Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134140
1800-1425-18
134.140
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, a los efectos de dictar sentencia en la causa N°134.140 caratulada "C., F.O. S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL" , conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-KOHAN .
El Tribunal en lo Criminal N°2 del departamento judicial Zárate Campana, con integración unipersonal, resolvió en la causa N°5521 absolver, por aplicación del beneficio de la duda, a FOC del hecho por el cual se formuló requerimiento fiscal de elevación a juicio en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal.
Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación el Fiscal de Juicio de dicho departamento judicial, Pablo Alberto Bueri.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el remedio intentado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez BOUCHOUX dijo:
I. El recurrente esgrime que la resolución que impugna “no es ajustada a derecho, efectúa una valoración errónea carente de perspectiva de género y niñez, se aparta de los estándares de valoración probatoria que deben respetarse en materia de violencia de género y realiza una valoración escueta, sesgada, errónea y arbitraria de la prueba producida, no observa el principio de amplitud probatoria que debió ser respetado atento las características de la cuestión debatida y no examina los elementos probatorios producidos durante el juicio a la luz de las previsiones de la ley nacional Nº26485 que rige en la materia y la ley provincial Nº12569, aplicando por el contrario un estándar claramente restrictivo que no es apropiado para el tipo de objeto sobre el cual versa el proceso” (cfr. Convención de los Derechos del Niño; Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belem do Pará- como también la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los documentos emanados del Comité de Derechos del Niño -Observaciones Generales-, instrumentos interpretativos vinculantes y obligatorios para nuestro país en el marco de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22, Cons. nac.).
Opina que el fallo que cuestiona no sólo carece del análisis probatorio según las reglas de la sana crítica racional, sino que, mediante razones insuficientes, el sentenciante relativizó pruebas válidas y de entidad al parcializar los elementos probatorios valorados para desechar y desacreditar el relato de la víctima y de los testigos. Añade que también omitió valorar prueba de entidad suficiente para fundar la condena del encartado.
Alega que la resolución atacada da cuenta que, en el domicilio de la madre de la víctima, se encontraban otros parientes -tanto de la víctima como del imputado- y que las puertas de las personas que descansaban en el lugar daban al mismo ambiente en común. Señala que, de esa forma, el Tribunal concluyó que cualquier pedido de auxilio de una persona que estuviera siendo atacada contra su voluntad, así como cualquier forcejeo o empujón, pudo ser escuchado.
Considera que la particular interpretación que reseñó no resulta atendible para fundamentar la absolución del imputado en tanto, al recibir el ataque, la víctima, como bien lo mencionó, habría entrado en un estado de shock.
Opina que resulta inconcebible y totalmente apartado de una actividad jurisdiccional con perspectiva de género y niñez, considerar que una mujer (y niña de diecisiete años) que está siendo atacada sexualmente y experimenta un impacto emocional, como respuesta a dicha situación agresiva y altamente estresante, pueda mantener la fortaleza psicológica para requerir ayuda dando señales de alarma u oponerse al agresor. Entiende que, mucho menos, el Tribunal puede fundar -en tal omisión de requerir auxilio- una supuesta duda sobre la existencia del hecho imputado.
Aduce que ello implica concluir forzadamente que toda mujer que no dio gritos de alarma ante la agresión sexual, no habría sido agredida o habría consentido la actividad sexual a la que resulta sometida, responsabilizando a la mujer víctima por el ataque sexual del agresor.
Añade que la existencia de un forcejeo y empujón previo al abuso sexual, nunca fue descripto por la víctima como una situación prolongada en el tiempo o excesivamente ruidosa. En ese sentido, argumenta que debe tenerse en cuenta que las personas que se encontraban en la vivienda estaban durmiendo y que no habría sido intención del imputado desplegar una conducta excesivamente ruidosa, puesto que lo colocaba en posición de ser descubierto.
Postula que debe adunarse a la valoración, los dichos de la licenciada en psicología Amundarain de los cuales surge claramente, en su criterio, que la víctima se encontraba todavía afectada emocionalmente y en estado de shock al momento de ser asistida en el CAPS del Barrio Villanueva. Opina que lo expuesto permite suponer que en el momento del hecho esa situación se dio también (y magnificada) en el ámbito emocional y psicológico de la damnificada.
En apoyo de su postura, menciona que la denunciante dio cuenta del impacto emocional sufrido al momento del hecho y también de las secuelas que en tal sentido sufría: no recordaba bien todo, que tenía nubes en su cabeza, ataques de pánico, desmayos, stress, problemas auditivos, pérdida auditiva con vértigo y ansiedad.
Asimismo, reseña que la progenitora refirió que cuando su hija le contó lo sucedido lloraba y lloraba y no podía hablar, circunstancia que motivó que se asustara.
Postula la ausencia de contradicciones sustanciales entre el testimonio de la víctima y su progenitora. Al respecto, destaca que del examen de la totalidad de los elementos probatorios se desprende claramente que ambas se refirieron en forma concordante a las diversas circunstancias que integraron los sucesos del hecho sometido a juicio y lo sostuvieron a lo largo del tiempo.
Dice que debe incluirse en la interpretación el testimonio de fs. 128/131 y vta. correspondiente a Ezequiel Juárez (hermano de la víctima).
Por otra parte, aduce que, durante el juicio y contrariamente a lo que estableció el sentenciante, no exhibió una fotografía en la cual podía visualizarse una sombra en la pared, sino que presentó “in totum” el efecto Nº70182 (incorporado al debate por su exhibición) que contenía treinta y ocho fotografías digitales. Asegura que, de su simple observación y empleando como referencia la planimetría de fs. 151 para ubicar los diferentes ambientes, se advierte que en diferentes lugares de la vivienda hay cementados de distintas tonalidades que contrastan en la estructura.
Así, destaca que la fotografía DSCN3021 de la zona del comedor, resulta de vital importancia debido a que permite observar las puertas de entrada a las habitaciones de la víctima -sobre la izquierda- y la de su madre -sobre la derecha-. Agrega que, sobre el lateral derecho de la habitación de la víctima y sobre la puerta de la habitación de su madre, existen cementados propios de refacciones realizadas en la estructura de la vivienda. Con base en lo expuesto, concluye que al día 13 de abril de 2020 (fecha en que se realizó la diligencia de levantamiento de evidencias físicas, la planimetría de fs. 151 y se obtuvieron las fotografías que indicó), la estructura de la vivienda fue modificada.
Opina que el razonamiento del decisorio que da por sentado una supuesta medida de la habitación de la víctima carece de lógica y sentido común debido a que, en realidad, las medidas de todas las habitaciones -previo a la reforma- se desconocían.
Sumado a ello, asevera que la víctima dejó en claro en el debate que la distancia entre su habitación y la de su madre podía ser menos de dos metros. Estima que no puede exigirse a la víctima el conocimiento exacto de una medida estructural dentro de la vivienda, máxime cuando quedaron demostradas las secuelas emocionales que sufrió, las que afectaron su memoria de corto y largo plazo.
Por otra parte, sostiene que es un hecho notorio que una cama de una plaza tiene un respaldar de noventa centímetros, por lo que tranquilamente podía ubicarse dentro de una habitación de la medida asignada en la decisión atacada.
Postula que en la planimetría de fs. 151, consta que fueron los moradores de la vivienda quienes hicieron saber a las peritas Tarrico y Frazzolini que "varios muebles y elementos de la casa fueron movidos". Estima que lo expuesto hecha por tierra la mención referida a que sólo la víctima lo refirió y que se trató del movimiento de un mueble o muebles en tanto, a su entender, hubo una modificación de "elementos de la casa".
Afirma que debe sumarse el croquis del lugar del hecho elaborado por SAC -hermano del imputado- a fs. 119 en el cual claramente puede observarse la existencia de un espacio entre las habitaciones de T y la de su madre que coincide con el cementado observado en las placas fotográficas. Considera que si bien al declarar en juicio, el hermano del imputado sostuvo la inexistencia de ese espacio, claramente lo dibujó al momento de declarar durante la investigación, el que estima se corresponde con la realidad estructural del lugar del hecho al momento de su acaecimiento.
En cuanto a la ausencia del llamado telefónico, alega que es de público y notorio conocimiento que un teléfono móvil puede utilizarse para realizar llamadas no solo a través de la línea y número asignados por la compañía telefónica contratada, sino también mediante internet, a través de aplicaciones tales como WhatsApp. En ese mismo sentido, asegura que las compañías telefónicas sólo informan las llamadas realizadas a través de la línea contratada y número telefónico asignado, y no aquellas realizadas por WhatsApp. Sobre el punto, esgrime que debe tenerse en cuenta que, al formular la denuncia, la víctima refirió que el imputado la hostigaba con mensajes. Añade que el propio imputado, al declarar en juicio, admitió que charlaba con la víctima por WhatsApp.
Refiere que también pudo llamar a la víctima desde un teléfono diferente a aquel respecto de cuyo número telefónico se solicitaron los listados de llamadas.
Alega que el sentenciante valoró la prueba apartándose de toda perspectiva de género y niñez.
En ese sentido, señala que si la madre de la víctima no se expidió sobre la relación que mantuvo con su pareja anterior, ello de ningún modo puede generar una duda sobre la intención del imputado al cometer el hecho debido a que se trata de situaciones que ningún vínculo tienen entre sí y que pertenecen a la intimidad de una mujer.
Por otra parte, asegura que la víctima nunca refirió en el debate que sus problemas de memoria le impedían recordar si envió fotos o videos sin ropa al imputado, sino que se pronunció en forma negativa ante dicha pregunta al manifestar “no que yo recuerde”.
Critica el decisorio impugnado en cuanto el sentenciante estimó que no entendía cómo el imputado había entrado a la vivienda y que su ingreso y permanencia habría sido advertido, puesto que la madre y el hermano de la víctima dormían con el padre y hermano del imputado. Al respecto, sostiene que quedó claro durante el debate que el imputado se quedó a dormir esa noche en la casa de la víctima, siendo por ende su ingreso a la vivienda ya conocido por todos.
Concluye que la víctima nunca varió su relato respecto al ultraje sufrido ni a las modalidades de tiempo, modo y lugar y tampoco respecto a quien fuera su autor desde la fecha de la denuncia hasta el momento del debate. En consecuencia, estima que su testimonio reviste persistencia en la incriminación, verosimilitud y ausencia de incredibilidad subjetiva.
Sumado a lo expuesto, afirma que la pericia psicológica demuestra la existencia de indicadores específicos e inespecíficos del abuso padecido concretados en el relato y en el grado de afectación emocional que presentó sin que surgieran indicadores de mendacidad, fabulación, ideación u ocultamiento. Considera que ello demuestra que la víctima es veraz en su imputación.
Solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se condene a FOC a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, en su carácter de autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.
II. El señor defensor particular del acusado, Hugo José Tomei, estima que las argumentaciones del Sr. Fiscal resultan una mirada distinta a la concebida por el Magistrado de grado sin evidenciar errores de razonamiento o posiciones contrarias al ordinario sentido de las cosas.
Considera que, durante el desarrollo del debate, quedó demostrado que la prueba invocada por el Ministerio Público resulta insuficiente para verificar la hipótesis acusatoria conforme lo determina el principio in dubio pro reo (art. 3, CPP) interpretado como una derivación necesaria del principio constitucional de inocencia.
Así, argumenta que el llamado telefónico invocado por la denunciante como parte sustancial de la conducta imputada -dado que en función del mismo habría sido engañada y tomada por sorpresa- nunca pudo ser acreditado por ningún medio probatorio. Asevera que, al contrario, la única prueba acompañada al proceso por la Fiscalía en ese sentido (listado de llamadas entrantes y salientes) desmiente categóricamente no sólo la existencia del llamado, sino también de cualquier otra comunicación con el imputado tanto los días anteriores como los posteriores al hecho denunciado.
Añade que no solo ninguno de los testigos reconoció la existencia del pasillo (todo lo contrario, al exhibírseles el resultado del informe de planimetría confrontan esa circunstancia) sino que, de las mismas dimensiones establecidas por la prueba pericial, surge categóricamente que de haber existido el supuesto pasillo, la habitación de la madre de la denunciante directamente no habría existido, dado que quedaría reducida a un espacio de menos de un metro de ancho para un cuarto que contemplaba en su mobiliario -entre otras cosas- una cama de dos plazas.
Estima que tampoco puede pasarse por alto la conducta de la denunciante al negar su relación sentimental con un joven cuya foto le fue exhibida en reiteradas oportunidades durante el debate. Al respecto, alega que tanto su madre como su hermano -en el testimonio incorporado por lectura- la confrontaron en forma directa al afirmar categóricamente que ese joven era su novio al momento de los hechos denunciados.
III. El Sr. Fiscal Adjunto ante este Tribunal, Fernando Luis Galán, se remite al escrito recursivo presentado por su par de la instancia y peticiona en idéntico sentido.
IV. De inicio, habré de señalar que, en el caso del Ministerio Público Fiscal, si bien se encuentra legitimado a recurrir de acuerdo a las facultades consagradas en el digesto adjetivo -art. 452 y concs., CPP- y las de naturaleza pretoriana elaborados por las cortes provincial y nacional, dicha duplicidad de instancia no debe ser equiparada a la doble revisión del mérito de una condena, garantía constitucional instituida exclusivamente a favor del imputado.
Sobre el punto resulta didáctico el voto del Juez Celesia, quien explicó con sencillez que “ en el caso del recurso del acusador la revisión no debe estar signada por la teoría del máximo rendimiento, emanada del fallo ‘Casal’ (...) sino que su recurso sólo exige en esta sede el control del cumplimiento normativo, que en materia probatoria no es ni más ni menos que lo normado en el art. 210 del C.P.P. en cuanto exige la convicción sincera sobre la verdad de los hechos con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción ” y afirmó que “ sólo corresponde abocarse al control del cumplimiento del desarrollo escrito de las razones que llevaron a la convicción declarada y su logicidad, y a todo evento corregir los casos en que resulte, en razón de las deficiencias lógicas del razonamiento o de una total ausencia de fundamento, una arbitrariedad o un absurdo intolerable al principio republicano de gobierno por ausencia de fundamentos ”.
Asimismo, en cuanto al alcance que debe otorgarse al recurso de la acusación, comparto que: “ En definitiva, el tratamiento de los recursos interpuestos debe ceñirse a verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada -cuando se denuncie violación a la ley sustantiva- o si en la construcción del fallo se ha respetado la ley procesal en el caso de que lo denunciado sea la violación a las formas esenciales del procedimiento o de la resolución, verificando si existe una exposición razonada de los fundamentos que le dan sustento a la conclusión. Este alcance más limitado no inhibe la posibilidad de que en determinados casos sea necesario realizar un análisis de las cuestiones fácticas y del material probatorio ponderado en el fallo, cuando ello resulte ineludible para determinar la logicidad de la construcción del razonamiento sentencial en esta materia ” (TCPBA Causa “Schwartz, Analía Veronica s/ Recursos de Casación interpuesto por Particulares Damnificados y Fiscal”, sent. 27-II-2018).
Sentado ello, advierto que los elementos de cargo de los que el recurrente intenta valerse -los cuales presentan déficits, conforme abordaré a continuación- al ser valorados de manera conjunta y armónica con el plexo probatorio producido en el contradictorio e incorporado por lectura, no resultan idóneos para configurar el estado de certeza propio de un fallo condenatorio.
Así, estimo que el Ministerio Público Fiscal no logra demostrar que el decisorio cuestionado sea fruto de la mera voluntad del juzgador, tampoco que se asiente en premisas falsas ni inconciliables con la lógica o la experiencia.
Entre las razones que se tuvieron en cuenta a la hora de resolver la absolución de FC, destaco las inconsistencias detectadas en el propio relato de la víctima como también entre dicha narración y el resto de la prueba disponible.
En primer lugar, acerca de los estándares de valoración probatoria, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal provincial tiene dicho que el testimonio único y, especialmente, en delitos cometidos en la intimidad buscada de agresor y víctima, que: “… debidamente valorado y motivada su credibilidad desde ciertas perspectivas: verosimilitud del relato con base en la coherencia, ausencia de ambigüedades y solidez de la declaración, la persistencia de la damnificada en su incriminación a lo largo de todo el proceso, con seriedad y muestras de veracidad, a través de un relato seguro y consistente en su sustancia, con base en pericias que descartan la eventual tabulación o animosidad, tiene virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado ” (conf. doctr. causa P. 113.053, sent. de 18-IX-2013, e.o.).
En lo que se refiere a la coherencia y credibilidad de la declaración testimonial, hay que valorar que no resulte fantasiosa, que no presente ambigüedades o vaguedades y que sea coherente -condición que en ocasiones se denomina corroboración interna-, esto es, que no presente contradicciones entre sus distintas partes (Vázquez, Carmen y Fernández López, Mercedes. La valoración de la prueba testifical, en Ferrer Beltrán, Jordi [Coordinador]; Manual de Razonamiento Probatorio, 1ra Edición, México, 2022, pág. 336).
También debe tenerse en cuenta que la credibilidad de la declarante y la verosimilitud de su declaración son condiciones necesarias, pero no suficientes. Para recortar la posibilidad de error judicial, al valorarla, es necesario respaldar su contenido y la información aportada en otras pruebas.
Nuestros máximos Tribunales de Justicia han señalado en reiteradas oportunidades que el derecho a ser oído, previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derech
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.