Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 139611
0602-2891-19
139.611
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, Manuel Bouchoux y Daniel Alfredo Carral, con el fin de resolver el recurso presentado en la causa N°139.611 , caratulada “M., E. G. S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces deberán observar el orden siguiente: BOUCHOUX-CARRAL.
El Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial La Plata, y como consecuencia del veredicto de culpabilidad dictado por el tribunal de jurados, condenó a E. G. M., a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por ser autor del delito de abandono de personas agravado seguido de muerte en concurso ideal con abandono de persona agravada por grave daño en la salud, en concurso real con homicidio culposo.
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la defensora oficial Gladys Margarita Catalina López.
Efectuadas las vistas correspondientes, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada , el Sr. Juez Bouchoux dijo:
I. El recurso de la defensa estructura distintos cuestionamientos. Unos, dirigidos contra las instrucciones impartidas al jurado; otros, vinculados a la obstaculización del derecho de defensa y a la confrontación de la prueba de cargo; otros contra el veredicto de culpabilidad y los últimos contra la determinación de la pena.
I.1.a] En el primero de esos aspectos, comienza denunciando la afectación de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 de la CN; 75 inc. 22; 8.2 de la CADH; 14.3, incs. a y b del PIDCyP; y arts. 60 inc. 2, 312 y 335 del CPP), con sustento en la vulneración del principio de congruencia.
Argumenta que, a lo largo de todo el proceso, la plataforma fáctica de la intimación fiscal y el debate posterior se centraron exclusivamente en la provocación intencional de un incendio, con el dolo directo de causar la muerte de Mariela Vanesa Cajal y sus hijos.
Sostiene que toda la estrategia defensiva, la producción de la prueba y la confrontación de testigos se enderezaron a discutir la autoría, el origen del incendio y la presencia del dolo homicida al momento inicial del hecho.
Señala que, de manera sorpresiva y una vez concluidos los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal introdujo una petición de inclusión por el delito menor de abandono de persona.
Afirma que dicha mutación alteró el eje fáctico de la acusación, desplazándolo desde el momento del inicio del fuego hacia un tramo temporal posterior basado en hipótesis conjeturales (tales como la omisión de reingreso al inmueble, la demora en el auxilio o el traslado de los heridos).
Asevera que la Fiscalía omitió encauzar dicha ampliación por el mecanismo previsto en el artículo 359 del CPP, lo que impidió de forma absoluta a su parte readecuar la estrategia defensiva.
Destaca que, de haber conocido formal y oportunamente esta nueva intimación, habría resultado indispensable profundizar la prueba pericial, convocar profesionales médicos y formular interrogatorios específicos orientados a examinar la posibilidad material de evitación del resultado, los tiempos de reacción y la configuración típica del abandono. Finalmente, cita doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ratificar que la inmutabilidad de los hechos constituye el límite infranqueable de la potestad jurisdiccional y el presupuesto necesario para el ejercicio eficaz del derecho a formular descargos.
I.1.b] En segundo lugar , la defensa técnica de E.G.M. cuestiona las instrucciones finales impartidas al jurado respecto del delito de abandono de persona seguido de muerte.
Sustenta su reclamo en el carácter genérico y dogmático de la explicación legal brindada, afirmando que la misma omitió contemplar las particularidades fácticas de la causa, lo que priva al veredicto de una debida motivación.
Asimismo, asevera que la instrucción incurrió en un grave defecto técnico relativo a la configuración del elemento subjetivo. Explica que, al definir el tipo penal en los hechos principales, la judicatura omitió describir el dolo requerido por la figura, asimilando erróneamente su redacción a la de un delito culposo. Añade que la posterior y somera aclaración de que se trataba de un ilícito "intencional" resultó tardía, parcial —toda vez que se omitió dicha mención respecto del tercer hecho imputado— y confusa.
Concluye que la estructura defectuosa de estas directrices indujo a error al jurado y quebrantó las garantías del debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 de la CN; 8.2 de la CADH; y 106 del CPP)
I.1.c] Luego, la recurrente cuestiona la regularidad del veredicto de culpabilidad, dado que lo asume derivado de una deficiente y confusa articulación de las opciones e instrucciones finales.
Afirma que su inicial consentimiento para incorporar la opción de homicidio culposo se basó exclusivamente en la hipótesis de una provocación negligente del incendio (momento inicial del hecho) y que la posterior introducción del delito de abandono de persona —propuesta por la Fiscalía tras coincidir en la inclusión del delito de homicidio culposo— alteró el orden lógico y pedagógico de las directrices explicadas al jurado.
Sostiene entonces que la yuxtaposición de ambas figuras, sumada a la omisión de describir el dolo en el abandono de persona y la definición normativa del homicidio culposo a través de "actos u omisiones negligentes", indujo a error al jurado. Asevera que tal amalgama de conceptos permitió que el jurado trasladara equívocamente la deliberación desde la causa originaria del fuego hacia las conductas omisivas posteriores al siniestro (tales como la prelación en el rescate de bienes sobre las personas). De este modo, postula que es altamente probable que el jurado haya confundido una omisión de auxilio por negligencia con el sustrato del delito culposo. Por último, señala como factor determinante de esta confusión el severo agotamiento del cuerpo de jurados, cuya deliberación se extendió de manera ininterrumpida desde altas horas de la noche hasta la madrugada del día siguiente
I.1.d] Sumado a lo expuesto y como consecuencia de las observaciones anteriores, la casacionista postula la errónea aplicación del art. 55 del CP. Recordó que durante el debate sobre las instrucciones formuló protesto ante la distribución de tres formularios, apuntando que el debate no versaba sobre tres hechos distintos.
Sostiene entonces que la indebida inclusión de la instrucción por el delito de abandono de persona derivó en una consecuencia jurídicamente inviable, consistente en la imposibilidad de aplicar las reglas del concurso ideal de delitos contempladas en el artículo 54 del Código Penal. Fundamenta su reclamo en que, de acuerdo con la plataforma fáctica original de la investigación y del debate, se atribuía al procesado una única conducta —la provocación del incendio— con pluralidad de víctimas, supuesto que encuadraba nítidamente en la figura del concurso ideal. Reclama que este aspecto sea considerado al momento de evaluar la pretendida confusión generada al jurado.
I.2. El segundo aspecto de agravio, tal como anticipé, versa sobre la pretendida vulneración del derecho de defensa, el derecho a la confrontación de la prueba de cargo y del compromiso de la garantía de imparcialidad (arts 18 de la CN, 8.2 h de la CADH y 14 3, a, b del PIDCyP).
Sustenta su reclamo en los siguientes episodios ocurridos durante las audiencias de debate:
Revela que, durante el contraexamen del testigo Juan Cajal, el Agente Fiscal realizó señas al personal técnico del Tribunal para interrumpir la grabación de la audiencia. Destaca entonces que el registro digital se interrumpió de forma intempestiva y se reanudó posteriormente sin que mediara orden judicial expresa ni advertencia a las partes.
Objeta que la judicatura limitó sistemáticamente la formulación de preguntas sugestivas propias del contraexamen. Destaca que estas restricciones ocurrieron tanto por oposiciones del Ministerio Público Fiscal como por intervenciones directas y de oficio del magistrado técnico, en flagrante contravención a la normativa procesal vigente.
Afirma que, ante los intentos de confrontación a los testigos Juan Cajal y Santiago Aranda, el Juez de trámite intervino a pedido del Fiscal para explicarles el procedimiento, pero lo hizo de manera excesiva, sugiriendo posibles respuestas a los deponentes, en una práctica que limitó la posibilidad de obtener más información relevante de parte de los testigos.
Cuestiona las limitaciones que se le impusieron a interrogar sobre las denuncias por violencia hacia parejas anteriores de la víctima, extremo que pretendía demostrar que la occisa denunciaba dichas situaciones cuando efectivamente ocurrían.
Asimismo, objeta la veda judicial para indagar sobre la salud psicofísica del testigo Aranda (en cuanto a la pretendida afectación de memoria) y sobre el traslado coordinado de vecinos y familiares para declarar (posible contaminación o interés en el pleito), lo cual se determinó aun sin objeción de la contraparte.
Concluye que el cúmulo de estas restricciones frustró la obtención de información relevante para la teoría del caso de la defensa, desequilibró la igualdad de armas y desnaturalizó la esencia del juicio adversarial.
I.3. Para el hipotético caso en que este Tribunal desestime los vicios de las instrucciones, la defensa técnica introduce un planteo subsidiario, por el cual afirma que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente arbitrario por prescindir de la prueba producida en la audiencia de debate. Divide su agravio en dos parcelas:
Respecto del veredicto por homicidio culposo (que tiene como víctima a Brian Aranda), sostiene que los testimonios rendidos en la sala (Juan Cajal y Santiago Aranda) permitieron reconstruir cronológicamente que la última persona que ingresó a la habitación antes del inicio del focoígneo fue el propio Brian Aranda, quien venía de fumar un cigarrillo y se encontraba despierto. Destaca que la perito oficial (Emilia Andrade) declaró la imposibilidad de determinar la causa material del incendio. Añade que dicha orfandad probatoria se complementa con la declaración del imputado, quien explicó que fue despertado por la propia víctima cuando ya existía una llama sobre su cama. Concluye que la hipótesis de una causación negligente por parte de Aranda resulta un escenario probable que despliega una duda razonable insuperable en favor de M.
Respecto del veredicto por abandono de persona seguido de muerte, argumenta que los elementos de convicción descartan de plano la configuración de los elementos objetivos y subjetivos del tipo de omisión imputado.
Resalta que los testigos de cargo Juan y Santiago Cajal coincidieron en que les resultó materialmente imposible ingresar, mientras que G. Cajal llegó más tarde y tuvo que patear algo para entrar, pudiendo haber ocurrido que la resistencia inicial se venciera por el fuego o bien que se tratara de otro obstáculo que pudo remover.
Aduce que, mediante un análisis por descarte de los testimonios de los familiares de la víctima (quienes negaron haber rescatado a la occisa Mariela Cajal o no recordaban el suceso), se demuestra que fue el propio M. quien extrajo a su pareja del interior del inmueble.
Explica que la decisión inicial de M. de retirar el colchón encendido constituía una maniobra lógica dado que, en función de sus dichos, la llama estaba a la altura de esa cama. Luego, el fracaso en su intento para reingresar resulta lógico dado el avivamiento del fuego por el ingreso de oxígeno y por la posibilidad de que la base del somier o bien el ropero que estaba detrás de la puerta hayan obstaculizado la entrada. Postula que todo ello resultaba imprevisible para un sujeto del escaso nivel de instrucción que reflejaba el imputado.
Para concluir, descarta la relevancia de la supuesta demora en el traslado hospitalario de los heridos, en atención a que el procesado carecía de medios de transporte propios y a que ya se hallaban numerosos terceros prestando asistencia en el lugar.
Conforme a las argumentaciones desplegadas, solicita que se case la sentencia, procediendo a la absolución de M., o bien la anulación del debate y reenvío para un nuevo juicio con respeto a la limitación de la prohibición de “reformatio in peius”.
I.4. Por último, la defensa impugna por desproporcionado el monto de la pena de 18 años de prisión impuesto por el tribunal de grado, apuntando que resulta muy cercano al máximo legal de 20 años solicitado por la Fiscalía y alejado del mínimo de la escala.
Argumenta que la sanción conculca el principio de razonabilidad republicana (art. 1 de la CN), los fines preventivos de la pena y los principios de estricta necesidad, proporcionalidad mínima y humanidad.
Para comenzar afirma que el estudio de los componentes del injusto se realizó sobre una base fáctica incierta. Recuerda que durante la audiencia de cesura reclamó infructuosamente que se especificara el contenido fáctico de los delitos atribuidos, a los fines de evaluar si el veredicto del jurado respondía a una acción o a una omisión culposa, extremo que resultaba indispensable para graduar correctamente el disvalor de acción y los tiempos de la supuesta omisión de auxilio.
Sostiene como erróneamente admitidas las pautas agravantes.
Sobre la violencia de género , sostiene que fue introducida por la judicatura de manera dogmática, carente de fundamentación probatoria y sin que la Fiscalía requiriera instrucción alguna al jurado sobre dicha vertiente. Añade que se incurrió en una falacia al ligarla automáticamente a la extensión del daño sin demostrar un vínculo causal concreto con los injustos juzgados.
Sobre la nocturnidad, rechaza su aplicación por cuanto el momento en que sucedió el hecho no dependió de la voluntad del encartado, descartando cualquier tipo de "aprovechamiento" de dicha circunstancia ambiental para perpetrar el ilícito.
Respecto a la condena anterior valorada alega que su valoración como pauta agravante lesiona el principio de culpabilidad por el hecho y vulnera la prohibición del non bis in idem . Argumenta que la personalidad o la conducta anterior al hecho deben excluirse como factores aumentativos en la dosificación punitiva y, asimismo, tacha de arbitraria la doble ponderación de dicho antecedente al computarse simultáneamente como agravante y como base para la declaración de reincidencia.
Por otro lado, cuestiona que el magistrado de la instancia solo haya reconocido el buen concepto y la historia de vida del imputado, omitiendo computar los otros factores minorantes que postuló.
En ese sentido, destaca que las características edilicias del inmueble (vivienda precaria, dimensiones reducidas, falta de servicios básicos de agua) potenciaron la propagación del fuego y limitaron severamente las capacidades materiales de salvataje del imputado.
Señala a su vez que el encartado posee un nivel de instrucción bajo (primaria incompleta) y escasos recursos simbólicos derivados de una situación de pobreza estructural, lo que disminuye su capacidad de previsión y reacción frente al estándar de un hombre medio.
Solicita además la ponderación del plus de sufrimiento e incertidumbre padecido por M. durante el prolongado lapso de detención bajo prisión preventiva, requiriendo su compensación mediante la reducción de la sanción.
Finalmente postula que el tiempo que el imputado sufrió previamente en prisión no debe obrar como un juicio de reproche, sino como una pauta de vulnerabilidad que debió ser considerada para atenuar la pena.
En virtud de ello, solicita el control casatorio del tramo de la pena y requiere, bajo el imperio del principio pro homine , la reducción del término de encierro a un quántum cercano al mínimo legal.
Hace reserva del caso federal.
II. A su turno, el Defensor Oficial Adjunto, José María Hernández, dada la autosuficiencia de la impugnación, se remitió a los fundamentos traídos por la recurrente, haciéndolos propios.
III. La Fiscal Adjunta de Casación, María Laura E. D' Gregorio, en oportunidad de presentar memorial, solicitó el rechazo de las impugnaciones.
Señala en relación al primer motivo de queja relativo a las instrucciones finales dadas al jurado popular, que el mismo no puede tener favorable acogida.
Refiere que la recurrente se disconforma con que se le haya brindado al jurado popular tres formularios en vez de uno, no obstante, no fundamenta en qué consistió su agravio -tanto como cuál fue la lesión a sus intereses que esta decisión acarreó- limitándose a remarcar que dejó protesto ante la negativa del a quo a su pedido.
Considera que le asiste razón al magistrado de instancia dado que, desde un primer momento, la acusación dividió el iter criminis en tres grupos: lo sucedido a Mariela Vanesa Cajal, lo padecido por los tres menores de edad y lo sufrido por Brian Natanael Aranda.
Sostiene que la solicitud de la defensa conlleva la confusión de la situación de las diferentes víctimas y que así, la recurrente no logra plasmar en su argumentación arbitrariedad o ilogicidad en la decisión del Juez técnico.
Postula que, en relación a la incorporación del delito de abandono de personas solicitado por el Ministerio Público Fiscal, no existe en el caso un “perjuicio cierto y real” para el desarrollo de la estrategia defensista, entendiendo como deficiente la técnica recursiva escogida en ese sentido, ya que durante la audiencia entre partes, en el registro de audio puede advertirse que la casacionista que inicialmente ejerció su derecho a protestar, finalmente llegó a un acuerdo sobre el particular.
Señala que las instrucciones impartidas al jurado, fueron expresadas con lenguaje claro y sencillo, atendiendo a los contenidos que el legislador previó en el art. 371 ter del ritual.
Establece que el cuestionamiento de la defensa resulta una construcción subjetiva imposible de constatar con la realidad, dado que no aporta ningún elemento que permita deducir que el orden de lectura de los delitos ha influenciado en el jurado, confundiendo la interpretación realizada, lo que finalizó en un veredicto condenatorio.
Respecto a la afirmación de la recurrente relativa a que las instrucciones impartidas resultaron ser genéricas y dogmáticas, sin recoger particularidades del caso, refiere que el juez técnico tiene la obligación de informar las instrucciones respectivas y de proveer los formularios de veredicto que contemplen todas las propuestas posibles. Entiende que en el caso concreto, las instrucciones finales explicaron con profundidad a los jurados el delito principal y los delitos menores.
Puntualiza que no se demuestra irregularidad que pueda nulificar las instrucciones impartidas.
Afirma que el planteo relativo al apartamiento manifiesto de la prueba -así como la postura defensista relativa a que la valoración del jurado es arbitraria- resulta fruto de no comprender acabadamente el sistema. Sostiene que, tratándose de la decisión de un Jurado de personas, debe justificarse el apartamiento manifiesto de la prueba producida en el debate, lo que no sucedió en el caso. Agrega que la mera mención de arbitrariedad, y/o violación de objetividad, no alcanza para justificar la intromisión del Tribunal de Casación, en la sentencia dictada por doce personas imparciales, quienes determinaron la culpabilidad del aquí imputado. Estatuye que el veredicto del juicio por jurados es inmotivado, regla que es conocida de manera previa a someterse al juicio popular.
Concluye que el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular resulta razonable y dictado más allá de duda razonable, siendo que el temperamento es
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