Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 95802
C. 95 . 802
En la ciudad de La Plata, a los días del mes de de dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini, con el objeto de resolver en la presente causa nº 95 . 802 caratulada “Grollino Diego Fernando y Toledo Ivana Isabel s/ Recurso de Casación interpuesto por defensa particular y Hernández Romina Valeria s/ Recurso de Casación interpuesto por defensa oficial” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: KOHAN-MANCINI.
El Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, resolvió condenar a Diego Fernando Grollino y a Ivana Isabel Toledo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por hallarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento.
Asimismo, condenó a Valeria Romina Hernández a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autora penalmente responsable del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación el señor Defensor Particular, Dr. Horacio Insanti, a favor de Grollino y Toledo a fs. 294/303 del presente legajo y la defensora oficial, Dra. María Carla Auad, quien interpuso recurso de casación a favor de Romina Valeria Hernández a fs. 309/333 del presente legajo.
Cumplidos los trámites de rigor y encontrándose la presente causa en condiciones de ser resuelta, el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes:
Primera : ¿Es admisible el recurso de casación?
Segunda : ¿Resulta procedente el recurso de casación?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez doctor Kohan , dijo:
Se encuentran reunidos los requisitos exigidos para la admisión de los recursos deducidos, tanto en los aspectos relativos al tiempo y la forma de su interposición, como al derecho a impugnar de quien recurre, fundado en el carácter definitivo de la resolución impugnada, siendo que por ella se resuelve condenar a los imputados (art. 454, inciso primero del CPP).
En consecuencia, propongo declararlos formalmente admisibles (art. 451 y 456 del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini , dijo:
Adhiero al voto del Sr. Juez, Dr. Mario Eduardo Kohan, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez doctor Kohan dijo:
I. a) La defensa de Grollino y Toledo solicitó, en primer lugar, la nulidad de la sentencia dictada, por entender que la absolución de Lucas Toledo, por el delito de falso testimonio, que se fundó en la prohibición prevista en el artículo 234 del CPP, tuvo incidencia en la situación procesal de sus asistidos, vulnerando, en definitiva, la mentada prohibición.
En ese sentido, entiende que en el caso particular de Ivana Toledo, ésta testimonial determinó su indagatoria durante la investigación preliminar, la cual fue relevante para el sentenciante, ya que, cuando desestima la declaración prestada en debate por su asistida, lo funda en que era contraria a lo expresado en esa primera oportunidad.
Luego, en cuanto a Diego Grollino, si bien no se da el puntual agravio plasmado anteriormente, sostiene que la declaración de Lucas Toledo lo condicionó y formó parte del plexo probatorio que se le hiciera valer para imputarlo y procesarlo desde un primer momento.
Por otro lado, también plantea la nulidad de la sentencia, teniendo en cuenta que se funda en la declaración de una testigo, Karen Aranda, que se vio afectada por la prohibición de declarar sobre hechos propios o los que algún modo pudieran autoincriminarla, sumada a la coacción que se ejerciera sobre ella.
Luego, como nuevo motivo nulificante, alega la obtención de prueba por parte del particular damnificado al entrevistarse con la madre del menor víctima, de un modo que debe ser calificado “cuanto menos discutible”.
Por último, advierte la arbitraria valoración de la prueba que se efectúa en aspectos esenciales de las consideraciones condenatorias vertidas.
b) Lo propio hizo la defensora oficial de Romina Valeria Hernández, la que denunció la inobservancia de las reglas de la sana crítica al analizar la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos del tipo penal enrostrado a su pupila.
En forma subsidiaria, plantea la errónea aplicación de lo normado en el tercer párrafo del artículo 106 del CP, por resultar deficientemente conformada la imputación objetiva del resultado muerte en cabeza de su pupila y por la arbitraria desestimación del planteo de nulidad de la acusación por defectos en la intimación.
En relación a esto último, considera que es evidente la modificación de la plataforma fáctica intimada a su asistida respecto del elemento subjetivo con que se le atribuía el óbito de su hijo (que en todas las oportunidades procesales previas al inicio del debate se le endilgó a título de dolo directo), en relación con las circunstancias por las que finalmente fue objeto de acusación, oportunidad en la que el órgano acusador la imputó, en forma sorpresiva, a título de dolo eventual.
En consecuencia, solicita que se desestime la agravante de la muerte, la cual no puede ser imputada ni objetiva ni subjetivamente y se adecúe la calificación, aplicando la figura del delito de abandono de persona simple (art. 106, primer párrafo del CP), agravado por el vínculo (art. 107 del CP) y peticiona la imposición del mínimo de la pena prevista para el delito en cuestión, dejando en suspenso su cumplimiento ya que concurren los presupuestos del art. 26 y subsiguientes del CP, pudiendo incluso reducirse por debajo del mínimo o cancelarse el reproche en razón la pena natural concedida.
c) A su turno, el Defensor Adjunto ante esta instancia, Dr. Daniel A. Sureda, mantuvo el remedio impetrado por su inferior, remitiéndose a sus argumentos y efectuando consideraciones al respecto.
Así también, agrega –como nuevo motivo de agravio- que en virtud de los padecimientos sufridos por su asistida, que la colocaron en una especie de estado de necesidad, no estrictamente en los términos del art. 34 inciso tercero del CP, sino con el alcance que vulgarmente debe adjudicársele, por cuanto ante la extrema situación que particularmente la aquejaba, Hernández se vió en la necesidad de obrar en el modo en que lo hizo, lo cual debe ser enmarcado en lo dispuesto por el art. 34 inc. 4 primera parte del CP. Habida cuenta lo novedoso de este último planteo, solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 451 del CPP (cfr. fs. 343/353vta. del presente legajo).
d) Por su parte, el señor Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, acompaña su pieza en la que solicita la improcedencia de los recursos deducidos en favor de los imputados (cfr. fs. 607/612vta. del presente legajo).
II. Adelanto que, en mi opinión, en contra de lo que sostienen las defensas en sus escritos recursivos, los agravios no merecen prosperar en base a las consideraciones que, a continuación, paso a detallar.
a) En cuanto a los planteos nulificantes efectuados por la defensa de Grollino y Toledo, se advierte que los mismos son una reedición de los efectuados en el debate y que fueran contestados en forma fundada y detallada por el sentenciante. No basta sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sino que es preciso contestar mediante una crítica concreta y razonada todos y cada uno de los argumentos expuestos en ella resultando insuficiente e inidónea tal conducta para demostrar violación legal alguna por parte del tribunal al resolver en contra de sus pretensiones (conf. C.S.J.N., Fallos: 303:109; 304:1048; 305:301; 307:1735; 311:1133; 312:1716; 313:1077; 319:123; en igual sentido, SCBA, P 57877, rta. 8-9-1998; P 69211, rta. 17-7-2003, c. P 69012, rta. 23-4-2003). La Suprema Corte de Justicia provincial ha dicho que “Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa se queja por la utilización de un acta cuya nulidad reitera ante esta instancia por carecer de las firmas del Juez y del Secretario intervinientes en la diligencia, si la Cámara también declaró que "la realidad del acto, la existencia misma del secuestro" -de esto se trataba en la diligencia cuestionada- se encuentra "sobradamente" probada con los testimonios que mencionó, y de esto no se ocupa el señor Defensor” (SCBA, C. P 53415, rta. 15-11-1994).
Más allá de ello, debo resaltar que uno de los requisitos para que proceda una nulidad relacionada a los actos procesales que se han desarrollado en el proceso, es el interés jurídico en su invalidación, ya que de lo contrario carece de un fin práctico y su declaración no es sostenible.
De ese modo, en cuanto a la primera nulidad planteada, relacionada al testimonio de Lucas Toledo, se advierte que el mismo fue descartado oportunamente por el sentenciante a los efectos de tener por acreditada la materialidad ilícita como la intervención de los encausados, teniendo en cuenta que se encontraba alcanzado por la prohibición dispuesta en el artículo 234 del CPP.
En consecuencia, se advierte fácilmente que tales dichos no fueron utilizados a los efectos de determinar la intervención de los encausados Grollino y Toledo en los hechos que se les enrostran, si no que a contrario de ello, fueron descartados por los magistrados, llegando a la misma conclusión por distintas vías probatorias.
Además, no coincido con el recurrente en que tal testimonio fue determinante para que le tome declaración indagatoria a su asistida (Ivana Toledo), ya que como se advierte en el fallo, la misma ya se encontraba aprehendida por el homicidio por decisión del Fiscal, horas antes a que se le recibiera declaración testimonial a Lucas Toledo (cfr. fs. 273 vta. del presente legajo).
Por su parte, tampoco advierto vicio alguno en la voluntad de la testigo Karen Aranda que conduzcan a invalidar su declaración.
Como bien señala el sentenciante, no se verificó que haya declarado bajo coacción, lo que se condice con sus expresiones durante el debate, donde negó expresamente haber sido objeto de coacciones (cfr. fs. 256 del presente legajo).
Lo mismo cabe sostener respecto de los dichos de la madre (Valeria Echavarría) a su hija, quien le refirió “te van a sacar la nena” y más aún en cuanto a los mensajes que intercambiara Darío Fernández con “Kiky” (opinando que Karen se encontraba comprometida en el hecho), ya que nadie sostuvo que tales manifestaciones hayan provenido de funcionarios policiales a cargo de la investigación y en relación a los mensajes, no se puede determinar que ello llevó a Aranda a volver a declarar, teniendo en cuenta que no consta que esas inferencias hayan sido transmitidas a la testigo, sumado a que no se la interrogó en relación a ello.
Del mismo modo, fue descartado en forma fundada, el presunto ofrecimiento de recompensa a cambio de brindar su testimonio, lo que se contrapone con lo expuesto por Valeria Echavarría y por la propia Karen Aranda en cuanto a las motivaciones y el sentido en que ésta prestó declaración en el juicio (cfr. fs 256/vta. del presente legajo).
La misma suerte debe correr el planteo nulificante relacionado a la obtención ilegal de prueba por parte del particular damnificado, teniendo en cuenta que no existe constancia alguna que permitiera conocer el contenido de lo informado por la progenitora del menor víctima al Dr. Pelliza, sumado a que al momento de brindarla y como bien lo describe el sentenciante en su voto, la misma no revestía la calidad de imputada. Asi las cosas, al no verificarse la denunciada obtención ilegal de prueba, debe rechazarse la petición efectuada.
b) Por otro lado, en cuanto al planteo efectuado por el Dr. Insanti respecto a la valoración arbitraria de la prueba en perjuicio de sus asistidos, considero que tampoco puede prosperar.
En relación a ello, se advierte que la determinación de la materialidad ilícita y la intervención de Grollino y Toledo encuentran sustento en la valoración armónica y racional del plexo probatorio que tuvo por acreditado el a quo. Así, surge del examen de las cuestiones de la sentencia (fs. 254/288vta.) la observancia por parte del Tribunal de las reglas legales atinentes a la formación de la convicción jurisdiccional y la racionalidad de su justificación al arribar a su conclusión.
De tal modo, es que el sentenciante ha tenido por cierto todo ello, fundamentalmente a través de evidencias capitalizadas en el curso del debate oral desarrollado, en donde los agravios traídos a esta sede casatoria, han sido tratados y contestados dando una fundada respuesta, a través de la contundente prueba que lo acredita.
Es así, que el Tribunal ha tenido acreditada la participación de los aquí encausados y concluyó que el deceso del menor víctima ocurrió aproximadamente entre las 05:30 y las 07:30 horas del día 11 de septiembre de 2015, encontrándose los imputados junto al niño en el interior de la vivienda y permaneciendo allí por un espacio de diez horas hasta que efectuaron un llamado al servicio de Emergencias Médicas (cfr. fs. 276vta.- ptos. 2.c.2 y 2.c.5 ).
Así también, se determinó que las lesiones que le provocaron la muerte al niño se produjeron en el mismo lugar donde fue hallado sin vida, esto es, en el interior de la finca donde vivía desde unos meses atrás junto a Grollino y Toledo, ya que su madre lo había entregado para que dicha pareja lo cuidara.
También se valoró que el trozo de soga incautado dentro de un cesto de residuos a los pies del colchón donde se halló el cuerpo del niño, se compadece con la maniobra estranguladora a lazo que tuvo trascendencia como causa de muerte en la asfixia mecánica (cfr. fs 276vta.- pto. 2.c.3 ).
Se suma la correspondencia entre los palos de madera quebrados encontrados en el interior de la vivienda con los signos de apaleamiento por golpes propinados al niño en momentos muy próximos a su muerte, tanto al frente -herida con hematoma- como en zona intraabdominal y se agrega el hallazgo, en uno de ellos, de material genético correspondiente a Grollino y al niño víctima (cfr. fs. 276vta.- pto. 2.c.4 ).
En esa senda, se valoró lo manifestado por la médica del servicio de emergencias, doctora Cleiman, quien describió en el debate lo vivenciado al constituirse en el domicilio de los encausados “...veo un colchón en el piso, sin sábanas, sucio, y un niño que parecía un muñeco, con la cabeza caída, semisentado, apoyado contra la pared…había materia fecal en el colchón…no tenía frecuencia cardíaca ni pulso…tenía quemadura en una mano…muy edematizada…” . Asimismo, en cuanto a la actitud de Grollino y Toledo señaló que “…la pareja estaba inquieta por saber que pasó…estaban nerviosos…la mujer lloraba…” (cfr. fs. 277).
Luego, se valoraron los dichos de los primeros efectivos policiales que arribaron al lugar, quienes expresaron respecto a los imputados que “…la mujer se mostraba muy afectada, pero parecía que lo sobreactuaba…luego se calmaba…el joven tenía una actitud evasiva…se quería ir a trabajar…estaban muy nerviosos pero no compungidos por el nene…” . En cuanto a la víctima describieron que “…estaba la criatura sobre un colchón en el piso…todo lastimado, con la boca hinchada, lastimadura en la cabeza, vestido con un pantalón…había comida de perro, mucha ropa tirada, olor, materia fecal…” (cfr. fs. 277/vta).
En el mismo sentido, se tuvieron en cuenta distintos testimonios, como son el de Micaela Acuña, Leandro Raúl García y Karen Aranda, quienes presenciaron de manera directa los reiterados y crueles padecimientos infringidos por Grollino y Toledo al menor durante el tiempo que permaneció junto a ellos, determinando así el maltrato al que fue sometido y lo que también permitió acreditar la permanencia del niño con los encausados.
Así las cosas, Micaela Acuña expresó “…a Ivana la he visto varias veces tratar mal al nene, pegarle…una vez lo colgó de los pies, lo puso cabeza abajo…a veces lo ataba para que el nene no tocara nada…” .
En el mismo sentido, Karen Aranda señaló “…ellos le pegaban, le hacían comer caca de gato, lo ataban…lo tiraban al piso…Diego le daba rodillazos en la panza…le tiraban la ceniza del cigarrillo…el nene se la sacaba porque le quemaba…” .
Asimismo, Leandro Raúl García fue conteste con los dichos brindados por las mentadas testigos (por todo cfr. fs 275/277 del presente legajo).
Resta mencionar que todo el cuadro probatorio descripto permite desestimar por inverosímiles los dichos exculpatorios de Grollino y Toledo, los que fueron analizados en el fallo y descartados razonadamente por los sentenciantes, teniendo en cuenta que se contraponen groseramente con la prueba de cargo valorada (cfr. fs 277vta/278 del presente legajo).
Todo lo reseñado y los demás elementos probatorios ponderados, resultan claros indicios que corroboran la intervención de los aquí imputados en el hecho puesto en crisis. Se debe poner de resalto, que la prueba debe valorarse en forma conjunta y no aisladamente, pues cada elemento probatorio considerado por separado puede dejar margen para la incertidumbre, lo que no sucede si se lo evalúa de modo general.
Ahora bien, luego del análisis efectuado, es importante resaltar que en principio, la materia insusceptible de revisión –por vía del recurso de casación- es la inmediación dado el impedimento que aparece por imperio de la oralidad y por la propia naturaleza de las cosas; de ahí que dicha cuestión quedaría supeditada únicamente a la impresión que los testigos hayan causado en los jueces de mérito. Sin embargo, no soslayamos que la Corte Federal ha sostenido, respecto de esto, que el Tribunal de Casación puede también revisar criterios (cfr., CSJN, in re “Casal” cit., considerando 25º, del voto de la mayoría).
Así las cosas, desde esta perspectiva, debo afirmar que no hay, desde el punto de vista objetivo, razón alguna para poner en duda el impacto subjetivo que los testigos produjeron en el órgano de grado; todo lo contrario, en tanto que ellos, como dije, permiten recrear un todo armónico y coherente.
Es así que el sentenciante ha tenido por probada la participación penalmente responsable de Grollino y Toledo en los hechos que se les imputa, demostrando certeza a la que se ha arribado con respaldo en la correcta y fundada valoración de los elementos probatorios descriptos, no advirtiendo parcialidad alguna que surja de las constancias de la causa, teniéndolos en cuenta para formar su sincera convicción sobre la autoría de los encartados.
Luego, en torno a este tramo de la queja vale resaltar que ningún argumento desplegado por el recurrente basta para invalidar como pretende el convencimiento jurisdiccional legalmente expuesto, comprendiéndose el camino lógico recorrido para arribar a la conclusión determinada. “Es imprescindible entonces tener presente la consecuente imposición que trae el sistema en lo relativo a la debida fundamentación de la sentencia. En ella el magistrado debe imperativamente expresar cuales son las razones que, surgidas solo de las pruebas, determinan la decisión adoptada, indicando cual fue el camino deductivo seguido para llegar a esa conclusión y no solo el resultado de la operación mental. Esto impide que el órgano jurisdiccional pueda decidir basado solo en su capricho, en simples conjeturas o en su íntimo convencimiento. Así es menester que esas razones se extraigan solo y directamente de las pruebas producidas en la causa y no en el conocimiento privado del juez o en constancias no introducidas regularmente al proceso. A su vez, el recorrido de cada razonamiento debe estar claramente sustentado en los principios de la lógica, la experiencia común, la psicología y el recto entendimiento humano. La omisión de cumplimenta
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