Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 85689
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Agente Fiscal, Dr. Eduardo H. Zaratiegui.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 20/25, con costas.
Rigen los artículos 5, 12, 29 inc. 3, 92 en relación a los artículos 89 y 80 inciso 1 y 11 del C.P.; 106, 209, 210, 373, 375, 530, 531, cits. y ccs., CPP).
"Registrado bajo el Nro.667 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 16 de agosto de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 85689 caratulada “ALVAREZ LEONEL JAVIER S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: .
El 20 de marzo del año 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, condenó a Leonel Javier Alvarez a la pena de un año (1) años y diez (10) meses de prisión de ejecución condicional y costas, como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja con la víctima y por haber mediado violencia de género (arts. 5, 26, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 92 en función de los artículos 89 y 80 inciso 1 y 11 del Código Penal).
Contra dicha resolución, el Agente Fiscal, titular de la UFIJ nro. 2, Dr. Eduardo Horacio Zaratiegui, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 20/25.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene el impugnante como motivo de agravio que el Tribunal incurrió en inobservancia de los artículos 209, 210 y 373 del C.P.P. (artículo 448 inciso 1 del C.P.P.) pues cometió un grave y manifiesto error en la interpretación y desentendimiento de los elementos probatorios producidos, situación que genera la tacha de absurda valoración de la prueba y arbitrariedad del veredicto. Cuestiona que haya decidido la falta de dolo de homicidio y considerado a la lesión como leve. Luego de transcribir en parte los fundamentos de la sentencia, entiende que Álvarez actuó con dolo eventual de tentativa de homicidio, que resulta de los dichos de la víctima: “… él venía con un cuchillo moviendo las manos, venía re enojado…”, que la conducta posterior no repara la anterior ya que el arrepentimiento no impacta en la calificación legal, la agresión con un medio apto para causar la muerte ha sido dirigida hacia una región anatómica vital, con una violencia tal que el cuchillo se introdujo aproximadamente 1 cm en el hueso maxilar superior, a punto de quedar insertado en el rostro, que basta la experiencia común, sin necesidad de experticia alguna para apreciar la fuerza necesaria para superar la resistencia del hueso como palpando en uno mismo la zona herida. Asimismo solicita que se cambie la calificación de la lesión como leve teniendo en consideración la pericia médica de fs. 27 que habla de un riesgo para la vida, que de acuerdo a lo expresado a fs. 51 en la zona posterior a la herida se hallan elementos vitales como el seno cavernoso que continúa en la vena yugular interna y ramas terminales de la carótida externa. Que sostener que no existió el riesgo concreto de óbito por no afectarse la zona posterior de la lesión resulta absurdo. Por ello concluye reclamando la anulación parcial del veredicto y sentencia como homicidio doblemente calificado en grado de tentativa o, subsidiariamente, como lesiones graves doblemente calificadas, ordenándose en consecuencia la remisión de estos actuados a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca para que determine el Tribunal que corresponda sustanciar y decidir el caso.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, entiende que las conclusiones del Tribunal no resultan concordantes con las pruebas colectadas, que la víctima y victimario acordaron en decir que el cuchillo había sido arrojado, que ambos mantienen una relación de convivencia y poseen una hija en común, que el incidente no provocó la ruptura. Que no es la primera vez que tienen problemas conyugales y los resuelven en forma violenta, que no se puede dejar de soslayo la declaración del vecino y testigo Emilio San Martín quien declaró que, cuando vio a la chica con el cuchillo clavado en el pómulo, Álvarez le había dicho que se había caído, que tenía un cuchillo en la mano con el que estaba cocinando y se le escapó, se pregunta cómo hace un cuchillo para escaparse, quebrar el hueso maxilar y terminar clavado en el pómulo de otra persona.
Que la pericia no duda que se trata de un apuñalamiento a partir de la mecánica de la lesión con la intensidad suficiente como para provocar la fractura de un hueso, que el Juez se limita a transcribir el relato de donde surge que Álvarez estaba “re enojado”, lo que encuentra absurdo, por lo que frente al contundente plexo cargoso no entiende cómo el Juez argumenta que no está suficientemente acreditado el dolo homicida. Que siguiendo el curso normal y natural de las cosas, no otra consecuencia que la muerte puede esperarse cuando alguien inicia un apuñalamiento en el rostro, que la víctima salvó su vida de milagro ya que en la zona posterior a la herida hay puntos vitales como el seno cavernoso que continua en la vena yugular interna, ramas terminales de la carótida externa y vasos sanguíneos adyacentes, lo que demuestra la potencialidad homicida, es indudable que Álvarez puso todo de su parte para poner en riesgo la vida de la persona agredida, utilizó dolosa e intencionalmente los medios razonables, que naturalmente conducen a ese resultado fatal.
El tribunal infirió la inexistencia del aspecto subjetivo del hecho, pese a las circunstancias objetivas acreditadas en el juicio, que quien consuma dicha práctica, no puede ignorar las graves consecuencias que de ella pueden derivarse y el altísimo grado de probabilidad de acaecimiento de la muerte ante tamaña desmesura en el ataque (en contra de una joven desarmada y sorprendida por la ferocidad del ataque de su pareja, lo que imposibilitó de ejercer alguna defensa), si su intención no era provocar el resultado, al menos debió ser representado como muy posible, no obstante ello fue aceptado y tolerado con indiferencia, esto es con dolo eventual. Que la realidad de un “hecho subjetivo”, es decir de un hecho de conciencia que por su naturaleza no es perceptible u observable de modo directo o inmediato, se funda siempre en un “juicio de inferencia” puesto que no pueden ser reconstruidos históricamente sino afirmados positiva o negativamente en la sentencia a través de un juicio de valor que se deducen de datos externos y objetivos.
Que afirmar que el riesgo era sólo potencial porque en definitiva sólo se causaron lesiones leves desconoce que los hechos no deben analizarse ex – post sino ex – ante, que interpretar la intención homicida a partir de la “suerte” de la víctima porque por milímetros no se le seccionó la vena yugular es un desatino, por lo que concluye solicitando que se haga lugar al reclamo del representante del Ministerio Público Fiscal en todos sus términos y se condene a Leonel Javier Álvarez.
La extensión que, por vía de una interpretación compatible con las exigencias de los Pactos sobre Derechos Humanos, se acordó al recurso de casación (por todos, cfr. CSJN in re “Casal”) no opera cuando es el Ministerio Público el que impugna un pronunciamiento final.
Ello así en la medida en que el recurso es para el imputado una garantía de raigambre constitucional que ha sido reconocida por diversos Tratado de Derechos Humanos, mientras que el recurso fiscal se erige en una simple prerrogativa que concede la ley ritual al mismísimo Estado (cfr. CSJN, Fallos: 320:2145).
Entonces, en casos en los que el acusador ejerza dicha potestad legal –salvo cuando recurra en favor del imputado–, no corresponde apartarse de los motivos enunciados por el art. 448, inc. 1º, del CPP, justamente porque es la ley la que lo ordena (“El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos...”; art. cit.); de tal manera, cabe afirmar que las cuestiones de hecho y prueba quedarían –en este tipo de supuestos- fuera del ámbito de esta Sede, salvo absurdo o arbitrariedad.
Limitado del modo señalado los motivos de agravio consignados por el Agente Fiscal, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Juez que votara en primer término -con adhesión del resto de los restantes integrantes del Tribunal-, al tratar la primera cuestión señaló que tiene por legalmente acreditado que: “El dia 5 de octubre de 2015, siendo las 13:15 horas aproximadamente, en el interior del domicilio sito en calle Saavedra 188, piso 3ro., departamento 9, de esta ciudad, Leonel Javier Álvarez le arrojó un cuchillo tipo Tramontina, de 21 centímetros con mango color negro (y 11 cm. de hoja) a su pareja, la Srta. Oriana Palavecino, el cual le impactó en el rostro, ocasionándole lesión contuso cortante de 1 cm de longitud, rodeada de equimosis y edema en la zona, lesión esta que no puso en peligro la vida de la víctima”
La inobservancia de un precepto legal, invocada como motivo de agravio en los términos del artículo 448 inciso 1 del C.P.P. por el impugnante, no es tal.
En efecto, lo que pone de manifiesto en la presentación es su desacuerdo con la calificación legal escogida, pretendiendo que Leonel Javier Alvarez sea condenado por el delito de tentativa de homicidio, por haber actuado con dolo eventual.
El Juez del primer voto analiza con detalle los testimonios de la víctima Oriana Palavecino, Rubén Darío Paoletti, Emilio San Martín, Lorena Natalia Barrientos, Margarita del Carmen Pazos y del propio imputado Leonel Javier Alvarez para tener por comprobado que el imputado arrojó el cuchillo.
Para ello, contrapone el informe del perito médico del hospital con la declaración de la testimonial de la víctima, a la que asigna mayor peso por haber sido sometido a la contradicción del debate y su persistencia, al mantenerse desde la prestada en Cámara Gesell.
Aduna a ello que, si el cuchillo ingresó en el pómulo desde arriba hacia abajo, es compatible con la versión de Palavecino de que al momento del hecho se encontraba recostada y el imputado parado.
Asimismo agrega que el Ministerio Público no pudo acreditar la fuerza que Álvarez diera al cuchillo, pues el informe médico no lo pudo indicar.
Con ello, el desentendimiento de los elementos probatorios denunciado por el Agente Fiscal y por el Fiscal Adjunto de Casación, no es tal, pues el Tribunal realizó un completo análisis de la prueba producida, dando cuenta circunstanciada de los motivos por los que dio prevalencia a la declaración testimonial de la víctima; explicando en la resolución las razones por las que no fueron atendidas las pruebas contrarias (fs. 9vta.).
No se observa la existencia de algún acuerdo entre la víctima y el imputado en el relato, no procura justificar su conducta e incluso puso de resalto actos de violencia anteriores.
Además de ello, atento el reclamo del Fiscal Adjunto de Casación, se encuentra fuera de discusión el resto de las consideraciones que efectuara sobre que ambos mantienen una relación de convivencia, tienen una hija en común y que poseían episodios previos de violencia.
Por el contrario, el A-Quo dio una exposición clara y completa del hecho y circunstancias que tuvo por probados, habiendo respondido a los planteos realizados, poniendo de manifiesto los argumentos empleados en el recurso una simple discrepancia sin lograr demostrar arbitrariedad.
Más allá de la diferente calificación legal pretendida, a partir de la circunstancia que la agresión fue realizada con un medio apto para causar la muerte, dirigida hacia una región anatómica vital y con violencia, el Tribunal dio fundamentos suficientes a partir de la evidencia colectada para la conclusión a la que arribara.
De los extremos fácticos reconocidos y reconocibles en el caso concreto, no encontró probado el propósito del imputado enderezado a terminar con la vida de la víctima, sin que exista prueba eficaz e inequívoca que permita captar el designio de matar.
Explicó en la sentencia, que la agresión se produjo en el dormitorio tras una discusión entre la víctima y el imputado desencadenada por reproches de Álvarez, quien se encontraba cocinando y tenía un cuchillo en la mano: “… él venía con un cuchillo moviendo las manos, venía re enojado y se puso al final de la cama y su cara se transformó y sintió el impacto en la cara… “, y posteriormente pedía disculpas, según los dichos de Palavecino. Agrega el Juez del primer voto, que luego del hecho, asustado, se preguntaba si se iba a morir.
Con ello descarta también que el imputado hubiera tomado a su cargo el resultado como probable y aceptado el riesgo que implicaba la realización de la acción y que haya sido accidental porque se le haya escapado el cuchillo, afirmación que no tiene correlato con el resto de las pruebas.
Como consecuencia de lo expuesto, tal cual se adelantara, no habrá de acogerse el recurso del Ministerio Público Fiscal.
Para la acreditación del elemento subjetivo del tipo penal del delito de homicidio tentado, es requisito indispensable que quede demostrado la decisión de actuar dirigida a la consumación del delito, la que debe determinarse conforme a un criterio objetivo, aunque la perspectiva de enjuiciamiento sea subjetiva, por lo que se exige la creación, a través de medios materiales, de un peligro que, enjuiciado sobre la representación del autor –su plan de actuación-, resulte próximo a la realización típica –homicidio-.
No se advierte que exista conocimiento de las circunstancias fácticas relevantes, de crear un peligro con probabilidad rayana a la certeza de la producción del resultado muerte, lo que obsta establecer la realización del tipo subjetivo de la figura pretendida.
Tampoco puede interpretarse de la conducta del autor, tal como lo hiciera el Tribunal, algún sentido de aceptar el resultado, es decir, como decisión -según parámetros normativos y no como un desnudo dato psíquico- a favor de una posible lesión del bien jurídico.
No resulta prueba eficaz e inequívoca que permita establecer que concurren dichas exigencias el mero empleo de un medio capaz de producir el resultado letal ni el lugar vital de las lesiones.
En el caso, hubo sólo una lesión, no se repitió el ataque y no existen manifestaciones verbales indicativas de una resolución homicida.
Ninguno de los que han declarado durante el debate (Oriana Palavecino, Rubén Darío Paoletti, Emilio San Martín, Lorena Natalia Barrientos, Margarita del Carmen Pazos) pudo certificar más allá de toda duda razonable esa intencionalidad que se le atribuye al encartado.
El imputado asestó un solo puntazo, cuando sin riesgo podía continuar con la agresión y, más allá de las justificaciones que ensayara ante los vecinos, con posterioridad, sin haber huído, asustado pedía disculpas y preguntaba si se iba a morir, circunstancias que impiden descartar que el comportamiento reprochado no hubiera estado constreñido a lesionar a la víctima.
Así entonces, corresponde homologar la significación jurídica oportunamente escogida por el tribunal de juicio, de lesiones leves agravadas por la relación de pareja con la víctima y por haber mediado violencia de género respecto al suceso que involucra a Leonel Javier Alvarez.
Con relación al segundo motivo de agravio, reclamando en forma subsidiaria que se cambie la calificación de la lesión como grave teniendo en consideración la pericia médica de fs. 27 que habla de un riesgo para la vida, pues en la zona posterior a la herida se hallan elementos vitales como el seno cavernoso que continúa en la vena yugular interna y ramas terminales de la carótida externa, tampoco se advierte arbitraria o absurda la calificación escogida.
En efecto, el Tribunal indicó (fs. 10) que la cuestión radica en determinar si la lesión puso en peligro la vida de la víctima pues la cicatriz era imperceptible y la víctima dijo que no había utilizado maquillaje, por lo que descartó alguna deformación permanente en el rostro.
Para fundamentar la calificación escogida, el Juez del primer voto indicó el informe médico de fs. 14 realizado por el médico de policía a pocas horas de ocurrido el hecho en el que se concluye que las lesiones son leves sin que hayan puesto en riesgo la vida; y desvirtúa la pericia médica del Ministerio Público Fiscal de fs. 27 en la que se calificara como grave a la lesión por haber puesto en peligro la vida y provocarle una secuela en el rostro.
Para ello tuvo en cuenta las distintas fotografías en las que se muestra a la víctima recibiendo asistencia médica con el cuchillo inserto en el pómulo derecho, con una gasa colocada en el lugar del hecho y la herida con un punto de sutura, a lo que agrega que la contradicción entre las pericias no pudo ser superada durante el proceso ni la vista de la causa, que en el informe de fs. 51 no se expide en particular sobre el peligro de vida, que debe ser concreto y no hipotético, como se indicó en el informe.
El razonamiento del Tribunal se encuentra ajustado a derecho pues tuvo en cuenta, como requisito del tipo, que la víctima haya corrido efectivamente peligro de muerte en el caso, por la lesión misma o porque se insertó en la condición física particular de la misma que tornó en peligrosa para su vida, circunstancias ausentes en autos.
Como consecuencia de todo lo expuesto habré de proponer que se rechace, por improcedente, el recurso de casación interpuesto a fs. 20/25 por el Agente Fiscal Dr. Eduardo H. Zaratiegui, con costas (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 92 en relación a los artículos 89 y 80 incisos 1 y 11 del C.P.; 106, 209, 210, 373, 375, 530, 531, cits. y ccs., CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Agente Fiscal, Dr. Eduardo H. Zaratiegui.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 20/25, con costas.
Rigen los artículos 5, 12, 29 inc. 3, 92 en relación a los artículos 89 y 80 inciso 1 y 11 del C.P.; 106, 209, 210, 373, 375, 530, 531, cits. y ccs., CPP).
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase al Tribunal de origen, al que se le encomienda la notificación del causante de este decisorio y que una este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
FIRMADO: RICARDO MAIDANA - DANIEL CARRAL (JUECES) .Ante Mí: MARIA VALERIA VOLPONI (SECRETARIO).
Fin de la sentencia