Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 143400
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces integrantes de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 143.400 de este Tribunal, caratulada: “VIDAL BIANCHI, Georgina Laura y NARVAEZ TINNIRELLO, Santiago Gabriel s/ Recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal nro. 4 del Departamento Judicial San Isidro, en causa N° 6.590, condenó a Georgina Laura Vidal Bianchi, a la pena de nueve (9) años de prisión, accesorias legales, con más inhabilitación especial para ejercer profesión y/o actividad medica por término de diez (10) años, y costas del juicio, por haber sido hallada autora penalmente responsable de los delitos de lesiones graves reiteradas (hechos Nº 1, 2, 3 y 4) y homicidio (hecho Nº 5) que concurren materialmente entre sí (arts. 5, 12, 20 bis, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55, 90 y 79 del CP), y a Santiago Gabriel Narvaez Tinnirello, a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales, con más inhabilitación especial por término de cinco (5) años para ejercer actividad comercial relacionada a establecimientos privados asistenciales, y costas del juicio; por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (hecho N° 5). Arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 84 del CP.
II. Contra dicho pronunciamiento interpone recurso de casación el defensor particular de ambos imputados, Dr. Andrés Mariano Rabinovich.
Como primer motivo de agravio plantea la inexistencia de dolo eventual, y su confusión con culpa consciente.
En tal sentido explica que el tribunal sostuvo que Vidal Bianchi actuó con dolo eventual, afirmando que aceptó la probabilidad del resultado, pero la sentencia no identifica elementos objetivos que acrediten tal aceptación, por lo que esa conclusión es dogmática y huérfana de prueba.
Señala que, Vidal Bianchi actuó convencida de que sus intervenciones tendrían éxito, es decir confió en evitar el resultado lesivo; conducta que encuadra en la culpa consciente y no en el dolo eventual.
Además, refiere que el nexo causal es insuficiente y multicausal.
Expone que el peritaje determinó que la causa básica del fallecimiento, fue una coagulación intravascular diseminada, con broncoaspiración por hemorragia digestiva alta, como causa directa, y solo como factor contribuyente la presencia de un cuerpo extraño en esófago; y por lo tanto esta multicausalidad excluye la certeza absoluta sobre la causa determinante, lo que impide sostener un dolo eventual y obliga a aplicar el in dubio pro reo .
Por otro lado, alega que las irregularidades administrativas no configuran dolo. Especifica que el fallo utilizó la falta de habilitación monovalente del centro y la ausencia de título de especialidad quirúrgica como base del dolo, lo cual vulnera el principio de legalidad, pues esas omisiones solo podrían integrar el plano culposo o administrativo.
Señala que Vidal poseía matrícula vigente, lo que la habilitaba a ejercer medicina, y agrega que el Colegio de Médicos informó que el título de especialista no era requisito legal para intervenir quirúrgicamente, bastando la matrícula habilitante y la capacitación adecuada.
Asimismo, entiende que el fallo violó el principio de congruencia, pues introdujo un ardid defraudatorio ajeno a la acusación, utilizándolo como refuerzo del dolo: no se puede condenar por hechos ajenos a la acusación.
También cuestiona la valoración excesiva de los testimonios de pacientes y familiares de la occisa, por sobre la pericia técnica que mostró multicausalidad y ausencia de dolo, además de haber desestimado el tribunal, el informe y testimonio de los peritos de parte Casouto y Granero.
De otro modo, plantea que los hechos de 2019 están prescriptos a la fecha de la sentencia. Expresa que el tribunal declaró la prescripción parcial para Narvaez, pero omitió aplicarla a Vidal, lo que genera desigualdad y arbitrariedad.
Afirma que se violó el principio de igualdad, al calificar la conducta de Narvaez como culposa y la de Vidal como dolosa, partiendo de los mismos hechos; diferencia que carece de justificación lógica.
Manifiesta que la condena de nueve años de prisión parte de una calificación dolosa y errónea. La jurisprudencia en mala praxis médica encuadra en homicidio culposo.
Pone de relieve que la pena es desproporcionada y carece de fundamentación suficiente.
Apunta que la sentencia condenatoria es arbitraria, incongruente y desproporcionada. Construyó dolo donde solo hay culpa, confundió irregularidades administrativas con intención homicida, sobredimensionó testimonios en desmedro de pericias y aplicó el doble estándar sobre los imputados, a quienes detuvo en forma inmediata por razones de inexistente riesgo procesal.
Reitera que la conducta de la médica encuadra en la culpa consciente: sabía que existían riesgos (como cualquier cirujano), pero confió en evitarlos. Vidal realizó seguimientos postoperatorios, corrigió complicaciones, efectuó reintervenciones.
Insiste en que el nexo causal es insuficiente, y alude a la multicausalidad.
Aclara que el tribunal siempre sostuvo erróneamente que la muerte de R. se debió a la “impericia dolosa” de Vidal en la maniobra de intubación. En tal caso existen dos hipótesis: la que supone el médico forense que relató que dicha maniobra se realizó durante la intervención, y la de Vidal que dijo que utilizaba un método de sedación y no anestesia general, la cual además fue avalada por los peritos de parte. Por lo tanto, tomando esta segunda opción, la muerte se produjo por un factor propio de la víctima y no por el cuerpo extraño en el esófago, ya que, en este último caso, hubiera sido imposible que la víctima sobreviviera más de doce horas a la intervención.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.
Concluye que no existe certeza de que la intubación haya sido la causa determinante de la muerte de R.. El propio protocolo ubica a la CID [coagulación intravascular diseminada] y la broncoaspiración como causas primarias. Por lo tanto, el nexo causal directo que afirma el tribunal es arbitrario y contrario al principio de culpabilidad.
Peticiona se absuelva a sus defendidos.
Subsidiariamente, requiere se recalifiquen los hechos como culposos y se declare la prescripción de la acción penal con respecto a la Dra. Georgina Vidal Bianchi.
Solicita se disponga su libertad inmediata en el caso que se mantengan las medidas vigentes.
En atención a las impugnaciones y violaciones de distintos artículos de la CN, peticiona la realización de un nuevo juicio, para sus dos asistidos.
A todo evento, pide que se reduzcan las penas al mínimo legal.
Formula formal reserva del caso federal.
III. Concedido el remedio por el a quo , radicado por ante esta Sala Cuarta y notificadas las partes, el Sr. fiscal de casación, Dr. Luciano Javier Marino, en su memorial, propugna el rechazo íntegro del recurso.
Con fecha 20 de octubre de 2025, el Dr. Andrés Mariano Rabinovich presenta memorial en refuerzo del recurso de casación interpuesto en favor de sus defendidos.
Pone de relieve que éstos fueron condenados en base a una errónea interpretación del dolo eventual, una indebida valoración de la prueba, y una confusión entre irregularidades administrativas y responsabilidad penal.
Expresa que la sentencia le atribuyó a Vidal Bianchi haber intervenido quirúrgicamente en el fallecimiento de R. y en lesiones a otras cuatro pacientes actuando con dolo eventual y que aceptó el riesgo de causar la muerte, pero ello carece de sustento fáctico y contradice la pericia médica.
Manifiesta que la imputada obró con plena intención de curar, confiando en evitar cualquier desenlace adverso. El dolo eventual exige aceptación del resultado, no mera previsibilidad del riesgo.
Arguye que se extendió indebidamente la responsabilidad penal al Sr. Narvaez Tinnirello, al sostener que permitió el funcionamiento del centro sin habilitación completa. Entiende que su conducta solo podría analizarse en el ámbito administrativo.
Expone la insuficiencia del nexo causal, pues la pericia acreditó un cuadro multicausal, entonces, atribuir a Vidal la muerte como efecto directo de la intubación es una inferencia arbitraria; y en cuanto a Narvaez, no existe relación causal alguna: no intervino ni influyó en el procedimiento médico.
Argumenta que la falta de habilitación y la ausencia de título de especialista no son elementos del dolo, sino irregularidades administrativas.
Aduce violación al principio de congruencia porque el a quo incorporó un supuesto “ardid defraudatorio”, sin base en la acusación fiscal, por lo tanto, los imputados fueron condenados por hechos distintos a los acusados.
Refiere que hubo una valoración arbitraria de los testimonios, que desplazó a la pericia técnica.
Señala que los hechos ocurridos en 2019 deben considerarse prescriptos, pues si bien el juzgador aplicó la prescripción para Narváez, no lo hizo para Vidal, lo cual viola el principio de igualdad.
Indica que la pena de nueve años para Vidal es excesiva, y respecto de Narvaez, su eventual responsabilidad administrativa no puede justificar una sanción penal.
Proclama la arbitrariedad de la sentencia y peticiona se revoque y absuelva a sus defendidos; subsidiariamente se recalifiquen los hechos como culposos y se declare la prescripción. En todo caso, se reduzcan las penas al mínimo legal, y se mantenga la reserva del caso federal.
El 23 de febrero del corriente año, los nuevos defensores de los imputados, Dres. Luciano Zorrilla, Germán Diego Balaz y Manuel Cayuela, presentan escrito con breves notas.
Puntualmente, en referencia a los agravios, señalan que el nexo causal es insuficiente, y marcan la existencia de multicausalidad. Concretamente, destacan que no se ha establecido con certeza la causa de la muerte de la señora R..
Indican que, por un lado, está la versión dada por el perito Héctor Moreira, que sostiene que la causa de la muerte se explica a partir de la mala práctica quirúrgica por la presencia del cuerpo extraño en el esófago, y por el otro, la versión de la Dra. Vidal Bianchi, refrendada por Laura Aguirre y Jaime Gómez, que afirma que la intubación se produjo durante las maniobras de reanimación.
Por lo tanto, aseguran que existen dos hipótesis antagónicas y excluyentes de la causa de la muerte de R.; una de ellas con efectos liberatorios para sus defendidos, corroborada por datos incorporados en el juicio, razón por la cual debieron ser absueltos en virtud del principio in dubio por reo .
De otra banda, cuestionan la condena de la Sra. Vidal Bianchi, por la inexistencia de dolo eventual.
Explican la diferencia entre aquel y la imprudencia con representación.
Marcan que no existe dato objetivo alguno que permita deducir que Vidal Bianchi se haya representado, en forma cierta y actual, la posibilidad de acaecimiento de las lesiones o muerte que pretende imputársele. Ella se preparó profesionalmente y confió siempre en que su experiencia y conocimiento le permitía operarlas satisfactoriamente, dentro de los parámetros de la ciencia médica. Y, además, porque la doctora realizaba un seguimiento de sus pacientes e incluso hacía derivaciones a otros profesionales.
Explican que para que exista dolo eventual siempre el peligro o riesgo causado debe ser consciente e incorporado al plan del autor, de otra forma se violaría el principio de culpabilidad.
Proclaman que, en este caso, se adecua la conducta al tipo doloso -dolo eventual- con base en la magnitud del riesgo creado según la sensación del magistrado sentenciante en la reconstrucción propia que hace del hecho y no en la voluntad del agente, flexibilizando las exigencias que demanda el aspecto subjetivo del delito y desnaturalizando al dolo como pauta de imputación subjetiva que cumple una función reductora, en franca violación al principio de culpabilidad.
Aseveran que su asistida jamás se representó la posibilidad de producción del resultado.
De otro lado, con relación a Santiago Narvaez, ponen de manifiesto que no puede serle atribuido el resultado muerte de la Sra. M. R. por hallarse a cargo de cuestiones administrativas del centro médico que tenía junto a su cónyuge, pues al momento de la operación, más allá de no haber sido resuelta la habilitación por el Ministerio de Saludo provincial, él había cumplido con todas las medidas de seguridad que le fueron exigidas por la autoridad de control para la habilitación del quirófano.
Enuncian, con cita de Zaffaroni, Alagia y Slokar, que, en este tipo de actividades compartidas, el criterio que se aplica para determinar la medida de la creación de un peligro prohibido es el principio de confianza. Y en el presente caso, contrariamente a lo sostenido por el magistrado, y sin perjuicio de que Narvaez cumplió con todas las medidas de seguridad a su cargo, la confianza en las habilidades, conocimiento y experiencia profesional de su esposa, también lo deja afuera de la imputación culposa, con base -únicamente- en su carácter de director administrativo.
Asimismo, puntualizan que también para afirmar la tipicidad culposa de la acción, hay que averiguar si el resultado está determinado por la violación normativa, y concluyen que no podría serle imputado al Sr. Narvaez, pues aquel no sería la realización del peligro no permitido causado por la falta de habilitación, sino solo en conexión causal con el mismo.
Aseguran que el resultado muerte no es la realización de ningún riesgo que podría haberse generado a partir de cuestiones meramente administrativas.
Solicitan que, para el caso de que no se absuelva a sus defendidos, se modifique la calificación legal del hecho atribuido a la Sra. Vidal Bianchi por la figura culposa y se aplique a ambos el mínimo de penal legal.
Formulan reserva de recurrir ante la Suprema Corte Provincial, y hacen reserva del caso federal.
Nuevamente, el Fiscal ante esta Sede, Dr. Fernando Galán, introduce memorial el 26 de febrero del corriente año, en el que se remitió a lo dictaminado con anterioridad por el Dr. Luciano Javier Marino, por considerar que las nuevas notas sobre el objeto de la impugnación, presentadas por los actuales defensores de los imputados, no resultaban novedosas.
IV. Habiéndose dispuesto el pase del presente al Acuerdo y encontrándose en estado de dictar sentencia, la Sala Cuarta del Tribunal decidió plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto en favor de Georgina Laura Vidal Bianchi y Santiago Gabriel Narvaez Tinnirello?
2da.) En su caso ¿es procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
A la deducción en tiempo y forma con invocación de motivos del art. 448 del C.P.P., se suma en el presente que se trata de una sentencia definitiva (arts. 105 y 450 del C.P.P.) que, por su carácter condenatorio, genera agravio a cada imputado y su defensa (art. 8 inc. 2º "h" de la C.A.D.H. y 421 y 454 inc.1º del C.P.P.).
Así, voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. De inicio, y puntualmente en lo que respecta a los motivos de casación, ampliados en los memoriales presentados por el Dr. Rabinovich, y posteriormente por los actuales defensores, Dres. Zorrilla, Balaz y Cayuela, observo que ellos son una reedición de los argumentos que se esgrimieron en el debate, y que han sido contestados con fundadas razones por el juez sentenciador.
Los señores defensores debieron hacerse cargo de esos fundamentos y evidenciar su absurdo o arbitrariedad. Nada de ello ha acontecido.
II. Con el fin de poder brindar un debido tratamiento del recurso interpuesto por la defensa, y por cuestiones de orden metodológico, procederé a realizar un exhaustivo análisis del plexo probatorio toda vez que, como ya ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros), corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciador como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio (Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso: 11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137, Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996), dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001), del 07/08/2003).
Pero debo también aclarar que, ese ha sido el comportamiento de este Tribunal, desde hace años, dentro –claro está-, de la limitación obvia de quien no ha participado en el debate (cfr. Sala I –integración según ley 11.982-, causa n° 6165 “Rec. Fiscal” sent. del 5/VI/03, N° 8646 “Gianasi” sent. del 23/X/03, N° 9476 “Chiclana” sent. del 24/II/04).
En realidad, la parte recurrente sólo ha evidenciado una convicción diferente a la que arribara el a quo , sin quebrantar el iter desarrollado.
Comenzaré mi sufragio diciendo que atento a lo establecido en el segundo párrafo del art. 371 del CPP, que prevé una motivación exhaustiva de las cuestiones de hecho planteadas y de la valoración de los medios de prueba que funden las afirmaciones fácticas realizadas en la sentencia, exigiendo del mismo modo, que exprese las razones por las que no se atiende a ciertas pruebas dirimentes presentadas en el juicio, el a quo debe responder con basamento jurídico, a los planteamientos efectuados por las partes.
Es decir, que nuestro ritual exige el dictado de una sentencia que, en lo pertinente, debe observar las disposiciones de los artículos 371 y sigs. del del ritual, y resolver sobre los extremos de hecho en la forma establecida en los artículos 106, 210 y 373 del mismo texto legal.
Las propuestas incoadas se limitan a contraponer un criterio meramente discrepante y subjetivo sobre la manera en que debió ser merituado todo el cuadro cargoso, para llegar a la conclusión a la que arribó el juzgador.
No surge de las constancias de autos la configuración del absurdo en la valoración de la p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.