Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala VI · Causa 79588
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación articulada por el Agente Fiscal, Dr. Gabriel Antonio Sotelo.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, condenar a Mariano Damián Correa a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas.
Rigen los arts. 18 CN; 5, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41 del CP; 1, 3, 20 inc. 1, 106, 371, 373, 375, 434, 448 inc. 1°, 450 1er párrafo, 451, 452 inc. 1°, 454 inc. 1, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP.
En la ciudad de La Plata a los 1 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, doctores Ricardo R. Maidana, Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa nro. 79.588, caratulada: “Correa, Mariano Damián s/ recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal”, conforme el siguiente orden de votación: Maidana – Natiello – Kohan.
El 17 de diciembre de 2015, la Dra. Andrea Celia Bearzi, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal nro. 6 del Departamento Judicial Morón, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, el imputado y el Defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c y s.s del CPP, condenó a Mariano Damián Correa como coautor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, y autor de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con disparo de arma de fuego criminis causae y portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso material entre sí, eximiéndolo de toda sanción estatal al invocar la pena natural, disponiendo la inmediata libertad, sin costas. (arts. 54, 55, 104, 105 en función del 80 inc. 7, 189 bis, inc. 2, cuarto párrafo, 239 y 277, inc. 1, apartado “c” e inc. 3 apartado “b”, del CP).
Contra dicha decisión, el Agente Fiscal, Dr. Gabriel Antonio Sotelo, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 166/171.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento de juicio abreviado en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451 , 452 inc. 2 y 4, CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene el impugnante que el recurso resulta admisible al tratarse de una sentencia definitiva, según lo normado por los artículos 450, primer párrafo y 452 inc. 2 y 4 del CPP. Alega, que el sentenciante incurrió en un error in procedendo con quebrantamiento de las formas esenciales en lo que hace a la motivación de la misma, tornándola en arbitraria, por falta de motivación, supuesto, que a su juicio, lo exime de protesta previa, conforme los arts. 448 inc. 1ro y 449 inc. 5 del CPP. Afirma que el fallo puesto en crisis, no cumple con la ley vigente en cuanto a las penas establecidas por el artículo 5 del CP, ni con la doctrina jurisprudencial reinante, al eximir la Juez, de la pena de prisión al imputado Correa. Cita doctrina de este Tribunal en apoyo a su postura. Solicita se case la sentencia en cuanto a la aplicación de la pena natural, con reenvío a los fines que mediante juez hábil se dicte un nuevo pronunciamiento.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, dictaminó a favor del remedio articulado según los argumentos obrantes a fs. 212.
Limitados de tal modo el motivo de agravio consignado por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. de esta Sala, c. 55.583, “ Mendoza, Fidel Ángel s/ Recurso de Casación” , sent. del 14 de mayo de 2013, reg. 138/13; c. 55.868, “Benítez, Julio César s/ Recurso de Casación”, sent. del 12 de julio de 2013, reg. 273/13; c. 56.420, “Diaz Quintela, Víctor Antonio s/ Recurso de Casación”, sent. del 30 de julio de 2013, reg. 283/13 , entre muchas otras).
La ampliación del ámbito de revisión del fallo, de conformidad con las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8, n° 2, h) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14, n° 5), que se acordó al recurso de casación (por todos, cfr. CSJN in re “Casal”) no se extiende al acusador público. Ello así en la medida en que el recurso es una garantía procesal solo del condenado pero no del Ministerio Público Fiscal, para quien se erige como una simple facultad que concede la ley al Estado (cfr. CSJN, Fallos: 320:2145). Como consecuencia de ello, en casos en los que el acusador ejerza dicha potestad legal, no corresponde apartarse de los motivos enunciados por el art. 448, inc. 1º, del CPP, justamente porque es la ley la que lo ordena (“El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos...”; art. cit.) ; de tal manera, cabe afirmar que en este tipo de supuestos, la evaluación en el ámbito de esta Sede del razonamiento desplegado por los sentenciantes sobre la valoración que hicieran de la prueba, queda circunscripta a la determinación de absurdo o arbitrariedad.
El recurso no habrá de prosperar.
Preliminarmente cabe destacar que el A Quo tuvo por acreditado que: “…en fecha indeterminada pero que es dable establecer entre el día 4 de octubre del año 2011 a partir de las 21:00 hs., y el día 5 del mismo mes y año, hasta la hora 21:10, en un lugar indeterminado, pero dentro del territorio de la provincia, dos sujetos varones recibieron con ánimo de lucro –demostrado con su uso- y a sabiendas de su procedencia ilícita, una camioneta marca Ford Ecosport, dominio colocado JBY-615, toda vez que la misma había sido sustraída a su propietaria María Eugenia Martinelli, en la ciudad de Morón y que motivara la denuncia en la fecha indicada en primer término y por ante las autoridades de la Comisaría de Morón 1°”. ( fs. 149vta./150). También que “…el día 5 de octubre de 2011, siendo aproximadamente la hora 21.00, sobre la calle Lanús a metros de su intersección con la arteria Ibáñez, de la localidad y partido de Morón, personal policial advirtió que el vehículo sustraído se encontraba allí estacionado, y en momentos en que se esperaba el arribo de una grúa para retirarlo, arribaron al lugar los mismos sujetos varones que intervinieron en el hecho anterior, a bordo de un rodado marca Fiat Palio dominio colocado BPK-445, bajando el acompañante llave en mano para abordar el vehículo sustraído, por lo que el personal policial dio la voz de alto la cual no fue acatada por el conductor quien, con el objeto de lograr su impunidad intentó huir del lugar, no sin antes efectuar un disparo con la escopeta recortada calibre 16 número de serie 29103, la cual portaba sin la debida autorización legal para ello, hacia el Capitán Carlos Astrada, sin causarle lesiones, siendo ambos masculinos aprehendidos”. (fs. 150/150vta.)
Corresponde abordar el único planteo efectuado por el Fiscal, en torno a su disconformidad con la eximición de toda pena estatal resuelta.
Señala el impugnante, tal como se expusiera al comenzar la segunda cuestión, que la Jueza incurrió en un error in procedendo con quebrantamiento de las formas esenciales respecto de la motivación.
El gravamen invocado radica en la contradicción entre la pena requerida (a 4 años de prisión, accesorias legales y costas) con la eximición de toda sanción penal resuelta, explicando que no hubo motivación.
En la causa nro. 64.033 (C 64033 Balmaceda, César Mario s/ recurso de casación 22/6/2015) la Sala ha dicho que resulta presupuesto para la aplicación del instituto que el daño padecido por el condenado haya sido causado con motivo o en ocasión del hecho reputado ilícito, sea por su propia conducta o por la de terceros, pero necesariamente generado por la autopuesta en peligro al ejecutar la conducta típica (Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro en Derecho Penal, Parte General, Editorial Ediar, año 2000, pág. 953). Más allá de lo expuesto, esta clase de compensación, como parte de las herramientas que se brindan como alternativa para la resolución de conflictos, se construye sobre la base de un supuesto donde la sanción aparece como “manifiestamente errada” o para aquellas situaciones donde puede verificarse que el sujeto ha sido “suficientemente castigado” por las repercusiones de su delito (Cfr. Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Fundamentos, Tomo I, Ed. Civitas, pág. 130).
Asimismo como integrante de la Sala I, he adherido al voto de mi colega, Dr. Daniel Carral, en la Causa nro. 83718 del 30/8/2017 “Argüello, Pablo José s/ recurso de casación”, en la que con remisión a la causa n° 59.952 “Martínez Figueroa, David H.”, indicó que la pena natural como entidad compensatoria cuenta ya con numerosos precedentes y una amplia receptación doctrinaria (vgr. Claus Roxin, “Derecho Penal, Parte General, Fundamentos. La estructura de la pena”, Tomo I, Ed. Civitas, pág.130, entre muchos otros) incluso, tiene expresa recepción legislativa en nuestro ordenamiento procesal como parte de las herramientas que se brindan como alternativa para la resolución de conflictos y la disponibilidad de la acción penal por su titular (art. 56 bis C.P.P.) y en el ámbito nacional, con su inclusión entre los criterios de oportunidad procesal reconocidos por los Estados provinciales para finiquitar la pretensión punitiva (art. 59 inc. 5° C.P. texto s/ ley 27147). “…En esencia, la situación que da lugar a la compensación por pena natural parte de un supuesto donde la sanción aparece como “manifiestamente errada” (en términos de la descripción que efectúa en Reinhart Maurach, Karl Heinz Gossel, Heinz Zipf, “Derecho Penal, Parte General”, Tomo 2, pág 855/856, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995) o, en su caso, para supuestos donde puede verificarse que el sujeto ha sido “suficientemente castigado” por las repercusiones de su delito (Cfr. Roxin, ob.cit.).
En el caso de autos Mariano Damián Correa padeció, según lo indicara la Jueza –fs. 156-, como consecuencia de su conducta, una lesión medular a nivel T2-T3 por herida de arma de fuego con secuela de paraplejía y vejiga e intestino neurogénico, presentando hemotórax bilateral secundario e impacto del proyectil, movilizándose actualmente en silla de rueda que auto propulsa (conforme surge del resumen de la historia clínica obrante a fs. 555).
Dicha circunstancia no sólo que no puede soslayarse, pues es consecuencia de su accionar delictivo, sino que, en contra del reclamo hecho en el recurso, el A Quo , expresamente la detalló, realizando además consideraciones que la sustentan, por lo que la falta de motivación no es tal y, en todo caso, el impugnante se limitó a mencionarla sin que efectúe un desarrollo escrito de las razones por las que encuentra que la fundamentación efectuada en la sentencia no satisface dicha motivación.
Lo propio cabe decir del reclamo de inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial correspondiente pues, nuevamente, se limita a denunciar la falta de cumplimiento de la ley –art. 5 del Código Penal-, pero omite explicar dicha circunstancia ante los fundamentos constitucionales expuestos por el A-Quo que, por tal motivo, persiguen resguardar la supremacía constitucional.
Es decir que no fundamentó la objeción de falta de cumplimiento de la ley, teniendo en cuenta que dicho reclamo se encuentra en tensión con la supremacía constitucional –de acuerdo a la explicación que se hiciera en la sentencia-.
No puede tampoco dejar de advertirse que los antecedentes jurisprudenciales citados (de Sala III y IV del Tribunal de Casación), en ambos casos –diferentes al de autos-, admiten, en las condiciones que señalan, la posibilidad de considerar la penal natural.
Sin perjuicio del alcance asignado por el suscripto, lo cierto es que este instituto se construye sobre la base de un supuesto en que el sujeto hubiere sido “suficientemente” castigado por las repercusiones de su delito, dicha circunstancia fue fundamentada por el A Quo mediante un desarrollo concreto, sin que el recurso contenga explicación alguna que permita advertir arbitrariedad o insuficiencia que posibilite hacer lugar al reclamo
Por todo ello, habré de proponer que no se haga lugar al recurso de casación interpuesto.
En virtud de las razones expuestas, propongo al Acuerdo, declarar admisible el recurso interpuesto por el Agente Fiscal, Dr. Gabriel Antonio Sotelo, y rechazar su procedencia, confirmando la sentencia del Tribunal en lo Criminal nro. 2 del Departamento Judicial Morón (en relación a la causa nro. 1378, IPP nro. 32039-11) (arts. 18 CN; 5, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41 del CP; 1, 3, 20 inc. 1, 106, 371, 373, 375, 434, 448 inc. 1°, 450 1er párrafo, 451, 452 inc. 1°, 454 inc. 1, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Natiello, dijo:
Me he pronunciado acerca de la adopción del principio de pena natural en anteriores precedentes y es mi opinión de antaño en no considerar que las lesiones sufridas por el imputado en consecuencia de su raid delictivo y que fueran realizadas por quien legítimamente ejercía su defensa, sea un motivo que pueda subsumirse en el concepto de “poena naturalis”.
En palabras del Señor Juez de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, “ se llama pena natural al mal grave que el agente sufre por la comisión del injusto o con motivo de éste, pues de componerse la pena estatal sin referencia a ésta pérdida, la respuesta punitiva alcanzaría un quantum que excedería la medida señalada por el principio de proporcionalidad entre delito y pena, sin contar con que lesionaría seriamente el principio de humanidad, y que también extremaría la irracionalidad del poder punitivo, pues llevaría hasta el máximo la evidencia de su inutilidad …” (Derecho Penal, Parte General; Zaffaroni, Alagia y Slokar; pág. 95).
En esta clara ilustración puede ser complementada con los antecedentes mediatos, el artículo 60 St.Gb que tuvo especial acogida en el art. 56 bis de nuestro código ritual en los llamados criterios especiales de archivo.
Así, en esta inteligencia debe entenderse a la pena natural tal como ocurre en el país antecedente, la República Federal de Alemania, donde se extiende a la muerte o lesiones de parientes a los que pueden sumarse familiares cercanos o lazos y vínculos cercanos, pero nunca más allá de estos (cfr. El proceso penal en la provincia de Buenos Aires. Ed. Ad-Hoc, pág. 54).
Entiendo que, quien se vale de un arma para lograr un designio criminal en ese accionar afronta las eventuales consecuencias de su acto ilícito, esto es, su fatalidad está comprendida en el obrar doloso con el que actuó.
En consecuencia, considero que corresponde hacer lugar al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal y de acuerdo al quantum punitivo pactado en el acuerdo de juicio abreviado, condenar a Mariano Damián Correa a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas.
Es mi voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. DECLARAR ADMISIBLE la impugnación articulada por el Agente Fiscal, Dr. Gabriel Antonio Sotelo.
II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, CONDENAR a Mariano Damián Correa a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas.
Rigen los arts. 18 CN; 5, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41 del CP; 1, 3, 20 inc. 1, 106, 371, 373, 375, 434, 448 inc. 1°, 450 1er párrafo, 451, 452 inc. 1°, 454 inc. 1, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Morón, al que se le encomienda anoticiar al causante de este decisorio y unir este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
Firmado. Ricardo R. Maidana, Juez de la Sala VI Tribunal de Casación Provincia de Buenos Aires; Mario E. Kohan, Juez de Casación Provincia de Buenos Aires, Carlos A. Natiello, Juez de Casación Provincia de Buenos Aires. Ante mí: Diego D. M. Alcalde, Secretario Sala VI, Tribunal de Casación Penal, Provincia de Buenos Aires.
Fin de la sentencia