Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 139695
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas;
II. Anular la sentencia impugnada y REENVIAR las actuaciones a la instancia de grado a fin de que con intervención de un juez competente se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a los parámetros expuestos.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 15, 168 y 171 de la Constitución Provincial; arts. 2, 55 y 58 del Código Penal; 18, 106, 209, 210, 448, 450, 454, 464, 530 y 531, CPP.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la causa N°139695 caratulada “GOMEZ DARIO RAMON S/ RECURSO DE CASACION” (IPP N°07-00-006338-23/00), conforme al siguiente orden de votación: CARRAL-MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal N°6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, resolvió con fecha 21 de abril de 2025, condenar a Darío Ramón Gómez a la pena única de trece (13) años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, comprensiva de la dictada por ese Tribunal en la causa N°6272-6 (IPP N°07-00-006338-23/00) a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia y la que fuera dictada por el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal y Correccional N°26 de la Capital Federal, en el marco de la causa 67213/2022, mediante la cual condenó a Gómez a la pena de tres (3) años de prisión y costas de proceso.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la defensa del imputado el cual se encuentra incorporado al expediente electrónico del legajo casatorio.
En lo sustancial el recurrente cuestiona el monto de la pena única impuesta.
Se agravia de la aplicación del método aritmético para componer la pena recurrida, como del fundamento para ello utilizado que, entre otros aspectos, se basa en las previsiones de la ley 27785, en función de la naturaleza procesal, que entiende, caracteriza este proceso.
En el mismo carril denuncia inobservancia del artículo 168 de la Constitución Provincial. Explica que en oportunidad de contestar la vista conferida por el artículo 18 del Código Procesal Penal, estimó que procedía en el caso la hipótesis de unificación de condenas y no de penas y que no obtuvo respuesta a su planteo.
Sostiene que la remisión efectuada por el magistrado a las sentencias condenatorias no robustece el requisito de fundamentación del acto jurisdiccional.
Solicita se declare admisible el recurso y se case la sentencia en crisis.
III. Sorteadas que fueron las actuaciones, se notificó la radicación e integración de la Sala a las partes.
El fiscal adjunto ante este Tribunal, doctor Fernando Luis Galán, propicia el rechazo del recurso interpuesto.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
A los fines de brindar claridad en la exposición del caso, es dable señalar datos relevantes sobre las causas que componen el proceso unificatorio realizado por el magistrado de la instancia anterior:
a. En el marco de la causa 6272/6, con fecha 18 de abril de 2023 , el Tribunal en lo Criminal N°6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, condenó a Darío Ramón Gómez, por un hecho acaecido el 26 de enero de 2023 , a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar coautor del delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, por el uso de arma tanto propia como impropia y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada. Encontrándose realizado su cómputo de pena 27 de diciembre de 2023 y habiéndose decretado su vencimiento para el día 26 de enero de 2033.
b. Asimismo, el día 22 de noviembre de 2023 , en el marco de la causa N°67213/2022 (registro interno N°7467), el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°26 de la Capital Federal, por un hecho ocurrido el día 4 de mayo de 2022 , condenó Darío Ramón Gómez, a la pena de tres (3) años de prisión, más el pago de costas y declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido con efracción, habiendo adquirido firmeza el día 12 de diciembre de 2023 . Realizado su respectivo cómputo el día 19 de diciembre de 2023 , se decretó el vencimiento de dicha pena el día 25 de enero de 2026.
1. En primer lugar, entiendo importante señalar que, conforme surge de la compulsa del legajo, el caso traído a estudio encuadra dentro del supuesto de unificación de condenas o concurso real resuelto en pluralidad de sentencias (cfr. art. 58, segunda parte, Cód. Penal), tal como fue entendido por el juez de la instancia.
Ciertamente, la unificación de condenas se presenta cuando en las diversas sentencias ningún delito es posterior al dictado de una condena firme, es decir, “... cuando las condenas se siguen unas a otras, pero los delitos que las motivan se cometieron sin condenas anteriores... ” (conf. Zaffaroni, Alagia y Slokar, Manual de Derecho Penal Parte General, Edit. Ediar, 2005, página 752).
Entonces, son aquellos supuestos en los que al momento de adquirir firmeza una sentencia condenatoria, se hallaba subsistente una imputación penal por otro hecho que no fue incluido en el pronunciamiento y sobre el cual hubiera correspondido el dictado de una única sentencia, con aplicación de las reglas del concurso real. Se trata de la segunda hipótesis prevista en el artículo 58 del Código Penal, esto es, “ cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación ” de las reglas del concurso.
3. Por otro lado, el impugnante cuestiona la aplicación del método aritmético y no del composicional que pretende.
Ahora bien, asiste razón a la defensa, en tanto advierto que el magistrado de la instancia anterior aplicó erróneamente el artículo 58 del Código sustantivo vigente al momento de los hechos de modo tal que con independencia de la exégesis en la reforma introducida por ley 27785, lo resuelto no es derivación razonada del derecho aplicable.
No sobra mencionar -tal cual la doctrina de Sala lo sostiene pacíficamente- que, tratándose de un supuesto de unificación de condenas, el proceso unificatorio, debe realizarse bajo los criterios de la composición.
5. Por último, sin perjuicio de todo lo expuesto, debo agregar que tampoco comparto la apreciación final expuesta por el sentenciante. Me explico:
El artículo 58 del Código Penal, texto según ley 27785, determina que “ En la unificación de condenas, la pena resultante será la suma aritmética de las penas impuestas en las sentencias consideradas para el dictado de la pena única ”, la cual no constituye ley procesal como así lo afirma el juez de grado.
El proceso de unificación de penas, sentencias o condenas no es, en sí mismo, un concepto procesal, si bien pareciera referirse a la ejecución de la pena, en sí se refiere al cumplimiento de la sentencia.
Como tal se encuentra comprendido en el concepto de “ley penal”, por un lado, en tanto señala los presupuestos y límites que el Código Penal establece para unificar el ejercicio del poder punitivo (artículo 58 del CP), pues se trata en el fondo de la consecuencia jurídica que cabe asignar a los casos en que una persona comete pluralidad de delitos y, por otro, desde que éste comprende todo lo relativo a la duración de la pena.
El ámbito de validez temporal de la ley sustantiva, cuya irretroactividad rige como regla, excepciona el caso de la aplicación al supuesto de una ley posterior más favorable al imputado, e incluye dentro de estos aspectos vinculados al principio de legalidad, también aquello que hace, por ejemplo, al instituto de la prescripción de la acción penal.
Esto no parece ser un aspecto controvertido en la doctrina judicial, mucho más si se tiene en cuenta que nuestro máximo intérprete constitucional así lo ha considerado expresamente en la causa “Miras” (Fallos: 287:76), al señalar: “Es jurisprudencia de la Corte que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes “ex post facto”- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha quedado establecido como una invariable doctrina (Fallos: 17:22; 31:82; 117:22, 48 y 222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 169:309; 184:531; 197:569; 254:116, consid. 19º).
A mayor abundamiento y en concordancia con lo expuesto, me remito al reciente precedente sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Ilarraz” que, entre otras cuestiones, reafirmó lo expuesto en múltiples oportunidades en las que entendió: “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, expresado en el tradicional aforismo latino nullum crimen nulla poena sine lege penali praevia (no hay crimen ni castigo sin ley penal previa). Por consiguiente, toda “flexibilización” del principio de legalidad en materia penal es abiertamente contradictoria con los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en tanto no fue alterado por la aprobación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional” (CSJN, Fallo: “Ilarraz, Justo José s/ promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación s/ impugnación extraordinaria” N°1245/2020/CS1 sent. 1/VII/2025).
Con lo cual, cabe concluir, que no es posible aplicar el extremo de interpretación que realiza el juez sobre los artículos 2 y 58 según ley 27785, en tanto al resultar más gravosa, no puede aplicarse retroactivamente, pues como expuse, rige la ley vigente al momento del hecho.
6. En consecuencia, lo resuelto por el colega de la instancia anterior no puede ser cohonestado como un acto jurisdiccional válido por lo que corresponde proponer al acuerdo la anulación de la decisión impugnada y el reenvío a la instancia de grado a fin de que con intervención de un juez competente se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos aquí expuestos (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PICDP; 15, 168 y 171, Const. Pcial, arts. 2, 55 y 58 del Código Penal; 18, 106, 209, 210, 448, 450, 454, 464, 530 y 531, CPP).
Por todo lo expuesto, a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, por sus fundamentos y a esta primera cuestión me expido en igual sentido y VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones precedentes corresponde: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas; II. ANULAR la sentencia impugnada y REENVIAR las actuaciones a la instancia de grado a fin de que con intervención de un juez competente se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a los parámetros expuestos (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PICDP; 15, 168 y 171, Const. pcial.; arts. 2, 55 y 58 del Código Penal, 18, 106, 209, 210, 448, 450, 454, 464, 530 y 531, CPP).
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas;
II. ANULAR la sentencia impugnada y REENVIAR las actuaciones a la instancia de grado a fin de que con intervención de un juez competente se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a los parámetros expuestos.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 15, 168 y 171 de la Constitución Provincial; arts. 2, 55 y 58 del Código Penal; 18, 106, 209, 210, 448, 450, 454, 464, 530 y 531, CPP.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/08/2025 10:15:04 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2025 12:09:34 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2025 12:22:28 - GONZALEZ Pablo Gastón - AUXILIAR LETRADO RELATOR DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 14/08/2025 12:24:04 hs. bajo el número RS-807-2025 por GONZALEZ PABLO GASTON.
Fin de la sentencia