Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 120459
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Fernando Luis María Mancini para resolver en la presente Causa 120.459 caratulada “Teves, Pablo Omar y T., L. A. s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente MANCINI - BUDIÑO.
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 del Departamento Judicial La Matanza, con fecha 23 de diciembre de 2021, resolvió en causa nro. 1972/2021 de su registro: I) No hacer lugar a la declinatoria de competencia impelida por el señor defensor particular doctor Alberto T. Fornaro y II) No hacer lugar al procedimiento de juicio por jurados en relación al joven encartado L. A. T.
Frente a lo dispuesto en el apartado II) el defensor particular del imputado L. A. T. interpuso recurso de apelación.
Asimismo, se suscitó una cuestión de competencia entre el Tribunal en lo Criminal nro. 5 Departamental y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil a efectos de determinar cuál será el órgano que deberá entender en el juicio por jurados de Pablo Omar Teves - mayor de edad - (Causa nro. 14518).
Así las cosas, quedaron radicadas ambas cuestiones en la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental que resolvió revocar el punto II) de la resolución adoptada por el Juez de grado el 23 de diciembre de 2021, por medio de la cual no hizo lugar al juicio por jurados que fuera solicitado tanto por el joven L. A. T. como por su defensa técnica, declarando competente al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 para continuar interviniendo en la causa nro. 1936/21-2543 seguida a Pablo Omar Teves (mayor de edad) y ordenando al Juez titular del aludido órgano que proceda a acumular ambos procesos y lleve adelante un único juicio bajo el procedimiento de jurados (conf. arts. 1,18,24,75 inc. 12,118,120 de la C.N.; 3.1,12 y ccdtes. de la Convección sobre los derechos del niño 1, 21, 22 bis, 32 inciso primero, 33 párrafo segundo, 34 “a contario sensu”, 371 bis, ter y ccdtes. Del CPP; 1, 3,18, 26 y 28 y ccdtes. de la ley 13.634).
Contra ese pronunciamiento la señora Agente Fiscal de Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial de La Matanza, Patricia F. Ochoa interpuso recurso de casación.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. Entiendo que el recurso fiscal es admisible.
En efecto, considero que recurso satisface los requisitos regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y concordantes del C.P.P., a la vez que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir y resultando que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse (Arts. 421, 448 inc. 1°, 450, 451, 452 y concordantes del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Adhiero al voto doctor Mancini, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Mancini dijo:
I. La señora Agente Fiscal sostuvo que al dictar el pronunciamiento la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental incurrió en inobservancia o errónea aplicación de los preceptos legales que rigen el fuero penal juvenil.
En primer lugar, destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22, CN) recoge el llamado principio de especialidad de la justicia penal juvenil en su art. 40.2 b. que a su vez se complementa con el art. 40.3 del mismo instrumento internacional.
En tal sentido, argumentó que la decisión de la Cámara por la cual sostiene que la intervención de un magistrado del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en el juicio por jurados impide objeciones en cuanto al mentado principio de especialidad, en realidad, “echa por tierra” el mismo. Ello, pues, si bien el Juez técnico profesional es quien va a encargarse de dirigir el proceso, la decisión de culpabilidad del joven va a recaer sobre un jurado de ciudadanos legos -no especializados en la materia-.
Sumó, que la Cámara la resolver desatendió la Resolución 838/15 de la SCBA que precisamente establece que en virtud de las particularidades del fuero, dadas por la normativa nacional y supranacional que lo regula, el procedimiento de juicios por jurados no resulta aplicable para el ámbito de la responsabilidad penal juvenil; toda vez que la ley especial que rige el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal nro. 13.634 no ha sido reformada ante la sanción de la ley 14.543 que incorpora el juicio por jurados, circunstancia que en la actualidad no ha sido saldada.
Desde otro andarivel consideró que la decisión de tramitar los procesos de ambos coencausados -uno mayor de edad- en el fuero minoril vulnera el mismo principio de especialidad. A lo que añadió, que de la inteligencia de ley 13.634 emerge un impedimento para que un mayor sea juzgado en el fuero especializado.
Por todo ello, solicitó se revoque la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
II. Por su parte, la señora Fiscal Adjunta de Casación, doctora Daniela Bersi, sostuvo la admisibilidad del recurso y, en cuanto a la procedencia, expresó que remitía en su totalidad a la presentación originaria, adhiriendo en un todo a los argumentos allí esgrimidos y agregó que, por el momento, el juicio con jurados respecto de los jóvenes no puede implementado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pues, el legislador, no se ha manifestado al respecto. Por ello, requirió se resuelva conforme lo solicitado por la recurrente.
III. El recurso deberá ser atendido.
Entiendo que corresponde revocar la resolución recurrida, recobrando vigencia la solución dada en el pronunciamiento de primera instancia del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 del Departamento Judicial La Matanza, en cuanto resolvió en causa nro. 1972/2021 de su registro: I) No hacer lugar a la declinatoria de competencia impelida por el señor defensor particular doctor Alberto T. Fornaro y II) No hacer lugar al procedimiento de juicio por jurados en relación al joven encartado L. A. T.; por los fundamentos que a continuación se brindarán en este voto.
En primer lugar, corresponde comenzar abordando el punto de agravio por el cual la recurrente sostiene que la Cámara de Apelaciones al hacer lugar al procedimiento de juicio por jurados en relación al joven encartado L. A. T. inobservó o aplicó erróneamente los preceptos que rigen el fuero penal minoril.
Ahora bien, dedo recordar que en la provincia de Buenos Aires con la sanción de las leyes 13.298 y 13.634 -y modificatorias- se instauró un nuevo régimen procesal en materia de responsabilidad penal juvenil ajustado a los estándares constitucionales y convencionales en materia de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Así las cosas, conforme lo normado por los arts. 18 y 27 de la mentada ley emerge que, en virtud del delito de homicidio endilgado, el órgano competente para conocer en el juzgamiento del joven resulta ser un Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil debidamente constituido.
Y, si bien, el art. 1 de la ley 13.634 establece que : “Serán aplicables a las causas seguidas respecto a niños, en cuanto no sean modificadas por la presente Ley, las normas del Decreto-Ley 7425/68 (Código Procesal Civil y Comercial y de la Ley 11.922 (Código Procesal Penal).” (sic.). Se verifica, entonces, en cuanto al punto, que la regulación legal específica prevé que el juez competente para entender en el caso resulta ser el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil.
Por otro lado, cabe resaltar los lineamientos que surgen de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional conforme lo normado por el art. 75 inc. 22 de la C.N. que contienen reglas diferenciadas para el juzgamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Así, el art. 5.5. de la Convención Americana de los Derechos Humanos dispone que: “Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. […]” (sic.)
En igual sentido, el art. 40. 2). b) de la Convención sobre los Derechos del Niño norma que: “[…] b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: […] iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley […]” (sic.) Desde otra arista, el art. 40. 3) del mismo instrumento internacional dispone el principio de especialidad al consagrar que “[L]os Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes […].” (sic.)
A partir de ello, con base en el principio rector de la especialidad y en las normas del régimen penal minoril considero que, en virtud del tenor y las implicancias de la materia en discusión, en rigor, que no se puede –ni se debe- colegir que el legislador regulara el procedimiento de juicio por jurados -también- para el fuero especializado, so pretexto de que tampoco aparece excluido. Sin siquiera contemplar las adaptaciones necesarias en cuanto al modo de implementación con el fin de salvaguardar los derechos de este especial colectivo.
En efecto, del análisis de la ley 14.543 que incorpora el juicio por jurados al Código Procesal de la provincia de Buenos Aires (conf. art. 22 bis, CPP), no surge la específica expresión del legislador al dictar la norma de mutar el juez competente para el fuero especializado.
Nótese, que la ley que instaura el juicio por jurados en la provincia fue dictada con posterioridad a la sanción y promulgación de la ley 13.634 y no derivó en la reforma legal de ésta última en cuanto a los órganos competentes para entender en dicho fuero (art. 18, ley 13.634).
Si la ley hubiera querido extender la modalidad de juicio con jurados para el fuero de responsabilidad penal juvenil, así lo hubiera dicho.
No lo dijo.
En este sentido, ningún parangón puede efectuarse respecto del procedimiento de juicio abreviado pues ya se encontraba previsto con anterioridad a la sanción de la ley del fuero especializado y, siendo que no fue modificado por el régimen especial, puede, entonces, aplicarse subsidiariamente de conformidad con el ya referenciado art. 1 de la mentada ley 13.634.
En este punto, entiendo necesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se expidió a través de la Resolución 838/15 (13-5-15) en términos institucionales con motivo de las “[…] consultas e inquietudes recibidas por parte de magistrados del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil con relación a si se encuentra contemplado el procedimiento de juicio por jurados para dicho fuero […]” (sic.)
En función de lo expuesto consideró que “[…] la ley de juicio por jurados (Nº 14.543 -B.O.P. del 20-XI-2013-, texto según Ley Nº 14.589 -B.O.P. 16-V2014-) incorporó, entre los órganos de la Administración de Justicia, al “Tribunal de jurados” el que ejercerá su jurisdicción en el territorio de la Provincia con la competencia y los alcances que le atribuye la Ley N° 11.922 y sus modificatorias (arts. 1 inciso 10 y 61 bis de la ley 5827 y sus modificatorias). Que además la mencionada Ley incorporó al Código Procesal Penal, como órgano de juzgamiento al “Tribunal de jurados” (art. 22 bis y concordantes) sin, por el contrario, haber reformado la Ley especial que rige el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, Nº 13.634, según la cual el juicio compete a los jueces y tribunales de responsabilidad penal juvenil (art. 18 y concordantes). Que asimismo deben tenerse en cuenta las particularidades del fuero, dadas por la especial normativa nacional y supranacional que lo regula. Que de lo expuesto se desprende que el procedimiento de juicio por jurados no se encuentra contemplado en la legislación vigente para el ámbito de la responsabilidad penal juvenil, definición legislativa que no puede ser suplida por este Tribunal por exceder su potestad reglamentaria […] ” (sic.)
Asimismo, se expidió en términos jurisdiccionales en el fallo P 126.899, Sent.14-VI-2017 y en P. 136.880-Q, Sent. 28-IX-2022 en el cual dijo -en lo que interesa destacar- que “[…] VI.2. Si bien no se nos escapa que el art. 1 de la ley 13.634 refiere a la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, lo cierto es que una interpretación sistemática de las normas que entran en consideración, atendiendo además, al contexto y fundamentos expuestos al presentarse el proyecto de ley 14.543 y los compromisos asumidos por el Estado en vinculación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, llevan a concluir -una vez más- que por el momento tal manera de enjuiciamiento respecto de los jóvenes no puede ser implementada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires pues el legislador no se ha manifestado al respecto.” (sic.)
Luego, precisó que “Ello en modo alguno implica considerar que los jóvenes no sean titulares del derecho-garantía a ser enjuiciados por jurados populares, sino solamente sostener que del proyecto que fuera convertido en ley no emerge que la voluntad del legislador haya sido reglamentarlo en dicha oportunidad para ese especial colectivo.” (sic.)
Sabido es que dentro de nuestra Carta Magna coexisten dos clases diversas de disposiciones.
Las comúnmente llamadas “operativas”, que son aquellas que resultan inmediatamente aplicables, para lo cual no necesitan ser reglamentadas pues pueden hacerse valer ante un organismo judicial sin otro aditamento que delimite su contenido y alcance.
Por otro lado, las denominadas “programáticas” que, a diferencia de las anteriores, necesitan del dictado de otras normas que permitan efectivizar el derecho en cuestión, pues su eficacia está sujeta a la condición de ser reglamentadas. En definitiva, estas últimas normas, están dirigidas a los órganos públicos (legislativos o de otra clase, según el caso) como programa de acción o directivas de actuación.
En cuanto a la temática que nos convoca, es indudable que las normas constitucionales que reconocen el juicio por jurados son de carácter programático, dirigidas al Poder Legislativo, puntualizando que sólo encomiendan la regulación del instituto (sin dar directrices de cómo debe ser esa regulación), todo lo cual se desprende de la propia C.N.
Así, es del caso citar el art. 75 inc. 12 de la C.N. que, entre las atribuciones que confiere al Congreso Nacional, menciona el dictado de las leyes “…que requiera el establecimiento de juicio por jurados”. Por otra parte, el art. 75 inc. 23 de la C.N. dispone que “Corresponde al Congreso: […] 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. […]” (sic.)
Por su parte, el 24 de la Carta Magna refiere que: “El Congreso promoverá (…) el establecimiento del juicio por jurados.” Finalmente, el art. 118 de la Constitución, más allá de establecer que “Todos los juicios criminales ordinarios, que no deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados…”, a renglón seguido establece “…luego que se establezca en la República esta institución…”.
Esas normas dejan bien en claro que, más allá del reconocimiento constitucional de este tipo de procedimiento, su implementación está sujeta a una decisión legislativa.
Sabido es que, hasta la fecha, el Congreso Nacional no ha dictado ni establecido ningún sistema de juicio por jurados para conocer en los juicios criminales ordinarios que menciona el citado art. 118 de la C.N.
A pesar de esa ausencia de legislación nacional sobre el tema, en los últimos años, ciertas legislaturas provinciales (como ocurre en el caso de la Provincia de Buenos Aires) han procedido a su regulación.
Es así que nuestra Provincia, además de contar con la facultad de establecer sus leyes procesales (entre las cuales también se encuentran las normas relativas a temas de jurisdicción y competencia) como parte de las facultades no delegadas al gobierno federal, tiene la potestad de darse sus propias instituciones (Art. 122 de la C.N.) y organizar su propio sistema de administración de justicia, surgiendo entonces nítidamente la facultad de reglamentar el instituto del juicio por jurados, de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y legítimo parecer (Art. 121 de la C.N.).
Así las cosas, entiendo que en este actual marco legal no resulta posible avanzar en interpretaciones extensivas que suplan la facultad reglamentaria expresa del poder legislativo local, pues, ello implicaría invadir ámbitos de competencia de otro poder del estado y, no solo en cuanto a este punto, sino respecto de todas las cuestiones que podrían suscitarse en cuanto al modo de su implementación dada la complejidad y las particularidades que hacen al fuero especial.
Por todo ello, propongo al acuerdo la revocación del pronunciamiento recurrido en casación, en los términos expresados al comienzo de este sufragio, solución que torna abstracto el tratamiento de los restantes cuestionamientos formulados por la parte impugnante en cuanto a la unificación de los procesos del imputado menor L. A. T. y el imputado mayor Pablo Omar Teves, en el Fuero de Responsabilidad Juvenil para ser juzgados en un único juicio bajo el procedimiento con jurados.
Adunando, para mayor abundamiento, que el régimen especial se encuentra legalmente previsto solo para menores de edad por lo que corresponde la tramitación separada de ambos procesos ante el tribunal competente en cada uno de los respectivos casos (arts. 18, 27, 28, 32, 66, 67 y cc., ley 13.634 y art. 2° y 4° y cc., ley 22.278).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Sin perjuicio de mi opinión vertida anteriormente con relación al tópico que se ventila en autos, en tanto la posición que esgrime mi colega, Dr. Mancini, concuerda con el sentido que hoy sostiene la Suprema Corte provincial como criterio consolidado, adhiero por sus fundamentos al voto de quien abre el Acuerdo.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE EL RECURSO DE CASACION interpuesto por a señora Agente Fiscal de Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial de La Matanza, Patricia F. Ochoa (arts. 421, 448 inc. 1°, 450, 451, 452 y ccdtes del CPP).
II. REVOCAR del pronunciamiento recurrido dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial La Matanza recobrando vigencia la solución dada en el pronunciamiento de primera instancia del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 1 del Departamento Judicial La Matanza, por los fundamentos brindados al tratar la segunda cuestión planteada. Sin costas (art. 18, 24, 75 inc. 22 y 23, 118, 122, 121 de la CN, arts. 40.2). b) y 40. 3. CDN y 5.5. CADH, arts. 1, 4, 1
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.