Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 95718
En la ciudad de La Plata sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa 95.718 caratulada “ESPINDOLA, GASTON ADRIAN Y GONZALEZ, HERNAN EZEQUIEL S/RECURSO DE CASACION INTERPUESTA POR DEFENSA OFICIAL Y DEFENSA PARTICULAR ”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO-MANCINI .
El Tribunal en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial Quilmes condenó con fecha 21 de junio de 2018 a Gastón Adrián Espíndola y Hernán Ezequiel González a sendas penas de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el señor Defensor Oficial del imputado Espíndola, doctor Santiago R. Romero, habiendo hecho lo propio el asistente particular del acusado González, doctor Carlos Alberto Pereira.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos?.
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. Que el señor defensor particular presentó recurso denunciando que las actas de fs. 1 y 2, 184 a 186 y 219 a 221 resultan nulas al documentarse no sólo la presentación de los imputados ante la autoridad policial sino las manifestaciones autoinculpatorias, todo ello a espaldas de notificarle al acusado sus derechos, no habiendo tenido González la oportunidad de contar con un defensor que pudiera decirle o aconsejarle al respecto, siendo inadmisible que se le tomase declaración por fuera de los recaudos establecidos en el art. 308 del rito, particularmente cuando se estaba frente a uno de los posibles autores de un hecho grave el cual había tomado estado público.
Reclamó que ello debe llevar a su exclusión probatoria y de todo cuanto siga a dicho acto, se trate de hallazgos o pericias producidas a partir de la información brindada en aquella ocasión. Puso de resalto que el encuentro del arma de fuego no es tal, sino que el perito fue a buscar lo que las inadmisibles declaraciones hicieron saber a la investigación.
Destacó que bajo ninguna circunstancia pudo pasar inadvertido a la investigación que resultaba una ilegalidad proceder como lo hicieron, habiendo tenido tiempo suficiente para notificar a la Fiscalía y darse intervención a la defensa.
Citó jurisprudencia en donde se resolvió no tomar en consideración los dichos vertidos por el imputado en franca violación a su derecho de defensa, correspondiendo en este caso nulificar todo lo actuado a partir del acta de entrega de su asistido y todos los actos posteriores.
Que en otra dirección sostuvo el recurrente la insuficiente argumentación de la sentencia y la violación del art. 210 del ceremonial en virtud de las previsiones del art. 448, inc. 1, del mismo ordenamiento.
Objetó la atribución coautoral en cabeza de González pues a lo largo del debate no han quedado demostradas quién efectuó el disparo que ultimó a Castellanos ni quien le quitó sus pertenencias.
Señaló que la testigo Pérez es la única que nombra a su asistido manifestándole a la declarante “…nos mandamos una cagada…”, pero al preguntársele en el debate lo que habría manifestado González, sólo pudo evocar las expresiones del coimputado Espíndola.
Puso de resalto que a pesar de que no debe ser tomada en cuenta, el funcionario Acevedo dio cuenta que al declarar Espíndola en sede policial expresó que robaron, que él subió al auto de la víctima y arrancó, que se fue, sintiendo luego el disparo efectuado por González, que el arma quedó en el auto.
Observó la defensa que ambos acusados atribuyen haber disparado a su consorte de causa, pero Espíndola formula una recreación de los hechos de imposible factura, pues resulta inexplicable cómo el arma pudo aparecer dentro del auto si –como lo señala- la tenía González en su poder para ultimar a la víctima abajo el auto y, luego de escuchar el disparo, Espíndola se habría marchado con el vehículo.
Destacó que del voto del doctor Mata se advierte que Espíndola es quien efectuó el disparo, siendo que no existen elementos para ubicar a González como coautor del homicidio, pues nadie lo vio merodear el automóvil luego de que fuera incendiado.
Puso de resalto que no existe prueba que evidencie que González tenía el dolo de matar para luego robar, ni que ambos imputados tenían como plan realizar de ese modo el hecho. Objetó que el hecho de conocer la existencia de un arma no pude justificar que se acepte o quiera el resultado muerte.
Subrayó que no medio división de tareas, que no existe conocimiento de los elementos de tipo objetivo en quien no disparó, resultando inadmisible la comunicabilidad de las circunstancias sin echar por tierra la teoría del dominio de hecho, siendo que González no quería el resultado muerte pero por estar allí le corresponden todas las agravantes que le caben a su consorte de causa.
Indicó que no resulta aplicable al caso la figura del artículo 80, inciso 7, del CP ni se la puede hacer concursar con la del art. 165 del mismo ordenamiento, siendo que por aplicación del principio de especialidad, este último desplaza la aplicación de la primera.
Evocó que González declaró, aunque ello no debería tomarse en cuenta por ser seguida de autoincriminación, que él no estaba de acuerdo, no quería la muerte del remisero, que era una persona trabajadora y que le quería pedir disculpas a la familia “porque no era su intención esa”, lo cual deja en evidencia la falta de dolo.
Aseveró que no se probó ultraintención de matar para consumar el robo, destacando que el voto del doctor Mata al analizar la calificación es el que se adecua a los hechos.
Señaló que se relató parcialmente lo manifestado por los testigos, quebrantando las disposición del artículo 210 del rito para forzar la subsunción en el homicidio criminis causae, correspondiendo la absolución de González por el homicidio de Sergio Daniel Castellanos.
II. Que por su parte la defensa pública del acusado Espíndola denunció la errónea aplicación del artículo 210 del rito y el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica.
Puso de relieve que conforme el material probatorio colectado en la causa resulta imposible que el tribunal haya adquirido certeza respecto de la autoría de su asistido en los hechos en juzgamiento.
En dicha línea señaló que el fallo carece de coherencia al incurrir en contradicciones sobre cuál fue el dato probatorio que permitió arribar a la conclusión de que Espíndola tuvo algún grado de participación en los delitos.
Destacó que los aportes testimoniales de los funcionarios policiales Abellan, Páez, Atucha y Acevedo no tienen coherencia extrínseca y resultan inconsistentes en sus afirmaciones.
Así el primero de los nombrados refirió que cuando arribó al lugar en donde estaba el automóvil de la víctima, fue el preventor Páez quien le indicó que al vehículo lo habían estado rondando dos jóvenes, aportando la descripción de las ropas y el corte de pelo que lucían. Empero, en franca contradicción con ello, al declarar Páez no sólo dijo no recordar cómo eran o qué tenían puesto los sujetos, sino que agregó que nunca tuvo recuerdo de ello, por lo que mal pudo ser fuente de información.
Que también resultan endebles las manifestaciones de la perito Atucha, quien dijo concurrir al sitio donde se hallaba secuestrado el vehículo del damnificado en busca de rastros balísticos, pero lo cierto es que el testigo de actuación de aquella diligencia, el señor Pedroso dio cuenta que la perito arribó al lugar en busca de un arma.
Dicho dato, por otro lado, surgió de la inadmisible declaración de quien se encontraba detenido en esta causa –un hermano de Espíndola- quien violentándose garantías habría manifestado que el encartado se había olvidado el arma en el auto de la víctima, tal como surge del acta de fs. 286 y 287.
Observó críticamente la defensa que el fallo omite considerar prueba esencial como lo fue el reconocimiento de fs. 337 a 340, siendo que los testigos presenciales del hecho Benavídez y Esquivel no pudieron brindar mayores referencias sobre los autores del hecho que no sean las expresiones del primero que alude a dos jóvenes entre veinte y veinticinco años, flaquitos, sin dar ninguna referencia a vestimenta, y el segundo sólo refirió que eran varones. Nadie formuló ninguna referencia al corte de pelo.
Que por su parte, el fallo sostiene que el testigo Sánchez reconoció a Espíndola como el sujeto que ingresó a la remisería a contratar el servicio, señalándolo en la audiencia como uno de aquellos que subieron al auto del damnificado Castellanos en compañía del coimputado González. Sin embargo, el fallo omitió referir y valorar que contrariamente a lo expresado por el testigo, en rueda de personas no pudo señalar a Espíndola como uno de los sujetos que observó aquella noche. Puso de resalto que si no pudo hacerlo en el tiempo cercano a la comisión del hecho, menos se explica que lo reconociera luego de muchos años en la audiencia de debate.
Tal circunstancia resultaba esencial en el proceso de valoración de la prueba, influye en ella y hubiera justificado una decisión contraria a la adoptada por el tribunal.
Que también cuestionó la defensa la errónea aplicación del artículo 80, inciso 7, del código de fondo pues de modo alguno pudo acreditarse durante el juicio el elemento subjetivo de dicha figura legal en cuanto especial ultrafinalidad.
Sostuvo que más allá de la aceptación del resultado muerte como probable no se ha podido demostrar una intención directa de causarla, lo cual resulta incompatible con las ultrafinalidades que reclama el tipo penal adoptado por el tribunal.
No median en el caso elementos de comprobación que evidencien que el plan previo haya sido la muerte de Castellanos para preparar y facilitar el desapoderamiento, siendo que el disparo que terminó con la vida de la víctima no permite afirmar que obedeciera a un designio común. Tampoco se verificó una división de tareas destinadas a cumplir el plan acordado donde cada uno tiene una porción del acontecimiento.
Por todo ello solicitó se mute la calificación de los hechos a la figura del art. 165 del CP.
III. Que a fs. 138 a 145 vta. la señora Defensora Oficial Adjunta ante esta Casación, doctora Ana Julia Biasotti, desistió de la celebración de la audiencia de informes y mantuvo el recurso interpuesto por su colega de la instancia en favor del acusado Espíndola abundando en argumentos en contra de la subsunción en la figura de homicidio criminis causae, y agregó objeciones en torno a la constitucionalidad de la pena aplicada.
IV. Que el señor Fiscal Adjunto ante esta Casación, doctor Fernando Luis Galán, dictaminó a fs. 146 a 152 el rechazo de las impugnación deducidas por las razones de hecho y derecho que desarrolló en su presentación.
V.1. Que respecto del recurso interpuesto por la defensa particular del acusado González advierto que como primer motivo de agravio casatorio se desarrolla un planteo nulificante contra las actas de fs. 1 y 2, 184 a 186 y 219 a 221.
Que alcanza con remitirse al tratamiento de la cuestión previa planteada por el tribunal al momento de dictar veredicto para advertir que similar objeción se sometió a consideración del a quo y fue resuelta en forma favorable a los intereses de las defensas, pues las declaraciones de los imputados Espíndola y González –brindadas cuando se presentaron en sede policial para “entregarse”- fueron corridas del campo probatorio por entenderse que se ha violentado la garantía contra la autoincriminación.
Esto es, se privó de toda eficacia probatoria a las manifestaciones que aquellos formularon ante la autoridad policial –las cuales quedaron consignados en los instrumentos que se labraron en ocasión de la comparecencia de los acusados en la comisaría- como también se excluyó la valoración de toda referencia testimonial que diera cuenta o evocara las expresiones de Espíndola y González ante la autoridad policial vinculada con la comisión del hecho.
Tal como se lo resolvió en dicha cuestión, los desarrollos argumentales posteriores del veredicto muestran que se prescindió de toda consideración sobre las afirmaciones que los imputados formularon ante la autoridad policial al constituirse en detención, siendo evidente que el juicio de culpabilidad de Espíndola y González no tiene sustento en ello, tal como se lo había anunciado en la cuestión previa. Desde luego que la exclusión probatoria no alcanzó a las manifestaciones que aquellos efectuaron a personas de su entorno en relación a los sucesos en los que intervinieron.
En tales condiciones no advierto interés actual en la reedición de esta cuestión ni capacidad de proyección respecto al sentido y alcance de los resuelto sobre el objeto procesal de este juicio.
Destaco en punto al acta de fs. 1 y 2 -casi repitiendo lo señalado por el tribunal de juicio- que dicho instrumento no contiene –ni podría contener-ninguna referencia a las manifestaciones de los imputados al presentarse ante la autoridad policial, pues ello aconteció días luego del acta que da inicio a estas actuaciones, por lo que no podrían alcanzar a su respecto los argumentos invalidantes que tiñen a las consignaciones asentadas en las de fs. 184 a 186 (Espíndola) y 219 a 221 (González).
En cuanto al hallazgo del arma en el interior del automóvil que fuera encontrado incendiado en la vía pública el día veinte de septiembre, la incautación de la pistola se llevó adelante el día veintiséis del mismo mes en el playón en donde aquel estaba en depósito, lo cual deja claramente expuesto que el encuentro del arma de modo alguno puede obedecer a las manifestaciones de los imputados si, como en el caso, el primero de los imputados en ponerse a disposición de la policía lo hizo recién el día veintisiete de aquel mes. Ello fulmina la posibilidad de considerar la incorporación del arma al proceso como el producto de una ilegalidad probatoria anterior.
Todo esto me persuade de desestimar este motivo de agravio.
En punto a la denunciada arbitrariedad valorativa en la que habría incurrido el tribunal de mérito al ponderar los elementos de cargo que lo llevaron a concluir la imputación de González respecto del homicidio de la víctima en términos de coautoría, la crítica defensista no podrá ser acogida.
Quizá convenga recordar que el tribunal tuvo por reconstruido que el día 20 de septiembre del año 2013 siendo aproximadamente las 04:00 hs. En la intersección de las calles 136 y 3 de Berazategui dos sujetos de sexo masculino mediante intimidación con armas de fuego se apoderaron ilegítimamente de un rodado marca Peugeot modelo 504, dominio AHZ 853, que estaba en poder de Sergio Daniel Castellanos, en circunstancia en que ambos sujetos habían solicitado un vehículo en la remisería Santa Rosa, sita en la calle Río Jachal N° 1635 de Florencio Varela, abordando el rodado de mención conducido por la víctima, y al llegar a Berazategui, esgrimiendo armas de fuego se apoderaron del vehículo. “En las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar ambos sujetos mataron a Sergio Daniel Castellanos al efectuarle varios disparos con arma de fuego, una de las cuales (sic) ocasionó inmediatamente la muerte, para con ello perpetrar otro delito, en circunstancias en que para apoderarse ilegítimamente del vehículo mencionado, bajaron a Castellanos del mismo y le dispararon con un arma de fuego en la zona del tórax, resultando que uno de los impactos le produjo la muerte, dándose a la fuga ambos sujetos a bordo del rodado en cuestión y en calles 216 y 260 lo quemaron posteriormente, con la ayuda de al menos otro sujeto.”
Las objeciones que levanta el recurrente sobre la intervención cautoral de González en este suceso, en mi opinión, exhibe una valoración probatoria paralela a la efectuada por el tribunal oral, cuestionándose la preeminencia de los elementos de convicción que fueron razonablemente evaluados en el fallo, particularmente las declaraciones testimoniales que informan sobre aspectos trascendentes de las conductas asumidas por los imputados antes, durante y con posterioridad a la factura de los violentos sucesos.
En esa línea el recurrente afirma que la muerte fue ejecutada por el coimputado Espíndola, siendo este un resultado que no era buscado ni aceptado por su defendido.
Empero, la presencia y activa intervención de González en el hecho, emerge de un cúmulo de elementos que llevaron con adecuada razón lógica a desestimar la ajenidad del imputado en la ejecución y configuración total de estos hechos, incluida la muerte de Castellanos.
En lo que resulta pertinente cabe volver sobre el aporte de Carlos Sánchez, quien laboraba como telefonista de la remisería en la cual trabajaba Castellanos, siendo él quien atendió el pedido de Espíndola solicitándole un remis para trasladarse hasta Berazategui.
Explicó que éste ingresó a la remisería, que se trataba de dos jóvenes de dieciocho o diecinueve años, ambos con camperones, luciendo estos el corte de pelo tipo “tacita”, esto es: pelado de costado y pelo arriba. Evocó que Sergio –la víctima- estaba durmiendo en la parte posterior del local y, ante el pedido de los jóvenes, se levantó para prestar el servicio. En todo conforme con ello el libro de registro de la remisería consigna la salida de Castellanos hacia Berazategui.
Casi al mismo tiempo, Néstor Bartolli, otro de los remiseros salió para prestar otro servicio, siendo que este regresó al tiempo, volviendo a realizar viajes pero Sergio no regresaba. Señaló el testigo que preocupado por la tardanza, recordó que le enviaba “alertas” por Nextel a Sergio, las cuales no cesan de sonar hasta el momento en que se contesta, pero éste nunca respondió. Puso de resalto que en un momento le expresaron “al negro lo hicimos pollo, andá a buscarlo por la Calchaquí”.
Explicó el deponente que interpretó el mensaje como que habían asaltado a Castellanos, motivo por el cual llamó por radio a Bartolli -que estaba regresando de otro viaje- para alertarlo de lo ocurrido. Fue así que este salió a buscar a su compañero, siendo anoticiado el declarante tiempo luego que habían encontrado a Castellanos muerto, baleado en la calle, lugar en donde ya había personal policial interviniendo.
En la audiencia de debate no tuvo inconvenientes en señalar a ambos acusados como los jóvenes que se marcharon aquella madrugada en el auto de alquiler conducido por Castellanos. Incluso en rueda de reconocimientos señaló a González, destacando que por ese entonces estaban pelados, a diferencia de la apariencia que lucieron aquella madrugada. Destaco, en punto a las observaciones críticas del recurrente respecto a la ausencia de firmeza del señalamiento del imputado González, que la propia declaración de González –la brindada a fs. 651 a 654 al amparo de todas las garantías procesales en los términos del art. 317 del CPP- admitiendo haber estado donde el testigo lo ubica, despeja cualquier cavilación en punto a la identidad de quien era la persona que acompañaba a Espíndola aquella madrugada.
En todo conforme con la evocación de los hechos efectuada por Sánchez se expidió en juicio Bartolli, compañero de trabajo de la víctima, quien pudo abundar en detalles sobre el periplo que realizó aquella madrugada en procura de dar con Castellanos, habiendo concurrido incluso a dependencias policiales en donde se le informó la existencia de un “óbito” en la vía pública, lugar al que concurrió comprobando que la persona que yacía tendido en la calle era precisamente
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