Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 111140
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación interpuesto por el señor fiscal de juicio, y consecuentemente declarar la nulidad de la sentencia dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de San Isidro, con reenvío a la instancia de origen a fin de que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en la presente sentencia.
Rigen los artículos 40 CIDN; 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 33 y 40 de la ley 13.634; 448, 451, 452, 461, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
C.111.140
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, doctores Daniel Carral y Ricardo Borinsky, con el fin de resolver el recurso presentado en la causa nro. 111.140 caratulada “R. L. R. S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces deberán observar el orden siguiente: CARRAL-BORINSKY.
En lo que interesa destacar, con fecha 28 de julio de 2020, la jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial San Isidro, resolvió dejar sin efecto la declaración de rebeldía y averiguación de paradero de L.R.R.; y aplicar el instituto de la remisión en la causa nº 222 (IPP nº 14-00-008895-12), y en consecuencia cesar en la intervención penal que pesaba sobre el joven R. por la comisión del delito de robo calificado por el uso de arma de utilería (arts. 45, 55, 166 inc. 2º, último párrafo del Cód. Penal), procediendo al archivo de las actuaciones.
Ante dicho fallo, se alza el fiscal de juicio, en tanto considera que la judicante se arrogó funciones que la ley nº 13.634 sólo le ha asignado al Ministerio Público Fiscal, afectando el sistema acusatorio adoptado por nuestra provincia.
En tal sentido, el recurrente sostiene que la decisión de la magistrada ha sido errada por intentar emitir un pronunciamiento absolutorio solapado en un principio que se encuentra fuera de las prerrogativas que la normativa vigente le brinda.
A su vez, sostiene que la conducta asumida por el imputado durante este proceso y la sentencia condenatoria que el mismo recibió en el fuero penal como mayor de edad, no dejan lugar para la aplicación de este principio; y menos aún bajo la modalidad adoptada en la sentencia puesta en crisis. Puesto que, no fue ordenada la intervención de ningún órgano del estado a fin de continuar el seguimiento del joven en orden al suceso por el que fue oportunamente declarado responsable por el fuero especializado.
En tal sentido, peticiona que se case el fallo recurrido, revocando la decisión atacada y ordenando el reenvío a la instancia de origen a fin de que el órgano de juicio proceda de conformidad con las previsiones del art. 8 de la ley nº 22.278
Finalmente, el recurrente hace reserva del Caso Federal (art. 14 de la ley 48).
Sorteadas que fueron las actuaciones se notificó a las partes (sistema informático –AUGUSTA-).
Así fue que, en oportunidad de presentar su memorial, el señor fiscal adjunto ante este tribunal, sostuvo y reforzó los argumentos vertidos por el recurrente (sistema informático –AUGUSTA-).
Ingresada a la Sala con fecha 8 de septiembre de 2021, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. En primer lugar, dadas las particularidades del caso y a los fines de ser ilustrativos, cabe señalar que una lectura del legajo recursivo obrante en el sistema informático, se desprende que con fecha 13 de septiembre de 2013, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 1 de San Isidro declaró formalmente admisible el acuerdo de juicio abreviado alcanzado por las partes y el imputado, en el cual se disponía como límite punitivo la eventual imposición de una pena máxima de un (1) año y seis (6) meses de prisión en suspenso. Consecuentemente, se declaró responsable a L.R.R., en orden al delito de robo calificado por el empleo de arma de utilería (arts. 45, 55, 166 inc. 2º, último párrafo del Cód. Penal). Finalmente fue diferida la eventual aplicación de una sanción penal hasta el cumplimiento de las condiciones dispuestas por el art. 4 de la ley nº 22.278.
Posteriormente, frente a distintas convocatorias a la audiencia que debía llevarse a cabo en los términos de los arts. 4 de la ley nº 22.278 y 372 del Cód. de Rito, el joven R. no logró ser habido, y consecuentemente, dicho acto procesal no pudo concretarse.
Ante tal circunstancia el 27 de octubre de 2014, fue dispuesta la declaración de rebeldía del imputado, y su consecuente comparendo compulsivo.
Así fue que el día 18 de mayo de 2015 personal policial logró dar con el nombrado, notificando a él y a su progenitora de la citación para llevar a cabo la audiencia referida precedentemente con fecha 1 de julio de 2015; sin embargo, pese a estar debidamente notificado, R. volvió a ausentarse al momento de concretarse tal acto.
Ante una nueva citación que no logró dar resultado positivo, con fecha 6 de agosto de 2015, volvió a ser dispuesta la declaración de rebeldía y comparendo compulsivo de R.
Luego, con fecha 12 de abril de 2016 el joven protagonizó un evento cuya participación fue investigada por la justicia penal ordinaria de nuestra provincia, y a partir de tal evento fue dispuesto el comparendo compulsivo del nombrado, a los fines de concretar el acto que fuera relegado en anteriores oportunidades. Sin embargo, ante la nueva incomparecencia de R. se volvió a tener en cuenta la rebeldía y comparendo compulsivo oportunamente dispuesto en relación al mismo.
Con posterioridad, al encontrarse aprehendido en la Comisaría de General Pacheco en orden a una investigación por la presunta comisión del delito de lesiones leves, el joven fue trasladado al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil interviniente, oportunidad en la que se dispuso la inmediata libertad del nombrado, dejándose sin efecto el comparendo compulsivo y notificándolo de la fijación de una nueva fecha para realizar la audiencia prevista por el art. 4 de la ley nº 22.278.
Así fue que, la falta de presentación del joven, hizo necesaria la fijación de una nueva fecha para la realización del acto procesal mencionado.
Las subsiguientes incomparecencias, motivaron que se vuelva a resolver la declaración de rebeldía del Rodríguez, disponiéndose la averiguación de paradero y el comparendo compulsivo del mismo (28 de marzo de 2018).
Tiempo después, el día 16 de junio de 2020, las autoridades de la justicia especializada tomaron conocimiento que el imputado se encontraba alojado en la Comisaría 1º de San Isidro, a cargo del Juzgado en lo Correccional nº 2 de San Isidro. Siendo que con posterioridad este órgano condenó al nombrado a la pena de ocho (8) meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor del delito de robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.
Así fue que luego de certificar el domicilio de R., el agente fiscal requirió la aplicación de la sanción oportunamente acordada por las partes, como así también la unificación de las sentencias condenatorias recaídas sobre el mismo, de conformidad con las previsiones del art. 58 del Cód. Penal.
Por su parte, la defensa promovió que se haga uso del instituto de la remisión y de tal modo se disponga el archivo de las actuaciones en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Finalmente, con fecha 28 de julio de 2020, la jueza a cargo del Juzgado de responsabilidad Penal Juvenil nº 1 de San Isidro, haciéndose eco de la petición impulsada por la defensa, adoptó la decisión cuestionada por el recurrente, y que en definitiva motivó la intervención de este tribunal.
Sentado lo expuesto, en segundo lugar, debo señalar que no escapa a mi conocimiento que, a partir de la reforma de la Constitución Nacional, nuestro estado incorporó distintos tratados a nuestra Carta Magna a través del art. 75 inc. 22º, siendo que entre ellos se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esto significó un punto de inflexión en torno al fuero especializado, y exigió una continua adaptación de la normativa local al nuevo sistema integral de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En esa línea es que nuestra provincia receptando no sólo el bloque de normativa internacional incorporado por el referido art. 75 inc. 22º de la Const. Nacional, sino también haciendo eco de otros instrumentos relevantes en la materia –aunque sin rango normativo especifico- tales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), dictó las leyes 12.298 y 13.634.
Ese esfuerzo de los legisladores locales en proyectar la referida normativa con el afán de ajustar la jurisdicción local a los parámetros internacionales en la materia, fue necesario y adecuado; e incluso un repaso de distintas consideraciones, como el caso del instituto de la remisión, da cuenta de aquella búsqueda de brindar herramientas normativas en el orden local que sean representativas del nuevo paradigma.
De tal modo, la puesta en marcha de este nuevo fuero de Responsabilidad Penal Juvenil conllevó también el esfuerzo de los aperadores en interpretar la nueva normativa vigente, en pleno ejercicio las implicancias de su función.
Tampoco está demás tener en cuenta que el propio art. 33 de la ley nº 13.634, con prístina claridad indica que los principios rectores para la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal son: “…la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima intervención, la subsidiariedad, la solución de los conflictos y la participación de la víctima; también que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.”.
Ahora bien, volviendo al caso bajo estudio, se advierte por parte de la magistrada, una búsqueda de llevar la interpretación normativa en juego con distintos instrumentos internacionales –como los ya mencionados-, a una extensión en su exégesis que dista mucho de lo que el texto de la ley vigente permitiría aun aceptando la analogía in bonan partem.
Cabe entonces señalar que las argumentaciones interpretativas la magistrada pueden ser de utilidad ante algún punto que requiera un esfuerzo mayor al analizar la aplicación de la normativa vigente al caso concreto.
Sin embargo, el art. 40 de la ley nº 13.634 ha sido adecuado receptor del instituto de la remisión previsto por el art. 40.3.b de la CIDN (con clara expresión en la regla 11 de Beijing, sus subsiguientes y el comentario de las mismas). Y en tal receptación el legislador también fue claro al disponer que la remisión resulta ser una facultad delegada exclusivamente al Ministerio Público Fiscal.
Veamos lo que indica la propia letra de la normativa citada: “Los Agentes Fiscales podrán no iniciar la persecución al niño por la supuesta comisión de un hecho ilícito, o abandonar la ya iniciada, cuando consideren que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico penal o para el futuro del niño.” (art. 40 de la ley nº 13.634).
Con tal repaso, no hay margen para asignarle a tal disposición legal un alcance extensivo que la misma no habilita. Toda vez que resulta taxativa y acotada la delegación de tal facultad con relación a la aplicación del instituto mencionado.
En todo caso, de entenderse que la finalidad de la pena que orienta su aplicación en la especialidad del derecho penal juvenil no encontraba, en las circunstancias actuales, fundamento en su aplicación, el ordenamiento faculta para su no imposición sujeta, claro está, a la fundamentación que avente todo riesgo de arbitrariedad (art. 4 in fine de la ley nº 22.278); todo lo contrario, a lo que ocurre con la decisión adoptada en el caso bajo estudio.
Por lo tanto, más allá de las restantes argumentaciones brindadas por el esforzado recurrente; lo cierto es que no hay posibilidad de sustentar la decisión adoptada por la instancia de origen, puesto que la misma se da de bruces con los lineamientos del ordenamiento jurídico vigente.
Sobre la base de las consideraciones efectuadas, no hay lugar más que para la ineludiblemente declaración de nulidad de la sentencia atacada, puesto que la misma fue dictada contraponiéndose con la normativa vigente.
III. En consecuencia, propongo al acuerdo: hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el señor fiscal de juicio, y consecuentemente declarar la nulidad de la sentencia dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de San Isidro, con reenvío a la instancia de origen a fin de que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en la presente sentencia. (Artículos 40 CIDN; 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 33 y 40 de la ley 13.634; 448, 449, 451, 452, 461, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal). Así lo voto.
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Borinsky expresó:
Adhiero a lo expuesto, por mi colega doctor Carral, por lo que a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA. Así lo voto .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral expresó:
Que en orden al resultado arrojado por el tratamiento de las cuestiones precedentes, corresponde: hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el señor fiscal de juicio, y consecuentemente declarar la nulidad de la sentencia de unificación de pena dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de San Isidro, con reenvío a la instancia de origen a fin de que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en la presente sentencia. (Artículos 40 CIDN; 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 33 y 40 de la ley 13.634; 448, 451, 452, 461, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal). Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, y me pronuncio en igual sentido. Así lo voto.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el señor fiscal de juicio, y consecuentemente declarar la nulidad de la sentencia dispuesta por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de San Isidro, con reenvío a la instancia de origen a fin de que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en la presente sentencia.
Rigen los artículos 40 CIDN; 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 33 y 40 de la ley 13.634; 448, 451, 452, 461, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2022 12:59:22 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 13:03:49 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 24/05/2022 13:13:26 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 24/05/2022 14:00:14 hs. bajo el número RS-530-2022 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia