Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 101081
C-101.081/II
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luís María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver la presente causa 101.081 , caratulada “SÁNCHEZ, PEDRO MARCELO S/ RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS POR AGENTE FISCAL Y DEFENSA PARTICULAR”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI – BUDIÑO .
El tribunal de jurados se pronunció, con fecha 1º de octubre de 2019, dictando veredicto de culpabilidad por unanimidad de doce votos, respecto de las dos acusaciones que pesaban sobre el imputado Pedro Marcelo Sánchez por los delitos de “ abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovecharse de la convivencia con un menor de 18 años de edad” y “ abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, agravado por aprovecharse de la convivencia con un menor de dieciocho años de edad ." Tras ello, en fecha 30 de octubre de 2019, la Jueza Daniela Fabiana Castaño, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, condenó a Pedro Marcelo Sánchez a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años mediando una situación de convivencia preexistente y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años mediando una situación de convivencia preexistente, en concurso real entre sí.
Como consecuencia de ello, el Sr. defensor particular, Dr. Julio Ricardo Amaya, interpuso recurso de casación en favor del imputado Sánchez, el que se encuentra glosado a fs. 76/93vta. del presente legajo recursivo.
Por su parte, la Sra. Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 14 del Departamento Judicial Bahía Blanca, Dra. Marina Marcela Lara, también articuló un recurso de casación, que se encuentra glosado a fs. 89/93 de este expediente.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los remedios impetrados?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el doctor Mancini, dijo:
Ambos recursos son admisibles.
En cuanto al recurso impetrado por la defensa, cabe destacar que la resolución impugnada tiene carácter de sentencia definitiva, según lo pautado por el art. 450, 448, inciso 1º y 448 bis del C.P.P. A su vez, el recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y enmarcándose la sentencia objeto del recurso dentro de las resoluciones que en el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación. (Arts. 421, 448 inc. 1º, 448 bis, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Con relación a la impugnación deducida por el Ministerio Público Fiscal, estimo que también resulta admisible, pues una nueva reflexión sobre el asunto me ha persuadido de la conveniencia de variar la posición que asumiera a la hora de adherir al voto de mi colega de Sala, Dra. Budiño, en la Causa Nro. 91564 (caratulada “Gutiérrez, Raúl Horacio s/ Recurso de Queja interpuesto por Agente Fiscal”) del Registro de este Tribunal.
En efecto, el recurso que ahora se analiza ha sido articulado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia dictada por el juez técnico, una vez concluida la actuación del jurado.
Ya no comparto que pueda argumentarse, en casos como el presente, la inadmisibilidad con respaldo en el art. 452 in fine del código de rito, que establece –en lo que aquí interesa- que: “ En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para recurrir ”.
No es esa la interpretación que debe darse al asunto toda vez que este tipo de procesos se dividen en dos etapas (o “procedimientos”) bien marcadas y diferenciables: por un lado, aquella propia del juicio oral donde se produce la prueba e interviene el jurado, culminando con su veredicto; y por el otro, la fase del proceso donde la actuación es exclusiva y excluyente del juez técnico, encargado de dictar la sentencia.
Ciertamente ambas etapas se encuentran ligadas inexorablemente una con otra. Adviértase que, incluso, el tramo donde interviene de modo exclusivo el juez técnico se encuentra condicionado al resultado del veredicto del jurado popular; pero ello para nada determina que esas fases no resulten diferenciables ontológicamente.
Estimo que esos dos peldaños procesales distinguibles entre sí constituyen el meollo de la cuestión que ahora se analiza: lo irrecurrible para el Ministerio Público es el veredicto del jurado, no así la decisión técnica–jurídica del magistrado profesional que interviene en la segunda fase del proceso.
Y ello surge de una lectura más profunda de la norma en cuestión (Art. 452 in fine, ya citado), que utiliza el vocablo “procedimiento”, lo cual refuerza la idea que sostuve en el párrafo anterior.
Sin pretender dar cátedra sobre el asunto, lo cual estimo inadecuado para los pronunciamientos judiciales, cobra en este entuerto especial relevancia la histórica diferencia que en “Derecho” se ha empleado entre las voces “proceso” y “procedimiento” ,pues en el lenguaje común o natural, lo más usual es que se utilicen indistintamente como sinónimos.
Sintéticamente, se alude al proceso como la progresión de las etapas sucesivas de que consta la disputa jurídica: el conjunto de actividades reglamentadas que se recorren hasta alcanzar la sentencia final que dirime la cuestión planteada. Mientras que “procedimiento” apunta a las diligencias, formalidades u otros requisitos específicos para el desarrollo de un juicio o proceso.
Estimo que la interpretación que debe darse a la ley procesal, en este caso, es aquella que apunta a la preeminencia del significado técnico del vocablo empleado: el “procedimiento de juicio por jurados ” contenido en el art. 452 in fine del rito, que consagra su irrecurribilidad, a no dudarlo, apunta solamente a la fase donde interviene el jurado popular.
Y esa exégesis, además, es la que mejor se ensambla con la sistemática del Código. Nótese que, emitido su veredicto, el jurado finaliza su intervención en el proceso (art. 371 quater , ap. 6 in fine ), dando pase al “procedimiento” donde despliega su labor el juez técnico en una etapa “ulterior” e “independiente” (conf. Art. 372 del rito), donde debe establecer las consecuencias jurídicas de aquel veredicto emanado de un jurado que, en esta nueva etapa, ya se encuentra disuelto.
Finalmente, desde la lógica más llana, la sentencia dictada por un juez técnico, aunque sea dictada tras el desarrollo de un “juicio por jurados”, en nada difiere de un fallo emitido en el marco de cualquier otro procedimiento (juicio abreviado, debate oral con intervención exclusiva de un Tribunal en lo Criminal, etc), a los efectos de poder agraviar al Ministerio Público en cuanto a los puntos allí resueltos.
Tal es el caso de autos, donde además el recurso se ha interpuesto en tiempo y forma, cumpliéndose íntegramente los recaudos procesales para su admisibilidad (artículos 401, 448, 450, 451 y 452 del Código Procesal Penal).
Con lo que, a la cuestión planteada, voto por la afirmativa
A la misma cuestión, la doctora Budiño, dijo:
Adelanto que he de adherir al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos, apartándome de ese modo de la postura que sostuve en el precedente citado por mi colega.
Los fundamentos que el doctor Mancini plasma en su voto han sido objeto de reflexión y discusión conjunta en el marco de la deliberación previa al dictado de la presente y en ese contexto me he persuadido, al igual que mi colega, de que la postura que ahora se adopta es la que mejor se conjuga con el sistema general de los recursos y con los principios que rigen el procedimiento de juicio por jurados.
En este sentido, además de la atinada precisión que se expone en el voto que abre el acuerdo respecto del término "procedimiento" que utiliza la norma del art. 452 in fine del CPP y las consecuencias hermenéuticas que de allí se derivan -que como dije comparto-, me permito dejar expuesta, a mayor abundamiento, otra razón derivada de los principios propios del procedimiento de jurados y fundamentalmente de la naturaleza del órgano del que emana la decisión, que me convence de la corrección de esta nueva postura.
Es que el jurado es la expresión de la soberanía del pueblo y como tal su decisión no podría ser desconocida por alguno de los poderes del Estado. Esa es la razón de ser de la interdicción que se consagra en el caso del recurso fiscal respecto de esa decisión que, como producto de la soberanía popular, cuenta con una legitimidad suficiente que justifica que cierre definitivamente el caso.
Sin embargo, ello no ocurre cuando la decisión cuestionada no emana del jurado sino que se trata, como en este caso, de una resolución adoptada en un procedimiento "ulterior" e "independiente" y es dictada por un juez técnico, una vez que el jurado ya ha cesado su intervención. Por tanto, tratándose la decisión sobre la pena aplicable de una que carece de la legitimidad que le asigna la soberanía popular; resulta razonable que pueda ser sometida al control de un Tribunal superior bajo el régimen general que el código de rito prevé respecto a la recurribilidad por parte del acusador de las decisiones emanadas de un Juez técnico.
Por ello, compartiendo en un todo las razones expuestas por el doctor Mancini, adhiero a su voto en igual sentido.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada , el doctor Mancini dijo:
I. RECURSO ARTICULADO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO PEDRO MARCELO SÁNCHEZ :
I.1. El impugnante invocó en su presentación recursiva el supuesto contemplado en el art. 448 bis inc. “d” del C.P.P. así como el art. 8.2 de la C.A.D.H. y denunció la errónea aplicación del art. 119 del Código de fondo, peticionando que este Tribunal de Casación revise el veredicto de culpabilidad alcanzado por el jurado popular. Invocó la doctrina emanada de la CSJN in re “Casal”, que entendió de aplicación al caso.
Dijo que la comprobación de los hechos que se tuvieron por ciertos surgió, principalmente, a partir de las declaraciones de la presunta víctima, su hermana, su padre y la Perito Psicóloga Licenciada Quegles.
Pero se quejó estimando insuficiente aquel cuadro probatorio, que sólo contó con un relato directo (el de la víctima), siendo que fue “ abiertamente contradictoria ” y además los restantes testigos sólo fueron indirectos.
Argumentó que “ ninguna norma procesal y mucho menos constitucional, autoriza a bajar el umbral del derecho de defensa en este tipo de delitos ”.
Reseñó el modo en que la víctima narró los abusos que dijo padecer a manos del encartado, pero le restó entidad acreditante a partir de sostener que la misma fue contradictoria respecto de lo declarado por los testigos ofrecidos por la defensa (puntualmente, Román Baiz). Dijo que existió animosidad para con Sánchez, lo que desacredita los dichos de los testigos de cargo.
Agregó que la víctima contó que la mayoría de los hechos habían ocurrido durante la mañana, pero que ello era imposible en atención a los horarios de trabajo del encartado, que era empleado rural y trabajaba desde muy temprano, por la mañana hasta el anochecer.
En cuanto al relato de la hermana de la víctima, que según el impugnante contó que la menor le había dicho que Sánchez la besaba, le tocaba la vagina y la penetraba con sus dedos, y que en más de una ocasión había intentado penetrarla con el pene, pero que nunca pudo concretarlo porque ella gritaba de dolor; criticó que la testigo efectuara un relato “ más allá, tanto de lo declarado por la supuesta víctima como la imputación efectuada por la Agencia Fiscal ” y añadió que fue analizada de modo descontextualizado por el jurado popular.
Trajo a colación también la declaración del padre de la víctima, quien se habría visto sorprendido por la denuncia, manifestando falta de sospecha y que ninguna de las hijas le había dicho nada al respecto.
En cuanto a la declaración de la perito psicóloga Quegles, dijo que no efectuó una pericia sino tan sólo una entrevista con la víctima y su hermana, añadiendo que la profesional “ realiza conclusiones sin el basamento científico que merece el caso ”.
Como contrapartida, trajo a colación la declaración de su asistido, quien negó los hechos que se le atribuyeron.
En igual sentido, invocó diversos testigos de la defensa, quienes -dijo- fueron contestes en sus relatos, indicando con precisión los horarios de trabajo de Sánchez y dando cuenta de que “ en raras oportunidades pudiera estar solo con la menor denunciante ”, menos aún por las mañanas.
Dijo que la versión de la presunta víctima debió haber sido confirmada también mediante prueba directa y no sólo indiciaria, añadiendo que no se tuvieron en cuenta las contradicciones en las que incurrió, sintetizándolas en: a) que ubicó la mayoría de los hechos por la mañana, cuando el imputado se encontraba mayormente trabajando; b) que resulta dudoso que pese a la denuncia haya seguido concurriendo a la casa del imputado, hasta que su madre le dijo que no podía concurrir más; y c) que presentó diversas versiones en torno a la visita el campo “El Estribo”.
Concluyó su alegación afirmando que “ queda claro que no existen pruebas suficientes que acrediten y puedan superar el estándar de duda razonable para determinar la responsabilidad de mi asistido” .
Por ello, peticionó que se revoque la condena de Sánchez y que se disponga su libre absolución.
De modo subsidiario, se quejó de la calificación legal asignada a los hechos que se tuvieron por probados, indicando que debió aplicarse el primer párrafo del art. 119 del C.P., y no el segundo párrafo, bajo el entendimiento de que sólo se trató de un abuso sexual simple y no de un abuso sexual gravemente ultrajante. Además, reputó a este último molde legal como “ excesivamente abierto de muy dudosa constitucionalidad ”, por encontrarse reñido con el principio de legalidad y el derecho de defensa en juicio.
En función de ello, subsidiariamente, solicitó la recalificación de los hechos y que se reduzca la pena impuesta a su asistido.
A todo evento, dejó planteada la reserva del caso federal.
A fs. 114 el Dr. Amaya desistió de la celebración de la audiencia oral.
I.2. El recurso no prosperará.
Ante todo, debe repararse en la insuficiencia manifiesta del desarrollo del agravio vinculado con el modo en que se tuvieron por comprobados los hechos y la autoría del inculpado, donde la parte no tiene en cuenta las particularidades del proceso por el que oportunamente optó, esto es bajo la modalidad de juicio por jurados. Ello, por ejemplo, ocurre cuando se invoca en el recurso el precedente “Casal” de la CSJN, aplicable en casos diversos al presente, donde el veredicto no se adopta por un juez técnico, ni hay obligación (todo lo contrario) de fundar los motivos considerados para dictarlo, lo cual naturalmente traerá aparejadas diferencias en la revisión de la decisión.
Además, como se verá, toda la crítica formulada al pronunciamiento, más allá de mencionar el art. 448 bis inc. “d” del CPP, en ningún momento intenta encarrilarse bajo los parámetros que, efectivamente, brinda para recurrir este tipo de pronunciamientos.
En efecto, dicha norma establece como casable la sentencia condenatoria que se derive de un veredicto de culpabilidad apartado manifiestamente de la prueba producida en el debate.
Al respecto, he dicho en otras oportunidades que, en lo que respecta a la tarea de revisión de este Tribunal en los casos de juicios por jurados, a las dificultades –salvables en muchísimos casos- propias de analizar la evaluación de prueba que no se produjo frente a los ojos y oídos de los jueces de Casación, se suma la ardua tarea adicional de revisar un veredicto que es inmotivado pues el jurado no debe rendir cuentas de las razones que guiaron su decisión.
No se trata solamente de que el jurado no está obligado a dar razones escritas de su veredicto, sino que además no debe hacerlo, ya que su decisión es fruto de su íntima convicción (conf. Art. 210 último párrafo del C.P.P.), resultando ajena, por imperio de la ley, al sistema de valoración de las libres convicciones razonadas, propio de los jueces técnicos.
Y es aquí donde, a mi entender, adquiere fundamental trascendencia para delimitar la tarea de este Tribunal, el vocablo “manifiestamente” utilizado por el legislador en el inc. “d” del art. 448 bis del C.P.P.
Según la Real Academia Española (conf. www.rae.es ), el adjetivo “manifiesto” define a aquello que resulta descubierto, patente y/o claro.
Entonces, la prosperidad de un recurso de casación contra la condena derivada del veredicto de un jurado popular supone un grosero apartamiento de la prueba, de modo tal que resulte evidente (en el sentido de que su constatación no requiera más que la simple vista), es decir: manifiesto.
Debe entenderse que el legislador procesal penal, al exigir el apartamiento manifiesto de las pruebas rendidas en el debate como supuesto específico de revisión por parte de este Tribunal, alude sólo a determinados casos en los que la falta de comprobación de una determinada situación de hecho emerge de un modo tan claro y nítido que no permite disputa al respecto. Es decir, cuando se advierte un desajuste apreciativo de tal dimensión que implique una fractura con la realidad más llana y objetiva.
Pero en el caso, no puede evaluarse la posibilidad de encontrarnos frente a esa situación de excepción desde que resulta insuficiente la formulación del agravio (lo cual impide su progreso), pues la parte se limita a mencionar, como modo de contrarrestar la prueba de cargo, la declaración del inculpado para fundamentar su postura diversa a la asumida por el jurado popular, pero admitiendo la existencia tanto de prueba directa y categórica en sentido contrario (declaración de la propia víctima que inculpó a Sánchez por los abusos sexuales), como de prueba indirecta corroborante (como por ejemplo, cuando cita la declaración de la hermana de la víctima o de la Licenciada en Psicología que tomó contacto con la menor).
Todo ello, antes que alcanzar para mostrar el manifiesto desajuste requerido por la ley, evidencia simplemente una discrepancia en orden al grado de convicción que se debió otorgar a cada declaración, lo cual no muestra el perfil casatorio exigido por el código de rito, como ya ha sido explicado.
En efecto, para cuestionar los hechos no sólo debe invocarse la situación de excepción contemplada en el art. 448 bis inc. “d” del CPP, sino que además es insoslayable considerar la totalidad de la evidencia con la que contaba el jurado a la hora de decidir, para demostrar que todo ese cúmulo de probanzas, considerado integralmente, no era de ningún modo apto para arribar a la conclusión alcanzada.
¿Cómo estaremos en condiciones de sostener que hay un manifiesto apartamiento de la prueba producida para sostener que el inculpado fue el autor los hechos cuandoéstos tuvieron lugar, si paralelamente se admite la existencia de prueba directa e indirecta en tal dirección?
Como antes dije, la admisión de la existencia de declaraciones con esos perfiles impide, de plano, un mayor desarrollo al respecto: la propia parte reconoce la existencia de prueba variada y contundente en el sentido decidido por el jurado, lo cual obtura su planteo referido a la ausencia de pruebas, cuya única posibilidad de análisi
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