Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 137872
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 137872 (IPP 1406-3863-22) caratulada “DEL RIO, MARTIN SANTIAGO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: - CARRAL – MAIDANA.
I. El 13 de diciembre de 2024 el Tribunal de Jurados dictó veredicto unánime de culpabilidad de Martín Santiago Del Río, por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por el uso de arma de fuego.
En la misma fecha, luego de celebrada la audiencia de cesura, la jueza integrante del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Isidro condenó a Martín Santiago Del Río a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor de los delitos mencionados (arts. 41 bis, 45, 54, 80 incs. 1 y 2, Cód. Penal).
II. La defensa de Martín Del Río interpuso recurso de casación contra el veredicto de culpabilidad y la sentencia dictada.
En primer lugar, planteó la nulidad del debate, y como consecuencia de ello, del veredicto de culpabilidad de su asistido, en virtud de haberse vulnerado su derecho a contar con un juez imparcial, sosteniendo que, en el caso, la magistrada interviniente contribuyó con sus decisiones a incorporar al debate información impertinente, dañina para el caso y de baja calidad, exponiendo al jurado a información falsa y sumamente sensible que generó un perjuicio insalvable.
En ese sentido, señaló que se le permitió a la fiscalía presentar como testigos a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, quienes, declarando bajo ese título, alegaron en favor de la teoría del caso de la acusación, y ocultaron prueba que favorecía al imputado. Destacó, en este punto, que uno de aquellos testigos recibió la felicitación de la magistrada al culminar su declaración, en presencia del jurado, situación que contribuyó con la contaminación de la decisión de sus miembros al dictar el veredicto de culpabilidad.
Expuso que, durante las audiencias preliminares, se opuso al ofrecimiento de la fiscalía de la testigo Nina Aquino, como así también de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, doctores Alejandro Orlandini y Denis Banchero.
Respecto de la primera mencionada, indicó que en la etapa de investigación había sido acusada como encubridora de una banda que había ingresado en la casa de las víctimas, luego se le atribuyó una participación necesaria en el hecho junto a Martín Del Río, y finalmente resultó sobreseída. Agregó que Aquino había expresado públicamente su odio hacia el imputado.
A continuación, detalló el contenido de la declaración testifical que brindó Nina Aquino en el debate, indicando que sus dichos fueron “parciales y mendaces”, a lo que agregó que el jurado también recibió información sobre la detención de la nombrada y la tortura de sus hijos. Puntualizó que el discurso de la testigo fue estructurado para culpar al acusado, con odio expresado públicamente, todo lo cual contribuyó a generar un sentimiento negativo en el ánimo de los miembros del jurado, que dejó a la defensa sin posibilidad de contrarrestar.
En punto a la declaración testifical de Alejandro Orlandini, secretario de la Fiscalía de Cibercrimen, indicó que “ bajo la apariencia de ser un testigo experto, incorporó prueba que exhibió como videos privados sin haber acreditado antes de dónde los obtuvo ”. Expresó que las filmaciones fueron exhibidas al jurado con total libertad, pese a que la magistrada había establecido que previamente debía acreditarse el origen del registro fílmico.
Señaló que la defensa intentó preguntar al testigo sobre constancias documentales vinculadas con el origen de aquella filmación, pretensión que fue denegada por la jueza técnica. En definitiva, el mencionado funcionario habría exhibido un video editado, que nada tenía que ver con el original que había sido obtenido por el sargento Galeano Caballero.
Planteó la defensa que el testigo nunca explicó “ de qué forma obtuvo las cámaras privadas que exponía, pese a que fuera una cuestión preliminar planteada por esa defensa ”.
Cuestionó otro pasaje de la declaración testifical de Alejandro Orlandini, en el que hizo saber al jurado distintos fragmentos de las declaraciones que brindó el acusado durante la etapa de investigación, señalando que el testigo las editó “ a su conveniencia ”.
También hizo hincapié en la negativa del testigo a contestar sobre la calificación legal del hecho atribuido a Nina Aquino en su declaración a tenor del artículo 317 del Código Procesal Penal (acto en el que el nombrado intervino como secretario), negativa que fue convalidada por la magistrada interviniente.
Argumentó que de esa manera le fue ocultado al jurado que la mencionada Aquino estuvo acusada como partícipe necesaria del homicidio agravado, y en el acto de su descargo dijo haber reconocido a Martín Del Río como el “encapuchado” que se ve en una filmación, además de identificar una prenda de vestir, siendo que, a los pocos días de esa declaración, Aquino fue sobreseída.
En similares términos cuestionó la declaración testifical de Denis Banchero, secretario de la Fiscalía de Cibercrimen.
Indicó que el nombrado, bajo la apariencia de un testigo experto, incorporó prueba que exhibió como videos privados, sin haber acreditado su origen, como así también chats privados del acusado y de sus padres, exhibiéndolos al jurado “ e interpretándolos de manera grosera a favor de la teoría del caso de la Fiscalía, afirmando dichos que le atribuyó a Martín Del Río en forma capciosa ”.
Por otro lado, el impugnante señaló que en la primera jornada del debate planteó la existencia de una cuestión preliminar, solicitando la exclusión del informe criminalístico presentado por el licenciado Daniel Salcedo, puesto que en el mismo introdujo a la biometría forense como campo de la inteligencia artificial para fundamentar su dictamen.
Agregó que el informe mencionado fue “filtrado” a la prensa el mismo día en el que había sido enviado en forma electrónica a la fiscalía, con la finalidad de influir indebidamente en el jurado.
El último de los cuestionamientos de este apartado, consistió en señalar que la magistrada permitió la reiteración de conductas impropias del acusador, quien interrumpió el alegato de la defensa, y pese a que la jueza no hizo lugar al planteo de la fiscalía, no le llamó la atención ni le hizo saber al jurado de la información falsa introducida por el acusador.
En conclusión, afirmó que las decisiones de la jueza técnica colocaron en notoria desventaja a la defensa, ya que, para arribar al veredicto de culpabilidad, los jurados tuvieron en cuenta datos ajenos al hecho atribuido al acusado.
En el siguiente apartado de la presentación recursiva, se agravió por la confección y explicación de las instrucciones al jurado.
Sostuvo que la jueza utilizó un lenguaje técnico, con “ una lectura de corrido de las mismas durante un tiempo excesivo en donde no hubo una clara y concreta comprensión por parte del jurado ”.
Argumentó que la ausencia de una explicación en términos fáciles, provocó que el tribunal dictara un veredicto condenatorio sin comprender acabadamente la ley aplicable, destacando que la decisión fue adoptada “ en tiempo récord, lo cual evidencia que ni siquiera leyeron las estipulaciones y mucho menos han deliberado en la forma que establece la ley ”.
En este punto, afirmó que los miembros del jurado “ tardaron menos de 30 minutos en dictar su veredicto, lo cual evidencia que no han existido discusiones serias y fundadas entre los miembros del jurado ni deliberaciones para alentar la correcta aplicación del sentido común del hecho que se ventila en esta causa ”.
Trajo a colación informes de investigación vinculados con la institución del jurado en los Estados Unidos de América, haciendo hincapié en que de aquéllos surgió un promedio de deliberación de ciento treinta y ocho (138) minutos, claramente superior a los treinta (30) minutos que en este caso le insumió al jurado dictar su veredicto.
En función de todo ello, postuló la declaración de nulidad del debate y del veredicto de culpabilidad, solicitando la absolución del acusado.
Seguidamente, desarrolló los fundamentos con base en los cuales consideró que el veredicto de culpabilidad se apartó manifiestamente de la prueba producida en el debate (art. 448 bis inciso “d”, del Código Procesal Penal).
Respecto de la información aportada por la testigo Aquino, y los funcionarios Orlandini y Banchero, se remitió al análisis expuesto en el apartado anterior.
Luego analizó el contenido de las declaraciones testificales de Diego Lugo, Cecilia Sánchez, Jorge Sánchez, Ezequiel Jarsroski, Ricardo Javier Grubisa, Carlos Mauricio Cassinelli y Facundo Specia, expresando las razones por las que consideró que no aportaron información que brinde suficiente respaldo a la hipótesis de la acusación.
Afirmó que no hubo prueba válida que demuestre que el acusado ingresó al domicilio de sus padres, el 24 de agosto de 2022, entre las 17.00 y las 18.30 horas.
Destacó que no se hallaron huellas ni rastros de ADN del imputado, y sí, en cambio, se encontró un perfil genético mezcla, perteneciente a una de las víctimas y otra persona del sexo femenino que no fue investigada.
Hizo hincapié en que ninguna prueba permitió demostrar que el arma homicida, hallada en una casa de las víctimas ubicada en el club de campo San Diego, de la localidad de Moreno, haya estado en poder del acusado.
Solicitó, en consecuencia, que se haga lugar al recurso, se declare la nulidad del debate y del veredicto, se absuelva al acusado o, en subsidio, se ordene la realización de un nuevo juicio.
El último motivo de agravio se dirige a cuestionar la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta al acusado, como así también respecto de las previsiones del artículo 14 del Código Penal y de la ley 24.660 (reformada por las leyes 25.892 y 25948), en cuanto prohíben el acceso a la libertad condicional y la libertad asistida, entre otros institutos.
En lo esencial, sostuvo que la pena impuesta vulnera el mandato resocializador de la pena privativa de la libertad, e invocó en sostén de su posición, el fallo “Guerra, Sebastián Alejandro” dictado por la Corte Suprema de Justicia, vinculado con aquella cuestión.
Hizo reserva de caso federal.
IV. Radicado el recurso en la Sala, y notificadas las partes, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 458 del ritual, la cual se encuentra registrada en el sistema “Augusta”.
En la misma, la fiscalía y el particular damnificado postularon el rechazo del recurso deducido por la defensa, mientras que la asistencia técnica del acusado mantuvo su impugnación, describiendo sucintamente los motivos de sus agravios.
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
En forma preliminar, interesa señalar que, en la primera audiencia del debate, la fiscalía planteó los términos de la acusación de la siguiente manera:
“ El 24 de agosto de 2022, entre las 4.40 y las 6.30 de la tarde, en el domicilio de la calle Melo 1101 de Vicente López, Martín Del Río actuando sobre seguro, planificando cada movimiento, colocó a las víctimas María Mercedes Alonso y Enrique Del Río (sus padres) en estado de indefensión, y con un arma de fuego los atacó, les dio muerte, a su padre tres (3) disparos por la espalda, y a su madre un certero y único disparo en la cabeza. Martín Del Río siempre se mostró hijo amable, amoroso y responsable con sus padres (…), que en un momento no pudo sostener más las mentiras que llevaba a cabo, por su impulso y avaricia con el patrimonio familiar. Cuando vio que no pudo llevarlo a cabo, no pudo sostener estas mentiras, en vez de hablarlo con ellos (…), prefirió matarlos. No fue un acto impulsivo, fue un acto pensado, pensó en los movimientos de sus padres, sus horarios, sus costumbres, hasta incluso pensó en cómo tratar de desviar la investigación hacia una hipótesis distinta, donde obviamente lo dejaba afuera. Sepan que la defensa va a intentar confundir, pero el arma empleada era de Enrique, del papá, y esa arma se encontraba en la casa de descanso de los padres, que queda en el country San Diego. A ese country accedía la familia, Mercedes, Enrique, Martín y su hermano Diego. Mercedes y Enrique fueron muertos con esa arma. De los dos restantes, uno de ellos nunca pudo justificar con la evidencia de la investigación, su ajenidad a los hechos, desde que matan a Mercedes y a Enrique, hasta el macabro hallazgo de los cuerpos por parte de la empleada doméstica al día siguiente a la mañana (…)”.
El acusador particular planteó su hipótesis en similares términos: “ Que Martín Del Río, tras advertir que no podía sostener un cúmulo de mentiras en torno al manejo del patrimonio familiar, prefirió no develar la verdad y dar muerte a sus padres. Para eso, y en base a un plan diseñado, el día 24 de agosto de 2022 entre las 17.30 y las 18.30 fue a la casa de sus padres en la calle Melo 1101, y tras lograr que se ubiquen dentro del vehículo y actuando sobre seguro, atacó a sus padres con una pistola, dando muerte a ambos. Tras esos hechos continuó con su plan de distracción ”.
I. NULIDAD DEL JUICIO.
La defensa consideró que se vio afectado el debido proceso legal y el derecho de su asistido a un juicio justo, por diversas decisiones de la jueza profesional que condujo el debate, permitiendo el ingreso de información indebida y perjudicial para el acusado.
Las decisiones de la magistrada, cuestionadas por la defensa, serán analizadas a continuación:
1. Admisibilidad de las declaraciones de Nina Aquino, Alejandro Orlandini y Denis Banchero.
Los tres nombrados fueron ofrecidos por la fiscalía como testigos, frente a los cuales la defensa manifestó su oposición (audiencia fecha 10 de mayo de 2024), por las razones que desarrolló en la presentación recursiva en trato (conf. antecedentes de este pronunciamiento).
La jueza consideró admisibles las tres declaraciones ofrecidas (entre varias más), mediante resolución del 20 de agosto de 2024.
La defensa no formuló reserva en contra de esa decisión.
En este punto, rige el artículo 338 del Código Procesal Penal, en el pasaje en el que establece que, contra las resoluciones del Juez técnico sobre la admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas por las partes, no habrá recurso alguno y la parte agraviada podrá formular protesta, la que equivaldrá a la reserva de los recursos de apelación, casación y extraordinarios que pudieren corresponder. En el párrafo siguiente se establece que si “la protesta no fuere efectuada dentro de los tres (3) días de la notificación, la parte afectada perderá el derecho al recurso”.
En este caso, de los antecedentes relatados por la defensa en la presentación recursiva en trato, y de la compulsa del sistema “simp” (mesa virtual – MPBA), se desprende que la parte no formuló reserva contra la decisión de la magistrada de fecha 20 de agosto de 2024, en la que, entre varias cuestiones, consideró admisible las declaraciones testificales ofrecidas por la fiscalía, de Ninfa Aquino Chamorro, Alejandro Orlandini y Denis Banchero.
En consecuencia, al no haberse formulado la reserva en tiempo y forma, el agravio planteado no resulta admisible.
Sin perjuicio de ello, los cuestionamientos de la defensa respecto de la información suministrada por los tres testigos, y la alegada tergiversación que les adjudicó, serán examinados al momento de tratar el agravio vinculado con el veredicto de culpabilidad y el alegado apartamiento manifiesto de la prueba.
2. Incorporación de la filmación de la cámara de seguridad correspondiente a la vivienda de la calle Melo 1065 de Vicente López.
En la presentación recursiva en trato, la defensa planteó que la magistrada no debió haber permitido la exhibición al jurado de la filmación obtenida por una cámara de seguridad privada, ubicada en la calle Melo 1065 de Vicente López, ya que la fiscalía no acreditó su origen, tal como lo requiere el artículo 342 bis del ordenamiento adjetivo.
Los antecedentes que hacen a esta cuestión son los siguientes:
i. En la resolución del 20 de agosto de 2024 sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes, en el punto dispositivo II, la magistrada dispuso lo siguiente: “ Incorporar por exhibición al debate las pruebas documentales y digitales consignadas en el punto “B”, debiendo seguirse el trámite establecido en el artículo 342 bis inc. 5 y 366 segundo párrafo, quinto punto del CPP. Quedando a cargo del Representante del Ministerio Público Fiscal la presentación de los efectos reservados al momento de la audiencia de debate oral y público ”.
ii . En la primera audiencia del juicio, luego de los alegatos de apertura de las partes, la defensa planteó dos cuestiones preliminares, una de ellas vinculada con la exhibición de filmaciones obtenidas de cámaras de seguridad privadas.
En ese punto, señaló: “esta defensa ha reconocido la validez de todos los videos que son tomados de cámaras públicas (de CBA y Vicente López), no así los videos privados. Con respecto a los videos privados entendemos que antes de mostrarlos al jurado o a un testigo, la fiscalía deberá acreditar su obtención y el acta que se labró para obtener el mismo, para saber de dónde lo obtuvieron, para que la defensa pueda tener el control”.
iii . La magistrada, luego de la vista conferida a los acusadores público y privado, se remitió a la regla contenida en el artículo 342 bis del Código Procesal Penal, en cuanto dispone que los documentos, objetos secuestrados y grabaciones, ingresarán al juicio previa acreditación de la parte que los propuso.
iv. En la primera declaración del juicio, testificó Diego Lugo (propuesto por la fiscalía), subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien hizo alusión y exhibió la filmación de la cámara de seguridad ubicada en la calle Melo 1065.
En lo que aquí interesa destacar, explicó la tarea de relevamiento de cámaras que se realizó el día 25 de agosto (fecha en la que se hallaron los cuerpos de las víctimas), en los alrededores del domicilio de la calle Melo 1101, con el objeto de obtener información vinculada con el suceso en trato.
En ese sentido, señaló que toda esa tarea fue coordinada por el comisario mayor Daniel Silva, en ese momento jefe departamental de Vicente López, quien dispuso que un número importante de policías realice un relevamiento puerta a puerta, para identificar dispositivos de viviendas particulares. Aclaró que el comisario “era mi superior, él coordinaba las acciones, nosotros entrevistábamos a los dueños de casa, se les solicitaban (las filmaciones), y con la anuencia y colaboración de los propietarios, se las descarga en el momento o lo hacía posteriormente otra comisión, eso se documentaba mediante actas. El comisario Silva era el coordinador”.
Al ser preguntado concretamente p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.