Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 101368
101.368
En la ciudad de La Plata sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa Nro. 101.368 caratulada “GUALTIERI, BRUNO EZEQUIEL S/RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL Y POR DEFENSA PARTICULAR” ; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO – MANCINI .
Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial La Plata resolvió con fecha 9 de septiembre de 2019 condenar a Bruno Ezequiel Gualtieri a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de grooming en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización en autoría mediata, en concurso real con amenazas.
Contra dicho resolutorio interpusieron sendos recursos de casación el señor defensor particular del imputado, Dr. Damián Alberto Barbosa; y la señora Fiscal doctora Silvina Langone.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos?.
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Que tras reclamar un amplio control del pronunciamiento de condena acorde con las garantías que en materia de revisión de sentencias de tal tipo consagra el bloque constitucional de derechos, denunció la defensa del acusado Gualtieri arbitrariedad en cuanto a la acreditación de la exteriorización material de los hechos y una errónea aplicación de un precepto legal.
Aseguró que su asistido solo tendría que haber sido condenado por el delito de grooming, en los términos del art. 131, el cual de ningún modo concurre con otro delito.
Sostuvo que en el caso se dieron todas las etapas diferenciables del grooming, sin que concurra ninguna forma de abuso sexual, siquiera la simple, siendo que los contactos eran esporádicos, mediando “enojos” y “distanciamiento”.
Aseveró que puede observarse que Gualtieri buscaba satisfacer deseos libidinosos esporádicos no habiéndose configurado ninguno de los medios comisivos del abuso sexual, pues las amenazas o conducta extorsiva que se achaca al encartado no tenía la entidad suficiente para constituir ningún abuso sexual.
En punto a los supuestos actos masturbatorios y los videos a los cuales se refirieron el juez y la fiscalía, no surgen de ningún rincón del expediente.
Destacó que no se realizó en el caso ningún tipo de pericia psicológica que refiera algún daño de tal tipo y su magnitud, siendo que ni siquiera se había escuchado a la niña hasta la celebración del juicio oral.
En cuanto al delito de amenazas, sostuvo, el mismo tampoco ha quedado configurado, siendo aplicables los mismos argumentos que utilizó el juez para tratar de fundamentarlo.
Ello así pues las amenazas tienen que ser graves, injustas, idóneas y serias, siendo que las utilizadas en este caso, en su remisión a las formuladas en la serie “El patrón del mal”, cuanto la alusión a formar parte de la barra de Boca, no presentar tal aptitud.
Puso de resalto que el propio padre de la víctima explicó que cuando habló con el acusado se dio cuenta que era un pibe joven y que lo notó asustado y él trató de tranquilizarlo, referencias que mantuvo durante el juicio.
Que tales circunstancias fueron tenidas en consideración para descartar la coacción imputada por la fiscalía, pero tendrían que haber servido -sobradamente- para descartar el delito de amenazas, pues como lo resolvió el juez, los dichos de Gualtieri no tuvieron la más mínima seriedad e idoneidad para que nadie sienta miedo o temor, sino todo lo contrario.
Subrayó el impugnante que se dejó de lado el in dubio pro reo incurriéndose en arbitrariedad.
En cuanto a la determinación de la pena, se agravió la defensa en la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del código de fondo, al evaluar el fallo como agravante la extensión del daño psicológico causado, el cual no pudo ser probado de ningún modo, pues no medió pericia en tal dirección y tal omisión no puede perjudicar al acusado.
En punto a la merma del rendimiento escolar ello tampoco cuenta con el aval probatorio del boletín, notas de autoridades escolares, etc., medios de sencilla producción que no se arrimaron a la causa, lo cual coloca a la decisión del tribunal carente de la debida fundamentación sobre la dosificación punitiva.
II. Que la señora Fiscal Silvina Mariana Langone interpuso casatorio discrepando con la calificación legal de los hechos por haberse apartado el juzgador de la prueba producida en el debate la que permite sin hesitación calificar la conducta desplegada por Gualtieri en el tipo penal del art. 125 tercer párrafo y 149 bis, primer párrafo, segunda parte del código de fondo, esto es corrupción de menores agravada en concurso real con amenazas; y subsidiariamente, corrupción de menores agravada en concurso ideal con grooming y abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, llevado a cabo por medio de autoría mediata y amenazas en concurso real entre sí, tal como lo solicitara al momento del alegato.
Afirmó que el resolutorio aplicó erróneamente el principio de la duda valorando absurdamente la prueba, pues se acreditó que los hechos corruptores que la víctima padeció abastecen el tipo penal del artículo 125 del C.P., siendo que la licenciada Solé respondió en juicio que si bien la menor se encuentra bien, oportunamente deberá ser re evaluada al momento del inicio de su vida sexual.
Tras destacar la función de garantizar la aplicación uniforme de la ley penal de esta Casación, y la doctrina de la gravedad institucional que resultaría de aplicación, aseveró, no cabe duda respecto de la intencionalidad de corromper a la damnificada.
III. Que la señora Fiscal Adjunta ante esta Casación, doctora Alejandra Marcela Moretti, presentó memorial a fs. 67/68vta. donde mantuvo el recurso interpuesto por su colega de grado remitiéndose a los argumentos allí desarrollados. Asimismo, a fs. 70/72 dictaminó que el recurso de la defensa debe ser desestimado por las razones de hecho y derecho que expuso en su presentación.
IV. Que ahora bien, de cara al primer agravio deducido por la defensa técnica del imputado, bien se advierte que –en la tesis que sustenta- la materialidad ilícita reconstruida en el fallo sólo daría satisfacción típica a las exigencias de la infracción penal denominada “grooming” prevista en el artículo 131 del Código Penal, sin que las acciones allí aludidas generen resonancia en otras infracciones penales.
Que ello fuerza volver la mirada sobre la reconstrucción histórica de los hechos para poder determinar si los delitos que descansan sobre ella muestran algún desajuste que haga pasible de invalidación el proceso de subsunción en el sentido criticado.
Que el tribunal dio por cierto que desde el mes de noviembre del año 2017 y hasta el día nueve del mes de enero del año 2018 aproximadamente, Bruno Ezequiel Gualtieri, mayor de edad a esa fecha, valiéndose de la inmadurez sexual de –por entonces- una niña de 13 años –A.L.R.- sabiendo esta circunstancia, la contactó a través de la red social Instagram y posteriormente por las redes Whatsapp y Facebook, para realizar una serie de maniobras de manipulación con las que logró hacerse de su amistad y confianza consiguiendo que ella se involucrara emocionalmente con él. Esto le permitió a Gualtieri conseguir archivos de ella en ropa interior, desnuda y con fines predominantemente sexuales así como también entablar diálogos de alto contenido sexual explícito.
Luego que la menor le enviara el primer archivo de las características antes mencionadas Gualtieri inició actos de intimidación y coerción para lograr que A.L.R. le enviara más imágenes, videos y audios como los descriptos, bajo amenaza de hacer público en internet y dar a conocer a sus padres los archivos con los que contaba en su poder, logrando de esta manera extorsionarla al extremo de lograr por una parte que la niña realizara un video mostrando actos de contenido sexual sobre su cuerpo y además exigirle mantener relaciones sexuales con cuatro sujetos mayores si ella se negaba a hacer lo que él le decía.
En razón de ese cuadro de presión psicológica la joven comenzó a padecer un estado de angustia tal que llamó la atención de su madre quien tomó el celular de su hija y se puso en conocimiento de lo que estaba ocurriendo y por tanto decidió entablar comunicación con Gualteri. Al darse a conocer y manifestarle que estaba al tanto de todo, éste comenzó a enviarle los archivos que A.R.L. le había enviado y amenazó con hacerlos públicos, actitud que adoptó además con el padre de la niña a quien le manifestó de modo amenazante que “estaba en la barra de Boca y que si había que meter caño no tenía problema”, con el propósito de evitar que los progenitores hicieran la denuncia de lo ocurrido, la que no obstante fue realizada y dio origen a la presente causa.
En los términos del agravio casatorio, no existe discrepancia de la defensa sobre la configuración del delito de “grooming”, en cuyo ámbito de aplicación reposa el proceder del sujeto activo que contactó a la víctima por medio de tecnología de transmisión de datos ello con la ultraintención de cometer delitos contra la integridad sexual de la niña.
La acción típica que nombra el delito atrapa la práctica que busca por ciertos medios tecnológicos determinados entablar comunicaciones de contenido sexual inapropiados con niños para, de esa forma, hallar menores de edad en perjuicio de los cuales se busca cometer delitos contra la integridad sexual.
En los términos en que se acuñó la figura, el o los delitos contra la integridad sexual que se procuran no requieren mayor presencia que la aspiracional, esto es, la vocación del sujeto activo de llegar a ello, se lo logre o no, adquiriendo aquello la característica de un elemento subjetivo distinto del dolo.
Desde luego que si -en su progresión- el agente transitó el vedado camino prescripto por el artículo 131 del código de fondo y aquella tendencia trascendente que releva el tipo desembocó –exitosamente para el autor- en la lograda ejecución de algunos de los delitos contra la integridad sexual del menor, ello muestra un devenir realizativo que es doblemente prohibido.
En los términos del recurso defensista que abrió la competencia de esta Casación sobre el punto en discusión, no resulta lógicamente aceptable que los preparativos que pudieren tomar cuerpo en el ámbito del denominado “grooming” tendientes a la comisión de otro grupo determinado de delitos, puedan desplazar en su aplicación la de aquellos otros cuando se consuman -o media principio de ejecución-, y muchos menos resultaría plausible que la punición de aquel indebido contacto preliminar tenga capacidad de absorber y consumir en su acotado disvalor el contenido de injusto de los delitos que, a su través, lograron ponerse en acto.
Es por ello que si, como en el caso, ha quedado debidamente acreditado que el acusado inmerso en el ámbito típico del artículo 131 del C.P., logró –además- mediante intimidación y amenazas, que la niña realizara maniobras sexuales que incluyeron la introducción de un peine en su vagina, ello da cuerpo a otro delito, que el juzgador nombró como abuso sexual gravemente ultrajante imputado en los términos de autoría mediata.
Destaco sobre el particular que no media agravio sobre la imputación de dicha infracción en los términos de autoría explicados en el fallo, pues antes de ello, sostiene que no se puede configurar en el caso concurso de ninguna índole con las figuras del art. 119 del código de fondo que, por lo explicado, no resulta ello plausible.
En el terreno de los hechos, aquella porción de la materialidad ilícita surgió de un contexto probatorio que deja a su determinación exenta de las críticas que lanza el recurrente, pues por fuera de las ausencias de registros sobre aquel acto a las que apunta el recurrente, lo concreto es que aquel tramo de los hechos no sólo fue referido en el testimonio de A.L.R, sino que el propio acusado admitió al interrogatorio fiscal sobre “si el video y las fotos desnuda, ponerse un peine, chupar el peine, fue pedido por vos”, respondió que sí, lo cual no permite cerrar los ojos a la existencia de aquella realidad.
Quedó clara y fundadamente establecido en el fallo que el medio típicamente relevante con el cual se forzó la voluntad contraria de la menor a la práctica y entrega de tal material resultó la intimidación generada por las amenazas del acusado de dar a publicidad registros previamente entregados por aquella en un marco diverso, del cual quedó esclava la menor para dar satisfacción a las ilícitas apetencias del acusado, que tal como quedaron descriptas con precisión en el fallo, algunas de ellas exceden en mucho la naturaleza del abuso sexual simple.
Resulta indudable que el mal anunciado a la víctima resultaba serio e idóneo para generar temor en su ánimo, de forma tal que se vio conminada a ejecutar las acciones que el encartado le impuso.
Las expresiones de A.L.R. dieron cuenta de la angustia y vergüenza que le generaba la posibilidad de que aquellos registros tomaran estado público, como también, que el conocimiento de sus padres sobre tales elementos llevara a la pérdida de confianza sobre la víctima.
Todo ello desembocó en un malestar general que afectó a la menor –tal como lo evocó en su relato- en su rendimiento escolar, como en su vida de relación, siendo recurrente el temor de encontrarse con el acusado en la calle, motivo por el cual no quería desplazase sola por la vía pública, regresando del colegio a su casa con prontitud.
Incluso el grupo más íntimo de amigas percibieron el malestar de la víctima por las amenazas que recibía, quienes la instaron a dar noticia de lo que estaba soportando a sus padres, extremo que resultó ampliamente corroborado en el testimonio de Victoria Ailén Altamirano.
Refirió la víctima también el tratamiento psicológico que debió recibir vinculado a esta problemática.
En todo de acuerdo con la narración de la víctima resultó la declaración de Andrea Ianivella, su progenitora, dando cuenta de la señal de alarma que despertó en ella el malestar físico que experimentaba su hija, lo cual llevó –en busca de establecer el origen de aquello- al develamiento de la situación en la que había sido sumida la menor.
El pormenorizado raconto del fallo sobre este testimonio, como el del padre de la niña, José Francisco Ruíz, aportes que no fueron objeto de impugnación, permiten remitirnos a sus contenidos plenamente ratificatorios sobre el contenido intimidante de las amenazas que recibió la víctima por parte del acusado, a fin de aquella le enviara material de explícito contenido sexual.
Asimismo, la licenciada en psicología Sonia Iris Solé, quien asistió profesionalmente a la víctima, dio precisiones sobre el tema que nos ocupa, explicando que debió mucho, pues la menor estaba con mucho miedo y temor, sintiéndose culpable por haber defraudado a sus padres.
Indicó la profesional que aquello impedía el avance, debiendo elaborar con la paciente que ella resultaba víctima de la situación y no responsable, siendo que al lograrla despojar de aquella mirada, “era llanto, angustia y vergüenza” que se repetía en el espacio tratamental.
Al ser requerida la testigo sobre su conocimiento de los hechos, dio cuenta la licenciada Solé de un relato plenamente compatible con los hechos firmemente sostenido por la menor, a raíz de los cuales comenzó a descender en la actividad escolar, nacieron temores en su vinculación social, apareciendo cuestiones físicas que hicieron síntoma en su cuerpo como dolores de cabeza.
En el marco de la libertad probatoria consagrada en el rito provincial, todo ello da adecuado sostén acreditante en punto a la materialidad delictiva sin margen de duda, la cual también da cuenta de acciones de carácter ilícito que tuvieron como destinatarios a los padres de la menor, enderezadas a generar violencia moral en ellos para no dar noticia a la autoridad pública de lo que estaba ocurriendo.
Esto último constituye un accionar distinto, no sólo porque impacta en bienes jurídicos diversos, sino porque las víctimas también lo son, lo cual no permite especular la subsunción del delito de amenaza efectuada en la sentencia pueda referir a los anuncios intimidantes soportados por la menor en el marco del abuso sexual también afamado por el tribunal, pues éstas están subsumidas como medio ejecutiva de aquella figura y no produce concurso de ningún tipo.
Es por ello que el enlace bajo la forma del concurso real de delito bien muestra que la sustancia fáctica que nutre a este delito, sin dudas, remite a la conducta de Gualtieri en contra de los padres de la víctima.
En ese marco, y sin perjuicio de advertir algún matiz argumental en la decisión que no podría desandar en perjuicio del acusado ante la falta de impugnación fiscal sobre la desestimada configuración del delito de coacciones, me limito a señalar que si el acusado, entre el despliegue de medios intimidantes hacia los padres, incluyó el anuncio de dar a publicidad el contenido de fotos y videos que aquel tenía en su poder de explícita índole sexual pertenecientes a la hija de aquellos; una menor de trece años que estaba atravesada por la angustia y temor de que aquello pudiere llegar a concretarse, tal situación constituía “per se” un mal lo suficientemente serio, grave, injusto, determinado, posible, futuro y enteramente dependiente de la voluntad de Gualtieri, abastecedor –en su entidad- de la relevancia típica del ominoso anuncio.
A través de aquel accionar, el encartado pretendió reducir el ámbito de libre albedrío de sus destinatarios, atentando contra su libertad para determinarlos a no hacer la denuncia de los hechos. Es decir, intentó quebrantar la libertad de los damnificados mediante la creación de un estado que pudo haber influido en las decisiones de aquellos, buscando anular de esa forma su voluntad o manifestaciones concretas de ésta.
Destaco que el tipo penal analizado se reconoce como un delito formal, pues se consuma con la mera utilización de la amenaza, independientemente del resultado obtenido por el procedimiento compulsivo, por lo que la circunstancia de que aquellos se sobrepusieran y llevaran adelante la denuncia en nada enerva lo realizado por el autor.
Ello da respuesta a la pretensión defensista sobre la falta de trascendencia de los anuncios amenazantes de su defendido, que el recurso limita a otras expresiones también formuladas por Gualtieri -que más allá de lo que pudiera predicarse de ellas-, no permiten soslayar la existencia de este proceder seriamente intimidante, lo que determina el decaimiento del motivo de agravio.
Que respecto de la queja formulada por la defensa contra la fijación de la sanción impuesta por el tribunal oral, la cual a criterio del impugnante no se encuentra debidamente fundamentada, he de adelantar mi opinión contraria a la impugnación deducida.
El discurso crítico del impugnante no logra demostrar que en dicha decisión del sentenciante se encuentre presente el vicio achacado, como tampoco, arbitrariedad o absurdo en la determinación fáctica de las circunstancias evaluadas en el proceso de dosimetría de la pena, una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva, o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, y habilitando de tal manera su control ante esta instancia.
La pena se encuentra dentro de la especie y escala legal del concurso de del
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