Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 124774
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Cuarta, doctora María Florencia Budiño y doctor Víctor Horacio Violini, para resolver en las causas acumuladas 124.682 caratulada “FARIAS MATIAS GABRIEL Y OFFIDANI JUAN PABLO S/ RECURSO DE CASACIÓN” y 124.774 caratulada “FARIAS, MATIAS GABRIEL Y OFFIDANI, JUAN PABLO S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR DEFENSA; OFFIDANI, JUAN PABLO S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTOS POR FISCAL Y PARTICULAR DAMNIFICADO” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden BUDIÑO-VIOLINI.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata, resolvió rechazar la recusación interpuesta mediante presentación conjunta por la respectivas defensas de los imputados Farias y Offidani, contra los jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal nro. 2 del mismo Departamento Judicial, como así también el consiguiente pedido de nulidad del debate.
Contra este pronunciamiento, interpusieron recurso de casación de manera conjunta, el doctor César Raúl Sivo, defensor de confianza del imputado Juan Pablo Offindani y la doctora María Laura Solari, Defensora Oficial de Matias Gabriel Farias, el que tramita bajo el legajo casatorio número 124.682.
Asimismo, el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata resolvió, en lo que aquí interesa destacar, condenar a Matías Gabriel Farías a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio (arts. 54, 80 inc. 11 y 124 del C.P.; 13 ley 23.737), imponiéndole la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3 del C.P. y 531 del C.P.P.) más la multa de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000), comprensiva de la presente y de la pena de ocho (8) años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos impuesta en la causa n° 4974 del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental; y condenar a Juan Pablo Offidani a la pena de ocho (8) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar partícipe secundario (arts. 46 y 47 del C.P.) del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes (arts. 119 párrafo 3ro. del C.P., 13 ley 23.737), imponiéndole la pena única de quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3 del C.P. y 531 del C.P.P.) y multa de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000), comprensiva de la presente y de la pena de ocho (8) años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos impuesta en causa n° 4974 del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental.
Contra dicha decisión interpusieron recursos de casación la señora Defensora Oficial departamental, Dra. María Laura Solari -en representación del imputado Matías Gabriel Farías- (el que contó con la adhesión de la señora Defensora General departamental, Dra. Cecilia Margarita Boeri), los defensores particulares, Dres. Cesar Raúl Sivo y Romina Merino -en representación del imputado Juan Pablo Offidani-, el Dr. Juan Pablo Gallego -en carácter de patrocinante de los particulares damnificados-, y el señor Fiscal General de Cámaras del Departamento Judicial Mar del Plata, Dr. Fabián Uriel Fernández Garello. Recursoséstos que tramitan en el legajo acumulado número 124.774
En este último, arribadas las actuaciones a esta Sede, el Defensor Oficial Adjunto de Casación, Dr. Nicolás Agustín Blanco, bregó por la procedencia de la instancia recursiva interpuesta por la Defensora departamental, al tiempo que solicitó se rechace la vía impugnativa incoada por el representante del Ministerio Público Fiscal y de los particulares damnificados.
En oportunidad de hacer su presentación, la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Dra. María Laura D’ Gregorio, propició el rechazo íntegro de las vías articuladas por las defensas de los imputados, requiriendo a su turno, se haga lugar al recurso interpuesto por su colega departamental.
Oportunamente, tuvo lugar en la Sede de este Tribunal la audiencia prevista por el artículo 456 del digesto procesal, en donde las partes y los imputados (estos últimos a través de la plataforma Teams), acudieron a los fines de mejorar oralmente los agravios recursivos expresados previamente por escrito.
Asimismo, la Dra. María Laura Solari (en colaboración con la Dra. María Cecilia Basciano), el Dr. Juan Pablo Gallego, y el Dr. Cesar Raúl Sivo, presentaron “breves notas”, complementarias de las consideraciones efectuadas en la audiencia de mejoramiento oral.
Hallándose las causas en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible y en su caso procedente el recurso de casación interpuesto en causa 124.682?
Segunda: ¿Son procedentes los recursos interpuestos en causa 124.774?
V O T A C IÓ N
A la p rimera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. Se presentaron los impugnantes y manifestaron que el recurso es admisible por cuanto la resolución de la Cámara es la primera decisión contraria a los intereses de la defensa, y por tanto debe garantizarse el derecho a la doble instancia.
En segundo orden, consideraron que se verifica en el caso un gravamen irreparable ya que lo resuelto por la cámara en lo relativo al rechazo de la nulidad del debate y recusación de los magistrados, no podrá ser tratado en ulteriores etapas procesales. Dicen que el carácter definitivo de lo resuelto por el a quo luce prístino a poco de advertir que, de ser confirmado, se habrá sellado definitivamente la suerte del destino que atañe al planto de nulidad y al fundado temor de parcialidad que sustenta la prensión defensista.
Por otro lado alegaron que se presenta en el caso un supuesto de "gravedad institucional" que conlleva la vulneración de las garantías constitucionales de imparcialidad e independencia judicial, derivada de la actuación del máximo representante del Estado Nacional al haberse arrogado un indebido conocimiento e injerencia en una causa penal en curso.
Denunciaron que en el caso se encuentran involucradas cuestiones federales que habilitan la apertura de esta instancia casatoria, en tanto el agravio aquí denunciado versa sobre la vulneración del debido proceso, de la imparcialidad e independencia judicial y de la necesidad de garantizar la forma republicana de gobierno y de división de poderes.
En cuanto a la procedencia de su reclamo casatorio, los defensores denunciaron la errónea desestimación de la audiencia prevista por el art. 51 del CPP; cuestionan el argumento de la Cámara vinculado con la etapa procesal en que se efectuó el planteo. También se quejan de que se consideró como motivo para rechazar la recusación que el planto se haya hecho contra todos los magistrados del Tribunal en lo Criminal en cuestión y no contara cada uno de ellos a título personal.
Finalmente critican la interpretación que hizo el a quo respecto a la naturaleza de los hechos sobrevinientes que fundaron el planteo recusatorio.
Culminan solicitando que se revoque el decisorio recurrido y se decrete la nulidad del debate celebrado en autos y consecuentemente se haga lugar a la recusación planteada en orden a la causal sobreviniente denunciada.
Hacen reserva del caso federal.
II. El recuso resulta inadmisible.
La situación de autos es de aquellas para los cuales el ordenamiento procesal vigente no tiene previsto el recurso de casación.
En efecto, el artículo 450 establece: “Además de los casos especialmente previstos, podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 417 del C.P.P.
“Asimismo, podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la acción, a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen; o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso que se haya sostenido la extinción de la acción penal…” .
Con ese norte, estimo que tratándose de una decisión de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Mar del Plata que rechazó la recusación planteada por las respectivas defensas de los imputados Farias y Offiadini, dada su naturaleza, la misma no integra el catálogo de supuestos que allí se agrupan, y por ende no detenta vocación recursiva a través de este medio de ataque, ello toda vez que, la resolución puesta en crisis, no es una de aquellas que impiden la prosecución de la causa, o de alguna equiparable por sus efectos, pues no pone fin a la acción, ni imposibilita que continúe, careciendo, de ese modo, de la definitividad exigida para habilitar esta instancia.
Entonces aparece claro que la decisión de la Cámara no resulta un supuesto revisable mediante la vía casatoria pretendida (conf. arts. 450, 454 y ccdtes., CPP).
En el régimen general de los recursos previsto en el ordenamiento procesal, las resoluciones judiciales resultan impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.
En el caso del recurso de casación se prevén resguardos formales de admisibilidad que, en el aspecto objetivo de la impugnabilidad, se refieren en primer lugar al tipo de resoluciones que pueden ser materia del recurso, debiendo tratarse de sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal, es decir de aquellas que ponen fin al proceso o impiden su continuación o de alguna de las resoluciones que el art. 450 ha equiparado a sentencia definitiva por sus efectos.
El concepto de sentencia definitiva ha sido establecido por la ley dentro de las disposiciones generales para los recursos extraordinarios en el art. 482 como aquella que, aunque haya recaído sobre un artículo termina la causa o hace imposible su continuación.
Conforme surge de lo expuesto, la decisión impugnada, en tanto rechazó la recusación planteada, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva.
Tampoco constituye un supuesto de equiparación a ella en tanto, por sus efectos, de conformidad con lo que surge del fallo Ac. 92.293 del 6/7/2005, lo resuelto no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata.
III. Además, conforme reiterada doctrina de la SCBA, las resoluciones adoptadas sobre recusaciones o excusaciones no constituyen sentencia definitiva en los términos del art. 482 del CPP, ni son susceptibles de ser impugnadas ante la instancia extraordinaria local (cfe. SCBA P. 125.674, res. del 1°/7/2015 y todas sus citas).
Y tampoco en este supuesto la invocación de garantías y principios constitucionales reemplaza la ausencia de definitividad de la resolución impugnada, en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas (conf. SCBA P. 116.771, cit.; P. 115.582, resol. del 10 de julio de 2013 y sus citas; etc.).
Por lo tanto, en atención a que la decisión impugnada no constituye un supuesto encapsulable en el art. 450 del CPP, ni es sentencia definitiva o equiparable a tal, en este caso, no es necesario avanzar sobre el escrutinio de los demás requisitos formales de la vía federal que, de conformidad con la doctrina que emerge de los fallos “Christou”, “Di Mascio” y “Strada” de la CSJN, eventualmente, podría llegar a ampliar los casos sujetos a conocimiento de esta instancia casatoria.
IV. Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo rechazar por inadmisible el recurso de casación deducido, por no encuadrar, la situación descripta en ninguna de las previsiones de los artículos 450 y 454 del CPP. (arts. 450, 530 y concs., CPP; 14 y 15, ley 48).
Por lo tanto, voto por la negativa.
A la misma cuestión planteada, el doctor Violini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada la doctora Budiño dijo:
I. A. Agravios de la Defensora Oficial, Dra. María Laura Solari (por el imputado Matías Gabriel Farías)
1. Alterando el orden con el que vienen expuestos los agravios de parte, a los fines de conferir al presente un mejor abordaje, cabe consignar que la defensa se agravia inicialmente de una situación de avasallamiento para con los derechos de su representado a partir del inicio del segundo juicio, al tiempo que denuncia la “grosera e indebida” injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, motivo por el cual requirió de forma expresa la celebración de aquel bajo el procedimiento de un jurado popular.
Expone la existencia de una “abierta y directa” presión hacia los jueces que debían dirimir la contienda, constituyendo dicha circunstancia una cuestión de gravedad institucional que afecta las garantías de imparcialidad, juez natural e igualdad, todo ello en desmedro del debido proceso.
Postula que las garantías referenciadas gozan de operatividad y que las mismas no requieren su verificación a partir del análisis de la mayor o menor vulnerabilidad de los jueces, en tanto resultan objetivamente comprobables.
Indica que la intromisión desde altas esferas del Estado ha sustanciado el pedido de recusación, rechazado a la postre por el Tribunal en lo Criminal n° 2 y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental.
Cuestiona el tiempo y la forma en la que se ha denegado su petición. Aduna a ello que no se ha celebrado la audiencia prevista por el artículo 51 del digesto procesal.
Critica que se haya rechazado su solicitud en orden a la falta de prueba por producir, señalando que la norma referenciada no prevé oportunidad para ofrecerla.
Sostiene que los jueces que resolvieron los planteos de nulidad e imparcialidad fueron, precisamente, aquellos cuya objetividad se cuestionaba.
Refuerza su argumentación destacando que, en una entrevista televisiva que se le efectuó a la madre de L. P., esta última refirió que contaba con una promesa del Poder Ejecutivo Nacional para que los jueces de autos corrieran la misma suerte que sus antecesores si no dictaban una severa condena.
En esa línea, resalta la reunión que mantuvieron los padres de la víctima con el, por entonces, Presidente de la República, doctor Alberto Ángel Fernández, a partir de la cual, afirma la existencia de una indebida intromisión de poderes, cercenada constitucionalmente por el artículo 109 de la Carta Magna.
Da cuenta de una situación controversial suscitada en el debate, entre el Tribunal y los periodistas, a partir de la cual advierte una crítica desmedida -previo a decidir- hacia la labor de los Magistrados por presuntas conductas inquisitoriales (la cual destaca como inexistente).
En igual línea, cuestiona la publicación periodística efectuada por el Dr. Falcone en un diario nacional, entendiendo que la misma no se compadece con la aludida garantía de imparcialidad, en tanto el plazo para impugnar el veredicto atacado aún se encontraba vigente. Además, predica que la misma se encontró dirigida a criticar su labor como defensora oficial mujer.
2. En otro carril, la recurrente denuncia la existencia de una relación inversamente proporcional entre la extensión del fallo y el espacio asignado a relacionar las premisas fácticas o las inferencias extraídas de la prueba rendida en debate en punto a la materialidad ilícita, su subsunción jurídica y las condenas impuestas.
Sostiene que resulta complejo discernir las conclusiones explayadas en el veredicto para cada extremo de la imputación, esgrimiendo que se han abarcado confusamente, de forma conjunta, todos los delitos por los que fuera acusado su ahijado procesal. Aduna a ello, el desarrollo argumental escueto e incompleto seguido por el tribunal respecto de los planteos incoados por la parte.
Advierte que en el pronunciamiento impugnado se han efectuado afirmaciones dogmáticas desprovistas de corroboración probatoria, circunstancia que convierte al mismo en un veredicto arbitrario.
En lo particular, entiende que la sentencia se desatiende del análisis probatorio de la causalidad del resultado muerte. Predica que el tramo de la resolución que afirma una preeminencia de Farías para con L., en un contexto de relaciones asimétricas de poder, no se autoabastece.
Sugiere que la sentencia ha creado a la víctima y no las pruebas de autos. Asimismo, denuncia que se ha dado por probada una construcción carente de apoyo fáctico por la cual L. es presentada como “desvalida” y “pasada” de drogas, y a partir de ello se afirma que Farías se ha valido de tal situación para dominar la finalidad sexual endilgada.
Pone de resalto que L. fue quien despertó esa mañana a Farías para generar el encuentro con éste y que, en esa oportunidad, fue la propia víctima quien descarta -en su conversación con un amigo- el hallarse bajo los efectos de droga alguna.
Denuncia que el Tribunal ha restringido en el debate las preguntas de la parte que tenían por objeto corroborar su teoría del caso, encontrándose la recurrente imposibilitada de interrogar a algunos testigos, lo que conculcó el derecho de defensa que asiste a su ahijado procesal.
Advierte que el contexto y el carácter de L. son circunstancias que se vinculan inexorablemente con la posibilidad de conocer si la joven brindó su consentimiento para mantener relaciones sexuales el día de los hechos. En este punto, también considera que las apreciaciones dogmáticas volcadas en el pronunciamiento no se encuentran respaldadas por el acontecer fáctico del suceso analizado.
Asimismo, critica la valoración efectuada respecto a las conversaciones vía mensajería instantánea entre P., Farías, M., A. y la propia L., transcribiendo algunos tramos de los diálogos agregados por lectura como prueba documental, circunstancia que llama la atención de la recurrente, en tanto, los mismos fueron advertidos por el propio Tribunal como exclusivamente concernientes a la vida íntima (sexual) de la víctima y, por ende, excluidos de todo mérito probatorio.
Denuncia que dicho proceder solo tuvo en miras colocar a L. en una situación de vulnerabilidad, sin la cual el Tribunal no hubiera podido enrostrar a su defendido las conductas imputadas.
En última instancia, destaca que la mentada intrusión en la vida personal de L. no implicó la objeción de ninguna de las partes y que, en todo caso, la situación de vulnerabilidad aludida no excede de aquella padecida por cualquier adolescente.
En otro andarivel, sugiere que muchos de los testigos que declararon durante el primer juicio cambiaron o modificaron su declaración, de allí que devenía importante cotejar sus dichos con los prestados durante el debate original (conforme art. 366 C.P.P. que habilita dar cuenta de las contradicciones con lo sucedido en la instrucción), sin que la anulación del primer debate conlleve la desaparición de lo allí acontecido.
Destaca en el juzgador de mérito una clara predisposición a valorar las cuestiones sometidas a discusión con preeminencia del particular damnificado y del representante del Ministerio Público, por sobre la defensa.
3. Denuncia, a su vez, la violación del principio de congruencia.
Entiende que, mientras la acusación y el particular damnificado han requerido durante todo el proceso la imputación del abuso sexual agravado por el resultado muerte a partir de una conducta comisiva, la atribución final de dicha figura en cabeza del encausado lo fue como consecuencia de una imput
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