Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 97912
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, anular las resoluciones mediante las cuales el mismo fue concedido y confirmar en su totalidad el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza, en el cual se condena a Ricardo Ariel Tiscornia a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas, por encontrarlo autor de los delitos de Lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, todos ellos en concurso real.
RIGEN los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 5, 26, 29 inc. 3ro., 40, 41, 41 bis, 45, 55, 89, 189 bis inc. 2do párrafo segundo y 277 inc. 1ro. apartado “c” del Código Penal; 422, 433, 448, 452, 451 y 461 del Código Procesal Penal.
"Registrado bajo el Nro. 1069 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 29 de octubre de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 97912 caratulada “TISCORNIA RICARDO ARIEL S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza condenó –mediante el procedimiento abreviado- a Ricardo Ariel Tiscornia a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas, por encontrarlo autor de los delitos de Lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, todos ellos en concurso real y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 26, 29 inc.3ro. 40, 41, 41 bis, 45, 55, 89, 189 bis inc. 2do párrafo segundo y 277 inc. 1ro. apartado “c” del Código Penal (3/14).
Contra ese fallo interpuso recurso de casación el señor representante del Ministerio Público Fiscal, quien luego de alegar acerca de la admisibilidad de la vía impugnativa empleada, se agravia por considerar que se valoró de manera errónea y absurda el material probatorio disponible (fs. 19/26).
Afirma que el pronunciamiento mencionado carece de motivación y que se incurrió en un grave error al momento de ponderar la prueba, violentándose de esta manera la aplicación de las reglas de la lógica que sustentan el principio de la sana critica: el de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.
critica que el juzgador haya concluido que no estuvo acreditado el dolo de matar y que por lo tanto le asignara al hecho una significación jurídica distinta a la pactada voluntariamente por las partes.
Basa su postura en los testimonios disponibles en la causa y sostiene que el procesado generó con su accionar un riesgo no permitido respecto del bien jurídico tutelado por la norma, el cual no se realizó en el resultado por causas ajenas a su voluntad; quedando, en consecuencia, en grado de tentativa la infracción legal que afectó la vida del damnificado.
Manifiesta que la decisión del magistrado incumple con las pautas de la lógica, que la resolución está inmotivada y que el análisis de la prueba es incongruente.
Considera que el dolo homicida se acreditó mediante los propios dichos del procesado, los cuales fueron acompañados por su accionar concreto, dado que efectuó seis disparos contra la víctima.
Asimismo, discrepa con la significación jurídica otorgada al hecho, toda vez que de no considerarse que se trató de un delito contra la vida, la calificación legal que correspondía, eventualmente, fijar es la de Abuso de arma con resultado lesiones.
A fin de demostrar que la conclusión del magistrado es desacertada, describe la secuencia de los disparos que recibió Brian Martínez y concluye que estos tenían como objetivo poner fin a su vida.
Cita jurisprudencia en favor de su postura y explicita su pretensión.
Con la adjudicación por sorteo del recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 51 y 53).
La fiscalía mantiene el recurso en todos sus términos (fs. 52).
El tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es admisible y en su caso procedente el recurso interpuesto?.
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I. El magistrado que integra el Tribunal en lo Criminal nº 3 de La Matanza tuvo por acreditada las siguientes plataformas fácticas:
“ HECHO I: el día 25 de octubre del año 2017, siendo las 18:30 horas aproximadamente, en circunstancias en que Brian Nahuel Martínez se encontraba caminando por las calles Camargo y Miller de la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, fue interceptado por un sujeto masculino da la postre identificado como Ricardo Ariel Tiscornia, alias “Papafrita”, quien se encontraba a bordo de un rodado Volkswagen Bora, siendo que el mismo bajo la ventanilla del lado del conductor, para luego extraer un arma de fuego, le efectuó, al menos, seis disparos a la víctima, impactando dos de ellos en la pierna y muslo izquierdo lesionando así a la víctima, para luego darse a la fuga del lugar, causándole lesiones que fueron calificada como de carácter leves.-
HECHO II : que el día 27 de diciembre del 2017, a las 06:00 horas aproximadamente, dentro de la finca sita en la calle Lonada s/ numeración entre Amadeos Vives y Ulpina, de la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, en circunstancias en que el personal policial de la comisaría de Virrey del Pina, estaba llevando a cabo la diligencia de allanamiento ordenados por el titular del Juzgado de Garantías n° 2 Departamental, procedió al secuestro, debajo de la almohada de la cama donde dormía Ariel Ricardo Tiscornia, de una arma de fuego calibre 9mm, marca Prieto Bereta, número de serie GNA00770-11 P.F.A., conteniendo en recámara un cartucho y su correspondiente cargador, arma de fuego que el incuso detentaba sin tener la autorización legal para ello, y la que recibió o adquirió, en fecha incierta pero comprendida entre el 09 de noviembre del año 2017, luego de las 23:00 horas y hasta el 27 de diciembre del mismo año, ante las 06:00 horas, dentro de la provincia de Buenos Aires, sabiendo de su procedencia ilícita, ya que había sido sustraída a Laura Melisa Doval, con fecha 09 de noviembre del 2017, radicando aquella la denuncia ante la comisaría de Rafael Castillo” (fs.4/vta.).
Como quedó consignado en los antecedentes, dicho evento fue calificado legalmente por el magistrado como Lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, todos en concurso real; apartándose de esta manera de la significación jurídica pautada por las partes, como así también de la pena acordada por los contendientes procesales.
II. Ahora bien, más allá de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional de origen, la decisión acerca de la admisibilidad de la vía impugnativa intentada no queda concluida con lo resuelto en la primera instancia.
Me refiero a que nuestro ordenamiento jurídico vigente ha establecido un doble examen de admisibilidad, pronunciándose, en primer término, el organismo ante el cual se presenta el recurso; y con posterioridad, ante la eventual decisión desacertada sobre el punto, le corresponde a la alzada, analizar de manera definitiva si se encuentran satisfechos los requisitos legales que permitan abordar la cuestión de fondo.
Dicho temperamento se desprende de una interpretación coherente de lo previsto en el artículo 433 del Código Procesal Penal (en su redacción actual), puesto que para el caso de la denegatoria de un recurso se encuentra prevista la instancia de una queja, de la misma forma, ante la errónea concesión de una impugnación le corresponde al órgano al que le toca decidir la controversia manifestarse de manera definitiva sobre dicha admisibilidad.
Lo recién expresado adelanta de alguna manera el sentido de mi sufragio; acontece que no comparto el criterio adoptado por el Tribunal de origen en cuanto al alcance de las facultades recursivas del titular de la acción pública.
El legislador provincial estructuró el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en base a la previsión del artículo 448 del Código Procesal Penal, pero con las limitaciones establecidas en los supuestos de los incisos primero y segundo del artículo 452 del mismo cuerpo legal.
La referencia genérica contenida en el inciso cuarto del ya aludido artículo 452 de la legislación adjetiva encuentra viabilidad en los casos expresamente establecidos en los incisos previos.
De lo contrario, es decir, de considerarse que las diversas hipótesis contenidas en la norma en cuestión fuesen autónomas entre sí, carecía de sentido la distinción, dado que sólo bastaría que se configure la situación contemplada en el artículo 448 del CPP para que prospere la admisibilidad del recurso de casación.
Desde esta perspectiva, me aparto de la postura expresada por el magistrado que integra al Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza, en cuanto a que la capacidad recursiva del Ministerio Público Fiscal no debe limitarse por la normativa procesal, dado que debe ser respetuosa del principio del “doble conforme” garantizado por el orden constitucional (fs. 38vta.).
Al respecto, cabe recordar que de acuerdo a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Arce”, el derecho al recurso del Ministerio Público Fiscal no es asimilable al del imputado, no obstante reconocer que la facultad recursiva puesta en cabeza del acusador no quebranta la prohibición del “non bis in idem”.
Desde esa mirada, he sostenido en reiteradas oportunidades -como por ejemplo en la causa Nº 9.034 (Reg. De Presidencia Nº 29.548) de la Sala Tercera- que el acusador público está autorizado a recurrir en aquellos supuestos en los que la propia normativa lo autoriza, encontrándose limitado su derecho a obtener un segundo pronunciamiento jurisdiccional por pautas previamente establecidas en los ordenamientos procesales.
Destacándose al respecto que dicha regulación no se encuentra comprometida con lo estatuido constitucional y convencionalmente, toda vez que coincido con la jurisprudencia dominante en cuanto que la garantía fundacional del doble conforme estipulada en los tratados, pactos y convenciones internacionales incorporados como bloque constitucional federal (art. 75 inc. 22º C.N.), no se dirige -al menos en principio- a la actuación de los Estados partes.
Reproduzco parcialmente lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“...Las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no para beneficio de los Estados contratantes...” (Fallos 320:2145).
De la misma forma y por coincidir con la controversia aquí abordada:
“...cabe concluir que en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado y no sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por la norma de rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho...” (Fallos 322:2488).
III. Por lo tanto, en orden a las consideraciones de hecho y derecho formuladas precedentemente, propongo al acuerdo DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, ANULAR las resoluciones mediante las cuales el mismo fue concedido y CONFIRMAR en su totalidad el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza, en el cual se condena a Ricardo Ariel Tiscornia a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas, por encontrarlo autor de los delitos de Lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, todos ellos en concurso real (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 5, 26, 29 inc. 3ro., 40, 41, 41 bis, 45, 55, 89, 189 bis inc. 2do párrafo segundo y 277 inc. 1ro. apartado “c” del Código Penal; 422, 433, 448, 452, 451 y 461 del Código Procesal Penal).
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor juez, doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del Dr. Carral en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: 1°) DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; 2°) ANULAR las resoluciones mediante las cuales el mismo fue concedido y 3°) CONFIRMAR en su totalidad el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza, en el cual se condena a Ricardo Ariel Tiscornia a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas, por encontrarlo autor de los delitos de Lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, todos ellos en concurso real (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 5, 26, 29 inc. 3ro., 40, 41, 41 bis, 45, 55, 89, 189 bis inc. 2do párrafo segundo y 277 inc. 1ro. apartado “c” del Código Penal; 422, 433, 448, 452, 451 y 461 del Código Procesal Penal).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión , el señor juez, doctor Maidana dijo :
Adhiero al voto del Dr. Carral en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ASI LO VOTO.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, ANULAR las resoluciones mediante las cuales el mismo fue concedido y CONFIRMAR en su totalidad el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza, en el cual se condena a Ricardo Ariel Tiscornia a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas, por encontrarlo autor de los delitos de Lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, todos ellos en concurso real.
RIGEN los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 5, 26, 29 inc. 3ro., 40, 41, 41 bis, 45, 55, 89, 189 bis inc. 2do párrafo segundo y 277 inc. 1ro. apartado “c” del Código Penal; 422, 433, 448, 452, 451 y 461 del Código Procesal Penal.
REGÍSTRESE, notifíquese, líbrese oficio al Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza para comunicar lo aquí resuelto y oportunamente remítase a la Mesa Única General de Entradas del Tribunal para su envío a la instancia.
FIRMADO: RICARO MAIDANA - DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia