Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 98369
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 98369 caratulada “HERRERA CEFERINO DANIEL Y SCHIBER HUGO CESAR S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR DEFENSAS PARTICULARES”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 29 de abril del año 2019, el Tribunal en lo Criminal nº 7 del Departamento Judicial San Isidro, condenó a Hugo C ésar Schiber a la pena de dieciocho (18) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador (art. 210 párrafos primero y segundo del Código Penal) en concurso material con lesiones graves (art. 90 del Código Penal) -ocho (8) hechos- y estafa procesal en grado de tentativa (art. 42 y 172 del Código Penal) -cinco (5) hechos-, todos en concurso real (art. 55 del C.P. ); e inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía por el término de diez (10) años por haberse verificado infracción crónica a las normas de ética que regulan la actividad (arts. 20 bis 3. del C.P. ) y a Daniel Ceferino Herrera a la pena de quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro (art. 210 párrafo primero del Código Penal) en concurso material con lesiones graves (art. 90 del Código Penal) -ocho (8) hechos- y estafa procesal en grado de tentativa (art. 42 y 172 del Código Penal) -cinco (5) hechos-, todos en concurso real (art. 55 del C.P. ).
Contra dicha sentencia interpusieron recurso de casación los Defensores Particulares de Hugo César Schiber, Dres. Mariano Orgeira y Adrian Tellas (fs. 254/434vta.) y el Defensor Particular de Ceferino Daniel Herrera, Dr. Fernando Solessio (fs. 439/483).
La causa ingresó a la Sala el 9/10/2019, se celebró audiencia en los términos del art. 458 del CPP el 25/8/2020, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y revolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Los recursos de casación fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Los Defensores Particulares de Schiber, luego de referirse a los que consideran requisitos de procedibilidad formal del recurso, y en esa línea al abordar el de autosuficiencia transcribir el veredicto y la sentencia, señalaron a modo de síntesis que esta última " trasunta arbitrariedad al haber sido dictada por un tribunal que ya se había declarado sin encontrarse en condiciones de mantenerse imparcial,… que admitió prueba inadmisible como la declaración de coimputados en calidad de testigos,… hizo una arbitraria valoración de la prueba,… rechazó insólitamente pruebas que hacían al ejercicio del derecho de defensa -incluso luego de haberlas admitido-,… invirtió las garantías constitucionales para hacerlas obrar contra los imputados, [y] recurrió a atribuir a la integración del tribunal fuerza de citación a juicio con tal de evitar la prescripción de una causa que lleva prácticamente una década en trámite ".
A continuación, exponen los siguientes planteos: " 2. Violación al principio acusatorio ". Sostienen que la fiscal desistió de acusar a su defendido por las lesiones de "Vazquez y Dorsch -hecho VI-" quedando constancia de ello en actas a fs. 3846vta., de modo tal que en función del principio acusatorio el Tribunal carecía de competencia para condenar por ellas a Schiber. En consecuencia, entienden que " la condena por dos hechos (lesiones de Vazquez y Dorsch) sin mediar acusación, amerita anular la sentencia y veredicto, no solo en cuanto a esa parcialidad de condena oficiosa y lo que conlleva como consecuencia (pena, agravamiento, vinculación con la imputación de asociación ilícita), sino que la nulidad debe decretarse respecto de todo el pronunciamiento, pues esta circunstancia -lesiva… del principio acusatorio, de la garantía del juez imparcial y de la defensa en juicio- no escapa del contexto que exponemos en otro apartado sobre la manifiesta imparcialidad del tribunal que debe remediarse con la exclusión del pronunciamiento condenatorio pues no se trata de un acto jurisdiccional válido emanado de un tribunal neutral ".
" 3. Sobre la prescripción de la acción penal. " Dicen que salvo para la Asociación Ilícita, la acción penal por los restantes delitos se encuentra extinguida por prescripción, en tanto consideran que la notificación de la integración del Tribunal en lo Criminal que llevaría a cabo el juicio oral no constituye el acto procesal de "citación a juicio" o su equivalente al que hace alusión el art. 67 del Código Penal que, en el caso, respecto de su defendido se materializó dos años después, con la oportunidad procesal del ofrecimiento de pruebas para el debate. " 4. Nulidad de la resolución porque la emiten los sentenciantes que dejaron de ser imparciales ". Refieren en primer lugar, que tal como ocurrió con la acción penal y su extinción, no operó la preclusión de la cuestión sobre la garantía del juez natural, porque, al igual que en aquel tópico, únicamente se les permitió " acceder por la vía recursiva a la Cámara de Apelaciones, la que tampoco se expidió sobre el fondo del planteo por no tratarse de una sentencia equiparable a definitiva ", sin embargo en esta oportunidad, " habiéndose dictado sentencia condenatoria el gravamen si resulta irreparable con lo que corresponde que el Superior Jerárquico analice el fondo de su [su] planteo ".
Reseñan los antecedentes del caso y dicen que los sentenciantes, al excusarse, manifestaron que estaban afectados en su ánimo y compromiso de neutralidad, de modo tal que habían aceptado haber perdido la imparcialidad necesaria para juzgar el presente caso, la cual de modo alguno puede ser recuperada por la mera decisión de la Alzada departamental. Añaden que, tras el dictado de dicha excusación, la magistrada del primer voto tildó de "mercenarios" a los impugnantes y de "criminal" a su defendido, en una cabal demostración de pérdida de imparcialidad. Sostienen que frente a la violación de la garantía invocada, no puede no abrirse la vía casatoria so pretexto de tratarse de una resolución no impugnable por dicho medio, máxime cuando se les negó la revisión de la recusación rechazada.
Puntualizan que la jueza de mención, hizo alusión en el fallo a que no podía soslayar que gravitaba en su ánimo el comportamiento del Schiber y el indicio de fuga de su hijo Federico a Israel. Destacan que, " justamente a pesar de que lo había[n] advertido, lo que se pretendía evitar ocurrió: se privó de libertad a [su] defendido, sin sentencia, por orden de un tribunal que había perdido la objetividad y a la postre terminó dictando una sentencia condenatoria " arbitraria. " 5. Nulidad de los testigos coimputados presentados como víctimas ". Expresan que en esta causa se ha tomado declaración como testigos a quienes debieron estar imputados por los hechos que se sometieron a juicio oral. Explican que anticiparon tal irregularidad en la audiencia preliminar del art. 338 CPP.
Alegan que se les permitió declarar, y sus dichos fueron utilizados para condenar a su defendido, a quienes fueron actores en los procesos civiles en los que actuó como apoderado, base de la sentencia por estafas procesales tentadas, sin ser sobreseídos ni relevados del juramento de decir verdad, con lo que la sentencia resulta auto contradictoria, sin quedar a salvo mediante la aplicación del rótulo "vulnerables" y la invocación de las "reglas de Brasilia", en tanto no se demostró la presencia de los supuestos allí previstos. Añaden que Machicote sostuvo que " la mayoría de las personas estaban arrepentidas por lo que habían tenido que vivir. Moralmente tal vez sepan que no estaba bien ". Que podían cambiar de abogados cuando querían y Federico Schiber era el encargado de "informarles el estado de los trámites civiles" cuando consultaban.
En consecuencia, es infundada la afirmación del A Quo de que "no entendían la maniobra" y "no tuvieron dominio del hecho". En el mismo apartado cuestionan que se haya computado contra Schiber la declaración prestada en los términos del art. 308 por Francisco Valentín Ortiz, pues su incorporación al debate violenta el derecho de defensa al verse el imputado privado de poder controlar dicha prueba, con el alcance de "Benitez" (Fallos 329:5556). " 6. Inexistencia de los elementos típicos de la asociación ilícita y falta de lesión al bien jurídicamente protegido ". Denuncian que no se demostró vinculación alguna de su defendido con ningún tipo de asociación de características permanentes y de cohesión con el propósito colectivo de cometer delitos indeterminados.
Añaden que el planteo sobre la ausencia de los requisitos del art. 210 del CP establecidos por la CSJN en "Stancanelli" (20/11/2001) no fue respondido suficientemente por el Tribunal, incurriendo así en un supuesto de arbitrariedad de sentencia. Puntualizan que no se contesta " por qué en caso de haber existido una ilegal asociación como la que se reprocha -existencia que n[iegan] enfáticamente-, ésta podría haber afectado el orden público, la tranquilidad o paz social ", más allá de la " tibia referencia al precedente 'Panceira' (Rta. 16/5/2011, …) que es anterior a 'Stancanelli' en el cual basa[n. su] argumentación ". Destacan, con cita de Buompadre, que la divulgación del crimen es lo que produce la alarma social que afecta la tranquilidad pública y que nada de ello ocurrió, primero porque no existía una asociación de tales características, y luego porque no se señala ni prueba "cómo, ni de qué manera o por qué habría existido una turbación a la sociedad ", cuando sabido es que " ninguna conducta es delictiva si no afecta a un bien jurídicamente tutelado ".
" 7. Algunas apreciaciones más sobre la arbitrariedad de la pena ". Al finalizar el apartado anterior, los impugnantes ya habían referido que por el concurso de delitos se le terminó por aplicar a su asistido " una pena un poco inferior al máximo previsto para el homicidio, lo que a todas luces deviene desproporcionado ", sobre todo cuando se tuvo en cuenta que " carece de cualquier tipo de condena anterior "; que " ninguna circunstancia excesiva al tipo puede ser un agravante de la culpabilidad pues se trata de una abierta violación a los principios de legalidad (art. 18 CN), de reserva (art. 19 CN) " y critican que se haya valorado negativamente " circunstancias inherentes a la propia persona como su condición de abogado o la posesión de 'falsas ambulancias' .
Añaden ahora, que no hay razones para no aplicar a su defendido la pena mínima del concurso real, esto es 5 años de prisión, que es el tope inferior de la escala del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, a la luz de que las lesiones fueron consentidas, las estafas en tentativa no causaron perjuicio alguno y la condición de septuagenario de Schiber. Con cita de Ferrajoli y Bacigalupo, resaltan que el A Quo " no formuló apreciación alguna compatible con el… art. 8.6 CADH, pues jamás se propuso ni limitar la pena a la medida de la culpabilidad ni mucho menos reducirla hasta lo estrictamente necesario conforme la finalidad (teoría relativa) de resocialización ", y concluyen que " condenar a 18 años de prisión a un septuagenario es, prácticamente, condenarlo a muerte o, más precisamente, a una pena realmente perpetua ".
" 8. El rechazo de las pruebas vulnera el derecho de defensa ". Narran que en su momento se hizo lugar a la instrucción suplementaria que solicitaron consistente en "u na pericia de gran importancia: la pericia sobre la CPU secuestrada en el Estudio Jurídico Schiber (fs. 264/269) 'para determinar si en su base de datos aparecían los nombres de los sedicentes damnificados o de los verdaderos responsables de los delitos aquí investigados (fs. pág. 3120vta.) ", que en la audiencia del art. 338 del CPP el Tribunal hizo lugar a tal petición, que la "División de Pericias Informáticas" fijo para hacerla el día 18 de marzo de 2019, lo que motivó el rechazó del A Quo de la medida, sin fundamento y contrariando sus propios actos, achacando erróneamente negligencia a esa defensa, consagrando así la vulneración del derecho de defensa en juicio, pues con dicho temperamento " se privó a la defensa de elementos fundamentales para probar la inocencia de sus defendidos, así como desvirtuar la pretensión de la acusación ", en franca inobservancia del estándar sentado por la CSJN en "Benítez" (329:5556).
En la misma línea, incluyen la denegatoria a la incorporación como prueba durante el juicio oral de las filmaciones con cámara oculta ofrecidas por Federico Schiber al ampliar su declaración el 13 de noviembre de 2018, que solicitaron se tenga en cuenta en esta instancia por vía del art. 457 del CPP. " 9. La falta de examen médico obligatorio acarrea la insalvable nulidad ". Exponen que ya como cuestión previa indicaron que se había obviado el examen médico obligatorio que prevé el art. 64 del CPP, que resultaba absolutamente pertinente no solo por la edad de H. C. Shiber, sino por sus características personales. Sostienen que se trata de una nulidad de carácter absoluto o de orden general comprendida en el art. 202 del CPP porque hace " a la intervención, asistencia y representación del imputado ".
Afirman que el requisito de los 70 años es al momento del juicio, pues el examen se realiza " a los efectos de evaluar [la] capacidad para estar en juicio ". Recuerdan que los jueces al excusarse señalaron que la hostilidad de Schiber " resulta rayano a lo patológico ". Postulan que la única forma de terminar la existencia de causales sobrevinientes a las que aluden los arts. 62 y 63 del CPP, es, precisamente, un examen médico como el que obliga el citado art. 64 y no la apreciación subjetiva de los miembros del tribunal. Finalmente bajo el título " 10. Casación material arbitrariedad en la valoración de las pruebas ", denuncian inobservancia de los arts. 106, 210 y 373 del CPP; expresan que el Tribunal de grado " da por probada la participación de su defendido como organizador de una asociación ilícita y lo justifica por la declaración de los imputados/testigos Olga Beatriz Ferreyra, Patricia Alejandra Blanco, Noelia Edith Nuñez, Beatriz Lorena Caballero, Samanta Giselle Barrientos, Leonardo Ezequiel Vázquez, Claudia Beatriz Dorch, Francisco Valentín Ortiz, Hugo Caballero, Juan Pablo Randler, Jorge Fernández, Emanuel Santiago Randler y de los Comisarios encargados de la investigación Pablo Ignacio Machicote y Marcelo Larroca ".
Desarrollan el motivo de agravio mediante un análisis crítico pormenorizado de la prueba testimonial. De forma específica examinan y presentan sus conclusiones contrapuestas a las del fallo, en el orden y bajo los rúbrica que sigue, de los testimonios brindados por "Olga Beatriz Ferreyra. (Hecho II)", "Patricia Alejandra Blanco. Hecho III", "Yamila Marisol Colman", "Beatriz Lorena Caballero. Hecho IV.", Noelia Edith Nuñez (Hecho IV)", "Santiago Serrano", "Hugo Gabriel Caballero", "Graciela Colman", "Samanta Giselle Barrientos (Caso n° V)", "Juan Pablo David Randler", "los Abogados Díaz y Giménez", "el Dr. Christian David Dofour", "el Dr. Miguel Roffo y la Dra. María Gabriela Pantalani" . Luego se ocupan del que denominan " Caso Leonardo Ezequiel Vázquez y Claudia Beatriz Dorch (hecho VI)" , donde aclaran que si bien allí no fue imputado al Estudio Schiber, sí lo hizo la Fiscalía inicialmente hasta que Federico Schiber demostró que la demanda la había presentado el Estudio Madeira-Moreira.
Finalmente abordan cuatro relatos que estiman significativos. "Comisario Pablo Machicote" , al que presentan como un sujeto cuyo nombre buscado en internet aparece ligado con "armar causas fraguando la prueba" Lo acusan de haber mentido, direccionado la causa en contra de Schiber, soslayar a tal fin la intervención de muchos otros abogados y evadir una rueda de reconocimiento para Herrera porque los testigos no lo conocían. "Comisario Marcelo Alejandro Larroca" , apuntan que si bien habló de "crimen organizado" reconoció que las víctimas siempre eran familiares o vecinos que se conocían y actuaban movidas por afán de ganar plata. "María José Mesa" , pareja de Herrera, defienden que no se trata de un hecho fraguado, en tal sentido resaltan que "no estaba en mala posición económica, su marido tenía trabajo, ella misma tenía trabajo, tenían casa propia, tenían vehículo propio".
Consideran que la falta de precisión en torno al color o modelo de una bicicleta no es suficiente para decir que el accidente fue ficticio, entienden que "sobran elementos para confirmar que este hecho es real ". "Declaración de Hugo César Schiber" , hacen hincapié en su trayectoria, que perciben signada por el éxito profesional y la honradez, lo describen como un hombre con " 46 años de abogado y más de 70 de buena conducta ".
El Defensor Particular de Herrera plantea, al igual que se hace en el recuso anterior, que debió dictarse la prescripción de la acción penal respecto de los hechos de lesiones y estafas en grado de tentativa, con eje en que la citación a juicio respecto de su asistido, se produjo con la resolución del 8 de mayo de 2017 y no del 30 de diciembre de 2014, ya que esta última no encuadra en el supuesto previsto por el art. 67 inc. "d" del CP. También formula como motivo de agravio la violación del principio acusatorio , toda vez que la Fiscal acusó a Herrera por cinco hechos de lesiones graves y el Tribunal lo condenó por ocho. En otro orden, cuestiona la suficiencia de la prueba para fundar la condena de su asistido y tilda de absurda la valoración efectuada por el A Quo , como carente de debida motivación al fallo, lo que lo descalifica como tal por arbitrario. Analiza de forma crítica, tal como lo hicieron los otros impugnantes, las probanzas tenidas en cuenta por los sentenciantes para fundar su decisorio. Así, en síntesis, destaca que al evaluarse el testimonio de Olga Ferreyra, se soslayó considerar que en ningún momento dijo que Herrera era "Julio", y afirmó que las lesiones se las causó "Rulo". Considera que nada incriminante surge de las escuchas telefónicas que registraron las conversaciones que mantuvieron. De la declaración de Patricia Blanco señala que debe tenerse en cuenta que describió a Herrera a partir de la foto de fs. 245 y recordarse que no fue sometido a rueda de reconocimiento como sí "Rulo". Del testimonio de Yamila Marisol Colman resalta que si bien lo señaló a su defendido en la sala de juicio como "Julio" y dijo tenerle miedo y que fue a amenazarla a su casa simulando ofrecer útiles escolares, quedó demostrado a través de la incorporación por parte de la fiscalía de las actuaciones derivadas de la denuncia penal que presentó la declarante a raíz del mencionado episodio, que no lo conocía, pues describ
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