Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 86955
"Registrado bajo el Nro. 506 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 9 de mayo de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 86955 caratulada “CARDOZO EDUARDO IGNACIO S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR DEFENSOR OFICIAL // FERREYRA CRISTIAN ARIEL S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR DEFENSOR PARTICULAR” y su acumulada Causa N° 91506 caratulada "CARDOZO EDUARDO IGNACIO S/ ACCION DE REVISION", conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 7 de junio del año 2017, los Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 7 del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Eduardo E. Lavenia, Alberto Gaig y María Coelho, condenaron a Eduardo Ignacio Cardozo a la pena de treinta y cuatro años (34) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas, abuso de armas criminis causa y daño agravado en concurso ideal y resistencia a la autoridad, en concurso real, cometidos el 29 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y daño, en concurso real, cometidos el 14 de junio de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre y coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; todos en concurso real. Asimismo condenaron a Cristian Ariel Ferreyra a la pena de treinta y cinco años (35) años de prisión como autor de los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y amenazas gravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real, cometidos el día 20 de marzo de 2012, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; tenencia ilegal de arma de guerra, del 9 de mayo 2014 en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, y coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; todos en concurso real. Arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 54, 55, 79, 105 en función de los art. 104, 80 inc. 7, 149 bis, 166 inc. 2 "in fine", 183, 184, inc. 5, 238 inc. 1 en función del art. 237 y 239 del Código Penal y artículos 371, 375, 530 c.c. y s.s. del C.P.P.).
Contra dicha resolución, el Defensor Oficial de Eduardo Ignacio Cardozo, Dr. Marcelo Rodríguez Jordán, y la Defensora Particular de Cristian Ariel Ferreyra, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray, interpusieron los recursos de casación obrantes a fs. 110/118 y 119/125vta., respectivamente.
Asimismo en el incidente nro. 91506, que corre por cuerda, la Defensora Particular designada por Eduardo Ignacio Cardozo, Dra. Nancy Lilian Casen, interpuso acción de revisión en los términos del art. 467 inc. 4° del CPP y ofreció prueba testimonial.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
Segunda: ¿Es admisible la acción de revisión presentada en favor de Eduardo Ignacio Cardozo?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo :
Habiendo sido interpuestos los recursos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP) entiendo que resultan admisibles los recursos de casación deducidos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA
A la primera cuestión el señor Juez doctor Carral dijo :
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la primera cuestión el señor Juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Maidana dijo:
La acción de revisión presentada por la Defensora Particular de Eduado Ignacio Cardozo (incidente nro. 91506) es inadmisible pues no fue interpuesta contra una sentencia firme(art. 467 c.c. y s.s del C.P.P.).
En la presentación realiza cuestionamientos sobre la autoría penalmente responsable de su defendido en el hecho que tuvo lugar el 8 de septiembre del año 2014 (individualizado con el n° 3250), los que serán abordados al tratar idéntico motivo de agravio planteado por el Defensor Oficial -que interviniera con anterioridad- en el recurso de casación.
VOTO POR LA NEGATIVA
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión el señor Juez doctor Maidana dijo:
Sostiene el Defensor Oficial de Cardozo que, habiendo representado también al coimputado Ferreyra en el juicio, si bien la nulidad que propició sólo lo involucra a él, corresponde anular todo el debate, lo que beneficiaría también a su defendido Cardozo, que la Fiscal amplió la requisitoria inicial luego de cerrado el período de prueba, violando el artículo 359 del C.P.P., que se afectó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio pues le impidió proceder según lo establece la ley. No pudo solicitar la declaración de Ferreyra para aclarar sobre el punto ni nada nuevo se había agregado en la tramitación, tampoco pudo citar a juicio a la víctima, que el abuso de armas se cambió por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que aun siendo el mismo hecho agrava la situación procesal de su defendido si no se le permite defender, por lo que solicita que se declare la nulidad de todo el juicio.
Reitera asimismo -en el hecho del 14/6/14, causa N° 3251- que se excluya el reconocimiento en rueda de personas de Eduardo Fabián Cardozo pues no se respetó la vestimenta (llevaba gorra y capucha), que el planteo no es extemporáneo como resolviera el tribunal porque en el debate se actualizó cuando el testigo fue interrogado por el Fiscal al respecto, que aun habiendo sido realizado frente a un defensor, la defensa en juicio debe ser eficaz, motivo por el que reclama la absolución por el hecho. De igual forma reclama la absolución de su defendido Cardozo por el hecho del 29/9/2014 -causa nro. 3252- porque sólo está la versión policial confrontada con el relato del encausado quien lo negó, que su hermano fue sobreseído por inimputable, no es claro qué conducta realizó cada uno, no hay secuestro de arma alguna, no hay ningún tercero para dilucidar ni dirimir las distintas versiones por lo que invoca el principio de la duda para reclamar la absolución.
Idéntica respuesta solicita en la causa seguida por el homicidio de Adrián Simari del 8/9/2014 -causa nro. 3250- pues Eduardo Ignacio Cardozo negó haber participado, ubicándose en otro lugar, lo que fue corroborado por 2 testigos, que en caso de no considerar verdadera la coartada se debió considerar el falso testimonio, lo que priva de coherencia al fallo y lo convierte en arbitrario, que en el vehículo involucrado no existen rastros que acrediten la presencia de su defendido en el lugar y con el mismo énfasis fue imputado el menor Alejandro Agustín Ferreyra quien fue absuelto. El Defensor Oficial también cuestiona la pena por desproporcionada, que el Fiscal pidió en total 36 años por los hechos en los que fue condenado y los 2 homicidios en grado de tentativa en los que fue absuelto, preguntándose cómo estimó el Tribunal la pena de prisión, con qué parámetros, que en la propuesta de juicio abreviado la Fiscal solicitó 15 años de prisión.
Concluye reclamando que se revoque la condena de Eduardo Ignacio Cardozo, por la nulidad de la ampliación de la acusación o por la escasez probatoria, y se proceda a su absolución.
La Defensora Particular de Cristian Ariel Ferreyra, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray, reclama la nulidad parcial de la acusación y exclusión probatoria, porque la Fiscalía amplió el requerimiento de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 359 del CPP pese a que la prueba ya había culminado, alegando que no han cambiado los hechos sino la calificación legal, que se violó la defensa en juicio pues se introdujo un hecho diferente con distintas circunstancias. Luego de efectuar referencias al juicio abreviado, el exceso ritual manifiesto y el planteo de cuestiones federales -sin ninguna correlación con la causa-, cuestiona que en el expediente en el que se le sigue por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra motivo de un robo en un frigorífico, estando en la casa con su concubina, encontraron un arma 9 mm cargada con dos cargadores más proyectiles en condiciones inmediatas de uso y con aptitud, debajo de la cama de su hijo, que es excesivo, arbitrario y discrecional sancionar a alguien por la proximidad. Mas adelante reitera el cuestionamiento sobre la ampliación de la acusación, efectúa consideraciones sobre los actos de los que se vio privado su defendido y hace reserva del caso federal. También objeta la Defensora Particular el monto de la pena impuesta, pues la Fiscal requirió la pena de 35 años que, al ser absuelto su defendido por la tentativa de homicidio de Maldonado y Schivindt, debió tener injerencia en el monto de la pena. Culmina su presentación solicitando se haga lugar a la casación invocada y se tenga presente la reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, a fs. 144/148, sostiene el recurso y se remite a las razones en las que se fundamentan los 4 agravios individualizados por el Defensor Oficial. Indica que la pena impuesta es arbitraria, cruel, desproporcionada y hubo ejercicio de una discrecionalidad manifiesta, que Eduardo Ignacio Cardozo tenía 21 años al momento de su detención, se le impuso la pena de 34 años de prisión por los delitos que señala, que se consideró como agravantes la "nocturnidad" y la "pluralidad de intervinientes" en la causa del homicidio simple agravado por la comisión con arma de fuego y agrega el antecedente condenatorio. Que no se computó como atenuante la juventud del imputado -21 años- que revela una inmadurez propia que representa un menor ámbito de autodeterminación por lo que, previa invocación del art. 41 inc. 2 del C.P., solicita se case el defecto de aplicación de la ley.
Señala que las agravantes invocadas no pueden explicar una pena que es más elevada que la contemplada por el Estatuto de Roma para los más graves crímenes contra la humanidad, que el principio de razonabilidad de cualquier estado de derecho y el deber de los órganos del estado de dar razones del ejercicio del poder limitan la discrecionalidad, se vinculan con la magnitud del injusto reprochado y la finalidad resocializadora de la pena. Que la proporcionalidad se afecta porque el mínimo de la escala es de 10 años y 8 meses y se lo ha excedido en 23 años con sólo computar las tres agravantes que mencionara, importa una pena equivalente a la prevista para el genocidio por el Estatuto de Roma. Que además la proporcionalidad apreciada desde la obligación estatal de utilizar las penas para resocializar al condenado se vulnera porque la respuesta punitiva es una pena neutralizante.
Invoca en sustento del reclamo fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que refieren la obligación de justificar la imposición de una pena de efectivo cumplimiento: "Squilario, Adrián" y "García, José Martín". Solicita que se le imponga una pena que se aproxime al mínimo del concurso real de 10 años y 8 meses de prisión, que no exceda de 15 años de prisión, tomando en cuenta la pena pedida por la Fiscal al proponer la celebración del juicio abreviado, que si bien su intervención en el juicio oral no está condicionada por el requerimiento anterior, es arbitraria la actuación posterior, al sumar el Fiscal 21 y el Tribunal 19 años a la que se había estimado suficiente con anterioridad, obliga a recoger dicha expectativa punitiva para no dejar la nueva pena a un monto que disminuya arbitrariamente la pena en revisión.
Indica como beneficio de la solución lograr desaconsejar el uso de las penas impuestas en los juicios orales como extorsivo del instituto del juicio abreviado, que acoger el límite de la pretensión punitiva, luego de descartar por irracional y desproporcionada la recaída sobre Cardozo, tendrá el efecto de espantar posibles brujas que surquen el firmamento del debido proceso, por lo que concluye solicitando que se haga lugar el recurso de casación intentado.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, por los argumentos que desarrolla a fs. 155/158, solicita se rechacen los recursos interpuestos por sus respectivas Defensas en favor de Eduardo Ignacio Cardozo y Cristian Ariel Ferreyra, que la Fiscal de juicio no formuló una ampliación de la acusación en los términos del art. 359 del CPP sino que se limitó a postular en su alegato una calificación legal diversa pero ajustada a la plataforma fáctica por la que venía acusado, realiza consideraciones sobre el principio de congruencia, cita jurisprudencia del Tribunal de Casación y destaca que sólo se refiere al hecho por el que fuera condenado Cardozo, sin perjuicio que, de prosperar el reclamo, el resto del resolutorio permanece incólume.
Indica que la exclusión pretendida del reconocimiento en rueda es extemporáneo, fue realizado previa notificación a la defensa y la pretensión de que todos los integrantes de la rueda tengan vestimenta análoga excede la razonable interpretación. El cuestionamiento que las Defensas realizan de la valoración de la prueba constituye una interpretación que efectúan sobre el valor de los elementos y no son más que una reedición de los argumentos utilizados en los alegatos. Con respecto a la causa del 29/9/2014, afirma que la materialidad y la autoría se sostienen con los elementos que cita. Con relación a la causa del 8/9/2014 invoca la directa sindicación efectuada por Walter Alberto Maldonado, testigo presencial, quien expresó además que la víctima Simari le manifestó que eran ellos los que le habían disparado.
En la causa del 14/6/2014 el fallo se construye razonablemente con los testimonios de los oficiales de policía intervinientes y el testigo civil. Indica que el tribunal de juicio encontró, en la inmediación, creíbles a los testigos. Finalmente, frente a las objeciones que las Defensas hicieran de la pena impuesta, sostiene que no explicitan concretamente los fundamentos de por qué la valoración de agravantes y atenuantes es contraria a derecho, que el órgano juzgador afirmó la concurrencia de dos atenuantes respecto a Cristian Ariel Ferreyra (falta de antecedentes y buen concepto) y varias agravantes (pluralidad de intervinientes y nocturnidad) en la causa del 29/9/2014, la intimidación de testigos en la causa del 20/3/2014, respecto de Ferreyra y los antecedentes condenatorios de Cardozo, por lo que la pena impuesta no parece irrazonable ni desproporcionada, para concluír solicitando que se rechacen los recursos interpuestos.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, "Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Tribunal Oral en lo Criminal nro. 7 de San Isidro tuvo por acreditado:
Causa N° 3.254: Que el día 20 de marzo de 2012, siendo aproximadamente las 13:00 horas, frente al domicilio de la calle Sarmiento 2.804 de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, con motivo de una disputa verbal entre vecinos, irrumpió en forma violenta, el llamado Cristian Ariel Ferreyra, apodado "Racu", provisto de dos armas de fuego, y efectuó sendos disparos con una de las armas que portaba, al vecino Juan Carlos Campo, apodado "chanchi", con claras intenciones de quitarle la vida, no logrando su cometido por causas ajenas a su voluntad, al tiempo que profirió amenazas con las arma que portaba a los vecinos Jorge Matías Romero y Sara Irene Anchava.
Causa 3252: Que el día 29 de septiembre de 2014, siendo aproximadamente las 12:00 horas, en circunstancias en que personal policial de la Zona 30, dotación compuesta por el Oficial de Policía Néstor More y el teniente 1°, Carlos Silva, se hallaban recorriendo la mentada jurisdicción policial, perteneciente a la localidad de Ricardo Rojas, partido de tigre, en prevención y represión de delitos, fueron advertidos por un transeúnte, que dos sujetos del sexo masculino, provistos de armas de fuego, uno de ellos vestido con remera amarilla, identificado posteriormente como el aquí juzgado, Eduardo Ignacio Cardozo, apodado "pechu", intentaron sustraerle sus pertenencias; por lo que llegados a la intersección de las calles Elizalde entre Cardenal Fagnano y Sarmiento, de la mencionada localidad, constataron la presencia de dos personas que respondían a las características aportadas, quien al advertir la presencia del patrullero y sin mediar orden alguna impartida por los funcionarios
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