Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 96232
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 96232, caratulada “Araujo, Claudio Damián y Rodríguez, Matías s/ recurso de casación interpuesto por Defensa Oficial” y “Araujo, Alejandra Sabrina s/ recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI – BORINSKY - CARRAL.
1. El Tribunal en lo Criminal N° 6 de San Martín condenó a Claudio Germán Araujo a veintiocho años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de los delitos de rapto en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes, el uso de arma y la intervención de un menor de edad (causa 3668, numeración de ese organismo), y por ser autor de amenazas coactivas, partícipe necesario de lesiones leves, coautor de robo agravado, autor de abuso sexual gravemente ultrajante y autor mediato de abuso sexual con acceso carnal (causa 3702); a Matías Alejandro Rodríguez a diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de tercera reincidencia, por ser coautor de los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves, robo agravado y abuso sexual gravemente ultrajante y autor mediato de abuso sexual con acceso carnal (causa 3702); absolvió a Alejandra Sabrina Araujo por el hecho contra la integridad sexual, en carácter de instigadora, por el que venía imputada (causa 3668) y absolvió a Matías Alejandro Rodríguez por el hecho de tenencia simple de estupefacientes, en carácter de autor, por el que venía imputado -causa 3742- (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 41 quater , 50, 54, 55, 89, 119 párrafos segundo, tercero y cuarto letra "d", 130, 149 bis último párrafo y 166 inciso 2° del Código Penal).
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación la Agente Fiscal de la U.F.I.y Juicio Nº 14 departamental, en los términos de los arts. 452 inciso 4°, en función del art. 448 inciso 1° del C.P.P.
Se agravia porque en los autos 3668 se dictó veredicto absolutorio respecto de Alejandra Sabrina Araujo y se adoptó similar temperamento respecto de Matías Rodríguez en la causa 3742, motivando el recurso en la arbitrariedad de la valoración probatoria y en la inobservancia de los arts. 106, 210 y 371 del C.P.P.
En relación con los autos 3668, esgrime que se comprobó que tanto Claudio Araujo como Alan Rubén Gómez sustrajeron, retuvieron y privaron ilegítimamente de su libertad a la menor A.A.F., de 13 años de edad, transportándola por diferentes calles de la ciudad de José León Suárez, para arribar a un descampado y mediante amenazas de muerte, golpearla, atarla, y violarla analmente en tres oportunidades, periplo que duró un lapso de tres horas, todo por expresas indicaciones de la imputada Sabrina Araujo, hermana del perpetrador antes mencionado.
Solicitó, por todo este accionar, la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por la calificación de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes, por el uso de arma de fuego, rapto agravado por la participación de un menor de edad, todo en concurso real, en el rol de instigadora.
Arguye que los magistrados, tras analizar la prueba, consideraron que no podía superarse el estado de duda beneficiante, lo que les impidió pronunciarse por un veredicto condenatorio.
Sostiene que efectivamente se logró establecer la participación de Alejandra Araujo, a través del relato en Cámara Gesell de la menor damnificada A.A.F., quien detalló ampliamente el rol de Alejandra, que luego se estableció que era Araujo, como así también los motivos por los cuales la reconoció y el vínculo que tenía con los autores de los actos como para poder ejercer su influencia.
Detalla los dichos de la víctima, quien al momento de ser violentada por Alan Gómez y Claudio Araujo presenció la forma en que seguían órdenes de Alejandra, pareja de Alan y hermana de Claudio, quien les exigía que la abusaran sexualmente y que le hicieran multiplicidad de acciones ultrajantes, sino no les permitiría seguir vendiendo droga para ella.
Afirma que el tribunal pone en duda la identidad de la mujer, pero en abono de su posición afirma que la menor reconoció la voz de Alejandra Araujo dirigiendo a los autores materiales, y que dicho reconocimiento no resultó antojadizo o casual, en tanto la conocía con anterioridad al hecho porque tenía una relación sentimental con el hermano de la víctima, Jonathan Burgos, lo que da cuenta de una habitualidad en el trato y un conocimiento suficiente para poder reconocerla a través de una tablet utilizada al efecto.
Destaca que esta relación también fue señalada por la madre de A.A.F. (Norma Quintero), por Yamila Macarena Burgos, media hermana de la víctima, y acreditada por el personal policial que investigó el hecho, como ser Andrea Cecilia Lara, quien detalló además que Alejandra, Alan Gómez y Claudio Araujo convivían en el mismo domicilio, en el cual al practicarse un allanamiento se secuestraron armas de alto calibre, tal y como las descriptas por la víctima como las utilizadas en el ilícito.
Resalta que todas estas circunstancias resultan elocuentes para poder acreditar la versión de la menor, además de haberse comprobado que Alejandra dirigía el accionar de su hermano, con quien convivía, y sobre quien tenía una clara ascendencia y dominio, como así también disponía el accionar de su pareja Alan Gómez.
Estima que complementan la versión de A.A.F. los testimonios del Lic. en Psicología Juan Rubén Paletta, en su rol de perito del fuero, quien evaluó a Alejandra, y de la Lic. Claudia Etchevarría, quien lo hiciera con Claudio Araujo, de donde surgiría el ascendente de la hermana sobre su familiar directo.
Manifiesta que luego del hecho, Alejandra siguió profiriendo amenazas a la familia como elemento indicativo de lo que se le endilga, y que la razón por la que no se incautó ningún aparato electrónico relacionado con el hecho fue que pasaron varios días hasta la realización de las medidas intrusivas y los involucrados pudieron deshacerse de las herramientas del delito.
Indica que todos estos elementos resultan conducentes y suficientes para comprobar el vínculo, en carácter de instigadora, y peticiona que, teniendo en consideración las agravantes que detalla -reiteración delictiva, la multiplicidad de hechos, todos en concurso real, que demuestran un mayor desajuste con las normas, la excesiva violencia desplegada física y psicológicamente sobre la víctima, el extenso daño psicológico causado, su corta edad, la falta de experiencia sexual previa, el desmembramiento familiar causado, y la obligada mudanza de su lugar de residencia por el hostigamiento sufrido por parte de los imputados-, se imponga una pena de diecinueve años de prisión, más accesorias y costas.
En cuanto a la causa 3742, afirma que Matías Alejandro Rodríguez tenía en su poder, en el interior del bolsillo derecho de su pantalón, 20 envoltorios de papel metalizado y 1 de nylon de color transparente, que contenían cocaína por un total de 23.9 gramos, siendo que no obstante, el Tribunal decidió absolverlo por este hecho.
Detalla que el voto de la mayoría concluye que el peritaje químico, reproducido en debate, de las 21 muestras individualmente consideradas, arrojaron valores muy inferiores al umbral mínimo de toxicidad, a punto tal de sumar, entre todas las muestras, un poco más de una sola dosis umbral.
Ataca este argumento sobre la base de considerar que la sustancia superó la dosis umbral establecida por el Sedronar, comprobado en debate por el perito que llevó adelante el análisis, gendarme Bayón por lo que la conducta resulta típica, antijurídica y culpable.
Peticiona que, sin reenvío, y considerando la agravante de reiteración delictiva, se lo condene a cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por el delito de tenencia simple de estupefacientes, dejando incólume el resto de las declaraciones contenidas en el fallo.
3. A su turno, en favor de Claudio Damián Araujo y de Matías Alejandro Rodríguez interpuso recurso propio la Defensa Oficial, por el cauce de los artículos 448, 450, 451 y concordantes del ritual.
Esgrime, como primer fundamento de agravio, la vulneración del debido proceso y de las garantías de defensa en juicio, oralidad y publicidad, incoando la nulidad del debate por infracción al artículo 370 del C.P.P.
Se agravia porque su parte peticionó la grabación del acto con la suficiente antelación, pero la negativa de los jueces de trasladarse hacia la Sala A del edificio principal de los Tribunales de San Martín, que contaba con equipos para asegurar la videograbación en tanto es un recinto destinado a los juicios por jurados, resultó violatoria de las garantías de mención.
Sostiene que la negativa, basada en el derecho constitucional de ser juzgado sin dilaciones indebidas, carece de apoyo fáctico pues sólo se trataba de desplazarse algunas cuadras, lo cual la torna arbitraria y causa a su parte un perjuicio irreparable, al menguar el ejercicio de la defensa en juicio.
Alega que la falta de la grabación impide contar con elementos que permitan a esta instancia realizar el máximo esfuerzo de inspección del fallo atacado, por lo que peticiona la declaración de la nulidad total del debate.
Luego, de no prosperar tal posición, en relación con la causa 3668 indica la inconsistencia de la prueba, las contradicciones existentes y la valoración arbitraria realizada por el Tribunal.
Puntualiza que no se permitió desarrollar la actividad principal de la defensa, el examen de la declaración de la víctima, ausente en el juicio, cuya declaración se incorporó por lectura, contenida en un CD, lo que de por sí constituye una disminución del derecho de defensa en juicio.
Manifiesta que la versión de A.A.F. no encuentra recepción en ninguna constancia, en tanto la menor indicó que junto a Alan Gómez actuó Claudio Mora, o “Gabino”, sin que estos últimos nombres guarden relación con su defendido Claudio Araujo, ni se comprueba cómo o porque se lo identifica con ellos.
Afirma que las armas secuestradas no guardan relación con las mencionadas por A.A.F., sin que tampoco se hayan obtenido registros de voz o imágenes de las tablets incautadas que demuestren la instigación por parte de alguna mujer en el accionar atribuido a sus defendidos, o de los actos que se dicen cometidos.
Transcribe la declaración de la víctima y sostiene que la convicción de la jueza no se basa en una fundamentación razonada, ya que surgen dudas insuperables sobre la participación de al menos una persona, Alejandra, acusada por la víctima.
No encuentra explicación de la certeza construida sobre la base del testimonio de la menor respecto de los coencausados, arguyendo que no existen otros elementos objetivos que lo corroboren, por caso, registros de las tablets, celulares, rastros de otra índole, o pericias de ADN.
Esgrime la orfandad probatoria y alega la carencia de fuerza convictiva de los reconocimientos de personas efectuados, por existir un conocimiento barrial previo.
Puntualiza que la misma carencia de elementos de convicción que ocasionó la duda insuperable que permitió la absolución de Alejandra Araujo es la que, contradictoriamente, llevó a la conclusión respecto de la intervención de Claudio Araujo y “el menor”, que tampoco se identifica, por lo que debe concluirse que el razonamiento del Tribunal está en franca colisión con el estado de inocencia que presume la Constitución Nacional.
Alerta que los dichos de la madre no exhiben ningún vínculo de atribución, que de la ropa aportada no se extrajo ningún rastro biológico, que la hermana Macarena no aportó datos significativos, que las armas incautadas no fueron reconocidas por la víctima, que no se tomó en consideración que la menor al momento del hecho estaba menstruando, por lo que bien pudo haber manchado la ropa que utilizaba, que los peritos refuerzan la versión defensista y que, no obstante, se llegó a un veredicto condenatorio.
Reafirma que la versión de Aldana no encuentra otras pruebas objetivas que la corroboren, ni por parte de la profesional que llevó adelante la cámara Gesell y no viera las lesiones, ni que exista pericia que detalle que el rasurado fuera realizado el día del hecho, ni se verificó la presencia de Araujo en la escena, ni ninguna lesión en su cuerpo, ni fotografías del lugar del hecho, ni incautación de los objetos mencionados; es decir, expone la inexistencia de algún elemento objetivo que permita la vinculación.
Sin encontrar las certezas que conducen indiscutiblemente a atribuir la autoría a Claudio Araujo y sin que el razonamiento haya explicado el ensamblaje lógico de pruebas que permitan la reconstrucción de la materialidad y el vínculo de atribución, es que solicita la absolución de su defendido.
En subsidio, en cuanto a la calificación resultante, estima mal aplicada la agravante típica del art. 41 quater del Código Penal, por encontrarse sin corroboración la situación del dominio subjetivo del mayor respecto del menor, amén de emerger dicho indicio de una significativa diferencia etaria entre ambos, por lo que propugna la quita con el condigno impacto en la pena a decidir.
En relación con la causa 3702, critica la valoración de la prueba, por resultar arbitraria, en tanto descree de las versiones de los internos damnificados.
Puntualiza que en el contexto de encierro en que se habrían cometido los hechos, el personal policial debió estar anoticiado, por lo que para atribuir la responsabilidad por el cuerpo del delito a Araujo y Matías Rodríguez, primero debería haberse comprobado el incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto de los uniformados a cargo de la comisaría Primera de San Martín, en tanto sin la participación activa u omisiva de las autoridades responsables la conducta atribuida no podría haberse llevado a cabo.
Expone que de los dichos de la perito médica Dra. Susana Dommarco se extrae que no se constataron lesiones en Morales ni en Fernández que fueran de carácter sexual, sólo en las manos, que caracterizó como leves y que era extremadamente difícil que fueran producidas por golpes.
Entiende que los hechos se materializaron como lesiones leves sin que se haya comprobado la existencia de abuso sexual gravemente ultrajante, o del abuso sexual con acceso carnal, o las amenazas coactivas o el robo, siendo que atribuye la intención en las declaraciones de Mario Morales, Mariano Fernández y Sergio Palacios como direccionadas a lograr un cambio de lugar de detención que pusiera fin a las condiciones de hacinamiento del calabozo donde se encontraban.
Afirma que el conjunto de pruebas objetivas alcanza, en su máxima contingencia, a comprobar los delitos de amenazas simples y lesiones leves en concurso ideal, siendo que la omisión de una valoración clara, lógica y completa por parte de la judicatura respecto de la condición esencial para la existencia de los hechos y la intervención responsable, abre una profundad duda insuperable respecto a la verosimilitud y credibilidad de los relatos, por lo que solicita la revocación de esta parte del veredicto, y el dictado de un pronunciamiento absolutorio.
En cuanto a la participación necesaria endilgada a Claudio Araujo en la comisión del delito de lesiones leves, no la encuentra corroborada, en tanto los declarantes concurrían por sí solos al calabozo vecino, por lo que no puede confirmarse la materialidad tan sólo por las palabras de los damnificados.
Respecto del abuso sexual con acceso carnal, argumenta que la instigación no puede aplicarse en relación con esta figura, en tanto no se comprobó el elemento subjetivo (dolo de abuso con acceso carnal) respecto de los coautores, por lo que tampoco puede endilgarse tal intención a su defendido, por lo que repulsa la autoría mediata decidida al respecto.
Por último, se agravia de la pena endilgada por considerarla irracional y gravemente desproporcionada, sin explayarse al respecto.
Finaliza solicitando la anulación del debate y la celebración de un nuevo juicio, o, en subsidio, la absolución de Claudio Araujo y Matías Rodríguez por los delitos enrostrados y supletoriamente, en los autos 3702, la recalificación de la conducta como comprensiva de los delitos de lesiones leves, imponiendo el mínimo de la pena prevista.
4. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite común y notificadas las partes (fs. 129), se expide la Fiscal (fs. 132/139 vta.), manteniendo el recurso interpuesto y propiciando el rechazo del incoado por la defensa.
A su turno, se pronuncia la Defensa (fs. 140/143) propiciando el rechazo del remedio incoado por la contraparte y explayándose respecto de la atipicidad de la conducta atribuida a Rodríguez en cuanto al delito contra la salud pública.
5. Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Resultan procedentes los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
-I-
El hecho imputado en causa 3742 resultó ser el siguiente: “…el día 6 de enero de 2017, siendo las 01.45 horas aproximadamente, en las calles Alte. Brown y Zárate, de la localidad de Villa Ballester Oeste, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, el aquí compareciente Matías Alejandro Rodríguez, tenía en su esfera de poder, en el interior del bolsillo derecho del pantalón que vestía, 20 envoltorios de papel metalizado y 1 envoltorio de nylon transparente, conteniendo en su interior, la sustancia estupefaciente cocaína, por un peso total de 23.9 gramos, siendo dicha sustancia considerada por la ley vigente como de tenencia y venta prohibida”.
A su vez, el Tribunal dio por comprobado los demás hechos de la siguiente manera: “Hecho de la causa 3668: Que el día 11 de diciembre de 2016 desde las 20.30 y hasta las 23.30 hs. Claudio Damián Araujo juntamente con otros dos sujetos del sexo masculino, uno de ellos menor de edad, sustrajeron a A.A.F. por entonces de 13 años de edad en Charlone y Villalba de José León Suárez, con fines sexuales, y la llevaron privada de su libertad bajo intimidación con un arma de fuego y dentro de un rodado, donde le rasuraron la zona genital, hasta un descampado donde, luego de golpearla en distintas partes del cuerpo, besarla fuertemente en pechos y cuello, patearla, atarla en las vías del tren y amordazarla, la accedieron carnalmente vía anal Claudio Araujo y el menor, sin profilaxis, para finalmente dejarla en las inmediaciones de su domicilio sito en Villalba 4722 de la misma localidad.-
Hechos en la causa 3702: Que entre los días 17 y 26 de enero de 2017 en horario nocturno dentro de la Seccional Primera de San Martín, Matías Rodríguez y Claudio Araujo amenazaron de muerte y lesión a Mario Morales y Mariano Fernández, todos allí alojados, para obligarlos a requerir a sus familiares alimentos, ropa, cigarrillos, dinero y demás elementos.
En el mismo lugar y lapso temporal, mientras Claudio Araujo trasladaba a Mario Morales y Mariano Fernández hasta las rejas de la celda contigua, dejándolos al alcance de Matías Rodríguez, este último les efectuó golpes con un secador de piso en los dedos, causándoles lesiones leves.
Asimismo, en el mismo lugar y lapso temporal, Claudio Araujo y Matías Rodríguez se apoderaron mediante violencia física como la antes descripta y amenazas de muerte y lesión, de alimentos y demás elementos provistos por los familiares de Mario Morales y Mariano Fernández.
Finalmente, en el mismo lugar y lapso temporal, Claudio Araujo y Matías Rodríguez mediante amenazas de muerte y lesión obligaron a Mario Mora
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