Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 81251
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Gustavo David García.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 57/73vta. por el Agente Fiscal, casar y anular el fallo atacado, y consecuentemente, remitir los autos a la instancia de origen para que, por intermedio de jueces hábiles, celebre un nuevo debate (art. 106, 209, 210, 373, 461, cits. y ccs., CPP); sin costas
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 118/vta.
Rigen los artículos 14, ley 48; 45 y 144 bis inc. 3°, CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 371, 373, 448, 450 primer párrafo, 451, 452 inc. 1°, 461, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
“ Registrado bajo el Nro. 321 Año 2017 ”
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 18 de abril de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo R. Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa N° 81.251, caratulada: “ Pérez Varesse Víctor Doroteo o Pérez Varese Víctor Doroteo; Rico, José Antonio; Benain, Ricardo Andrés y Villa, Gustavo Enrique s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal ”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA – CARRAL .
El 14 de junio de 2016 el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial Dolores, dictó veredicto absolutorio a favor de Víctor Doroteo Pérez Varese, Gustavo Enrique Villa, José Antonio Rico, Esteban Alberto Abraham y Ricardo Andrés Benain, en orden al hecho por el que fueron requeridos en juicio que fuera calificado por el Ministerio Público Fiscal como severidades en los términos del art. 144 bis inc. 3° del Código Penal, por no haberse probado la coautoría de cada uno de ellos en el mismo.
Contra dicho pronunciamiento, el Agente Fiscal, Dr. Gustavo David García, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 57/73vta.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 15/03/2017 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Habiendo sido deducido el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 20, inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 452, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
Alega el impugnante que el Tribunal –al entender que no estaba acreditada la participación de Víctor Doroteo Pérez Varese, Gustavo Enrique Villa, José Antonio Rico, Esteban Alberto Abraham y Ricardo Andrés Benain– ha realizado una absurda valoración de la prueba y ha inobservado la doctrina jurisprudencial de esta Sede (cita e individualiza los fallos) al no valorar las declaraciones testimoniales ingresadas por su lectura al debate conforme lo dispone el art. 366 CPP (especifica la de Leandro Alberto Brandan Orieta, María del Carmen Valenzuela, Miguel Ángel Durand Faur y Marcos E. Ruiz Díaz). Sobre la base de lo expresado por los acusados Esteban Alberto Abraham y Víctor Doroteo Pérez Varese y partiendo que el Tribunal dio por acreditada la materialidad infraccionaria, entiende que la conclusión arribada en cuanto a la participación de los acusados resulta incongruente y absurda. Agrega que no se tuvo en cuenta lo que explicó respecto de la razón por la cual De Ángelis no los reconoció. Transcribe la prueba escrita. Hace reserva del caso federal.
El Fiscal de Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, ratifica el recurso interpuesto por su colega de la instancia, solicitando se haga lugar a lo peticionado (fs. 115/116).
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith De Seta, postula la inadmisibilidad del recurso por violación al ne bis in idem , reformatio in pejus , debido proceso, derecho de defensa, doble instancia y conforme, conforme las consideraciones que formula en su memorial. Hace reserva del caso federal (fs. 117/118vta.).
El A Quo tuvo por acreditado que “ ...el día 30 de mayo de 2007, en las primeras horas de la madrugada dentro del predio en donde se encuentra desplazada la Unidad Penal 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en calle Riobamba entre Alberdi y Alem de la ciudad de Dolores, en la parte trasera de la misma y frente al galpón donde se fabricaban bloques, funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense en circunstancias en que se realizaba el traspaso de internos desde un vehículo que procedía de la Unidad Penal 15 al correspondiente al de la Unidad Penal 29, impusieron severidades a los detenidos Gustavo Orlando Molas Silva, Claudio Sebastián Gomenzoro Mendoza y Javier Heredia Gómez, quienes se encontraban en el segundo de los camiones, las cuales consistieron en pegarles con un palo dentro del camión, luego bajarlos a empujones y golpes, tirarlos al piso donde les aplicaron palazos en diversas partes del cuerpo, los arrastraron, les sacaron las zapatillas para golpearlos en las plantas de los pies y en los tobillos, ocasionando las siguientes lesiones: a Molas Silva hematoma en rostro, en ambos pómulos, labio superior e inferior, contusiones múltiples en dorso y pie derecho, excoriaciones en muñeca izquierda, codo derecho y rodilla derecha; a Gomenzoro Mendoza contusiones y excoriaciones en región frontal, contusiones en ambos pómulos, herida cortante en ambos labios, excoriaciones en cara dorsal muñeca derecha, excoriación en hombro izquierdo, excoriaciones lineales superficiales en región dorsal, excoriaciones en ambas rodillas, y contusión temporoocciopital izquierda; y a Heredia Gómez contusión en pómulo derecho, contusión en arco superciliar izquierdo, mano y brazo derecho, y excoriación en rodilla derecha ” (fs. 82vta.).
Sin embargo, como se adelantó, el Tribunal entendió que la participación de los procesados no se encontraba debidamente acreditada (cfr. cuestión segunda del veredicto, fs. 48vta. y ss.).
El impugnante considera que dicha conclusión constituye el fruto de un absurdo, especialmente por las consideraciones realizadas por el Tribunal en la materialidad infraccionaria que tuvo por acreditada.
Conforme tengo dicho, la extensión que, por vía de una interpretación compatible con las exigencias de los Pactos sobre Derechos Humanos, se acordó al recurso de casación (por todos, cfr. CSJN in re “Casal”) obviamente no opera cuando es el acusador público el que impugna un pronunciamiento final. Ello así en la medida en que el recurso es para el imputado una garantía de raigambre constitucional que ha sido reconocida por diversos Tratado de Derechos Humanos, mientras que el recurso fiscal se erige en una simple prerrogativa que concede la ley ritual al mismísimo Estado (cfr. CSJN, Fallos: 320:2145). Entonces, en casos en los que el acusador ejerza dicha potestad legal –salvo cuando recurra en favor del imputado–, no corresponde apartarse de los motivos enunciados por el art. 448, inc. 1º, del CPP, justamente porque es la ley la que lo ordena (“ El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos ...”; art. cit.); de tal manera, cabe afirmar que las cuestiones referidas a la valoración probatoria quedarían –en este tipo de supuestos– fuera del ámbito de esta Sede, salvo absurdo o arbitrariedad (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 59.446, “Martínez, Mario Daniel s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal” , reg. 26 del 23/02/2015; ídem, Sala I, c. 78.008, “ Candia, Edgardo Raúl s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal ”, reg. 634/2016).
Le asiste razón al impugnante.
Una de las piezas claves resulta, a mi modo de ver, el testimonio que en la oralidad prestó Ricardo Javier De Angelis. El citado dijo expresamente: “ [l]os que los golpearon fueron los del Servicio Penitenciario, que estaban a cargo de la comisión que iba para La Plata... ” (fs. 43), agregando –en relación a los integrantes de la comisión de traslado- que “ ...eran bastantes, no creo que llegaran a diez, incluso había una mujer que llevaba a dos internas de la Unidad 50, para comparecer a La Plata pero no estuvo en el problema... ”, aclarando finalmente que en la golpiza no intervino personal de la Unidad 6 (fs. 43 in fine ); de hecho, pudo describir a dos de los que identificó: “ El jefe era alto, ancho, tirando a medio gordo, en ese tiempo estaba pelado, usaba un gorrito negro tipo pasamontaña. Lo vi en otros traslados. Otro era flaco, alto, de bigotes, era la mano derecha del Jefe de la comisión. Esas son las dos personas que me quedaron grabadas, después le mentiría... ” (fs. 43vta.).
Ahora bien, con ese testimonio y el resto de la prueba producida e incorporada al debate que se detalló en la cuestión primera del veredicto (cfr. fs. 42vta/47), el A Quo , tras escuchar a dos de los procesados –Abraham y Pérez Varese- en el debate decir que intervinieron al sólo efecto de hacer cesar un conflicto suscitado en el interior del camión entre tres internos y que en todo momento ajustaron su comportamiento a lo que indican las normas y los protocolos de actuación, descartó dicha versión en tanto “ se desmorona ante la contundencia y concordancia que exhiben los dichos de los testigos que declararon ante el Tribunal y las partes ” (fs. 47). En efecto, de seguido agregó: “Considero que si todo hubiere sucedido del modo en que lo manifestaron los procesados Abraham y Pérez Varese, esto es a través de la disuasión verbal y solo ante el fracaso de ésta, haciéndolos bajar a los internos del camión y hacerlos poner en el piso boca abajo para ser reesposados, no hubieren presentado las múltiples lesiones que fueron constatadas por los facultativos” (fs. 47vta.; sobre el detalle de las lesiones, v. 46vta.).
A partir de lo expuesto, ya en la cuestión segunda del veredicto, se detalló el contenido del informe –ingresado por lectura- emanado de la Dirección de Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, del que surge que en fecha 30 de mayo de 2007 la comisión afectada al servicio de traslados de internos desde la Unidad Penal 6 de Dolores, a la Unidad Penal 29 de Melchor Romero estaba compuesta por Esteban Alberto Abraham, a cargo de la misma, por José Antonio Rico, Gustavo Enrique Villa, Víctor Doroteo Pérez Varese –todos ellos como custodia-, Ricardo Andrés Benain –como chofer- y una femenina no sometida a este proceso (cfr. fs. 48vta.).
Sin embargo, con dicho caudal probatorio de cargo, el Órgano jurisdiccional de grado realizó la siguiente afirmación: “Si bien, del testimonio de De Angelis surge que fueron los integrantes de la comisión de la citada Unidad, la cual estaba conformada por los cinco acusados, es lo cierto que no puede afirmarse como lo ha hecho la Fiscalía que todos ellos hubieren intervenido activamente en la golpiza, ya que el nombrado al tenerlos ante sí no señaló a ninguno de ellos” (fs. 49vta.).
Una primera observación. Desde el hecho disvalioso al juicio transcurrieron poco más que nueve años, lo que permite explicar la seguridad del testigo en afirmar que fueron los integrantes de la citada Comisión quienes golpearon a los internos (repito la frase que dijo el nombrado De Angelis: “ Los que los golpearon fueron los del Servicio Penitenciario, que estaba a cargo de la comisión que iba para La Plata ”, según fs. 43; también cuando describe el lamentable escenario: “ ...estaba gente de la comisión golpeando y los tres pibes en el piso gritando... ”, fs. 43vta.), y el no haber podido señalar a uno en particular en el debate.
Por otro lado, no puedo dejar de señalar que Gustavo Orlando Molas Silva, Claudio Sebastián Mendoza y Javier Heredia Gómez sufrieron tamaña paliza. Ello, resulta importante por cuanto no puede haber pasado inadvertido que les hicieran gritar “ viva la policía ” a fuerza de golpes y palazos, es más hasta se escuchaban los gritos “ no me pegues más por favor ” de los mencionados (v. fs. 42vta. y 45vta.), con las consecuencias detalladas en la materialidad (v. al inicio del voto su transcripción), al punto que alguno terminó con la cara ensangrentada, otro con “...la bola del ojo salida hacia afuera ” (Lezcano, fs. 44) y específicamente al “ chico que quisieron asaltar, le bajaron los dientes, le destrozaron la cara, le dieron contra el escalón del camión, le golpearon los brazos, las piernas, le rompieron la boca, lo dejaron inflado, lo desfiguraron... ” (De Angelis, fs. 43); lo expuesto, con mayor razón si la golpiza duró “ unos treinta minutos ” (De Angelis, fs. 44).
Entonces, tal como alega el impugnante, se advierte que el fallo resulta auto-contradictorio, por cuanto por un lado se afirma la materialidad y se da por cierto los dichos del testigo De Angelis al sostener que fueron los miembros de la comisión del traslado a La Plata los que profirieron la paliza a los internos, a la par que se descartan las excusas brindadas por dos de los procesados (uno de ellos, justamente, el que estaba a cargo), pero por el otro se concluye que no puede identificarse quiénes concretamente participaron activamente del hecho disvalioso descripto en la materialidad.
Lo cierto es que el Tribunal de la instancia efectuó un análisis parcial de la cuestión sometida a su decisión, pues en el fondo se circunscribe a afirmar la imposibilidad de determinar quiénes de propia mano habrían golpeado a los internos de la forma en que lo hicieron. Sin embargo, olvida un punto de indubitada importancia, esto es, que los delitos de funcionarios públicos son delitos de infracción de deber (v. ROXIN, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 6° ed. alemana, p. 417), en donde la determinación de la autoría no se rige por las reglas del dominio del hecho; dicho llanamente: “La coautoría obtiene así en los delitos de infracción de deber una estructura totalmente distinta que a tenor del concepto general de autor. En lugar de la imbricación de las aportaciones al hecho en la fase ejecutiva, se da la determinación del resultado por quebrantamiento conjunto de un deber común”, no obstante –depende el caso y el ilícito- habrá que distinguir pues si la competencia le corresponde a un determinado funcionario individual, sólo él viene en consideración como autor del delito, mientras que los otros funcionarios que hayan cooperado no pasan de ser meros cómplices, desde que no es el quebrantamiento de la ética del funcionario en general, sino la vulneración de un específico deber lo que lo vuelve responsable como autor (por todo, v. ROXIN, Autoría ... cit., p. 389).
Por esa razón, la sentencia no cumple con el estándar del art. 106 del CP, lo que la vuelve arbitraria al no contar con otro fundamento de base más que la afirmación dogmática de quienes suscriben el fallo, cuya solución además no se corresponde con la naturaleza del delito bajo juzgamiento (arts. 45 y 144 bis inc. 3°, CP).
A lo dicho cabe adunar que, la invocación del principio in dubio pro reo no puede sustentarse en una pura subjetividad, pues dicho estado debe derivar racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso (CSJN, Fallos: 307:1456; 312:2507; 321:2990 y 3423), circunstancia que, a la luz de los argumentos puestos de manifiesto en los párrafos precedentes, entiendo que no concurre en el caso en examen (CSJN, Fallos: 311:948).
En virtud de lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 57/73vta. por el Agente Fiscal, casar y anular el fallo atacado, y consecuentemente, remitir los autos a la instancia de origen para que, por intermedio de jueces hábiles, celebre un nuevo debate (art. 106, 209, 210, 371, 373, 448, 461, cits. y ccs., CPP); sin costas (arts. 530 y 531, CPP).
Finalmente, no sobra decir que las limitaciones que expone la Defensora Adjunta de Casación son improcedentes a tenor de la doctrina sentada por el suscripto (cfr. mutatis mutandis TCPBA, Sala VI, c. 59.617 “ De Nardis, Natalio; Ponti, Mauro; Acuña, Luis; Steingruber, Rubén y Brandan, Leonardo s/ Recurso de Casación interpuesto por Fiscal ” y su acumulada nº 59.622 “ De Nardis, Natalio; Ponti, Mauro; Acuña, Luis; Steingruber, Rubén y Brandan, Leonardo s/ Recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado ”).
Corresponderá, asimismo, tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 118/vta. (art. 14, ley 48).
Así lo voto .
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Gustavo David García.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 57/73vta. por el Agente Fiscal, casar y anular el fallo atacado, y consecuentemente, remitir los autos a la instancia de origen para que, por intermedio de jueces hábiles, celebre un nuevo debate (art. 106, 209, 210, 373, 461, cits. y ccs., CPP); sin costas
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 118/vta.
Rigen los artículos 14, ley 48; 45 y 144 bis inc. 3°, CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 371, 373, 448, 450 primer párrafo, 451, 452 inc. 1°, 461, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen a los fines dispuestos.
FDO. DANIEL CARRAL - RICARDO MAIDANA (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRÉS ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia