídica , Editores del Puerto, Bs. As., 2011).
Es el juicio oral la etapa del proceso en la que aparecen características acusatorias: oralidad, publicidad, concentración, continuidad, inmediación, un juez como tercero imparcial o un jurado popular y una equiparación formal entre la defensa y la acusación en punto a la posibilidad de producir prueba. Es en esta etapa donde surgen los únicos elementos que pueden fundar la sentencia, que además debe guardar correlación con la acusación. La prueba entonces debe producirse en el debate teniendo en cuenta que el proceso judicial no dispone de un método de descubrimiento o de verificación, sino que únicamente cuenta con un método de confirmación y refutación.
Esta concepción semántica u objetiva del significado de la verdad indica las condiciones de uso del término verdadero que exige la predeterminación legal de lo que se hablará en el proceso, cuya estricta legalidad se vinculará con la verificabilidad y la refutabilidad de la hipótesis acusatoria a lo que se arriba a partir de la producción de prueba.
Ahora bien, el tribunal de la instancia consideró que, con las pruebas producidas y aquellas integradas al debate, resultó acreditada la hipótesis fiscal de acuerdo a la cual: “…el día 29 de abril de 2024 alrededor de las 21.30 hs. y en las cercanías de la intersección de las calles Defensa e Irala del Barrio Anglo del partido de Avellaneda, un sujeto masculino identificado como Christian Gabriel Salazar, mediante intimidación ejercida sobre la persona de Nelson Fernando Delgado al apoyarle una llave de ignición automotor en el cuello a modo de elemento punzante, intentó apoderarse ilegítimamente de una campera, un celular y dinero en efectivo propiedad de la víctima no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad” (sic).
En la primera cuestión del veredicto, el magistrado puntualizó que dicha plataforma fáctica se desprendía de las “… piezas incorporadas en forma directa por haberlo solicitado las partes y por resolución del Tribunal en los términos del art. 366 del rito, elevadas entonces a prueba legal intangible en la decisión de mérito sumado a ello la declaración testimonial de la víctima de autos por los motivos que se desarrollarán en oportunidad de analizar su contenido ” (sic).
Luego, en la segunda cuestión del veredicto reseñó el relato de quienes fueron llamados al juicio a declarar como testigos.
Así, mencionó que el Sargento Maximiliano Daniel Gallo refirió que esa noche, mientras se encontraba patrullando, divisó un taxi de Caba que decidió identificar. El testigo explicó que se acercó con la patrulla y desde atrás observó a un masculino parado al lado del chofer que tenía medio cuerpo dentro del vehículo y estaba tomando al conductor del cuello. Aclaró que le dieron la voz de alto y el sujeto emprendió la fuga, siendo aprehendido a unos pocos metros. Recordó que, en su poder, secuestraron pertenencias de la víctima y en el trayecto de la persecución hallaron la llave del vehículo. Asimismo, explicó que el taxista les dijo que el hombre detenido lo había robado con algo punzante que utilizó para pincharle el cuello.
El personal policial Lautaro Manuel Breccia expuso la misma secuencia que su compañero Gallo. Añadió que la víctima les manifestó que el aprehendido había tomado el taxi desde Capital hasta Maciel y que, en un lugar sin salida, lo quiso robar, tomó la llave del vehículo colocándosela en el cuello y le sustrajo la campera, el celular y dinero en efectivo. Afirmó que esos objetos fueron secuestrados en poder del acusado y que la víctima reconoció las prendas como propias. Destacó que el imputado tenía reducido al chofer, como acorralado. Explicó que no vio que tuviera la llave en la mano, aunque observó los movimientos que hacía con los brazos -los que reprodujo en el juicio-, los cuales, a su entender, revelaban que tenía algún elemento con el que amenazaba al taxista.
En el contraexamen, el testigo explicó que no recordaba por qué no había quedado plasmado en el acta la circunstancia de la llave, que pensó que estaba. Aclaró “El caco hacía presión en el cuello con algo pero no se veía con qué. La víctima luego le contaría que era la llave de arranque de la Surán”.
En el acta de procedimiento (consultado el sumario digitalizado en SIMP), respecto a cuya integración la parte no se disconformó en el juicio, fue relevado que: “… en recorrida sobre la calle Defensa y la arteria Pasaje 2 del barrio Anglo de este medio, visualizamos un vehículo estacionado sobre dicha arteria del tipo taxi de color amarillo y negro … donde en su interior había un masculino sentado en el asiento del conductor y de la ventanilla de la puerta delantera mismo lado, otro masculino parado el cual vestía pantalón de color de jeans azul. Y una campera de abrigo oscura del tipo rompe viento. El cual tenía metido medio torso dentro del interior de dicho rodado por esa ventanilla. Ambos estaban forcejeando por lo que nos acercamos, el masculino que estaba con el torso desnudo dentro del vehículo al visualizar nuestra presencia, rápidamente emprende fuga a la carrera …”.
Asimismo, consta que la víctima refirió: “… al dirigirme por la misma casi llegando a un barrio de muchas casas, me toma del cuello sujetándome con su mano izquierda me dice que pare la marcha del auto y lo apague … con la mano izquierda saca la llave e encendido del tambor de admisión y me lo coloca a la altura del cuello y me dice a viva vos: SIC … QUEDATE CALLADO ESTO ES UN ROBO … Que al momento de estar agarrando la campera este sujeto, visualiza algo que lo hace salir corriendo de mi auto, supongo era su móvil” (sic).
También se dejó constancia que en poder del aprehendido no fueron encontrados elementos de peligrosidad.
Tal como lo señala la defensa, en el acta de entrega de las pertenencias sustraídas, no se consignó que fuera entregada la llave del vehículo. Tampoco fue retrata mediante las fotografías obtenidas a diferencia de los restantes objetos cuyas imágenes fueron obtenidas (consultado el sumario digitalizado en SIMP).
Por último, el Tribunal valoró la declaración que la víctima prestó el día 30 de abril de 2024 en sede policial. La defensa, como señalé, se quejó de la admisión de dicha prueba en el contradictorio. Veamos.
Conforme se desprende del acta del debate el Fiscal de Juicio “… -como cuestión preliminar y en virtud de las actuaciones aportadas- solicitó que se resuelva la incorporación por lectura del testimonio brindado por la víctima de autos, ello toda vez que se desprende de la instrucción suplementaria aportada la ausencia del mismo. A mayor abundamiento, el Representante del Ministerio Público Fiscal explicó que se citó a la víctima en el domicilio aportado, diligencia de la cual se informó que allí no vive, por eso llamó al teléfono aportado, abonado el cual esta fuera de servicio, se agregó el informe del RENAPER donde consta que es el mismo domicilio y así y todo se rastreó en el sistema informático y figura que la víctima ha hecho una denuncia por daños donde figura el mismo domicilio al que fuera notificado por dicha parte. Además, se pidió al RPA el automóvil que estaba involucrado en la denuncia, del cual no era titular la víctima pero sí es titular un tal Conde, se libró citación al domicilio de aquél y figura que es un baldío, fotografías las cuales se aportaron. Por último, en el acta del sistema informático también figura un domicilio de la víctima en calle Debenedetti, lugar a donde se libró citación y por la declaración de dos vecinos se constata que aquél no vive allí. En virtud de todo ello, no habiéndose podido citar a la víctima y conforme lo normado por el artículo 366, párrafo segundo, supuesto segundo, del CPPPBA, solicita la incorporación por lectura del testimonio que figura a fojas 13 ” (sic).
La defensa se opuso y el magistrado de la instancia consideró que “… sin perder de vista lo expresado por la Defensa y sin perjuicio de la valoración y el alcance que se va a hacer de la pieza procesal, en virtud de lo normado por el artículo 366, párrafo segundo, supuesto segundo, del CPPPBA, corresponde HACER LUGAR A LA INCORPORACIÓN POR LECTURA LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL EFECTUADA POR LA VÍCTIMA DE AUTOS A FOJAS 13 ” (sic).
En la primera cuestión de la sentencia, el juzgador aportó los argumentos de réplica a la postura defensista. Al respecto, entendió que:
-“ Es claro que el principio sentado no es absoluto. La posibilidad de interrogar a los testigos de cargo por parte de la Defensa abarcan a aquellos sujetos presentes en el Debate o ubicables físicamente -como lo prevé la CADH- como también a los que deponen durante la investigación penal preparatoria. De ningún modo podría referirse a los testigos fallecidos, ausentes o inhabilitados sino el art. 366 del Rito no tendría razón de ser ” (sic).
-“ Es claro que la ‘inmediación’ es atributo propio del juicio oral y por el principio de igualdad de armas y el de buena fe procesal, no puede soslayarse ” (sic).
-“ Sentado ello, la previsión del art. 366 aparece como una excepción a la oralidad o a la inmediación en la exposición y análisis de la prueba ventilada en el Debate y el fundamento de este mecanismo radica, para gran parte de la doctrina, en el principio de ‘búsqueda de la verdad real o histórica’ que no es otra cosa que lo que domina el proceso penal ” (sic).
-“ Nada parece indicar en el caso que nos ocupa, que durante la instrucción de la causa se le hubiera impedido a la Defensa o al imputado pedir que la víctima declare nuevamente en su presencia. Piénsese que Salazar fue aprehendido al momento de los hechos -un 29 de abril en horas de la noche-. En ese ínterin y hasta entrada la madrugada del día 30, prestó declaración Delgado. Luego el mismo día 30 se le recibió a Salazar la declaración del art. 308 del Rito, su primera oportunidad de defensa, cuando hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar. Y finalmente el 17 de mayo de 2024 la Fiscalía requirió la elevación a juicio de la causa que se hizo efectiva el 26 de julio del mismo año pues en el medio el defensor de aquella etapa apeló ante la Cámara la calificación dada al hecho, no así la necesidad de interrogar a la víctima. Es decir que no faltaron oportunidades para que de parte del imputado se ejerciera el control que la Defensa ahora exige ” (sic).
Por último, citó un precedente de la Sala II de este Tribunal.
Retomando el análisis con el que inicié mi voto, debe tenerse en cuenta que las investigaciones judiciales tienen limitaciones formales y materiales que condicionan el conocimiento de la verdad. Así, las limitaciones formales se vinculan con las garantías que protegen valores superiores (v.gr. la dignidad humana), y las materiales derivan de la propia naturaleza de la investigación. Se trata de una investigación fáctica respecto de la cual no podrá hablarse de demostración en sentido científico.
Entonces, una concepción garantista del proceso penal no renuncia a obtener la verdad, sino que descarta aquella idea absoluta de la verdad y se conforma con una verdad relativa o aproximada que supere el estandar de la duda razonable.
La defensa ejerce el control de la acusación en el marco del contradictorio, y esta contradicción es entre la hipótesis de la acusación y la de la defensa, con las pruebas y contrapruebas correspondientes. El principio del contradictorio es aquel que garantiza la posibilidad para las partes de cuestionar todo aquello que pueda influir en la decisión del juicio. Presupone la paridad de armas y asegura la posibilidad de la refutación o contraprueba.
Uno de los requisitos del contradictorio es que la defensa pueda participar activamente del material probatorio, controlando la prueba producida, interrogando y contrainterrogando a los testigos, ya que la hipótesis será una pura conjetura que deberá ser confirmada por la prueba, pero que será sometida al contradictorio, es decir a la posibilidad de producir pruebas contrarias con la pretensión de desacreditarla. Desde ese andarivel, el contradictorio, como derivación del derecho a la defensa en juicio, se transforma también en un método de investigación judicial que se importa de la investigación científica y que, al someter a un test de control a la hipótesis acusatoria, resulta ser también el más adecuado para el conocimiento de la verdad aproximativa.
Por ende, a la inversa de lo postulado en la decisión que se ataca, el contradictorio sirve, por un lado, para garantizar la defensa en juicio con igualdad de armas, pero además aparece como un método eficaz para averiguar la verdad, porque somete la hipótesis acusatoria a una crítica que permite arribar a una verdad que siempre será aproximativa o relativa, pero que ofrecerá mayor confiabilidad. De manera tal que la información recogida provisoriamente en la investigación deberá ser producida en el juicio oral en un escenario con igualdad de armas y donde todas las constancias preparatorias se transformarán en meras herramientas de litigación de las partes.
Ahora bien, el derecho a la confrontación, vinculado a la prueba testimonial, es uno de los institutos esenciales de un procedimiento contradictorio y lo es justamente por ser un instrumento decisivo para concebir una defensa en juicio efectiva. La relación
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