Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 88310
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación deducido por el Ministerio Publico Fiscal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 40 de la C.I.D.N.; 43, 44 de las Reglas de las Naciones Unidas de Protección de los Menores Privados de Libertad; 9° inc. 6 de la ley 12256; 85 de la ley 13634; 20, 421, 433, 448, 450, 451, 454, 456, 530, 532 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
"Registrado bajo el Nro. 939 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 30 de OCTUBRE de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 88310 caratulada “G., J. L. S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n°2 del Departamento Judicial La Matanza, en el marco de la causa nro. 2275/2015 (I.P.P nro. 05-00-002341-15) y su acorallada causa nro. 1054/2015 (I.P.P nro. 05-00-002341-15), en trámite de juicio abreviado, con fecha 1 de diciembre de 2017 resolvió absolver de pena a G., J. L., respecto del delito de robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda y por el uso de arma de utilería, en concurso material con el delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada
II. Contra dicha sentencia el agente fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil -Dr. Marcelo R. Germinario- deduce recurso de casación, denunciando la inobservancia del art. 4 de la ley 22.278 y la imposición de una pena, por considerar que el joven Guajardo no ha alcanzado los objetivos socio-educativos previstos por la ley del Fuero minoril, para eximirlo de ella.
III. Notificadas las partes y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
El recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Fiscal especializado no habrá de prosperar.
En primer lugar, el agente fiscal sostiene que el menor no alcanzó los objetivos del fuero, toda vez que cometió un delito siendo mayor. En cuanto a este punto, no puedo dejar de observar que con fecha 30 de diciembre de 2015 se dictó en autos la sentencia de juicio abreviado, por la cual se lo declaró penalmente responsable a J. G. y se le impuso en el marco del art. 56 inc 2 de la ley 13634 una serie de obligaciones, entre ellas, la de no cometer delitos. Asimismo, advierto que el delito mencionado por la Fiscalía -I.P.P. 05-00-048671-15/00- resulta ser de fecha 9 de diciembre del año 2015, es decir, es anterior a la sentencia de juicio abreviado, no existiendo constancias posteriores de que el joven hubiera incumplido la misma y a la vigencia de dicha pauta conductual.
En este sentido, el informe institucional efectuado con fecha 7 de agosto del año 2017, describe que el joven G. es un interno de un concepto bueno, que registra una conducta ejemplar alfanumérica nueve (9) y que no posee motivaciones laborales. La Fiscalía considera que la carencia de motivaciones laborales significa que el joven no alcanzó los objetivos del fuero. Si bien el trabajo tiene como finalidad primordial lograr la revinculación social, el menor debe poder optar por el trabajo que desee desempeñar, lo que significa que el trabajo no es una obligación ni una imposición sino que es un derecho que gozan los procesados y condenados. En este sentido, entiendo que no puede considerarse como aspecto negativo la falta de incursión en el plano laboral. Por ello, es que corresponde valorar aquellos elementos objetivos que son suceptibles del ponderación. En resumen y habiendo realizado un examen integral, se evidencia el adecuado desempeño institucional en cuanto a su conducta y concepto del joven (conforme art. 43, 44 de las Reglas de las Naciones Unidas de Protección de los Menores Privados de Libertad; art. 9° inc. 6 de la ley 12256 y art. 85 de la ley 13634).
Afirmado lo anterior, no puedo dejar de mencionar que la sanción penal en el fuero minoril no es de carácter punitivo, sino que tiene como norte promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad (conforme al art. 40 C.I.D.N.). Se ha señalado que "[l]a gran dificultad de nuestro sistema penal juvenil radica en ser un sistema que parece abocado solamente a la persecución y el castigo, desatendiendo otros objetivos que deben ser tenidos en especial consideración cuando se trabaja con menores que han infringido la ley penal, concretamente, el aspecto preventivo y el objetivo de ver la posibilidad de sustituir el castigo de la privación de la libertad por medidas que tiendan a la rehabilitación y a la reinserción del menor delincuente. Sólo de esta manera se estará cumpliendo con la finalidad de atender al interés superior del niño, principio rector de todo el sistema de protección de niños" (Trucco, Marcelo F., "Estándares internacionales en la justicia penal juvenil. El caso 'Mendoza'", LL 2013-E-497).
En este aspecto, el recurso interpuesto por el fiscal, nada aporta puesto que no se han explicitado con precisión cuáles son las razones por las cuales resulta necesaria la aplicación de pena. La necesidad o no de la imposición de una sanción y eventualmente su reducción, depende, principalmente, del resultado del "tratamiento tutelar" (art. 4º ley 22.278), cuya finalidad es proteger y reencausar a la persona menor de edad para que pueda desempeñar un papel constructivo y productivo en la sociedad y sobre su base ponderar la necesidad de aplicar una sanción penal (confr. a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores” -“Reglas de Beijing”- (19.1); art. 4 inc. 3 de la ley 22278).
En tal inteligencia, y con los alcances indicados en los acápites que anteceden, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión anterior corresponde RECHAZAR el recurso de casación deducido por el agente fiscal.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
ASÍ LO VOTO .
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
I. RECHAZAR el recurso de casación deducido por el Ministerio Publico Fiscal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 40 de la C.I.D.N.; 43, 44 de las Reglas de las Naciones Unidas de Protección de los Menores Privados de Libertad; 9° inc. 6 de la ley 12256; 85 de la ley 13634; 20, 421, 433, 448, 450, 451, 454, 456, 530, 532 y ccdtes. del Código Procesal Penal. Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
MAIDANA - CARRAL (JUECES)
ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO)
Fin de la sentencia