Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 100945
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 100.945 caratulada “PONTAUT ANDRES OSCAR S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR DEFENSOR PARTICULAR // SUAREZ MARCELA ALEJANDRA S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR DEFENSOR OFICIAL”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 25 de septiembre del año 2019, el Tribunal en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, condenó a Mar cela Alejandra Suárez y a Andrés Oscar Pontaut a la pena de prisión perpetua , accesorias legales y costas, para cada uno, por hallarlos coautores responsables del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, codicia y criminis causa , en los términos de los arts. 45 y 80 incs. 2, 4 y 7 del CP, cometido el 6 de marzo de 2018 en la localidad de Coronel Pringles en perjuicio de María Carmen Pontaut Orruma (fs. 462/488).
Contra la sentencia interpusieron recurso de casación el Defensor Oficial Dr. Carlos Carnevale en representación de Marcela Alejandra Suárez (fs. 302/318) y el Defensor Particular Dr. Pablo Damián Soteri en representación de Andrés Oscar Pontaut (fs. 504/537).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 8 de julio de 2020, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Los recursos fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
I. La Defensa Oficial, en representación de la coimputada Marcela Alejandra Suárez, plantea dos motivos de agravios: a) arbitrariedad y errónea valoración probatoria en la fundamentación de la coautoría atribuida a Suárez, en infracción a los arts. 210 y 373 del CPP y b) en subsidio, alega la errónea aplicación de las agravantes previstas en los incisos 2º, 4º y 7º del CP.
Con relación a la justificación de la coautoría de Suárez, aduce la insuficiencia del material probatorio, por la ausencia de prueba directa y una débil prueba indiciaria que se apoya en dichos de terceros poco fiables. Sostiene que el único autor del homicidio ha sido Andrés Oscar Pontaut, quien desde un primer momento confesó haber matado a su tía paterna, a quien llamaban “Tuta”, y sus manifestaciones autoincriminantes –que no involucran a Suarez- fueron corroboradas por los funcionarios policiales allí presentes: Martín Guevara, Sergio Acuña y Ricardo Franssen, este último a cargo de la SubDDI de Coronel Suárez, así como por Luis Enrique Barrionuevo Olagaray, testigo de actuación del allanamiento en la vivienda de los imputados. Agrega que, en sintonía con su reconocimiento del hecho, Pontaut indicó los lugares donde quemó la ropa y escondió las cosas sustraídas.
Entiende que su confesión del crimen excluye la responsabilidad de Suárez, quien sufría constantes maltratos y se encontraba en una situación de completa sumisión hacia éste, contexto de violencia del que deduce la inviabilidad de que su defendida haya tomado la decisión y el “coraje” de matar a “Tuta”.
Cuestiona el valor convictivo del testimonio de Cristina Mabel Pastor, testigo cercana a la víctima que conocía a la imputada, en tanto no se comprobó su afirmación de que en la mañana del hecho Suárez compró una caja de guantes de látex en el comercio donde Pastor trabajaba. Señala que Suarez negó esta circunstancia así como conocer a Pastor, que no se agregó el comprobante de la presunta compra ni la testigo dio razón de sus dichos cuando afirmó que Suarez “cambió de apariencia” (fs. 307vta.).
Objeta la credibilidad de los testigos Daniel Iván Espie y Ricardo Fabián Moraga. El primero por haber tenido marcadas contradicciones entre lo relatado en la fiscalía y en el debate. Señala que los mensajes de texto no resultan prueba contundente, ya que las capturas de pantalla pueden ser “fácilmente truchadas” (fs. 309vta.) y fueron recibidas por el policía Moraga, a quien considera un testigo parcial. Agrega que el procedimiento de recepción de esa prueba digital no cumplió los estándares de seguridad requeridos para dotar de verosimilitud a la información de allí extraída.
Por último, critica el valor de verdad asignado al testimonio de Moraga, destacando que entre éste y Espie existió una previa comunicación, que Moraga fue el primero en entrar a la casa de la víctima y sin embargo no pudo describir qué hizo al momento del ingreso, además de no haber sido el primer testigo convocado por la fiscalía. Por otro lado, Moraga reconoció en el debate haber intercambiado mensajes con Suarez sobre temas vinculados a drogas, dado que -según refirió- ella colaboraba con las investigaciones. Concluye en que entre Suárez, Moraga y Espie existía un vínculo particular que ninguno quiere reconocer y que han sido presionados o tienen intereses que no quieren revelar.
De manera subsidiaria, cuestiona la acreditación de las agravantes del art. 80 del CP aplicadas. En ese sentido, alega la falta de acreditación de la conexión subjetiva entre el homicidio y el robo (inciso 7º), del móvil de obtener una ventaja económica (inciso 4º), del estado de indefensión de la víctima que haya asegurado el resultado del accionar acusado (alevosía, inciso 2º) y que el mismo haya aumentado deliberadamente el sufrimiento de la víctima (ensañamiento, inciso 2°).
Requiere se haga lugar al recurso y se absuelva a su defendida por el beneficio de la duda. En subsidio, solicita se excluyan las agravantes aplicadas y se recalifique el hecho como homicidio simple, reduciendo la pena al mínimo de la escala.
II. Por su parte, la Defensa Particular de Andrés Oscar Pontaut plantea tres motivos de agravio: a) la falta de fundamentación, arbitrariedad y violación a la garantía contra la autoincriminación en la valoración de los dichos extrajudiciales de su defendido, b) la arbitraria valoración probatoria en la justificación de la coautoría atribuida y c) en subsidio, cuestiona la aplicación de las agravantes del art. 80 incs. 2º, 4º y 7º del CP.
Sobre el primer motivo de agravio, critica por arbitraria y violatoria de la garantía contra la autoincriminación, la valoración de los dichos de Pontaut en la Comisaría de Coronel Pringles. Señala que fueron erróneamente analizados en tanto no se consideró la situación angustiante que atravesaba y que se encontraba drogado a instancias de su mujer, la coimputada Suárez.
Luego cuestiona el valor incriminante de la prueba de cargo, defendiendo su hipótesis acerca de la falta de intervención en las acciones lesivas. Sostiene que la única autora y responsable del homicidio es Marcela Alejandra Suárez, a partir de los testimonios de Daniel Iván Espie, los mensajes de texto por él aportados y las declaraciones de Cristina Mabel Pastor y Adriana Karina Lousteau. Destaca que, si bien Pontaut se encontraba en la vivienda donde Suárez dio muerte a Carmen Pontaut, él no tuvo ninguna incidencia ni posibilidad de detener la ejecución, evidenciando la ausencia de dominio del hecho.
Por último, de manera subsidiaria, cuestiona la aplicación de las agravantes del art. 80 del CP. Considera no acreditado el robo, ni la conexión subjetiva con el homicidio (inciso 7º), ni el móvil económico (inciso 4º), como tampoco el aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima ni el ensañamiento (inciso 2º).
Solicita se haga lugar al recurso y se absuelva a su defendido respecto del hecho acusado. Subsidiariamente requiere se descarten las agravantes aplicadas y se califique el hecho en la figura básica del art. 79 del CP.
III. El Defensor Oficial Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, en representación de Suárez, mantuvo expresamente el recurso deducido (fs. 599).
IV. Por su parte, el Defensor Particular, Dr. Pablo Damián Soteri, en representación de Pontaut, mantuvo expresamente el recurso deducido, reiterando los argumentos críticos desarrollados en el escrito recursivo (fs. 602/617).
V. La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, solicita el rechazo del remedio intentado, de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fs. 622/630. Sintéticamente considera que la Defensa de Pontaut no acreditó que la voluntad de su defendido se encontrara viciada al momento de confesar su intervención en el hecho ni que su relato haya sido consecuencia directa de una posible coacción por parte de funcionarios policiales. Su autoincriminación no fue valorada como confesión directa sino a través de los testigos que la presenciaron -los funcionarios policiales Martín Guevara y Ricardo Franssen y el testigo de actuación Luis Enrique Barrionuevo Olagaray-, todos considerados veraces por el sentenciante y sin que se haya demostrado elemento alguno que permita desvirtuarlos. Rechaza la alegación sobre la incapacidad del acusado por encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes, en tanto ningún planteo al respecto se presentó en la instancia, ni tampoco surge de la prueba reunida ningún indicador de una presunta alteración de sus facultades. Descarta la duda sobre la intervención de ambos imputados. En cuanto a Pontaut señala que su presencia en el lugar del hecho, el resultado del allanamiento en su vivienda y lo relatado por el testigo Espie, justifican su intervención como coautor. Destaca que Pontaut resultó un eslabón de entidad en la ejecución de los hechos, ya que era el sobrino directo de la víctima, que heredaría parte de sus bienes, conocía su patrimonio y la existencia de un testamento ológrafo que lo beneficiaba. Agrega que el propósito del homicidio fue la búsqueda de una caja fuerte en la vivienda de la víctima y que el rencor y el resentimiento del acusado hacia su tía eran indiscutible, resultando comprobada la intención común de llevar a cabo el desapoderamiento de las pertenencias de su tía.
Respecto a Suárez señala que no se acreditó la alegada relación de sumisión hacia su pareja ni un contexto de violencia entre ellos. Que el relato de Espie y los mensajes de texto intercambiados dan cuenta del rol de mano ejecutora, dando detalles de lo ocurrido y jactándose del resultado. Concluye en que se comprobó, mediante un análisis racional y lógico de la prueba rendida, la coautoría funcional de ambos imputados.
En cuanto al encuadre legal, considera ajustado a derecho y a las constancias de la causa la aplicación de las agravantes por alevosía, ensañamiento, codicia y criminis causa , del art. 80 incs. 2º, 4º y 7º del CP.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “el día 6 de marzo de 2018, entre las 12:30 y 15:08 horas, en el interior del domicilio sito en calle Dorrego Nº 1325 de la localidad de Coronel Pringles, dos personas, con la finalidad de proceder al desapoderamiento de dinero y otros elementos que se encontraban en la propiedad de María Carmen Pontaut Orruma, y procurar para sí la impunidad en el hecho, así como también con el propósito de percibir una futura herencia de parte de la víctima y finalmente provocarle un sufrimiento a la misma, causaron de manera intencional la muerte de la mujer, aprovechándose del estado de indefensión de la misma, pues se trataba de una persona de avanzada edad, que se movilizaba en silla de ruedas y vivía sola, asestándole mediante el empleo de un cuchillo un puntazo a la altura del corazón y luego un corte de gran magnitud a la altura del cuello, heridas que desencadenaron el óbito” (fs. 475vta./476).
De la simple lectura de las impugnaciones presentadas, surge que los planteos efectuados son solamente una reedición de los realizados en la instancia pero desechados con acabados fundamentos, sin que ahora logren contrarrestar con sus críticas lo afirmado al respecto por el A Quo .
De todo lo dicho, surge que la mayor parte de los puntos requeridos por las defensas (cfr. fs. 457vta./460) ya fueron objeto de tratamiento por el Tribunal , que evaluó sus pretensiones y contestó todas sus inquietudes, insistiendo los interesados ante esta sede pero sin lograr rebatir lo ya expuesto (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución cuestionada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
Ahora bien, ingresando al análisis de los recursos interpuestos, encuentro que ambos en primer lugar centran los motivos de agravio en la valoración de la prueba con respecto a la coautoría.
Por lo tanto, en primer lugar, me abocaré a la revisión del análisis probatorio efectuado por el Tribunal de instancia, para luego proceder a responder los restantes motivos de agravio sobre la calificación legal.
Al respecto, entiendo pertinente señalar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo y su autoría, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción, acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, causa nro. 56.107, “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” 21 de mayo de 2013; causa nro. 56.097 “Chávez Alexis Sebastián s/ recurso de casación” 27 de septiembre de 2013).
A lo que aduno que la inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, en la medida que dieron cuenta detallada de su empleo, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
En contra de la arbitrariedad reclamada por las defensas, el A Quo hizo una valoración pormenorizada del plexo probatorio que lo llevó a acreditar sobradamente la participación de Suárez y Pontaut en los términos establecidos en la sentencia.
Ambos recursos discuten la fundamentación efectuada para tener por comprobada la intervención punible de sus asistidos, cuestionan el valor acreditante de las pruebas de cargo y defienden posiciones contrapuestas, que básicamente consisten en descargar la responsabilidad entre sí y desentenderse de toda responsabilidad en el curso lesivo. La materialidad ilícita, en cambio, llega firme a esta sede.
Nadie discute aquí que la víctima María Carmen Pontaut Orruma, alias “Tuta”, murió de manera violenta como consecuencia de las heridas provocadas por un puntazo en el corazón y un corte de gran magnitud en el cuello, ambos mediante el empleo de un cuchillo. Mientras este curso lesivo se ejecutaba, Pontaut y Suárez se encontraban en el lugar frente a la víctima. Lo discutido y cuestionado por los recurrentes es quién realizó las maniobras lesivas. Pontaut inculpa a Suárez y ésta de manera exactamente contrapuesta acusa a Pontaut; así pues, invocan ambos la responsabilidad excluyente del otro.
Ninguna de las posiciones antagónicas resulta verosímil. El veredicto justificó la intervención conjunta de los imputados Pontaut y Suárez, cumpliendo roles diversos y complementarios, en el curso lesivo que determinó la muerte violenta de María Carmen Pontaut, tía del primero.
En mi modo de ver, ello se deriva razonablemente de la valoración racional, lógica y conforme las reglas de la experiencia humana, de la prueba reunida, esto es: en primer lugar, el testimonio de Daniel Iván Espie, amigo cercano de la imputada Suárez (fs. 473vta.), a quien ésta reconoció haber perpetrado el hecho el mismo día de su ejecución -primero por la tarde vía mensajes de texto (fs. 471vta./473) y luego por la noche personalmente-, junto a las capturas de pantalla de esos mensajes. De la información de allí extraída derivan aspectos distintivos del hecho como el medio empleado (un cuchillo), la caracterización de las acciones ejecutadas (dos puñaladas en el cuello y una en el tórax, de manera repentina, dejando el cuchillo clavado), el sufrimiento de la víctima María Carmen Pontaut alias “Tuta” (que pedía ayuda a su sobrino y gritaba “como un cordero”, fs. 474), los conflictos en el vínculo familiar de Andrés Pontaut y Marcela Suárez con la anciana y las circunstancias de tiempo y lugar de la acción imputada, aspectos que fueron corroborados por prueba indirecta de diversas fuentes. En ese sentido, los dichos de Espie fueron coincidentes con la constatación de las lesiones que presentaba la víctima, según el testim
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