Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 145034
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 145034 (IPP 0700-68441-23) caratulada “H. E. Y. S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor oficial, Dr. Martín Garais, contra la sentencia dictada el 1 de octubre de 2025 por el Dr. Federico Carrillo, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Lomas de Zamora, mediante la que se condenó a Y. H. E. a la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párr., Cód. Penal).
a. En primer lugar, denuncia infracción al derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
Explica que, iniciado el debate, “se aportó importante instrucción suplementaria”, entre ella las pericias psicológicas de la supuesta víctima y del acusado, ambas realizadas “un día antes del debate” y que la fiscalía también “aportó en el mismo inicio del debate la historia de salud de una sala de Florencio Varela” de M.F y solicitó se recibiera declaración a la trabajadora social Victoria Perez Avila en función del art. 363 del C.P.P. (pág. 2 del registro informático del recurso).
Agrega que la fiscalía adelantó que solicitaría, “a partir del testimonio” de M.F, “se le reciba declaración testimonial a las Sras. R. y L., de nuevo en función del art. 363 del C.P.P.” e informó que las testigos ya estaban presentes en el tribunal y habían aportado sus documentos.
Luego, recuerda que la fiscalía, al momento de ofrecer la prueba a utilizar en el debate, solo había señalado como testigos a M.F. y a su hija I. T., y concluye que si R. y L. ya estaban presentes al inicio del debate, había que “suponer que esta circunstancia era conocida de antemano” por la fiscalía (pág. 2, recurso).
La defensa explica que se opuso “a toda esta incorporación” y que “como única fundamentación se [le] contestó que era criterio del Tribunal la amplitud probatoria” (pág. 2, recurso).
Seguidamente, y en contra de lo decidido por el magistrado, recuerda que “el art. 363 del C.P.P. es claro en su redacción, se refiere a ‘nuevas pruebas’, no a las ya conocidas” y que su “función no es la de subsanar la negligencia de las partes, menos aún de la acusación” (pág. 2, recurso).
En definitiva, alega que el acusado y esa defensa no tuvieron “la posibilidad de conocer la mayor parte de la prueba de cargo, como mínimo debo decir que esto nos sorprendió sobremanera” y se afectó el debido proceso, por lo entiende debe anularse la sentencia dictada en esta causa (pág. 2, recurso).
b. En subsidio, denuncia que el magistrado valoró la evidencia en forma arbitraria y omitió prueba de descargo que era esencial.
En lo central, afirma que el juez debió aplicar el beneficio de la duda y absolver a su asistido, pues la condena se basó en “un único testimonio que no ha sido sostenido por otro medio alternativo de prueba”, cuestión que -en su opinión- confirma el estado de duda señalado (pág. 4, recurso).
Afirma que el relato de la supuesta víctima, M.F., “es cuento menos contradictorio” (pág. 4, recurso).
En forma preliminar, observa que la declaración de M.F. reflejó un “permanente estado de desilusión” respecto del comportamiento del acusado y del vínculo que mantuvieron cuando eran pareja, pues M.F. señaló que H. “le era constantemente infiel con otras mujeres” (pág. 4, recurso).
Advierte que también, según el relato de M.F. en el juicio, una vez separados, la “relación se volvió un intercambio para la ayuda familiar”, pues la testigo dijo “ si yo no tenía sexo con él, él no me pasaba la cuota alimentaria ”, preguntándole la fiscal si había “tenido sexo a cambio de dinero”, contestando que “sí, no tenía opción, había perdido la vista, tenía las nenas chiquitas ” y que el acusado la “ presionaba económicamente… cuando lo necesitaba” (pág. 4, recurso) .
Seguidamente, señala que ese dato (el de tener sexo a cambio de dinero) había sido negado por M.F. al prestar declaración en la fiscalía y que, en el juicio, esa defensa demostró la contradicción de la testigo al confrontarla con su declaración previa.
Luego, observa que ese “quiebre” en el discurso de M.F. no debió ser ignorado por el magistrado, quien -como única respuesta a la contradicción señalada- afirmó que la testifical que M.F. prestó en fiscalía no estaba incorporada por lectura al debate y, por ello, no podía valorarla; pero sin reparar en la regla del art. 366 del CPP, que permite la utilización de la declaración previa de la testigo, para verificar contradicciones con lo que dijo antes del juicio.
Bajo esas condiciones, afirma que el juez no dio respuesta al planteo de la defensa y recuerda que se cuenta con un “único testimonio”, en el que M.F. dio “dos versiones” respecto de aquel punto que “son diametralmente opuestas” y, en consecuencia, una de ellas es “falsa” (pág. 5, recurso).
Alega que el magistrado eligió creer en la segunda versión de M.F. (la que dio en el juicio), pero sin analizar ni contestar a la defensa la contradicción señalada.
En definitiva, afirma que esa “fuerte contradicción de la víctima colisiona con los elementos fundamentales para la apreciación de [su] credibilidad” (pág. 5, recurso).
c. Seguidamente, la defensa confronta el relato de M.F., en el tramo donde describió el abuso sexual, con la declaración del acusado, cuando negó el hecho, y observa que la descripción de la supuesta víctima “no es lógica y es contraria al sentido común” (pág. 6, recurso), pues no dijo cómo el acusado le habría bajado el pantalón, tampoco “en qué forma o posición de dormir se encontraba” o si estaba tapada, en tanto -según su relato- “estaba con el aire acondicionado y se tuvo que poner un pijama”. Insiste en que “nada de esto sabemos” y “es improbable por la descripción de la mecánica del hecho que no se haya despertado antes. La misma relata que se despertó con los dedos dentro de su vagina, necesariamente se debió haber despertado antes” (pág. 6, recurso).
d. Señala que se incorporaron por lectura al debate diversas IPP, donde M.F. denunció amenazas, desobediencias y lesiones que atribuyó al acusado; lo que demuestra, en opinión de la defensa, que “M.F. no tenía ningún miedo en denunciar” (pág. 6, recurso).
Luego, razona que, si como lo afirmó M.F., fue “abusada en otras oportunidades, ¿por qué no denunció antes?. Miedo no perece ser la respuesta, tampoco fue su respuesta durante el debate” (pág. 6, recurso).
Destaca que en ningún momento de su declaración M.F. señaló “algún tipo de situación amenazante o coaccionante, como para que la misma tenga que tolerar los abusos que menciona. La presunta víctima ni siquiera utiliza la palabra temor en su relato” (pág. 6, recurso).
Luego, concluye “es claro que la justicia no le dio [a M.F.] la respuesta que ella esperaba, que [su] asistido cumpliera con la cuota alimentaria que había dejado de pagar. Y si las denuncias realizadas por los tipos de delitos ya mencionados no generaban lo pretendido, ahora la denuncia debía ser por otro tipo de delito” (pág. 6, recurso); lo que explica -según la opinión de la defensa- que realizara la denuncia de este caso casi diez meses después de supuestamente cometido el delito.
e. Sobre el resto de los testigos, además de que algunos no pudieron “ser previamente controlados por es[a] parte”, como lo sostuvo en su agravio principal, observa que se limitan a reproducir los dichos de M.F. y que su hija, N. T., “relata haberse enterado de la denuncia por abuso en forma reciente, y es coincidente con su madre respecto de los reclamos por cuestiones económicas” (pág. 6, recurso).
f. Por otro lado, el recurrente observa que “los testigos de descargo fueron claros”, D. y G., “ambos remiseros, cuentan que [su] asistido no ingresaba en el domicilio” de M.F. cuando H. retiraba a sus hijas o entregaba dinero y también “ambos relatan escenas de discusiones o peleas” entre M.F. y H. (pág. 6, recurso).
Critica el valor que el magistrado asignó a las declaraciones de la actual pareja del acusado y de su hija. Admite que “ambas aportaron datos referidos al buen concepto” de H., pero observa que el juez ni siquiera hizo un resumen de lo que declararon, además que las testigos también mencionaron “situaciones violentas vividas de parte de la denunciante” (pág. 6, recurso).
g. Finalmente, señala que el magistrado valoró el informe victimológico y las pericias psicológicas practicadas a M.F. y a su asistido, y alega: que el informe victimológico no tiene el valor de una pericia; que en la pericia psicológica de M.F. no dio respuesta a los puntos que se le requirieron, pero lo esencial es que “no refiere indicadores de abuso” (pág. 7, recurso); y que el informe de H. solo se expide sobre su capacidad para discriminar las conductas valiosas de las disvaliosas.
h. En definitiva, afirma que el magistrado “considera que la única declaración relevante resulta ser la de la víctima de autos, porque los testimonios de su hija, amiga y prima se limitan a contar lo contado por M.F.” y “no hay que perder la de vista la naturaleza de los hechos”; pero ignora -según la defensa- que “la única declaración relevante resulta claramente contradictoria” (pág. 7, recurso).
Así, reitera que “en este caso contamos con solo los dichos de la víctima, el cual ha sido claramente contradictorio, y solo se cuenta como bien refiriera el Sr. Juez con testigos de oídas”, prueba insuficiente para justificar la condena de su asistido, con la certeza que exige un veredicto de culpabilidad.
Por lo expuesto y por aplicación del beneficio de la duda, solicita se case el fallo recurrido y se absuelva a H. en orden al delito imputado.
Hizo reserva del caso federal.
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
La Fiscal ante esta instancia, Dra. Laura D’Gregorio, postuló el rechazo del recurso por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. La defensa cuestiona la admisibilidad y la incorporación por lectura de diversos elementos de prueba, decidida por el magistrado en la audiencia de debate. En el primer caso, alega que no se trataba de nueva prueba y, en el segundo, que la oportunidad en que se produjo y resolvió la incorporación de la instrucción suplementaria impidió al acusado y a esa defensa conocer gran parte de la prueba de cargo, o al menos se los “sorprendió sobremanera” (pág. 2, recurso), afectando el debido proceso y, por ello, el veredicto debe ser anulado.
Constato que al momento de resolver sobre la prueba a utilizar en el debate (art. 338, CPP), el magistrado dispuso hacer lugar a la instrucción suplementaria solicitada por la fiscalía -cuya producción quedó a cargo de esa parte-, y difirió el tratamiento de su incorporación por lectura hasta tanto fuera agregado el resultado de aquellas medidas “y puedan analizarse bajo los principios rectores del actual sistema de enjuiciamiento, a la luz de lo estatuido por el art. 365 del CPP” (resolución del 07.05.25, consultada en el SIMP) que, en lo que importa mencionar, establece la oralidad de las decisiones del juez o tribunal en la audiencia de debate y, en igual forma, la intervención de todas las personas que participen en él.
El magistrado resolvió la incorporación por lectura de la instrucción suplementaria en la apertura del juicio, cuando la fiscalía aportó los resultados de aquellas medidas, aspecto que -bajo esas condiciones- no pudo “sorprender” a la defensa técnica, pues se decidió conforme se había establecido previamente.
Cabe reparar en que el magistrado no fijó un plazo específico para la producción de la instrucción suplementaria, dato conocido por la defensa, por lo que el planteo relativo a la cercanía entre la producción de algunas medidas complementarias y el debate, tampoco es un argumento que demuestre su agravio.
Ahora bien, respecto de la prueba que efectivamente se incorporó por lectura, constato que en la audiencia de debate y concedida la palabra a la defensa, inicialmente no se opuso a la incorporación por lectura de la instrucción suplementaria producida por la fiscalía (pág. 4, acta de debate), no obstante, más adelante y “con relación al punto 5”, se opuso a la incorporación del informe de la sala de salud de Florencio Varela porque sus fechas comprendían “agosto y septiembre de 2025”, es decir, no eran “anteriores ni cercanos al hecho investigado, que es de diciembre de 2023” y, seguidamente, consideró que el testimonio de la asistente social Perez Avila (trabajadora de ese centro de salud), no era pertinente, si ya se contaba con aquellos informes (pág. 5, acta debate).
La fiscalía insistió en que la testifical de la asistente social era relevante y se remitió a las razones que ya había explicado al informar sobre el resultado de la instrucción suplementaria (identificada con el punto 5), donde señaló que del informe del centro de salud de Florencio Varela surgía que Pérez Avila atendía a M.F. y, en ese sentido, era “nueva prueba a tenor del resultado de las diligencias autorizadas”, que M.F. iba a mencionar a esa profesional en su declaración y que, además, solo aportaba una parte de la historia integral de M.F. porque el resto del material se había perdido en una inundación sufrida en el centro de salud, conforme lo iba a explicar la asistente social en su declaración (pág. 2 y 5, acta debate); datos omitidos por el recurrente al cuestionar la decisión del magistrado.
En efecto, el recurrente alega que, como única justificación a la oposición señalada, el magistrado invocó la amplitud probatoria, pero ignora los argumentos de la fiscalía, con los que el juez coincidió, y que respondían las objeciones relativas a las fechas del informe y la aplicación del art. 363 del CPP, porque el nombre de la asistente social surgió del resultado de la instrucción suplementaria (además de que fue, efectivamente, mencionada por M.F. en su declaración).
Constato que las testificales de R. y L. también fueron autorizadas por aplicación del art. 363 del CPP, que permite la recepción de nuevos medios de prueba que surjan en el transcurso del debate, lo que ocurrió en este caso, cuando M.F. declaró que les había contado a R. y a L. sobre el hecho denunciado; dato que la defensa no controvierte.
En efecto, conforme surge del acta de debate, luego de la declaración de M.F, la fiscalía señaló que la propia víctima había mencionado a R. y a L. y “era nueva prueba ya que la víctima menciona lo que ambas tienen para aportar” (pág. 8, acta de debate). Seguidamente, el juez las admitió como testigos.
El recurrente tampoco argumenta que esa evidencia fuera conocida por la fiscalía al momento de ofrecer la prueba a utilizar en el debate (art. 338, CPP), como para estar en condiciones de demostrar que medió negligencia en la administración de la prueba por parte de la acusación.
En efecto, el recurrente argumenta que R. y L. ya estaban presentes en la sede judicial, al momento de la apertura del juicio, conforme lo explicó la fiscal; circunstancia que no afecta la condición de “nueva prueba” (si no se encuentra en discusión que M.F. las mencionó por primera vez en el juicio, como en este caso) y en tanto la entrevista previa del litigante con su propio testigo no es ilegítima, ni éticamente reprochable, sino una práctica aconsejada desde de la litigación para interiorizar al testigo sobre lo que puede esperar del juicio, sobre lo que se le preguntará y conocer sus respuestas, pues el juicio no es una instancia de búsqueda de información, sino de presentación de la evidencia disponible.
En efecto, la actuación legítima del litigante, en el marco de esa entrevista previa al juicio, se resume en una regla: no puede incorporar información que no estaba en la mente del testigo; circunstancia que en este caso estuvo fuera de toda discusión (“Litigación penal. Juicio oral y prueba”; Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio, Universidad Diego Portales, 1era. Edición; Santiago, Chile, 2004; pág. 90).
2. Luego de la sustanciación del debate, el juez dio por probado que “el 7 de diciembre del año 2022 siendo aproximadamente las 14:00 en el interior del domicilio que se emplaza en la calle (…) de Almirante Brown, Y. H. E. abusó sexualmente de su expareja (…) M.F. al realizarle tocamientos en su vagina, por debajo de su ropa interior, para seguidamente a ello introducirle sus dedos, en la misma, accediéndola de dicha manera carnalmente”.
En ese marco, el magistrado estableció que M.F. “no pudo consentir libremente, toda vez que se encontraba durmiendo en su dormitorio, siendo sorprendida por el señor H. con ese accionar. Que además, estos hechos han acontecido enmarcados o contextualizados, dentro de (…) la violencia familiar y violencia en razón de género conforme lo normado en las leyes 12569 y 26485 respectivamente” (pág. 1 del registro informático del veredicto).
3. La defensa concurrió al juicio oral manteniendo una hipótesis alternativa a la de la acusación, sostenida mediante la declaración del imputado.
En efecto, H. no discutió que estuvo en la casa de M.F. el día y hora señalados en la acusación (7 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 14 horas), pero negó la existencia del abuso sexual que relató su ex mujer. Según surge del veredicto, H. dijo estuvo en el patio de la casa junto a sus hijas, arreglando la pileta, y agregó que el hecho no pudo ocurrir como dijo M.F. porque para llegar a su dormitorio, en la planta alta, había que traspasar “tres puertas con sus respectivos cerrojos” (pág. 15, veredicto).
La defensa afirma que el abuso sexual no existió y cuestiona la fiabilidad de M.F.
En lo central, alega que M.F. incurrió en contradicciones con su declaración previa, que demostraban que modificó su relato y que fueron ignoradas por el magistrado cuando hubo un planteo concreto de esa parte. Advirtió la importancia de ese dato, en un caso de único testimonio donde el resto de las testigos (T., R. y L.; hija, amiga y prima de M.F., respectivamente) se limitaron a replicar lo que les contó la denunciante sobre el supuesto hecho.
El recurrente agregó que M.F. no pudo precisar la dinámica del hecho; que realizó la denuncia meses después del supuesto abuso; que no se constataron indicadores de abuso sexual en la pericia psicológica que se le practicó; todos datos que -en su opinión- reforzaban que se trató de una falsa denuncia motivada en el reclamo económico que M.F. le hacía al acusado.
4. A fin de dar un correcto abordaje a los planteos de la defensa, corresponde examinar en -primer lugar- las contradicciones que señala entre las diversas declaraciones de M.F., pues a partir de ellas edifica el juicio adverso sobre su fiabilidad y, en consecuencia, la crítica de la prueba de cargo esencial.
Al declarar en el juicio, M.F. expuso las características de la relación que mantuvo con H., desde que se conocieron en el año 2009, hasta su separación definitiva (en el 2020), periodo en el que tuvieron dos hijas y que estuvo atravesado por reiteradas separaciones y reconciliaciones que M.F. vinculó, en buena parte, a la dependencia económica que tenía del acusado, porque ella no tenía trabajo y se encontraba al cuidado de tres hijas menores (las dos más pequeñas, hijas de H.).
Es cierto, conforme lo alega
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