Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 93310
"Registrado bajo el Nro. 402 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 16 de Abril de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 93310 caratulada “MORALES JESUS ANGEL GUSTAVO S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA - BORINSKY.
En lo que interesa destacar el Tribunal en lo Criminal nro. 5 del Departamento Judicial La Matanza –con integración unipersonal- dictó veredicto absolutorio respecto de Jesús Ángel Gustavo Morales, por considerar que no ha quedado acreditada la participación del nombrado en los hechos calificados por la acusación como constitutivos de los delitos de robo doblemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y con el uso de arma en grado de tentativa y robo simple en grado de tentativa los que concursan en forma real entre sí, ambos a su vez, agravados por ser cometidos con la participación de un menor de dieciocho años de edad.
El representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación contra el fallo reseñado, denunciando inobservancia de la ley procesal penal en la valoración de la prueba reunida para tener por no acreditada la participación de Morales en los injustos reprochados (fs. 68/73).
Con este norte, señala que el sentenciante ha incurrido en defectos de motivación y lógica en el fallo que ataca, arribando a un pronunciamiento absolutorio infundado.
Con la radicación del recurso en la Sala (fs. 85) se notificó a las partes (85vta., 91/92).
Por su parte, la Sra. Fiscal ante este Tribunal presentó memorial manteniendo los agravios deducidos por su inferior.
Solicitó en consecuencia, se haga lugar al recurso y se case la resolución que se ataca,
dictándose un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (86/88).
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto, en su caso, es procedente?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. El magistrado integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 5 del Departamento Judicial La Matanza, resolvió dictar veredicto absolutorio respecto de Jesús Ángel Gustavo Morales, en relación a los dos hechos en juzgamiento.
Inició el pronunciamiento en examen mediante la descripción de la materialidad infraccionaria que el Ministerio Público Fiscal dio por acreditada.
Así, tuvo por probados los siguientes hechos ocurridos el día 26 de mayo del año 2018:
I. “… entre las 16:00 y las 16:30 aproximadamente, en las arterias República de Portugal entre Sinclair y Lima, de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, al menos cuatro sujetos del sexo masculino –tres de ellos menores de edad- previo acuerdo de voluntades y división de tareas, ejercieron violencia física en las personas de José Omar Méndez y Enzo Gabriel Gómez, a quienes golpearon con una manopla de hierro y distintos golpes de puño que propinaron en sus cuerpos, intentando apoderarse ilegítimamente de las pertenencias de estos, no alcanzando su cometido por razones ajenas a sus voluntades…”.
II. “…el mismo día y horario, aunque instantes después del hecho descripto precedentemente, también en la esquina de las arterias República de Portugal y Asunción de la mentada localidad, al menos dos de los cuatro sujetos del sexo masculino mencionados –uno de ellos menor de edad- previo acuerdo de voluntades y división de tareas, ejercieron violencia física en la persona de Agustín Rodrigo Pretti, a quien agredieron físicamente mediante golpes de puño y patadas, e intentaron apoderarse ilegítimamente de las pertenencias de este a quien le exigían que “entregara todo”, no alcanzando su cometido por razones ajenas a sus voluntades…” (fs. 62/64).
A continuación, el juez sentenciante concluyó que no se tuvo por acreditada la intervención de Jesús Ángel Gustavo Morales en ninguno de los dos hechos descriptos. En el primero, por aplicación del beneficio de la duda y en el segundo, directamente, por no haberse probado su participación, pronunciando veredicto absolutorio a su respecto.
Cabe destacar, que al concluir el debate el Magistrado anunció que expondría los fundamentos del fallo verbalmente, con el correspondiente registro en CD (que forma parte de la causa e integra el acto), con más la constancia escrita de los aspectos centrales de su decisión (fs. 51/55).
II. A fin de lograr un mejor orden expositivo, corresponde reseñar los argumentos invocados por el recurrente en contra de los veredictos absolutorios dictados por el magistrado.
En relación al denominado Hecho I , del que resultaran damnificados los menores Enzo José Omar Méndez y Enzo Gabriel Gómez, alega que el magistrado fragmentó la prueba disponible y la valoró arbitrariamente a fin de sostener una situación de duda que no fue tal, es decir, fundada en razones verosímiles.
En lo esencial, alega que el a quo otorgó un desmedido valor probatorio a los reconocimientos negativos de Méndez y Gómez en el juicio oral, en detrimento del resto del cuadro probatorio disponible, que –a su criterio– era suficiente para sostener la teoría del caso de la fiscalía.
Así, afirma que el acta de procedimiento, aprehensión y secuestro –incorporada por lectura al debate– dio cuenta de las manifestaciones espontáneas de ambas víctimas, quienes inmediatamente después de ocurrido el hecho reconocieron al imputado como uno de los sujetos que intervino en el hecho ilícito.
Agrega que en el juicio, ambos testigos confirmaron el contenido del acta, en relación a que reconocieron al sujeto mientras era trasladado aprehendido por personal policial.
Insiste en que ese reconocimiento espontáneo se realizó inmediatamente, mientras que el efectuado en el juicio oral se llevó adelante tres meses después de cometido el hecho. Destacó que ese nuevo reconocimiento se requirió en la audiencia oral y pública, marco que genera a las víctimas un peso anímico y psicológico mayor, más cuando se trataban de menores de edad.
Agrega que los policías que intervinieron en la aprehensión de Morales declararon en el juicio oral, donde ratificaron el contenido del acta de procedimiento, aprehensión y secuestro incorporada por lectura al debate, es decir, confirmaron haber escuchado cuando las víctimas sindicaron espontáneamente a Morales como uno de los sujetos que los agredieran, instantes antes.
Finalmente, destacó que Morales, al ser aprehendido, vestía una prenda color fluorescente -circunstancia no controvertida-, a la que también hicieron alusión los testigos que declararon en el juicio. Agregó, por último, los indicios de presencia y oportunidad que colocaron a Morales en el lugar del hecho.
En relación al denominado Hecho II , alega que el magistrado desvinculó arbitrariamente al imputado como coautor del hecho y que si bien el damnificado Pretti, en el juicio oral, realizó una descripción de los dos sujetos que lo atacaron, esa información debió vincularse con los reconocimientos espontáneos de Méndez y Gómez (víctimas del denominado Hecho I), que colocaron a Morales en el escenario de los hechos, en atención a la brevedad en que todo el suceso se desarrolló y la persecución policial posterior que terminó con varias aprehensiones.
III. Ahora bien, luego de la escucha y posterior lectura de los fundamentos del veredicto, adelanto que –a mi modo de ver- no se desprenden con claridad las razones que llevaron al sentenciante a absolver a Morales en el denominado Hecho I (del que resultaran víctimas Gómez y Méndez), pues no advierto en su desarrollo “un estado de duda insuperable” en torno a la participación del imputado.
El juzgador tuvo por acreditada la materialidad ilícita de los dos sucesos en juzgamiento, a partir de los testimonios rendidos en el debate y las pruebas que se incorporaron por lectura, dejando en claro que la hipótesis fáctica no venía discutida por la defensa.
Luego, en el marco del denominado Hecho I, comenzó su voto rechazando los planteos de nulidad y exclusión probatoria que, respecto de la incautación de una manopla de hierro en poder de uno de los aprehendidos, introdujera la defensa. Entendió, con buen criterio, que su existencia y utilización se acreditaron a partir de los testimonios de las víctimas en el juicio y de las lesiones certificadas por haber sido ocasionadas con dicho elemento.
Por otro lado y en orden a la participación del imputado en este hecho, comenzó señalando “no se me escapa que en el acta de procedimiento que fue incorporada por su lectura, las dos víctimas [Gómez y Méndez] habrían manifestado, cuando descendió el acusado Morales del patrullero a la comisaría, que este también era uno de los que les habían robado” (ver fs. 53vta).
No obstante, le asignó a aquella información un valor probatorio que calificó de “muy dudoso”, considerando las circunstancias en que la identificación fue practicada (cuando el imputado bajaba, esposado por la policía, en la puerta de la comisaría).
Luego, consideró que la debilidad convictiva de aquel elemento terminaba por “derrumbarse” cuando en la audiencia ninguno de los dos damnificados pudo identificar a Morales como una de las personas que los perjudicaran.
Sobre el reconocimiento practicado en el juicio, reparó en que al “primer testigo menor [Gómez, conforme acta a fs. 56vta.], se lo notó sumamente temeroso” aunque no reticente. Agregó que frente a las indicaciones de la defensa, cuando le pidió que mirara en la sala, “miró para todos los sectores de la sala menos o muy fugazmente para donde estaba sentado el acusado” (fs. 54). No obstante, destacó que la acusación no lo confrontó al respecto, por lo que “deb[ía] estar a lo que el testigo expresó en este juicio" (fs. 54vta).
Finalmente, respecto del testigo Méndez, señaló que tampoco pudo identificar al agresor en la sala, pero recordó que en aquella oportunidad –refiriéndose al día del hecho-, “había reconocido a las cuatro personas que (…) la policía había llevado aprehendidas a la comisaría (…) entre las que se encontraba un sujeto de remera fluorescente amarillo” (fs. 54vta). Destacó el juez que lo expuesto por el testigo coincidía con el contenido del acta y no venía discutido.
Sin embargo y al igual que en el caso anterior, el magistrado consideró que el reconocimiento así practicado (el relatado por el testigo), aún sin ser irregular, se debilitaba por ser indicativo, concluyendo que frente a lo manifestado por el testigo en el debate, debía ceder (fs. 54vta).
Dicho esto, el a quo razonó “nos queda en definitiva lo manifestado por uno de los policías que participó en la aprehensión del acusado”, mencionando al oficial Pelegrina. Reseñó su testimonio en cuanto declaró que aquel día logró dos aprehensiones. Se centró en la segunda cuando explicó que vio a tres sujetos que se dispersaron al observar el móvil policial, saliendo dos para un lado y el tercero, para otro, que es el sujeto que él y su grupo aprehendieron. Agregó que luego, en la comisaría, “vio que personal de policía local traía a uno de estos sujetos que se habían dado a la fuga y personal caminante traía al restante” (fs. 54vta/55).
Frente a lo anterior, el magistrado concluyó “en definitiva, lo único que tendríamos como elemento de cargo directo contra Morales es que en el mejor de los casos Pelegrina lo habría visto instantes antes con otros dos sujetos más” (fs. 55), relativizando en definitiva esa premisa, con fundamento en que en el juicio oral, preguntado sobre las características de esas personas, dijo no recordarlas pero que le parecieron que eran cuando las vio en la comisaría.
En definitiva, frente al desarrollo anterior y por aplicación del principio de la duda, el magistrado consideró que correspondía la absolución de Morales.
IV. Por mi parte, en orden a la participación de Morales en este denominado Hecho I, entiendo que el magistrado valoró arbitrariamente el cuadro probatorio disponible a fin de aplicar el art. 1 del CPP.
En lo esencial, coincido con el recurrente en que el juez fragmentó la prueba y la analizó por separado, arribando a una situación de duda que no fue tal, es decir, fundada en razones verosímiles, incurriendo en arbitrariedad.
En efecto, observo que el magistrado, a la par de otorgar relevancia a los reconocimientos negativos del juicio de los damnificados, quitó –sin justificación alguna- todo valor probatorio al resto de la información incorporada a través del discurso de Gómez y Méndez (por ejemplo, que uno de los sujetos que los agredió vestía una remera fluorescente), a partir de la cual se podían corroborar parte de las proposiciones fácticas de la teoría del caso de la fiscalía, en especial al confrontar los datos aportados por los testigos con el resto del material disponible (como, por ejemplo, que se aprehendió a un sujeto con características coincidentes a las expuestas, en las inmediaciones del lugar y a escasos minutos de cometido el hecho).
Sin embargo y previo a avanzar en el análisis, corresponde señalar que en el juicio oral seguido al encartado Morales se inobservó el art. 362 del CPP, lo que invalida los reconocimientos allí practicados.
Es que, a partir de la sanción de la ley provincial 15001, se introdujo una reforma del citado artículo, que impacta directamente sobre la modalidad de individualización del acusado durante la audiencia de debate en aquellos casos que ordinariamente la doctrina ha tratado bajo la caracterización de “reconocimiento impropio”.
En lo pertinente, la reforma inscribe como manda: “Inspección judicial. Reconocimientos. Careos. Cuando fuera necesario, se podrá resolver que se practique la inspección de un lugar, lo que deberá ser realizado por el tribunal con asistencia de las partes. De la misma forma se podrá disponer el reconocimiento de personas y la realización de careos.
El reconocimiento deberá efectuarse en rueda de conformidad con lo establecido por el artículo 259 arbitrando los medios para evitar en lo posible que quien deba practicarlo vea al imputado antes de la diligencia o deba enfrentarse con él”.
La audiencia de debate se desarrolló encontrándose vigente esta reforma -promulgada el 10 de enero de 2018- lo que desde el vamos impone repensar los criterios de interpretación anteriores dado que, a diferencia del sistema hoy imperante, no existía una regla expresa como la que ahora analizamos, por lo que, desde este punto de vista, no puedo acompañar el criterio que el juzgador ha adoptado en este sentido.
Es que, cuando el legislador decide regular expresamente el desarrollo de este instituto durante el curso del debate, es posible encontrar una interpretación teleológica desde los propios fundamentos que acompañaran la exposición de motivos para su sanción.
Así puede destacarse que expresamente se ha señalado “… En cuanto a la modificación del artículo 362, la misma obedece a similar preocupación con algunas circunstancias adicionales que es conveniente apuntar. La práctica tribunalicia de diversos órganos jurisdiccionales ha impuesto que se admita como parte integrante de una declaración el reconocimiento directo y en la propia sala de debate, mediante el pedido de que indique el declarante si la persona a reconocer se encuentra en la sala de audiencias. Tal práctica es lesiva de los derechos de la víctima, de los testigos y del propio imputado, e inconveniente a los fines de la averiguación de la verdad material. En cuanto a testigos y víctimas, se los expone, una vez más, a confrontar directamente con el posible victimario, pudiendo ser amedrentados por la sola realización de tal acto y propiciando así un reconocimiento negativo por temor. En cuanto al imputado, tal práctica puede también afectar su derecho de defensa, ya que resulta indicativa, pues el declarante puede fácilmente ubicar a quien resulta imputado por el lugar que ocupa, por su vestimenta diferenciada de la de los profesionales del derecho, porque no hay otras personas en la sala, etc., de modo tal que el declarante puede resultar inducido involuntariamente a reconocerlo, aun cuando sea inocente, en desmedro de la verdad material. De allí que el procedimiento más adecuado en caso de solicitarse y ser necesario un reconocimiento, es el de arbitrar los medios para practicar una rueda en debida forma”. (Cfr. Fundamentos de la Ley 15001, el destacado y cursiva son propios).
Pareciera entonces que la novel regla está inspirada en un enfoque bidimensional que persigue por un lado la tutela de los testigos, lo que naturalmente incluye a las víctimas, y los derechos de quien es sometido a proceso. Aun cuando los fundamentos puedan ser de diferente naturaleza, está claro que convergen en un punto que, en el particular, viene dado por la calidad y fiabilidad de la información que conduce a la identificación de un acusado.
Las formas que instituye la nueva legislación, en cuanto remite a la regla del art.259 (condiciones bajo las cuales debe desarrollarse un reconocimiento en fila de personas), persigue garantizar el debido proceso y con ello una condición epistemológica de adquisición probatoria.
Esas “formas” que la regla actual del art.362 regula de manera imperativa al prescribir “El reconocimiento deberá…” indicando a su vez pautas de orientación para preservar la naturaleza del acto, no dejan margen de especulación, aun cuando su práctica a como vienen desarrollándose los debates hasta el presente pueda presentar dificultades materiales para su operatividad. Las pautas de orientación persiguen esclarecer este extremo y posiblemente obligue a las partes, en el futuro, a tomar nota de ello y extremar los recaudos en su técnica de litigación.
Ingresando en el caso que nos ocupa, el acta de debate ilustra sobre los pormenores en que el defensor de Morales solicitó que los testigos Gómez, Méndez y Pretti (damnificado del denominado Hecho II, sobre el que volveré más adelante), cada uno a su turno, identificaran al acusado en la sala, en función de lo manifestado en sus respectivas declaraciones.
Observo que si bien en dicha oportunidad no hubo cuestionamientos en torno a la medida requerida, el magistrado no se hizo cargo del imperativo de la nueva regla del art. 362 del CPP, al aceptar su realización y erigir el resultado como prueba dirimente para resolver el caso.
No caben dudas, a poco que se repare en las circunstancias que rodearon tanto la petición de la defensa como el desarrollo de la diligencia misma, que se trató de un reconocimiento sobre la persona del acusado. Ahora bien, esta diligencia, de conformidad con el precepto legal que ahora la regula expresamente, debió llevarse a cabo según las reglas del reconocimiento en fila de personas que establece el art.259, procedimiento que no fue observado, sin argumentarse razón alguna que impidiera seguir la práctica que la ley marca.
En mi parecer, no puede perderse de vista que las formas procesales son mecanismos de protección. En palabras de Binder, “las formas son la garantía misma que permite detectar la violación de uno de sus principios”. Es entonces que para garantizar el cumplimiento de sus principios, el legislador ha establecido requisitos concretos para el desarrollo de los actos procesales, tal como se desprende de la regulación de los arts. 362 y 259 del rito que mutan en estos supuestos, como formas esenciales que deben resguardarse.
Corolario de un sistema de garantías es que cuando no se cumple una forma (se incumple un requisito legal o se rompe una secuencia necesaria) la actividad procesal se vuelve inválida o defectuosa. Vale entonces concluir que la lesión a una norma de adquisición probatoria sólo puede conducir a la i
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