Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 139669
0900-13523-11
C. 139.669
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, a los efectos de dictar sentencia en la causa nro. 139.669, caratulada "L.,N.A. S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX -KOHAN.
El Tribunal en lo Criminal nro. 4 del Departamento Judicial Mercedes dictó sentencia en la causa N° 2326 y resolvió condenar a N.A.L. a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas del juicio por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal. Asimismo, la mencionada judicatura dispuso la prohibición de contacto del imputado con la víctima M.J.C. y su hija menor E.L.C. por cualquier medio –presencial, redes sociales, telefónico, informática, a través de terceros, etc.
Contra este pronunciamiento la defensa oficial del acusado, representada por Graciela Saldubehere, presentó recurso de casación. Hizo lo propio la Asesora de Incapaces, Mariana Magliaro, en el marco de la representación complementaria que ejerce.
Cumplimentados los trámites correspondientes, habiendo sido resuelto el ofrecimiento de prueba formulado por la defensa en esta instancia y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez BOUCHOUX , expresó:
I.1. En primer lugar, la recurrente plantea la arbitrariedad de la sentencia por deficiente fundamentación a partir de la ausencia de perspectiva de discapacidad en el análisis y producción de las pruebas.
Dice que desde un primer momento se advierte ese déficit cuando en el veredicto se refiere al diagnóstico de la víctima según parámetros que, con la normativa de Salud Mental vigente, aparecen como obsoletos. En tal sentido, señala que hablar de " un retraso madurativo con diagnóstico de oligofrenia en grado moderado ", resulta contrario a la nueva óptica de la ley 26.657 que no hace mención a grados de discapacidad y que establece el derecho de las personas con padecimiento mental a que ello no sea considerado como un estado inmodificable.
Sobre esta base observa que la afirmación acerca de que dicho diagnóstico " le impide elegir libremente en las diferentes áreas de conducta, lo que incluye adoptar y decidir mantener relaciones sexuales por su propia voluntad ", también refleja "... la antigua idea que existía en el imaginario social de que las personas con discapacidad son seres asexuados, lo que precisamente se pretendió cambiar con el paradigma de un modelo social de Discapacidad, consagrado en la Convención de Personas con Discapacidad y receptado en la ley específica mencionada ..." Es así que entiende que los argumentos dados en el veredicto traslucen esa idea de que la persona con discapacidad no tiene derecho a ejercer su sexualidad.
Aquí trae a colación lo declarado por la madre de la víctima en cuanto a que, si bien aseveró que no sabía que su hija había tenido relaciones sexuales, le realizaba controles permanentes de sus ciclos menstruales; circunstancia que dio lugar a la inferencia de la defensora sobre que M.J.C. podía ejercer su sexualidad.
Luego se detuvo en la labor profesional llevada a cabo en este proceso por la Lic. Becce cuyo abordaje respecto de ambos involucrados también -en su criterio- reflejó un mirada obsoleta en orden al modelo de discapacidad que nos rige en la actualidad y que resulta obligatorio para todos los operadores del sistema de justicia. Dice que se expidió en su informe respecto de la víctima sobre categorías y criterios de normalidad que ya no se utilizan porque -entre otras cosas- están impregnados de prejuicios.
En cuanto a las conclusiones a las que arribó tras la evaluación del acusado, sostiene la defensora que la perito "... llevó adelante un abordaje condenatorio del persona que tenía a su cargo para evaluar ...", ello pues "...[s] iempre lo analizó como 'el imputado' ..." Y discrepa con afirmación de la experta sobre lo impulsivo y " explosivo " de N.A.L. en el aspecto sexual, toda vez "... los impulsos en las personas son instintivos, que la sexualidad es pulsional ..."
I. 2. A continuación, la impugnante cuestiona el proceso de apreciación de las pruebas para la acreditación de la existencia del hecho comenzando por reseñar las circunstancias narradas por su defendido en la oportunidad del art. 308 del rito, así como lo declarado por éste en el debate oral.
Refiere que aún cuando su asistido dio cuenta de una relación de noviazgo en el marco del cual se produjo el acto sexual ventilado -como un abuso- en esta causa, así como de su desconocimiento respecto de que M.C.B. padecía de una discapacidad, el Tribunal de grado desoyó esas afirmaciones concluyendo que no existió relación de pareja y que hubo una situación de violencia sexual contra una mujer discapacitada.
Trae cuenta distintos informes elaborados en el marco de este proceso que confirmarían la hipótesis de un noviazgo entre los involucrados. Aquí destaca lo informado por la Lic. en Trabajo Social (Monterroso) en cuanto M.J.C. habría contado en un taller protegido que estaba embarazada y que tenía novios. Además menciona el informe socioambiental en el que se consignaron las palabras de N.A.L. respecto de que estaba con M.J.C. porque se querían y porque eran novios.
Sobre esta base probatoria y hermenéutica promueve su hipótesis de que no existió una situación de aprovechamiento por parte de N.A.L. respecto de M.J.C. y que no hubo dolo de parte del nombrado puesto que -en su opinión- quedó probado que "... él entendió que existió una relación de pareja entre ellos ." Aquí insiste con el argumento de que una persona con discapacidad puede ejercer su sexualidad y, eventualmente, brindar su consentimiento válido para llevar a cabo un acto sexual.
Concluye que, aún de no compartirse los argumentos en torno a la inexistencia del hecho, subsiste en autos un estado de duda sobre la acreditación del suceso denunciado que debe favorecer al imputado, por lo que solicita su absolución.
I. 3. Desde otroángulo, la recurrente plantea la afectación del principio de congruencia por haber extirpado la Fiscalía de la plataforma fáctica una circunstancia que venía formando parte del objeto de la imputación (que N.A.L. se llevó a M.J.C. en un auto para luego abusar sexualmente de ella en un monte cercano) y respecto de la cual la defensa se preparó para resistir.
Hace alusión a lo declarado por la madre de la víctima en orden a la existencia de un auto viejo en el que se habría producido el abuso denunciado, ello según lo que le había revelado su hija.
Aclara la defensora que esta cuestión de la afectación a la congruencia fue postulada por ella en el debate y el tribunal brindó una respuesta (relativa a la inesencialidad del aspecto fáctico que fue excluido de la plataforma) que juzga insatisfactoria, por lo que solicita la absolución de N.A.L.
I. 4. En otro orden sostiene que el temperamento adoptado por los jueces de la audiencia importó una afectación a la garantía constitucional de la imparcialidad (en el aspecto concreto del temor de parcialidad frente al caso), toda vez que -guiados por un sesgo confirmatorio de la hipótesis acusatoria- realizaron preguntas a los testigos que lejos estuvieron de tener carácter aclaratorio.
En este punto alude, en primer término, a ciertas preguntas que la jueza que lideró el acuerdo le hizo a la víctima para dilucidar qué era lo que le había pasado y, en segundo lugar, a aquellas que le formuló a la Lic. Difalco respecto de las diferencias entre los diagnósticos sobre las discapacidades de ambos involucrados.
Sobre esto último considera la defensora que -aún contra lo que respondió la profesional inquirida- los jueces procuraron ratificar su creencia inicial de que N.A.L. atentó contra la integridad sexual de M.J.C. dado que poseería una discapacidad de menor grado, cuestión que no pudo ser acreditada, lo que denota "... una marcada parcialidad en las autoridades encargadas de impartir justicia ..."
Alega que esta tendencia del tribunal también se evidenció a partir de la exigencia a N.A.L. de que se expresara sobre específicos detalles de una situación ocurrida 14 años antes y sin reparar en que se trataba de una persona con un déficit cognitivo manifiesto y diagnosticado. Al respecto cuestiona que los sentenciantes le hayan endilgado que su relato evidenció una visión estereotipada de la mujer, ello cuando se debió haber considerado su testimonio como el de una persona de 8 o 9 años.
Luego de una profusa cita de precedentes judiciales, solicita también aquí la absolución de N.A.L. por haberse afectado el deber de imparcialidad en su juzgamiento.
Deja expresamente planteada la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
Con base en la representación complementaria que la ley le confiere (cfr. arts. 103 del CCyC y 38 de la ley 14.442), Mariana Migliaro, dedujo -a la par del defensor- recurso de casación en favor de N.A.L.
II. 1. Como primer agravio plantea la configuración de un caso de arbitraria valoración de la prueba toda vez que se habrían soslayado las contradicciones entre lo declarado por la víctima y su madre (sobre dónde se produjo el hecho, si en un auto o en un descampado), así como respecto de lo afirmado por ciertos testigos en cuanto al conocimiento previo entre M.J.C. y N.A.L. de los bailes de jubilados.
En el mismo orden, señala que no se tuvo en cuenta lo informado desde el Taller Protegido sobre que M.J.C. manifestaba que mantenía vínculos afectivos —entre ellos el imputado y otro señor— "... y que era parte de su cotidianidad establecer relaciones de tipo afectiva-sexual ..." Aquí, descalifica a la madre de la víctima tildándola de "negadora" por haber adjudicado ciertas referencias de su hija a alucinaciones.
Carga las tintas sobre las características de este vínculo entre madre e hija (caracterizado por la dependencia afectiva y la lealtad) y analiza bajo ese cariz el testimonio de M.J.C. a quien la ubica "... inmersa en una crisis de lealtad, donde validar su propia experiencia —en términos de deseo, vínculo o consentimiento— significaría contrariar a su principal sostén afectivo y materia..."
Continúa diciendo que esa disyuntiva interna de M.J.C. "... opera como un condicionante emocional profundo que incide en su discurso ...", por lo que " su testimonio se torna funcional al relato materno, incluso cuando ello implique negar aspectos vividos, o adoptar versiones que refuercen el esquema familiar de protección tutelar ..." Alega que esta cuestión debió haber sido valorada con mayor detenimiento por el Tribunal.
Al igual que la defensora, cuestiona la entidad asignada a los dichos de la madre quien negó que su hija tuviera una vida sexualmente activa, postura que -dice- se encuentra reñida con el paradigma actual del modelo social de discapacidad (en orden al libre ejercicio de la sexualidad por parte de las personas con discapacidad).
Sobre esta base coincide con la defensa en cuanto a que no se acreditó la ausencia de consentimiento por parte de M.J.C.
II. 2. También en línea con lo sostenido por la defensa oficial de N.A.L., aduce que la sentencia impugnada reveló una inobservancia de dicho modelo social de discapacidad (consagrado convencionalmente) y se atuvo al ya abandonado paradigma médico-rehabilitador de la discapacidad.
Reitera aquí su crítica a la sentencia cuyos fundamentos para sostener la ausencia de consentimiento válido por parte de M.J.C. habrían hecho pie en un "... reduccionismo que niega la capacidad de la víctima de ejercer su sexualidad, en tanto persona con discapacidad, partiendo del prejuicio de que su condición de oligofrenia impide la manifestación válida de su consentimiento ..." Manifiesta que ello se traduce en una forma de discriminación estructural contraria al art. 12 de la CDPD.
Se explaya sobre el punto y enfatiza que, desde el punto de vista del abordaje que en el proceso se tuvo respecto de M.J.C., existió de parte de todos los profesionales intervinientes (médico, perita psicóloga, jueces) una "... mirada biologicista de la discapacidad, sesgada y que no es receptiva del enfoque de derechos humanos ..."
Explica que, para evitar una afectación al principio de no discriminación, lo que debe primar en el análisis es el estándar del consentimiento informado y no la presunción absoluta de incapacidad.
Luego se detiene en la situación de N.A.L. y expresa que, a diferencia de la víctima, fue tratado durante todo el proceso "... como un imputado plenamente responsable sin considerar sus limitaciones cognitivas ni su condición de doble vulnerabilidad: persona con discapacidad y en situación socioeconómica desfavorable ..." Considera que ese abordaje aparece como contrario a los principios de ajuste razonable y garantía del debido proceso para personas con discapacidad.
Solicita, en definitiva, se anule la sentencia por carecer de la debida fundamentación y se absuelva a N.A.L.
III. Radicada la causa en esta instancia, se pronunciaron por escrito los Defensores Adjuntos de Casación Nicolás Blanco y Ana Julia Biasotti (cfr. presentaciones de fechas 19/05/25 y 17/03/26 respectivamente) quienes, además de desistir de la audiencia de mejora, mantuvieron en todos sus términos el recurso casatorio interpuesto por la defensora Salubehere (cfr. art. 458, C.P.P.)
IV. Con fecha 6 de marzo del corriente año, hizo lo propio la Sra. Fiscal Adjunta ante esta instancia, María Laura D' Gregorio, quien propició el íntegro rechazo de los recursos de casación deducidos por la defensa oficial y por la Asesora de Incapaces.
Primeramente, advirtió que los planteos sobre los que confluyeron ambas impugnaciones (relativos a la existencia de una relación de pareja entre víctima y victimario, así como el consentimiento por aquella prestado para mantener relaciones sexuales) constituyeron una reiteración de aquellos formulados en los alegatos y que recibieron un correcto tratamiento por los jueces del tribunal sentenciante.
Compartió el abordaje del a quo para concluir que no existió relación de pareja ni un acto sexual consentido, ello con base en una perspectiva interseccional del caso dado que M.J.C., en tanto mujer con discapacidad, pertenece a un colectivo de mayor vulnerabilidad que merece protección preferente de derecho y necesariamente exige a los jueces un deber de tutela reforzado.
Expuso que sin que se hubiera desconocido la situación de paridad de ambos involucrados en orden a tratarse de personas con discapacidad y con carencias económicas, en el caso de la víctima se trata además de una mujer que denunció un acto de violencia sexual. Aclaró que desde esa perspectiva fue analizada la declaración que M.J.C. brindó en el juicio
Aquí se detuvo en la cuestión del consentimiento de la víctima y puso de relieve que, además de que la propia M.J.C. afirmó que se trató de un acto sexual forzado, la perita psicóloga que evaluó a ambos en esta causa apreció que la víctima no estaba en condiciones de consentir libremente esa relación sexual. Remarcó que la experta indicó, según lo narrado por la damnificada, que vivió el accionar de N.A.L. como un ataque, como algo inesperado, que la asustó y asombró. De allí que sostuvo que " no puede afirmar la defensa que M.J.C. actuó libremente cuando N.A.L. ejerció violencia y la amenazó para llevar a cabo el acto sexual, definitivamente no consentido por la víctima ..."
En este contexto, trajo a colación lo declarado por M.J.C. en el juicio, oportunidad en la que fue interrogada por las partes y por el Tribunal. Destacó la Sra. Fiscal que el Tribunal de la inmediación apreció que la víctima "... lo rememoró como un episodio de violencia, de violencia sorpresiva, manifestando en sus gestos, llanto e incluso en sus pocas palabras la angustia que ese suceso le causó ."
Con respecto a lo declarado por el acusado sobre la existencia de una relación sentimental en el marco de la cual M.J.C. le escribía mensajes y tenían relaciones sexuales, manifestó que de la prueba producida no se acreditó esa hipótesis, surgiendo -por el contrario- que la nombrada no sabía leer ni escribir (sólo enviar audios de WhatsApp).
También advirtió la Sra. Fiscal que otros detalles brindados por N.A.L. respecto de los presuntos encuentros sexuales que habría mantenido con M.J.C. (sobre mensajes enviados a ésta para coordinar esas citas y los horarios en que se habrían producido) resultaron desmentidos por coincidente prueba testifical y documental. Además, puntualizó que el único encuentro previo entre ambos fue en un baile de jubilados.
En otro orden puso de relieve la obligación de juzgar el caso con perspectiva de género y, en particular, analizar la cuestión del consentimiento bajo ese prisma teniendo como principal eje lo declarado al respecto por la propia mujer víctima de la violencia sexual.
Aquí señaló que la estrategia defensista fundada en lo declarado por el acusado (que tildó de mentirosa a M.J.C.), revela una visión estereotipada de la mujer denunciante de un acto de violencia sexual, lo que aparece como contrario a los compromisos asumidos por el Estado argentino, violatorio del art. 19 de la Constitución Nacional y de la ley 15.232 en punto al derecho de las víctimas a recibir un trato digno y respetuoso, sin ser revictimizadas.
Concluyó, entonces, que el fallo cuestionado "... ha aplicado correctamente la perspectiva de discapacidad (de manera igualitaria para ambos protagonistas, víctima y victimario) como también lo hizo con la perspectiva de género en el caso de M.J.C. .."
En lo atinente a la alegada conculcación del principio de congruencia a raíz de la supresión en la plataforma fáctica del traslado en auto de la víctima, compartió la respuesta brindada por el sentenciante frente a idéntico planteo en cuanto a que se trató de una modificación no sustancial que no afectó el derecho de defensa ni alteró la teoría del caso enarbolada por la defensa. En palabras del dictamen: "... la base fáctica por la que la causa fue elevada a juicio (el delito de abuso sexual con acceso carnal), fue la misma sobre la que se discutió en el debate, y conforme ella la Fiscalía solicitó una incriminación concreta dirigida al acusado, permitiendo de esa forma el pleno control de la imputación que tiene el encausado y así poder ejercer plenamente su derecho de defensa ."
Asimismo, se opuso por infundado al agravio relativo a la supuesta infracción al principio de imparcialidad judicial (en razón de las preguntas aclaratorias realizadas por la jueza a M.J.C.)
Finalmente, tal como lo hiciera al oponerse a la admisión como prueba nueva del informe interdisciplinario realizado respecto de N.A.L. en el fuero de familia, sugirió se evalúe la imposición de alguna medida punitiva diversa a la prisión a cumplir en un establecimiento carcelario.
V. 1. Tuvo por acreditado el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mercedes que "... a mediados del mes de septiembre del año 2011, sin poder precisar con exactitud la fecha, aproximadamente después de las 17:00 horas, N.A.L. abusó sexualmente mediante acceso carnal por vía vaginal de M.J.C., quien al momento de los hechos tenía 24 años de edad y posee un retraso madurativo con diagnóstico de oligofrenia en grado moderado, que le impide elegir libremente en las diferentes áreas de conducta, lo que incluye adoptar y decidir mantener relaciones sexuales por su propia voluntad. Que dichos hechos ocurrieron cuando la víctima antes nombrada se dirigía caminando sola, como lo hace habitualmente, desde el Taller Protegido al cual concurría, ubicado en [...] , hasta su domicilio en calle [...] , y en esas cir
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