Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 119886
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 119886 caratulada “V., L. A. S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL (RPJ)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, en el marco de la causa nro. 2981/2018 (I.P.P. Nro. 15-00-008808-18), con fecha 22 de noviembre de 2018 dictó, bajo el procedimiento de juicio abreviado, auto de responsabilidad (art. 56 ley 13.634), declarando a la joven V., L. A., coautora responsable del delito de robo agravado por el uso de armas, en los términos del artículo 166, inc. 2do., párr. 1ro. del Código Penal, por el hecho ocurrido el día 17 de febrero de 2018, en detrimento de Mayra Eliana Garay y Leandro Gabriel Lopez, difiriendo la eventual aplicación de sanción penal -con un límite temporal acordado por las partes en (2) años y ocho (8) meses de prisión- al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4 de la ley 22.278.
Que, respecto de los agravantes solicitados por la Fiscalía, el señor Juez consideró que los mismos se evaluarían en el momento procesal oportuno. Que, asimismo, ordenó mantener a la joven en su actual situación de libertad, bajo el establecimiento de condiciones. Fundamentó tal decisión en que “[l]a razón de ser de que se exima de pena a los jóvenes o se admita su reducción, se basa en el principio de que en materia penal juvenil los autores de hechos típicos y antijurídicos, por su edad se encuentran en un período de la vida en el que aún no han concluido el proceso biológico de formación psicofísica, careciendo del estado de madurez que se requiere para advertir las consecuencias de su obrar delictivo. La respuesta jurídica en estos casos está destinada a completar el estadio evolutivo, debiendo guardar proporción en cada caso concreto, tanto con el hecho como con la posibilidad de cumplir con esos objetivos, por lo que el trabajo a realizar deberá orientarse como “supra” refiriera a la introspección por parte de este joven de los principios rectores del fuero…”
II. Cumplidos los requisitos del artículo 4 de la ley 22.278, con fecha 7 de julio de 2022, se realizó la audiencia de cesura a fin de oír a las partes y dictar sentencia definitiva, momento en el cual - conforme el registro de audio que este Tribunal ha podido tener acceso y el acta labrada en su consecuencia-, la Fiscalía solicitó valorar que la joven no ha dado cuenta de su implicancia en el hecho, ni a las consecuencias dañosas de los mismos, ante lo cual señala que dada lo falta de autocrítica, corresponde imponer pena de efectivo cumplimiento a la joven V., L. A.. Respecto de la dosimetría, solicita se tenga en cuenta las agravantes de nocturnidad, pluralidad de autores y la violencia desplegada, descartando la aplicación de atenuantes, solicitando la aplicación de la pena de dos (2) años y ocho (8) meses de prisión y costas del proceso, solicitando la inmediata detención de la nombrada.
Por su parte, la Defensa solicita que no se imponga pena a la joven, debiendo valorarse los progresos llevados adelante por L., quien ha cumplido los objetivos establecidos, destacando que desde la sentencia condenatoria a la fecha han pasado más de cuatro años y el contralor llevado a cabo permite vislumbrar el cumplimiento de los objetivos de reinserción social, surgiendo del último informe proveniente del CESOC departamental que la joven ha mantenido una sostenida evolución, desarrollando un proceso de responsabilización positivo y asumiendo una actitud crítica de las circunstancias que la sometieron a un proceso penal. Destaca que ha logrado reestructurar toda su vida y proyecta mejorar, tiene trabajo y busca uno mejor, y no ha podido concluir sus estudios porque trabaja de 8 horas a 18 horas, con una niña de dos años a su exclusivo cargo. Aclara que en el hecho han participado al menos seis personas y la joven no ejerció ningún tipo de violencia en relación a las víctimas, solicitando que no se le imponga sanción penal, y en subsidio, que lo sea por el mínimo legal.
Escuchada la joven L., señala que cambió mucho a partir que empezó a ir al Vallecito de Guadalupe, empezó a trabajar, quedó embarazada, señalando que se arrepiente de lo que hizo.
Habiendo sido escuchadas las partes, el señor juez destaca que la joven V., L. A. llega en libertad con el consentimiento fiscal, que la única causa que tiene en trámite es la presente y que, acompañados todos los informes de rigor, la joven no se vio involucrada en nuevos hechos, por lo cual considera que pedir la detención es desproporcionado, absurdo y sin sustento legal. La joven tuvo un espacio reflexivo, una evolución brillante y, sin negar las características del hecho, aclara que un robo en grupo es característico de los jóvenes, no implicó el uso de armas de fuego y no tuvo mayor perjuicio patrimonial. En virtud de lo expuesto, a la luz de la impresión personal que le produce la joven y habiendo cumplido con todas las pautas impuestas, resuelve no imponer sanción penal a V., L. A.. Notificadas las partes, formula reserva de recurrir en Casación la Fiscalía.
III. Contra dicha sentencia el agente fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil -Dr. Marcelo Javier Tonelli - deduce recurso de casación, sosteniendo que la impugnación resulta formalmente admisible y la competencia para decidir corresponde a este cuerpo. Denuncia la inobservancia del artículo 4 de la ley 22.278, atento que para decidir la innecesariedad de la pena, el único motivo que ha tenido en cuenta el juzgado es considerar favorable el proceso de resocialización, sin abordar tópicos como modalidad del hecho y antecedentes del menor, no realizando una valoración conglobante de los tópicos sindicados y que se desprenden de la jurisprudencia que cita a tales fines. Destaca que: “…el suceso fue sumamente grave, no solo tal como es relatado por las víctimas y personal policial, sino también que siquiera se ponderó los agravantes de nocturnidad y pluralidad queriendo neutralizar ello como un robo en grupo por parte de adolescentes "unidos en pandillas callejeras", que es bibliografía citada por el Magistrado "...en los manuales de delincuencia juvenil...", pero en modo alguno con el nivel de violencia y organización demostrada en el presente caso y que surgen del relato efectuado en la sentencia de responsabilidad (auto de responsabilidad) a más de propuestos por esta parte, descartando atenuantes…”
Pone en valor los informes del Cuerpo Técnico Auxiliar (CTA) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y del Centro Sociocomunitario (CESOC) departamental, a fin de destacar que “[e]n ninguna de las intervenciones se ha reflejado una mirada restropectiva sobre el suceso y nada se ha sindicado en cuanto a elaboración y reflexión del daño ocasionado a las víctimas…”, para finalmente señalar que lo expuesto invalida la sentencia en tanto acto jurisdiccional, por resultar arbitraria, por lo que debe ser casada y reenviar para el dictado de una sanción penal por el monto punitivo solicitado.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Notificadas las partes, el representante del Ministerio Fiscal ante este Tribunal de Casación mantiene los argumentos vertidos por su colega, considerando que la resolución se ha pronunciado bajo valoraciones genéricas, existiendo una absurda y arbitraria valoración para decidir, por lo que la sentencia debe ser tachada de arbitraria.
Por su parte, la Defensa Oficial ante este Tribunal de Casación, plantea que en el Fuero Penal Juvenil no está previsto el recurso del Ministerio Público Fiscal contra el pronunciamiento dictado (art. 62, ley 13.634) y que ha sido mal concedido el recurso, debiendo ser considerado inadmisible.
Subsidiariamente, sostiene que el recurso debe ser rechazado, atento que los argumentos vertidos no dejan de ser una opinión distinta al criterio sostenido por el juez de la instancia y que el casacionista, no ha logrado acreditar por qué en el caso es necesario imponer pena.
Destaca que “[l]a joven [L.] a lo largo de este proceso se encontró inmersa en una particular situación de triple vulnerabilidad –los que a continuación paso a detallar- los que surgen de las constancias de este legajo al señalar que se llevó adelante un proceso como menor y a su vez resulta madre de una niña –la cual llevó a la audiencia de cesura de debate- y de la cual es la única responsable y garante, dado que el progenitor de la menor fuera detenido…”, consistiendo esta triple vulnerabilidad en resultar: menor de edad, la necesaria perspectiva de género y la doble condición niña-mujer, conforme la doctrina legal de la CSJ en el precedente “Sanelli” de fecha 4 de junio de 2020. Acompaña jurisprudencia que avala su postura.
Habiendo ejercido la joven V., L. A. su derecho a ser oída ante este Tribunal de Casación, de conformidad con lo establecido por los artículos 12 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (C.I.D.N.), 3 y 60 ley 13.634, en la audiencia llevada a cabo el 1° de diciembre del corriente año y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto? En caso afirmativo ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Admisibilidad
Como vienen dadas las preguntas que integran esta primera cuestión, no puedo soslayar el planteo realizado por la Defensa, al momento de emitir dictamen respecto del recurso impetrado por el casacionista y expedirme sobre la admisibilidad o no del recurso.
Sostiene la Defensa Pública ante este Tribunal, que el recurso interpuesto no está previsto –en el art. 62 ley 13.634- para el Fiscal en el Fuero Penal Juvenil.
A mi modo de ver, no resulta correcto que el Ministerio Fiscal carezca de la posibilidad de interponer un recurso de casación contra la sentencia que dicte un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, sino que la vía para él establecida según el inc. 2° del artículo 62 de la ley 13.634 nunca ha de ser más amplia que la regulada para los procesos de adultos.
Es que, la norma citada, incluso, atribuye la posibilidad de instar la revisión de la sentencia ante estos estrados cuando se hubiere incurrido en algunas de las hipótesis previstas en los artículos 448 y 449 del Código Procesal Penal, como es el caso de autos, donde la acusación sostiene el quebranto de lo dispuesto en el inciso primero de la primera de las normas mencionadas.
Además, y ya como modo de interpretación auténtica, es dable señalar que la reforma operada con la ley 14.765 al artículo 61 de la ley 13.634 se inició por pedido del Sr. Defensor de Casación Penal, Dr. Mario Luis Coriolano, instaurando la vía casatoria contra las sentencias de los Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil, pero de sus fundamentos no resulta que tal posibilidad se hubiere vedado para quien ejerce la acción penal pública o para el particular damnificado.
Por lo que he de considerar admisible el recurso impetrado y, en consecuencia, pasar al tratamiento referido a la procedencia del mismo.
b) Procedencia
I. Liminarmente, debe destacarse que los planteos de la parte que abren la jurisdicción de este Tribunal de Casación, no ponen en crisis la materialidad infraccionaria ni la coautoría de la joven V., L. A., todo lo cual arriba firme a estos estrados (arts. 111 y 434 C.P.P.).
Al solo efecto de dejar en claro los hechos que tienen por resultante la sentencia dictada el pasado 22 de noviembre de 2018 bajo el procedimiento abreviado, respecto de los cuales se ha tenido por acreditada la participación de L. en calidad de coautora, los mismos consisten en:
“…el día 17 de febrero de 2018, siendo alrededor de la 1:30 horas en las inmediaciones de la Ruta 197 entre las calles Miraflores y Granaderos de la Localidad de pablo Nogués, Partido de Malvinas Argentinas, [V., L. A.] junto a al menos otros seis sujetos, sólo dos de ellos identificados, interceptaron a Leandro Gabriel Lopez y su novia Mayra Eliana Garay en oportunidad que caminaban por la zona y tras agredirlos con golpes de puño, patadas e intimidarlos con un destornillador que uno de ellos portaba, los desapoderaron de su ropa y demás pertenencias, a saber: visera color negra y blanca con la inscripción Forum, una mochila con estampado camuflado conteniendo una campera, una cadena de paseo para perro, una cadenita plateada, un atado de cigarrillos y encedendor naranja, todo ello propiedad de Lopez y un celular marca LG modelo beat y una campera de color blanca, negra y roja, todo ello propiedad de Garay, para darse finalmente a la fuga. No obstante, la pareja agredida inmediatamente cursa aviso de lo sucedido a un patrullero que recorría jurisdicción y sindicaron a los sujetos que continuaban a la vista, siendo que finalmente resultó aprehendida a escasa distancia -zona de la estación- la joven [V., L. A.] junto a otra femenina menor de edad y en las cercanías -campo municipal- resultaron aprehendidos otros dos agresores de sexo masculino...”
En la mentada sentencia, el juez de la instancia resolvió el establecimiento de pautas de conducta con motivo de cumplir con el año tutelar, para lo cual mantuvo a la joven en libertad y difirió el tratamiento sobre las agravantes propuestas por la Fiscalía para el momento oportuno, lo cual, no podría ser de otra manera, en tanto que, conforme lo establece la normativa de fondo en materia juvenil, el juez ha de seguir un orden de prelación el cual le es ineludible: cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 4 de la ley 22.278, debe evaluar motivada y fundadamente si el menor de edad sujeto a proceso y cuya responsabilidad en el mismo ha sido determinada (en el caso, sent. 22/11/2018) es o no merecedor de una sanción penal.
Vale decir, debe fundamentar si necesita, conforme una mirada integral que cohesione tanto las circunstancias particulares del menor de edad, la evolución del tratamiento impuesto, la entidad del injusto endilgado y la impresión directa que le cause, la imposición de una pena. De no necesitarlo, la evaluación de las agravantes y atenuantes planteadas a los fines de determinar -conforme los arts. 40 y 41 del C.P.- el quantum de la pena a imponer, va de suyo que no resultan ser consideradas, pues por un orden de prelación lógico y coherente con su decisión, no es necesaria en el caso la imposición de pena alguna a determinar. Por el contrario, de necesitar la imposición de una pena, recién ahí el juez debería evaluar las atenuantes y agravantes que le hayan sido planteadas.
Esto es lo que planteó el juez en la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2018: “Con relación a la tercera cuestión, considero: Que no se han comprobado ni alegado eximentes de ningún tipo en el hecho anteriormente descripto, es por ello que entiendo que la participación que he tenido por probada respecto de [V., L. A.] en el suceso en juzgamiento le es penalmente reprochable. Las partes no han planteado la existencia de atenuantes y como agravantes la Fiscalía ha planteado la pluralidad de intervinientes y la nocturnidad, respecto de los cuales, entiendo que los mismos deberán ser evaluados en el momento procesal oportuno, esto es, una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el art. 4 de la ley 22.278”, lo cual fue consentido por el casacionista, y este es el camino que debía seguir.
Así lo ha entendido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación “ 11º) Que, de acuerdo con lo precedentemente expuesto, se advierte que en la sentencia en recurso no se han respetado las exigencias derivadas de las normas legales y constitucionales aplicables al caso. En efecto, la decisión de la Cámara no exhibe argumento alguno que permita entender por qué se consideró eximida de la obligación de fundar la "necesidad de pena" en los antecedentes del menor, en el resultado del tratamiento tutelar y en la impresión directa de aquél, tal como lo exige el artículo 4º de la ley 22.278, según el fin claramente resocializador que se reconoce a la pena impuesta por hechos cometidos por jóvenes menores de edad…” (causa “Marteau Alejandro Aramis s/homicidio en concurso ideal con lesiones graves y dolosas”, sent. 17/03/2009, Fallos 332:512, el resaltado es propio), señalando in re “Maldonado” que “…la 'necesidad de la pena' a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a 'gravedad del hecho' o a 'peligrosidad' como parece entenderlo el a quo. Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a 'la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40, inc. 1º)…" (causa "Maldonado, Daniel E. y otro", consid. 22, sent. 07/12/2005, Fallos, 328:4343).
Por su parte, nuestro máximo tribunal provincial ha establecido: “…VII. Al respecto el art. 4 de la ley 22.278 estipula que, cumplidos los requisitos de la cesura de juicio, para resolver la necesidad de pena debe estarse a "las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez ". Y ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se respetan las exigencias derivadas de la normativa aplicable si la decisión de la Cámara "...no exhibe argumento alguno que permita entender por qué se consideró eximida de la obligación de fundar la 'necesidad de pena' en los antecedentes del menor, en el resultado del tratamiento tutelar y en la impresión directa de aquél, tal como lo exige el artículo 4 de la ley 22.278, según el fin claramente resocializador que se reconoce a la pena impuesta por hechos cometidos por jóvenes menores de edad" -en lo pertinente, Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Marteau", sentencia de 17-III-2009, considerando 11-. En este sentido, el comentario a la regla 5 de las Reglas de Beijing establece que las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan circunstancias personales) han de influir en la proporcionalidad de la reacción. La regla 17.1 fija similar principio rector como guía para el dictado de sentencias y resoluciones…” (causa P. 128.029-RC, "M., D. A. S/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa N° 146/2014 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás", sent. 18/10/2017).
Es claro, entonces, que la sentencia recurrida no ha omitido el abordaje de cuestión esencial al no avocarse al tratamiento de las agravantes propuestas, por la sencilla razón que no correspondía su tratamiento, en tanto, no consideró necesaria la imposición de una pena para V., L. A.. Consecuentemente, tal extremo del agravio no es de recibo.
II. No obstante lo expuesto, y antes de avanzar sobre la cuestión dirimente, esto es, sobre si la sentencia se autoabastece en cuanto a los fundamentos que llevaron a la jurisdicción a considerar que en el caso la imposición de una sanción no era necesaria, deviene esencial abordar un extremo argumental del recurso impetrado, en tanto la interpretación allí sostenida puede resultar discriminatoria respecto de la joven encausada, y teniendo en miras lo normado en los artículos 2 y
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