Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 88660
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Fernando Luis María Mancini (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 88660 caratulada “MORA MAURO GABRIEL S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MANCINI.
El Dr. Nicolás Miguel Plo, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 1 de Lomas de Zamora, con fecha 15 de noviembre de 2017, absolvió por insuficiencia probatoria a Mauro Gabriel Mora en orden a los delitos de robo agravado por su comisión mediante el empleo de arma en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa (arts. 42, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, a contrario sensu , Cód. Penal, fs. 9/28 de este legajo).
Contra esa decisión, la fiscalía interpuso recurso de casación, que con fecha 27 de mayo de 2020 la Sala III de este TCP encontró procedente.
En efecto, coincidiendo con la acusación, los jueces que integraron la Sala III consideraron -por mayoría- que el magistrado de la instancia anterior fue arbitrario al analizar la prueba disponible, casaron el veredicto absolutorio y “a partir de la comprobada intervención de Mauro Gabriel Mora en el hecho descripto en la materialidad ilícita”, devolvieron las actuaciones para que jueces hábiles “ren[ovaran] los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho” (fs. 62).
Oportunamente, el defensor adjunto de Casación, Dr. Ignacio Nolfi, se notificó de la sentencia e hizo reserva para recurrir ante la SCBA, solicitando se cumpliera con el reenvío ordenado y se le diera nueva vista del fallo completo (conf. SCBA, causas Ac. 81.037, Ac. 89.911, entre otras).
En lo que importa destacar, radicada la causa ante el TOC 1 de Lomas de Zamora y luego de diversas presentaciones de la defensora oficial donde señaló la voluntad recursiva de su asistido contra el fallo de la Sala III (que se puso en conocimiento del Dr. Nolfi); con fecha 6 de mayo de 2021, el Dr. Fernando Ariel Bueno estimó -a partir de los términos de la resolución del TCP- que “nada p[odía] ni deb[ía] decir” con relación a materialidad ilícita, la coautoría del acusado y calificación legal, cuestiones que consideró “terminadas” y previa audiencia con el acusado (art. 41, Cód.Penal, fs. 184), condenó a Mauro Gabriel Mora a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, en orden a los delitos de robo agravado por su comisión mediante el empleo de arma en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa (fs. 185/188).
Tales pronunciamientos (el del 27 de mayo de 2020 y el de 6 de mayo de 2021), como integrantes del fallo completo, fueron impugnados por la defensora oficial, Dra. Karina Costas (fs. 230/248vta).
En primer lugar, denuncia inobservancia de los arts. 1 y 461 del CPP, violación del debido proceso, de la defensa en juicio y de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, consagrados en la Constitución Nacional, en tanto entiende que tras la revocación del veredicto absolutorio de su asistido se debió realizar un nuevo juicio oral y no, como lo hizo el TOC 1 con su nueva integración, limitarse a practicar la audiencia prevista en el art. 41 del Código Penal.
En ese sentido, expone que la Sala III del TCP corroboró diversas proposiciones fácticas que conformaron la hipótesis de la acusación, sin haber escuchado a los testigos y valorándolos a partir de los señalamientos que hizo la propia fiscalía, pero prescindiendo de las objeciones que, oportunamente, formuló la defensa durante el juicio oral.
Así, afirma que los jueces de casación omitieron que la fiscalía no pudo probar, en el juicio oral, el conocimiento previo entre los co-imputados, a los que atribuyó la coautoría del hecho; que tampoco examinaron los serios cuestionamientos que esa defensa hizo al reconocimiento del acusado en el debate, realizado por testigos que ya lo habían visto previamente en fotografías seleccionadas por uno de ellos (Nicolás Rodriguez), a partir de una búsqueda en la red social Facebook, motivada en el prejuicio de que Mora era uno de “los pibes que andaban robando en el barrio” (fs. 237vta/238).
En su opinión, aquella forma de resolver, sin inmediación con la prueba y sin examinar los cuestionamientos que hizo la defensa técnica del acusado, lesionó la defensa en juicio y el debido proceso legal, e insiste en que la anulación del veredicto absolutorio y el reenvío implicaban necesariamente la realización de un nuevo juicio oral, para permitir al acusado y a su defensa alegar sobre el mérito de la prueba relativa a la hipótesis de la acusación. Dicho esto, alega que si se interpreta que la Sala III asumió competencia positiva y condenó a Mauro Mora, entonces resulta aplicable la doctrina de la CSJN en “Duarte”, “Chabán” y “Chambla”, mediante la intervención de una nueva Sala del TCP para que actúe como tribunal revisor.
En definitiva, solicita del TCP anule la sentencia y absuelva a su asistido o, eventualmente, disponga la realización de un nuevo juicio.
Por otro lado, sostiene que la admisibilidad del recurso fiscal y el sometimiento del acusado a un nuevo proceso importó la vulneración del principio “ne bis in idem” (fs. 240vta) y denuncia ausencia de motivación de la sentencia y errónea aplicación de los arts. 42 y 80 inc. 7 del Código Penal, pues advierte que ni en el primer fallo (por no resultar necesario, al haberse dictado veredicto absolutorio), ni en el fallo de casación, ni en la segunda sentencia del TOC, se explicita algún argumento que justifique aquella calificación legal (fs. 245/vta).
Finalmente, denuncia errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y hace reserva del caso federal.
Recibidas las actuaciones en la Sala III, se estimó aplicable al caso la doctrina de los precedentes “Carrascosa” y “Campo”, entre otros, de la SCBA (fs. 249), y -sorteo mediante- se radicó la causa por ante esta Sala I, se conformó su integración y se dio traslado a las partes.
El defensor adjunto, Dr. Ignacio Nolfi, contestó la vista conferida y luego de repasar los agravios invocados por la defensora de la instancia anterior, solicitó “la revisión amplia de la sentencia de la Sala III del TCP que diera por comprobada la participación de [su] defendido” y en forma subsidiaria su recalificación legal, señalando la evidencia y el razonamiento probatorio que daría sustento a su petición.
Por su parte, el fiscal adjunto Dr. Fernando Galán, solicitó se rechace el recurso de casación interpuesto, por los argumentos expuestos en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. Al margen de las diferentes estrategias con las que los representantes del MPD -de las diversas instancias- enfrentaron el tramo relativo al alcance del reenvío ordenado por la Sala III; constato que ambos, en lo esencial, solicitan la revisión de la primera sentencia adversa del acusado, dictada en el marco del recurso de casación interpuesto por la fiscalía, luego de la sustanciación del debate y que quedó integrada con la imposición de la pena resuelta –en el reenvío- por el Dr. Fernando Ariel Bueno (fs. 185/188).
En lo esencial, la recurrente cuestiona la competencia positiva asumida por los jueces de la Sala III, en especial luego de la realización de un juicio oral válido donde, a partir de la producción de prueba testifical, se discutió la fiabilidad de los reconocimientos impropios que las víctimas hicieron del acusado.
Sin perjuicio de lo anterior, alega que al casar el veredicto absolutorio, los jueces de la Sala III se basaron en una supuesta arbitrariedad en el razonamiento probatorio del magistrado, pero sin dar mayores explicaciones, limitándose a desplazar la decisión por una propia, valorando la prueba como lo hizo la fiscalía, pero prescindiendo de las objeciones que, oportunamente, formuló la defensa durante el juicio oral.
2. El trámite que siguió la presente causa y los términos en que están formulados los agravios de la defensa obligan a realizar una serie de aclaraciones para asegurar su correcto abordaje, pues presenta cuestionamientos de distinto orden.
3. En primer término, considero que la naturaleza del recurso y la materia de revisión sobre la que ingresó la Sala III, no permitían asumir competencia positiva.
En efecto, la discusión y, por ende, los aspectos controvertidos del veredicto revisado por los jueces de la Sala III involucraron fuentes personales de prueba, y fue esa misma base probatoria la estimada para dictar el veredicto condenatorio en esta instancia, sin la inmediatez, publicidad y contradicción propias del juicio oral, principios que aparecen vulnerados.
En ese sentido, observo que es la naturaleza de la prueba a fiscalizar la que permite evaluar, en cada caso, la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio en esta instancia, aun cuando se trate de la primera sentencia adversa a los intereses del imputado.
En efecto, la posibilidad de realizar una casación positiva o negativa varía según el contexto probatorio presente en cada caso concreto y, en ese sentido, la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio en esta instancia dependerá de las posibilidades de reconstrucción e integración objetiva del cuadro probatorio disponible, cuando la naturaleza de los elementos lo permita.
Así, al contrario de lo que acontece con la prueba informativa o documental, donde los jueces revisores se encuentran objetivamente en paridad de condiciones con los de la instancia anterior en cuanto a la posibilidad de evaluar el aporte informativo de la fuente; el juicio sobre la fiabilidad del testigo como fuente de información, involucra aspectos que requieren el tamiz de la inmediatez, publicidad y contradicción del juicio oral.
En definitiva, solo procedería la asunción de competencia positiva a partir del examen de pruebas disponibles y ajenas a la fuente personal (TEDH, Stcias. del 22 de Noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España; Sentencia en el caso Serrano Contreras contra España, entre otras, resuelta el 20 de Marzo de 2012).
4. Por otro lado, habiéndose encomendado la revisión del pronunciamiento dictado por otra Sala de este TCP en el marco de una revisión requerida por el acusador estatal, cabe recordar que al recurso de la fiscalía no se le concede el alcance que determina la teoría de la máxima capacidad de rendimiento, sino que debe demostrar la arbitrariedad de la sentencia. Ello determina el límite que se imponía en la revisión por parte de la Sala III.
5. No obstante, el caso presente una problemática particular, pues constato que la mayoría de la Sala III utilizó idéntico razonamiento probatorio para dar por acreditada la arbitrariedad de la sentencia (como requisito de procedencia del recurso fiscal) y considerar probada la participación de Mora en el delito.
Luego, la cuestión a resolver exige revisar dos aspectos estrechamente relacionados, debido a sus consecuencias: si la primera sentencia adversa del acusado tuvo como prelación lógica y condición de posibilidad la alegada arbitrariedad del veredicto absolutorio; se impone ahora la revisión de ambas cuestiones, la del juicio de admisibilidad del recurso y la de la valoración de la prueba de condena, pues la Sala III las asoció indisolublemente.
En definitiva, corresponde analizar si los jueces de casación constataron adecuadamente la arbitrariedad en el razonamiento probatorio del sentenciante y, a la vez, garantizar el derecho del imputado a la revisión integral de la primera sentencia de condena.
6. Dicho esto, observo que los jueces que integraron la mayoría de la Sala III, al abordar el recurso de la fiscalía, se limitaron a replicar lo que dijeron los testigos de cargo en el juicio oral, pero sin examinar las razones que dio el sentenciante al estimar que aquellos pudieron incurrir en un error al identificar a Mora como partícipe del delito.
En efecto, luego de repasar las declaraciones de los testigos de la fiscalía, los jueces valoraron que “eran elementos por demás suficientes para tener por acreditada la intervención de Mora -junto a otro- en el hecho (…) siendo que el resto de las testificales brindadas por familiares directos -madre, pareja y hermana- y amigos del aquí imputado, los que analizo desde esta óptica, en concordancia con la versión brindada por el imputado en la sala de audiencia, en un vano intento por colocarse en una situación judicial más beneficiosa” (fs. 61 de este legajo).
En mi opinión, el razonamiento de la mayoría es de una lógica inaceptable, pues inicia el voto afirmando que “de las testificales de las víctimas se aprecia (…) la certeza acerca de la intervención de Mora” (fs. 59vta), pasa a transcribir esos testimonios (fs. 59vta/61) y, seguidamente, afirma que el acusado quiso colocarse en una mejor situación y el resto de los testigos de la defensa intentaron beneficiarlo, para concluir que “no compart[ían] la homologación del fallo puesto en crisis en cuanto absolvió a Mauro Gabriel Mora”.
En otras palabras, el voto afirma que la versión de acusado es falsa porque es verdadera la que afirman los damnificados.
7. La respuesta del TCP es dogmática y no se hace cargo de las concretas objeciones que señaló la defensa (al expedirse sobre el recurso de la fiscalía, especialmente a fs. 52vta/53), en línea con el razonamiento que siguió el veredicto absolutorio al examinar el aporte informativo de los damnificados y confrontarlos con el resto de la evidencia disponible.
Recuerdo que el sentenciante no cuestionó la fiabilidad de los damnificados Lucas Garavito y Verónica Gonzalez al describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que los tuviera como víctimas, sino que constató una serie de proposiciones fácticas -con suficiente apoyo empírico- que incidieron en la calidad de la información proporcionada al identificar a Mora como coautor del delito.
Por ello, resulta deficiente la argumentación que quiere demostrar la arbitrariedad del veredicto mediante el análisis aislado de lo que aquellos testigos dijeron, pues no se encuentra en discusión que declararon reconocer a Mora en las fotos. Así lo valoró el sentenciante, pero también explicó porqué, dadas las circunstancias que también justificó, ese dato era insuficiente para acreditar la autoría.
Concretamente, la revisión exigía examinar la justificación del sentenciante cuando estableció que no podía descartarse que los damnificados hayan incurrido en un error al identificar al acusado.
8. Al contrario, el voto que quedó en minoría examinó los planteos de la fiscalía bajo los límites impuestos al recurso de la acusación, y estableció que el recurrente dedicó la mayor parte de su presentación a “reconstruir el modo como las víctimas sindicaron al encartado y la firmeza con la que lo hicieron” (…) apoyando su argumento en el hecho de que mediaron además reconocimientos espontáneos y por fotografía” (fs. 57/vta).
No obstante, el magistrado también observó -con criterio- que ese dato era insuficiente para “conmover la premisa de base de la sentencia, esto es, que el único elemento con el que se cuenta en la causa es el reconocimiento de las víctimas”, concluyendo que, en rigor, “la impugnante insiste en un elemento de prueba que el tribunal ha valorado, y del modo como la acusadora lo pretendía” (fs. 57vta).
En ese sentido, recuerdo que la disconformidad de la parte con la solución adoptada por sentenciante no alcanza para demostrar la arbitrariedad si no se evidencia ninguna infracción de las reglas de la valoración de la prueba.
El mismo voto señaló el cuestionamiento de la fiscalía sobre la prueba de descargo, al conformarse por familiares del acusado y porque -en cualquier caso-, no pudieron dar fe de lo que hizo Mora “luego de que se fueran a dormir, alrededor de las 23 horas”. Al respecto, el juez de la Sala consideró que aquel vínculo, por si solo, no determinaba el juicio desfavorable sobre la fiabilidad de los testigos, si no se contrastaba con el resto de los elementos de prueba y agregó que “el hecho de que los testigos de descargo no puedan afirmar a ciencia cierta qué hizo el imputado luego de que todos (incluso él) se fueran a dormir, solo trasluce un supuesto de duda que por imperio constitucional, no puede ser resuelto en contra del justiciable” (fs. 58).
9. En definitiva, el magistrado de la Sala III advirtió que de los términos planteados por la recurrente, la decisión aparecía reducida “a la mayor o menor credibilidad que debería darse, por un lado, al positivo reconocimiento efectuado por las víctimas, y por el otro, a los testigos de descargo, que afirman que Mora se encontraba en la vivienda familiar” (fs. 58).
Sin embargo, el mismo magistrado observó que por fuera de ese reducido esquema sobre el que insistió la fiscalía, el sentenciante valoró otros elementos que fueron omitidos por esa parte: así, el resultado del allanamiento en el domicilio de Mora, donde no se halló ningún elemento que lo vinculara con el delito, ni que “permitiera sospechar que se dedicara a la venta de elementos sustraídos, y más importante aun, tampoco pudo acreditarse que los coimputados se conocieran (fs. 58vta, el subrayado pertenece al original).
10. Corresponde detenerse en las circunstancias relativas al primer momento de la investigación, que la defensa puso de resalto en el juicio oral y fueron constatadas por el sentenciante, pues derivaron en la irrupción de Mauro Mora en el expediente y en su reconocimiento por parte de las víctimas, como únicas pruebas de cargo relevantes en su contra.
En efecto, no viene controvertido que los damnificados reconocieron a Mora en una de las fotografías que les envió un amigo, Ezequiel Rodriguez.
No obstante, la defensa alegó que Rodriguez hizo una “especie de investigación” para dar con el supuesto autor del hecho, que pudo sugestionar el reconocimiento de las víctimas, pues el testigo buscó directamente a Mauro Mora en Facebook, bajo la premisa de que ése estaba vendiendo un teléfono Blackberry coincidente con el sustraído a su amigo Garavito y que ya habría robado antes en el barrio, al hijo del ferretero, información que no se corroboró en el debate.
11. En lo que importa destacar, de acuerdo con las constancias del veredicto, Ezequiel Rodriguez declaró en el juicio oral que enterado del robo que habían sufrido sus amigos, preguntó a unos amigos del barrio si sabían quién vendía celulares y le dijeron “que había aparecido un Blakberry” (coincidente con el sustraído a su amigo Lucas Garavito), que lo vendía un tal Mauro, al que “conocía de vista, no sabía ni quién era” (fs. 14).
Recordó que entró al Facebook de su primo, “lo empezamos a buscar” y encontró una foto donde había también otros sujetos del barrio y se la envió a su amiga Verónica y ella lo reconoció. Que le dijo a Verónica “estos son los chicos que viven en el fondo” del barrio y explicó “sabemos quién anda en las malas y en las buenas” (fs. 14vta).
El testigo Ezequiel Gonzalez precisó que estaba jugando al futbol con gente del barrio y fue “este pibito que nunca había jugado con él” el que le dijo que “Mauro tiene un celular para vender, un Blackberry” (fs. 14vta). Agregó que como su primo vivía por ahí le preguntó quién era Mauro y aquel le mandó su Facebook, al que se metió en búsqueda de fotos para enviarle a Verónica, “saqué la foto y se la mandé a Vero” (fs. 15) y “le dije estos son los chicos de acá al fondo”, pues se había enterado que algunos andaban roban
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