Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 136092
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 136092 (IPP 0800-11790-20) caratulada “F. O., R. S/RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor particular, Dr. Rubén Néstor Legler, contra la sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por el Dr. Gustavo Raúl Fissore, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 4 de Mar del Plata, mediante la que se condenó a R. F. O. a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (arts. 119, segundo párrafo, Cód. Penal).
En primer lugar, denuncia la incorporación de prueba en forma extemporánea por parte del MPF. Explica que, una vez radicada la causa en el tribunal del juicio, se dio traslado a las partes por diez días para que ofrezcan la prueba a utilizar en el debate y que el fiscal presentó su escrito vencido aquel plazo. Según su estimación, lo hizo diez días después, al ser anoticiado por un empleado del tribunal.
Observa que, sin embargo, el juez tuvo por presentado aquel ofrecimiento, decisión ante la que interpuso recurso de apelación, que fue declarado inadmisible pero tenido en cuenta como reserva de un eventual recurso de casación.
Alega que la decisión del magistrado “provoca y provocó un perjuicio irreparable. Ello, dado que la presentación extemporánea del ofrecimiento de prueba por parte del Ministerio Público provoca irremediablemente la solicitud por parte del imputado de su sobreseimiento, por lo dispuesto por el art. 323 inc. 1° (Extinción de la acción penal)”, (pág. 4 del registro informático del recurso).
Cuestiona la interpretación del juez, al considerar que el plazo del art. 338 del CPP no es perentorio, sino de aquellos ordenatorios del proceso penal (pág. 5, recurso).
Entiende que esa decisión “viola principios y garantías constitucionales y procesales, poniendo en una situación perjudicial e inferioridad de igualdad ante la ley al propio imputado” (pág. 5, recurso) e infracciona el debido proceso, al afectar “las reglas formales previamente establecidas para el desarrollo de un proceso”, como el principio de preclusión, y también “pone en jaque el derecho de defensa, cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos” (pág. 6, recurso).
Afirma, en definitiva, que “el haber admitido y permitido la incorporación del ofrecimiento de prueba, en forma extemporánea, vulnera y repugna los derechos constitucionales más básicos en un proceso penal. Dado que esta admisión permitió fundar la sentencia condenatoria a mi defendido, convirtiendo a esta sentencia en nula de nulidad absoluta” (pág. 7, recurso).
En subsidio, denuncia que el magistrado justificó el veredicto de condena en razonamientos probatorios absurdos y arbitrarios.
Explica que lo que caracterizó este caso, durante la investigación y el juicio, fue la orfandad probatoria.
Entiende que prueba de ello “fue el cierre de la instrucción en forma intempestiva y la elevación a juicio realizada por la Fiscalía”, actuación que fue criticada por los jueces de la Cámara Penal al revocar la prisión preventiva de su asistido.
Recuerda que los camaristas señalaron en su decisión la “precaria (por lo limitada) pesquisa llevada adelante por el director de la encuesta, no sólo en razón de la ‘vertiginosidad’ [término utilizado por el juez de garantías] con que decidió culminar la instancia investigativa, sino más aún, porque tal celeridad no era necesaria habiendo requerido el término de prórroga para el dictado de la medida de cautela y, restando aún varios meses para el vencimiento del plazo reglado en el art. 282 del ceremonial” (pág. 8, recurso).
Según el recurrente, los camaristas agregaron que “el vértigo, en tanto adjetivación de velocidad, no parece el calificativo más adecuado ya que, en términos coloquiales, no se trata de que se hizo todo muy rápido sino que fue rápido porque no se hizo casi nada. La consecuencia es que esta abulia fiscal trajo aparejada una recolección probatoria rayana con la insuficiencia” (pág. 8, recurso), no obstante, observaron “la posibilidad de que el Fiscal acredite su hipótesis del caso en el debate porque no podemos descartar que la instrucción extraordinaria lo permita” y elevaron la causa a juicio.
Agrega copia de la resolución de la Cámara Penal.
Advierte que aquella “insuficiencia probatoria fue la constante” en el caso y quedó reflejada nuevamente en la inacción del MPF cuando ofreció en forma extemporánea la prueba a utilizar en el debate. Y que si bien como consecuencia de ello el fiscal fue apartado del caso, no derivó en ninguna consecuencia jurídica para el proceso (como lo explicó en su agravio principal).
Afirma que la orfandad probatoria que advirtieron los camaristas no fue superada en la etapa del juicio, pues las pruebas ofrecidas por el nuevo fiscal como instrucción suplementaria fueron rechazadas en su totalidad, por extemporáneas (pág. 9, recurso).
Seguidamente, enumera las medidas probatorias que no se dispusieron en la IPP y que, en su opinión, eran conducentes para constatar la hipótesis de la acusación.
En particular, observa que el hecho supuestamente se originó en un mensaje de texto que el acusado habría enviado a V.F., pero no se secuestraron esos teléfonos; tampoco se cruzaron las llamadas entre la madre y el hermano de V.F., quienes dijeron que mientras supuestamente buscaban a la niña, se llamaron en varias ocasiones; ni se peritaron las sábanas de la casa del acusado, para recabar la presencia de material genético, entre otras medidas omitidas.
Señala que, no obstante esas falencias, el juez dio por probado el hecho imputado.
Seguidamente, cuestiona cómo se llevó adelante la diligencia de la Cámara Gesell. Expone que “la direccionalidad de la entrevista por parte de la entrevistadora resulta indudable”, lo que le hizo perder al medio probatorio su espontaneidad y condicionó el resultado final, llevando a una conclusión equivocada al magistrado (pág. 12, recurso).
En particular, señala “que todos los sujetos en algunas ocasiones mienten y/o fabulan”, que “los niños y/ adolescentes no son una excepción. Sin embargo, la entrevistadora no toma en cuenta esto y quizás por eso no repregunta” a V.F. en la diligencia (pág. 14, recurso).
Alega que “independientemente de la solvencia de la Lic. Manterola, su intervención [en la cámara Gesell] dejó ver que sólo trabajó con una hipótesis e hizo lo posible para no salir de ella durante toda la entrevista. El interrogatorio direccionado fue permanente, no hubo posibilidad para que la denunciante se exprese del modo pretendido por la (…) ‘Guía de Prácticas Aconsejables’, con la necesaria espontaneidad” por lo que “la Cámara Gesell realizada a la denunciante nada aporta, ni prueba el delito” (pág. 16, recurso).
Agrega que no se constató “algún rastro y/o daño determinado en el caso que nos ocupa” (pág. 16, recurso).
Insiste en la orfandad probatoria, en función de las medidas que el fiscal no ordenó y que debería haber practicado como respaldo objetivo del relato de V.F. Observa que el propio magistrado cuestionó la labor del fiscal, por no disponer medidas de prueba esenciales.
Expone que el resto de los testigos que valora el juez en el veredicto son “absolutamente parciales”, pues se trata de la progenitora y del hermano de V.F., los que además “no vieron ni escucharon nada” (pág. 18, recurso).
Repasa la testifical de T. M. G. (madre de V.F.) y, seguidamente, afirma que el magistrado incurre en un error al valorar que el testigo de la defensa, C. C. Ll., corroboró el episodio donde aquella testigo dijo confrontar al acusado y que ése no negó el abuso.
Alega que “nunca sucedió lo que dijo T. y mucho menos lo que parcialmente extracta Usía que el testigo C. C. haya dicho lo que dijo, con el alcance que se le quiere endilgar, sin analizar en un todo dicha declaración, y menos aún que [su] defendido haya respondido o hecho lo que expresa el Juzgador” (pág. 19, recurso).
Agrega que T. M. dijo que borró el mensaje que mencionó su hija al revelar el hecho (donde el acusado habría invitado a V.F. a su casa) y también las llamadas que dijo haber tenido con su hijo ese día (mientras supuestamente buscaban a la niña).
Observa que, además, las declaraciones del hermano de V.F. y de su madre presentaron contradicciones sobre cuándo la niña habría revelado el hecho.
Seguidamente, expone que el magistrado prejuzgó a los testigos de la defensa, al establecer que sus manifestaciones no tenían valor frente a la prueba de cargo.
En particular, “niega” que C. C. Ll. “haya dicho lo que V.S. pretende endilgar al tomar una declaración en forma parcial, sin analizar en un todo dicho testimonio” (pág. 21, recurso).
Finalmente, cuestiona la valoración que hizo el magistrado sobre la actuación profesional y conclusiones de la psicóloga Elsa Barahona, quien evaluó a su asistido y descartó que tuviera “rasgos característicos de un abusador” (pág. 21, recurso).
Por lo expuesto y por aplicación del beneficio de la duda, solicita se case el fallo recurrido y se absuelva a su asistido en orden al delito imputado.
Hizo reserva del caso federal.
La Fiscal ante esta instancia, Dra. Daniela Bersi, postuló el rechazo del recurso por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. La posición extrema que propone el recurrente, en orden a las consecuencias que deberían derivar de la presentación extemporánea del ofrecimiento de prueba de la fiscalía (sobreseimiento del acusado), no encuentra justificación en nuestro sistema normativo.
En efecto, interpretar la norma como lo hace el recurrente, considerando que el plazo del art. 338 no es ordenatorio, sino perentorio, implicaría que el “efecto” tendría que ser equivalente al de una causal de extinción de la acción no prevista en el art. 59 del Código Penal.
Coincido con el magistrado en que no se trata de un término “fatal”, que el ordenamiento procesal asigna a algunos plazos (como los que involucran medidas cautelares restrictivas de la libertad), por lo que el efecto del incumplimiento del plazo permitiría el apartamiento del funcionario que se encuentra a cargo de la acusación (como sanción procesal), pero no confiere un derecho a alguna de las partes involucradas en el proceso. Es cierto que la exigencia de dar cumplimiento a ciertos términos es más estricta para el Estado, sin embargo, eso está razonablemente ensamblado con otras actividades de persecución e incluso recursivas, algunas de ellas bien ejemplificadas por el magistrado de la audiencia.
Según informa el recurrente, el magistrado apartó al fiscal cuestionado, al constatar la presentación de la prueba fuera del plazo establecido (conf. art. 142, CPP; ver pág. 6, recurso) y, a la vez, no permitió que el fiscal que lo sustituyó ampliara el ofrecimiento de prueba mediante una instrucción suplementaria, por extemporánea (pág. 8/9, recurso).
Lo anterior descarta cualquier cuestionamiento abstracto relativo a la imparcialidad del juzgador, en la medida que el magistrado posibilitó la continuación del proceso y el consecuente desarrollo del debate, pero no permitió mejorar la posición de la acusación, mediante la incorporación de nueva prueba, conforme lo requirió el nuevo fiscal.
Por lo demás, constato que la defensa introduce muy vagamente los argumentos por los cuáles la condena basada en la prueba que ofreció el fiscal, derivaría en la nulidad del veredicto.
En efecto, la decisión del juez sobre la admisibilidad de aquella evidencia no implicó una infracción a las garantías constitucionales del acusado. Su derecho de defensa en juicio quedó garantizado, en tanto la acusación practicó la prueba en el debate, con el control cruzado de la defensa. El déficit en la actuación del fiscal apartado tampoco afectó, ni condicionó, la presentación del caso del imputado, ni la práctica de su prueba en el debate.
En ese sentido, el magistrado resguardó el contradictorio y, en definitiva, las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por el juez natural de la causa (art. 18 de la Constitución Nacional).
2. El magistrado de la instancia anterior dio por probado que “R. F. O., a las 20 horas aproximadas del día 1ro. de mayo de 2022, le envió mensajes por medio de la telefonía celular a la niña V.A.F.M., para que vaya a su casa ubicada en […], en Batán, donde le quitó por la fuerza la ropa e hizo lo propio con la suya, para inmediatamente tirarla sobre la cama y, al menos, frotar su pene sobre la zona vaginal de la menor, al tiempo que le decía que no debía contárselo a nadie” (pág. 8 del registro informático del veredicto).
3. En lo central, la defensa insiste en la insuficiencia probatoria del caso, a partir de la crítica a la investigación preliminar, pero sin reparar en la evidencia disponible ni en el razonamiento seguido por el magistrado para dar por probada la hipótesis de la acusación.
En ese sentido, reedita los planteos que hizo en la instancia anterior, bajo los mismos argumentos, en particular, los relativos a la ausencia de prueba pericial sobre los celulares de V.F., su madre y su hermano, para corroborar el mensaje y llamadas mencionados en sus declaraciones, o la falta de pericia sobre la cama del acusado, a fin de constatar material genético de la niña. Alega que tampoco se practicó un plano del lugar o fotografías que lo ilustren, para establecer si era posible la comisión de los hechos en los términos que expuso V.F.
Ciertamente, esas medidas no se dispusieron y el magistrado coincidió con la defensa en la “desidia” del fiscal que intervino en la IPP, al omitir actos propios de su función, como constatar la existencia de los mensajes y llamadas que mencionaron los testigos (pág. 5, veredicto).
Sin embargo, ello no demuestra, necesariamente, la insuficiencia probatoria del caso, en tanto el relato de la niña puede corroborarse por datos periféricos de distinta fuente.
En efecto, el sistema de libre valoración de la prueba que rige en nuestro ordenamiento procesal no predetermina en forma vinculante para el juez cómo, ni mediante qué evidencia, puede darse por probado un hecho, en la medida que respete las reglas generales de la epistemología, aplicables al conocimiento judicial, en la búsqueda del método más fiable para conocer la verdad de lo sucedido.
También es cierto que en la etapa intermedia del proceso, los jueces de la Cámara Penal cuestionaron en duros términos la actuación del fiscal (en especial, al revocar la prisión preventiva del imputado) y observaron que requirió la elevación de la causa a juicio en forma apresurada, cuando aún estaba en condiciones de disponer otras medidas tendientes a probar su caso.
Sin embargo, los camaristas confirmaron la remisión de la causa a la etapa de juicio, donde “las dudas podrían superarse” (pág. 2 de la resolución que se adjunta al recurso) y, en contra de lo requerido por la defensa, rechazaron el sobreseimiento del acusado.
Bajo esas condiciones, no cabe realizar un cotejo meramente formal entre la cantidad de elementos que se reunieron en la IPP y los que se practicaron en la etapa de juicio, para concluir -como lo propone el recurrente- que si no hubo una instrucción suplementaria, quedaría subsistente la insuficiencia probatoria que señalaron los camaristas.
En efecto, la rigidez de ese razonamiento omite que la práctica de la prueba en el juicio oral, donde se somete al control cruzado de los litigantes, permite un conocimiento más amplio y de mejor calidad sobre la información disponible de la que -probablemente- tuvieron los camaristas al examinar las constancias escritas del expediente.
4. En ese sentido, el magistrado examinó el relato de V.F. en la cámara Gesell (del 23 de mayo de 2022) a partir de los datos y explicaciones que aportó en el juicio la perita María Florencia Manterola (que intervino en la diligencia), y también desde un enfoque que tuviera en cuenta la interseccionalidad de las vulnerabilidades que presentó la niña (en tanto su interacción genera niveles más altos de vulnerabilidad que los que resultan de un solo factor), para evitar cualquier interpretación errónea sobre sus dificultades para relatar el hecho vivenciado.
Así, señaló que V.F. era mujer, niña/adolescente de 13 años, se encontraba en una situación de vulnerabilidad socio-económica y de asimetría respecto del acusado (un varón, de 33 años).
En particular, observó las explicaciones de Manterola cuando declaró que las “falencias lingüísticas” de la niña eran atribuibles “al contexto sociocultural en el que se educó” (pág. 4, veredicto), dificultad que exigió adecuar la diligencia mediante herramientas que posibilitaran completar su relato.
Seguidamente, el magistrado apreció que se trataba “de una niña introvertida, traumada, con pocos recursos expresivos y sin experiencia en lo que hace a su sexualidad, por lo que su relato se construyó a partir de las respuestas que le brindaba a su entrevistadora, la Lic. María Florencia Manterola, pero aun así nos informó que estaba en su casa y recibió un mensaje de su tío R. invitándola a la suya a ver a la ‘gatita’, lo que efectivamente hizo, aclarando que fue caminando ya que queda cerca. Dijo que esto sucedió el 1° de mayo a la noche, y que apenas ingresó su tío le sacó las ropas y también se sacó las suyas, luego la tiró a la cama y la tocó, al tiempo que le decía que no cuente nada” (pág. 3, veredicto).
Según el veredicto, frente a la pregunta de la perita “¿cómo siguió esto?”, la niña comenzó a llorar, “girando la temática hábilmente la licenciada para salir de ese lugar, y preguntarle qué había hecho después, narrando la víctima que se fue a su casa, donde estaban sólo sus hermanos, y moviendo la cabeza le pudo responder a Manterola que ese día no pudo contar lo sucedido”, que recién lo hizo el lunes siguiente, cuando se lo contó a su mamá.
El juez observó que la perita preguntó a V.F. “cómo se desvistió”, reiterando “que su tío fue quien le quitó las ropas” y luego Manterola regresó “al punto más traumático y la niña no pudo contar lo que había sucedido en la casa de su tío, ofreciéndole aquella un método alternativo, es decir, que lo escriba en una hoja”. Señaló que V.F. escribió “lo siguiente: ‘ pene ’ y ‘ me la metió en mi bajina ’, siendo leído por Manterola en voz alta y asintiendo con la cabeza la víctima”.
Seguidamente, el juez valoró que V.F. dijo “con sus escasos recursos que era la primera vez que tenía una relación sexual, que ese día estaba menstruando, que ella fue al baño y su tío se quedó en la cama, que ocurrió mientras su familia festejaba el día del trabajador, que cuando lo pudo contar fueron su mamá y su papá a hablar con su tío, pero que no le contaron cómo fue la charla” (pág. 3, veredicto).
5. Al igual que lo hizo en el debate, el recurrente cuestiona cómo se llevó adelante la Cámara Gesell.
En lo central, insiste en que no medió espontaneidad en el relato de V.F., sino un sesgo de confirmación por parte de la perita mediante
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