Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 146578
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 146578 (IPP 0800-18629-21) caratulada “CRUZ ANIBAL MARCELINO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL- MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal N° 3 del departamento judicial de Mar del Plata, tras la realización del juicio, condenó -sentencia dictada el día 22 de diciembre de 2025- a Aníbal Marcelino Cruz, como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda de la víctima y por la situación de convivencia preexistente, a la pena de dieciocho (18) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso (arts. 31, 75 inc. 22 CN; 1, 2 Convención Derechos del Niño; 1, 2 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 1, 3, 4 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 12, 29, 40, 41, 45, 119 tercer párrafo inciso b) -según ley 25.087- CP; 373, 375, 529 y 533 CPP).
II. Esa resolución fue recurrida por la defensa del imputado, a través de la presentación de un remedio casatorio en el que se formularon distintos motivos de agravio.
En el primero de ellos, denunció la falta de tratamiento de una cuestión esencial, vinculada a la ausencia de adecuado análisis -en el veredicto de culpabilidad, en el acápite "Materialidad delictiva"- de la determinación de cuáles circunstancias fácticas resultaron efectivamente acreditadas -y de qué modo se lo hizo en cada caso-, lo que afectó -para la parte recurrente- el derecho al doble conforme, ante la imposibilidad de abordar adecuadamente la labor recursiva.
Agregó a ello que la admisión -y posterior valoración- en contra del imputado de prueba prohibida, sumada a la inexistencia de respuesta a gran parte de las argumentaciones de la defensa, generaron graves vicios de motivación que determinaron la necesidad de que se nulifique la sentencia en crisis.
En dicho sendero argumental, expuso que en el veredicto condenatorio se materializó la admisión de prueba en detrimento de lo establecido en los arts. 203, 234, 308 y 342 bis del CPP; concretamente, de dos archivos de audios presentados sin acreditación por la querella durante la etapa investigativa -junto a su desgrabación- y de las testificales de las dos hijas de su asistido.
Dio cuenta de que dichos archivos fueron aportados a la pesquisa por la particular damnificada -A. I. A.-, varios meses después de iniciada (corresponderían a mensajes de audio de WhatsApp enviados por Aníbal Marcelino Cruz, reenviados a la presunta víctima por quien habría sido su destinataria inicial: la hija del imputado, M.), en formato cd -sin que se haya ofrecido ningún soporte original ni que se los haya obtenido en el marco de una pericia informática controlada por la defensa-.
Explicó que la obtención de dicho material probatorio fue discutida por la defensa desde la etapa de garantías, con decisión favorable primero (el magistrado garante señaló que dichos elementos -y la desgrabación que fue su consecuencia- habían sido incorporados al proceso con violación a lo normado por el art. 234 del CPP-), revocada por la alzada local después (con manifestación de voluntad impugnativa por parte de Aníbal Marcelino Cruz).
Y sostenida la discusión en la etapa de juicio -con oposición a que se admitieran como prueba del debate (se sumó como aspecto de queja la ausencia de acreditación de la legitimidad y autenticidad de los elementos en cuestión)-; a lo que se adunó la oposición a la posibilidad de que testifiquen en el plenario las hijas del imputado -debido a la prohibición probatoria contenida en el art. 234 del CPP y a la [afirmada] falta de pertinencia-.
Ambos planteos, fueron rechazados por el tribunal de la instancia, porque se vinculaban con cuestiones relativas a la valoración de las pruebas, sin que lo establecido por el ritual en la manda antes citada resultase óbice para impedir, de antemano, la citación de aquellas en carácter de testigos (objeciones que la defensa mantuvo durante la sustanciación del contradictorio -incluidas las alegaciones finales-).
Hizo hincapié la defensa en su recurso en que el tribunal de juicio descartó la violación a lo establecido en el art. 234 del CPP, a partir de estimar que las hijas del imputado y A. I. A. mantenían una relación "sumamente cercana" en un contexto "de familia en función de los tiempos que corren" -vínculo que antepuso al paterno filial, bajo el argumento de que ninguna de ellas asumió expresamente su defensa-.
Afirmó la defensa que, a diferencia de lo resuelto al respecto, la norma procesal aplicable contiene una taxativa enunciación en la que A. I. A. no se encuentra -debido a que no tiene ningún vínculo biológico o jurídico con las personas cuya declaración está expresamente prohibida-.
De allí que sostenga que la prueba en cuestión (los audios ofrecidos por la acusación privada, su desgrabación y las testificales de Marcela y Patricia Cruz) fue obtenida de forma ilícita, por lo que peticionó su exclusión -arts. 203, 207, 211 y 234 del CPP; 14 bis de la CN; 11.2. CADH; y, 17.1. PIDCP-.
Destacó, por otro lado, que el tribunal de juicio incurrió en afectación a la regla de la sana crítica al considerar que no existía cohesión familiar entre M. C. y su padre -el imputado de autos-, a punto tal que ésta nunca podría haber tenido la idea de protegerlo, extremo que -para la parte recurrente- no halló sustento en la prueba producida.
Indicó que, por el contrario, ella desde el inicio de la causa se ha ocupado de acompañar a su padre y gestionar todo aquello que hace a su defensa -suscribió la designación del defensor particular que oportunamente lo asesorara-; estuvo presente durante el allanamiento del domicilio del imputado; y, además, ha sido la persona designada para desempeñar el rol de tutora conductual en el marco de la medida de coerción atenuada que cumple Aníbal Marcelino Cruz; circunstancias que no fueron tenidas en consideración por el órgano de debate, lo que denota -a juicio de la defensa- arbitrariedad.
Con relación a la admisión de las deposiciones testificales Patricia y Marcela Cruz -por fuera de la limitación prevista por el art. 234 del digesto ritual-, estimó la parte recurrente que -también- quebrantó el derecho de defensa en juicio, puesto que se modificó de forma abrupta la decisión adoptada al respecto en el marco de lo previsto por el art. 338 del CPP (ocasión en la que se dispuso que aquellas serían admisibles en tanto y en cuanto no perjudicaran al imputado).
Por su parte, sostuvo en el remedio en examen que el vínculo entre ellas y la víctima distaba de ser cercano y familiar (Marcela Alejandra Cruz refirió que conoció a A. I. A. cuando ella hizo la denuncia; habló algunas veces por teléfono, la vio en dos o tres ocasiones y luego "le perdió el rastro"; Patricia Paola Cruz, expresó que nunca convivieron, que mantenían un trato ocasional y superficial y que hacía más de un año que no la veía), por lo que advertía un defecto en el razonamiento del tribunal en torno al punto.
En lo referido a los archivos de audio -y su desgrabación-, mencionó que el modo de pronunciarse en torno a su valoración fue vago; indicó que lo establecido por el art. 342 bis , inc. 5 del CPP determinaba que era necesaria la acreditación, por parte de quien los ofrece o invoca, de su origen, autenticidad y legalidad de su obtención.
Mencionó que el contenido de la declaración testifical de Marcela Cruz -a un lado su invalidez- resultaba inidóneo para acreditar dichos elementos; empero, los argumentos planteados por la defensa al respecto no fueron atendidos, ni respondidos, por el tribunal de debate.
Concluyó que resultó infundado y arbitrario lo decidido por ese organismo judicial - al indicar que A. I. A. y la testigo antes mencionada Cruz evocaron el modo en que las grabaciones llegaron a manos de la primera-, puesto que Marcela Cruz sólo se limitó a reproducir en su deposición lo que le dijera la presunta víctima, sin que haya pasado directamente por sus sentidos ninguna circunstancia adicional que permitiera afirmar que, efectivamente, fue M. C. quien le remitió el mismo.
En suma, la defensa arguyó que no estaba probado que: a) los audios pertenecieran a manifestaciones de Aníbal Marcelino Cruz, ya que pudieron ser fraguados; b) de ser originales, no fueron sustraídos del ámbito de intimidad constitucionalmente protegido (art. 18 CN); y, c) fueron remitidos a A. I. A. por M. C..
En función de dichas premisas, la defensa coligió que, en todo caso, resultaba irrelevante determinar si lo reproducido en el juicio es aquello que la presunta víctima hizo escuchar a Marcela Cruz, puesto que -en definitiva- lo cuestionado era el origen, la eventual legalidad y la autenticidad del material probatorio.
Puntualizó que la labor de las partes acusadoras (fiscalía y particular damnificada) fue deficiente; máxime ante la existencia de planteos nulificantes y la decisión de no haber requerido la apertura y análisis del celular del imputado -que fue secuestrado al momento de su aprehensión-, para su posterior cotejo con el de la víctima y la declaración testifical de M. C. (lo que resultó sugestivo para la recurrente).
Enfatizó que el tribunal de grado, pese a admitir que era cierto lo alegado por la defensa en punto a la posibilidad de que dichos audios pudieran haber sido generados mediante inteligencia artificial, descartó esa alternativa por razones reñidas con el principio de inocencia y sus derivados, in dubio pro reo y onus probandi (arts. 18 CN; 1, 342 bis y 367 CPP).
Así, señaló que el fallo criticado afirmó que nadie aportó información que proyecte duda respecto de lo que las partes acusadoras hicieran escuchar a las personas que testificaron y a quienes juzgaran el caso (la fiscalía y la particular damnificada habrían acreditado testificalmente dichos audios, sin que haya sobrevenido prueba en sentido contrario -art. 342 bis CPP- ni el imputado efectuado formulación alguna en torno al punto); razonamiento que subvirtió los alcances de la carga de la prueba y la presunción de inocencia.
Forma de pronunciarse que -a entender de la defensa- no podría corregirse con las referencias plasmadas en el acápite "Algunas particularidades de esta causa (audios de WhatsApp)" del veredicto de culpabilidad, en las que se afirmara que la información surgida de aquellos registros no era más que una mera confirmación de todo lo acreditado en el litigio a través del examen del resto de las pruebas valoradas.
Peticionó, entonces, se declare la nulidad de la admisión y producción como prueba de los audios ofrecidos por las partes acusadoras -y su desgrabación-, como así también de las testificales de Marcela y Patricia Cruz, con la consecuente exclusión de aquellas del acervo probatorio.
En otro andarivel de cuestionamiento al veredicto dictado, apreció la parte recurrente que al haber tenido por demostrada la materialidad ilícita -que no fue definida-, el tribunal incurrió en vicios de absurdo y arbitrariedad, ya que plasmó una valoración probatoria fragmentada, sin brindar respuesta adecuada a la alternativa de tesis del caso formulada por la defensa.
Precisó que en su razonamiento el órgano de debate sustentó sus conclusiones en los dichos de la víctima (manifestaciones que fueron consideradas coherentes, motivadas por la verdad y no por móviles espurios, sostenidas a través del tiempo y de las circunstancias), que obtuvieron para el pleno juzgador respaldo en las testificales de Gustavo Aizmendi, Natalia Padovani y Gabriela Saigg.
En torno a esto, la defensa plasmó en su impugnación que en lo referido a la verdad de lo depuesto por A. I. A. y la existencia de otros móviles, la jurisdicción de la instancia perdió de vista la existencia de los plurales litigios judiciales que mantiene con el imputado -ninguno de los cuales ha sido resuelto en favor de aquella-.
Dio cuenta de que en el marco de la IPP 08-00-875-25, se investigó el presunto delito de Circunvención de Incapaces, denuncia que la fiscalía desestimó, como así también que tramitan en sede civil procesos de división de condominio y de alimentos -iniciado este último en el mes de febrero de 2024-; extremos sobre los que fue contraexaminada en el plenario, oportunidad en la que manifestó que desconocía la existencia de esas litis (dato que expusiera su reticencia -A. I. A. es estudiante de derecho y participó en varios actos procesales en aquellos).
Destacó que ella y C. B. (ex pareja del imputado, madre de sus cuatro hijas) generaron una relación de cercanía, circunstancia que llamó la atención de la parte recurrente que, al consultar a la última en el debate, ella admitió tener resentimiento con Aníbal Marcelino Cruz por razones índole económico.
También subrayó que B. fue consultada por una denuncia -realizada por ella y motorizada por la abogada de A. I. A.-, en la que -con fecha 25 de junio de 2023- afirmó haber visto al imputado, quien estaba privado de libertad en prisión domiciliaria, junto a su hija M. en el Casino Central; admitió que el objetivo de esa presentación giraba en torno a la búsqueda de su encierro en un establecimiento penitenciario, sin brindar respuesta plausible al ser confrontados sus dichos con el contenido del informe emitido por la Subdirección General de Supervisión electrónica -en el que no se constató salida de rango del equipo de control ni evento similar aquella jornada-.
Tomó en consideración lo sintetizado antes para destacar en su alegato final que la testifical de A. I. A. adolecía de incredibilidad subjetiva (ante el móvil económico que había detrás de su denuncia; la existencia de afirmaciones falsas en distintos actos procesales -tales como que el imputado la había reconocido como hija-, desmentidas en el litigio de Circunvención de Incapaces; lo inverosímil de sus dichos respecto a la cantidad y frecuencia con que mantenían relaciones sexuales - todos los días, con una frecuencia de dos o tres veces-, que no se condecían con la condición de salud de su asistido -al momento de la denuncia, de setenta años de edad, con padecimiento de artrosis generalizada, gota, problemas de próstata, hipertensión, extremos que motivaron que se le concediera la prisión domiciliaria-).
Subrayó que ninguna de estas alegaciones fue mencionada –y mucho menos analizada- en el veredicto de culpabilidad, en el que -vicio de arbitrariedad mediante- simplemente se concluyó que las manifestaciones de A. I. A. estaban motivadas por la verdad, descartándose cualquier otro tipo de móvil.
Expresó que el tribunal juzgador tuvo por acreditado Aníbal Marcelino Cruz habría presionado a la víctima para mantener relaciones sexuales cuando ella tenía quince años (al utilizar como mecanismo extorsivo la pretensión de la niña de cambiarse de establecimiento escolar), dato que fue desmentido por la propia A. I. A., quien estableció que su pase de la escuela parroquial a agraria -pupila- aconteció por su mal rendimiento escolar y la necesidad -que ella admitió- de contar con contexto pedagógico más intensivo para mejorarlo.
En este punto, agregó la recurrente que a diferencia de lo indicado en el fallo (ante un supuesto episodio acontecido en el Instituto Nuestra Señora del Camino, en el que la presunta víctima de insinuó sentimentalmente a un profesor, el imputado le habría dicho que "debía estar con él"), el sentido común indicaría que lo menos efectivo para hacer realidad ese [hipotético] designio, hubiera sido incluir a la adolescente en un dispositivo escolar residencial localizado en otra ciudad.
En idéntica línea de pensamiento, la defensa expresó que de haber existido intentos de aproximación sexual cuando la denunciante tenía alrededor de catorce años -tal como afirmara el tribunal de grado-, lejos de constituirse en un ámbito extorsivo y de dominación, el cambio de la menor a un establecimiento educativo oficial residencial, en el existía -como ella misma declaró- gabinete interdisciplinario, hubiera sido un lugar seguro en el que podría haber denunciado cualquier situación abusiva (además de deseado permanecer o no abandonar, al punto de aceptar un sometimiento sexual).
Se destaca en el recurso defensista, asimismo, que varias de las aseveraciones de A. I. A. (en la escuela habría existido un intento de suicidio; allí la observaron golpeada; le habría referido lo que supuestamente le sucedía a una amiga) no contaron con la necesaria corroboración periférica -ni la acusación pública ni la privada ofrecieron o produjeron prueba al respecto-.
Entre esos elementos ausentes, enunció la defensa a: 1) la pericia psicológica y psiquiátrica de la víctima; 2) las testificales de los múltiples profesionales de la psicología que le brindaron psicoterapia (desde la denuncia hasta el debate -según sus propias referencias-), de docentes (en especial, de la Escuela Agraria Iraizos, en la que habría intentado suicidarse), de su supuesta amiga y la madre de esta (a las que les habría referido la existencia de conductas abusivas por parte del imputado), de vecinos, amigos o allegados (que pudieran referirse a su vida cotidiana en el lapso temporal en que la acusación ubica los hechos); 3) los legajos escolares de los distintos establecimientos a los que concurrió (que contaban con gabinete psicopedagógico); 4) la historia clínica del Hospital Interzonal General de Agudos (que avalara lo dicho en punto a una supuesta internación psiquiátrica); y, 5) el cotejo del contenido de los teléfonos de imputado y sujeto pasivo.
No obstante la falta de mención de todas esas posibles probanzas disponibles -caracterizada por la defensa como llamativa-, en el remedio en examen se explicó que el tribunal consideró suficientemente corroborados los extremos de la testifical de A. I. A. a partir del contenido de lo depuesto en el plenario por Saigg, Eizmendi y Padovani.
Puntualizó que la licenciada en psicología Saigg no se desempeñó como perito, sino que tuvo un contacto breve con la víctima en una institución destinada a la protección de víctimas de violencia de género; testigo que, a entender de la defensa, lejos de apuntalar algunas de la aquella, las desmintió (negó que el imputado representara para la joven una figura paterna; que hubiera estado desestabilizada al momento de ingresar a la institución; o, que presentara riesgo de conductas autolíticas), además de rebatir la tesis del caso de las partes acusadores en lo relativo a la caracterización de la personalidad de A. I. A..
El testigo Eizmendi (docente de ella cuando tenía dieciséis años, con el que entabló una relación sentimental que -con el tiempo- se transformó en sexoafectiva; quien finalmente fue denunciado por aquella como autor de abuso sexual con acceso carnal en su perjuicio) no brindó -en el entendimiento de la defensa- siquiera referencias indiciarias que apuntalasen lo dicho por la joven en cuanto a la existencia de los hechos atribuidos al imputado.
A partir de su testifical, el tribunal de juicio tuvo por corroborado que: Aníbal Marcelino Cruz mantenía con A. I. A. una actitud controladora -le restringía la libertad en los sucesivos encuentros amorosos que ésta pretendía tener con el declarante-; lo llamó la supuesta víctima pidiéndole alojamiento -porque su padrastro la había echado de la casa y no tenía donde ir-; imponía el imputado reglas que no eran normales -no se señaló cuáles serían-; y, este pautó con el testigo un encuentro en la "Cancha de los Bomberos", del que participó la adolescente -en cuyo contexto, extrajo un arma de fuego al tiempo que le profería amenazas-.
Para la defensa, en cam
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