Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 123811
123811 – A., D. A. S/ RECURSO DE
CASACION (RPJ) INTERPUESTO POR
FISCAL
PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
PODER JUDICIAL
Tribunal de Casación Penal
causa n° 123811 "A., D. A. S/ RECURSO DE
CASACION (RPJ) INTERPUESTO POR FISCAL"
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores
Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de
Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la
presidencia del primero de los nombrados, para resolver en el marco de la
causa Nº 123.811 de este Tribunal, caratulada “A., D. A. s/ Recurso de
Casación Interpuesto por Fiscal (RPJ)”. Practicado el sorteo de ley,
resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN,
procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
del recurso de casación deducido por el Sr. Agente Fiscal, Titular de la
Fiscalía Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín, Dr. Marcelo
Javier Tonelli, contra el pronunciamiento del Tribunal de Responsabilidad
Penal Juvenil N° 1 de la mencionada departamental, que absolvió a D. A. A.
de aplicarle sanción penal, por los hechos de los cuales fuera declarado
penalmente responsable -robo simple, robo agravado por el uso de arma en
grado de tentativa y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa-,
arts. 42, 45, 164, 166 inc. 2° párrafo primero, 167 inc. 4° en función del 163
inc. 4° del C.P.-
II. El Dr. Tonelli, se agravia de que el único motivo que ha llevado al
juzgador a disponer la absolución de pena de A., ha sido considerar
favorable el proceso de resocialización, sin abordar los tópicos como
modalidades del hecho y antecedentes del menor, los que son exigidos por
la ley especial para ponderar la necesidad o no de sanción penal.
Manifiesta que, para arribar el juzgador a la decisión cuestionada en
esta instancia, no realizó una valoración conjunta de la modalidad de los
reiterados hechos cometidos por el imputado, requisito esencial en la
punición en materia penal juvenil, como así también sus antecedentes.
Hace reserva del caso federal.
III. Concedido el recurso por el “a quo”, el mismo fue radicado ante
esta Sala, notificadas debidamente las partes, y al encontrarse los presentes
autos en estado de dictar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las
siguientes:
1ra.) ¿Resulta admisible, y en su caso procedente el recurso de
casación interpuesto?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello,
dijo:
I. En primer lugar diré que el recurso resulta admisible, puesto que,
la decisión que se intenta impugnar dictada por el Juzgado de
Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial San Martín,
resolvió absolver al imputado de aplicar sanción penal a A., ocasionando en
consecuencia un perjuicio al representante de la Vindicta Pública, conforme
artículos 62 de la ley 13634 y 452 inc. 1° del C.P.P.-
oportunamente las partes convinieron la celebración del Juicio Abreviado,
donde se acordó la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, y
costas para el encartado A., por haber sido encontrado coautor penalmente
responsable de los delitos de robo simple, robo agravado por el uso de arma
en grado de tentativa, y robo agravado por escalamiento en grado de
tentativa.
En la audiencia del día 24 de febrero de 2023, el Sr. Fiscal expresó
que, debiendo expedirse conforme lo establece la normativa del artículo 4°
de la Ley 22.278, respecto de A., debería aplicarse una sanción, debido a
que el joven, registraba causas anteriores en el mencionado Juzgado,
considerando que no se hallaba a su respecto, alcanzados los fines del fuero
para que el imputado pueda internalizar lo disvalioso de su accionar. Por
ello, peticionó la imposición de la pena de dos (2) años y seis (6) meses de
prisión.
Por su parte, la Defensa del joven, se enroló en la no imposición de
pena para su asistido, por lo que solicitó su absolución, argumentando que
A. había asumido las pautas de comportamiento socialmente aceptables, y
haber adquirido compromiso con el trabajo. En subsidio peticionó el mínimo
legal, sin mencionar monto.
En la segunda cuestión de la sentencia, la magistrada dijo: “En
primer lugar debo decir que en la instancia del proceso en la que me
encuentro, se me presenta –obviamente y ante la manda legal que me trae a
dictar sentencia-, la encrucijada de determinar, siempre considerando el
interés superior del niño, y en especial el del joven en particular cuya suerte
me toca decidir, si a éste debe otorgársele una sanción, o ser absuelto de su
imposición, en consideración especial de los esfuerzos que éste ha realizado
para su inserción social, y lo demostrado en los resultados obtenidos en su
tratamiento tutelar; así como también, cual es la función de la pena en este
Fuero Especial del Derecho Penal, la cual, tal como lo establece a mi criterio
el art. 33 de la Ley 13.634, deber ser para “…que el niño asuma una actitud
constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas”.
Por ello creo que la razón por la que el legislador concede al juez una
facultad tan amplia -y tan crucial- al momento de sentenciar a quien
cometió un hecho, se relaciona con el mandato de asegurar que estas
penas, preponderantemente atiendan a fines de resocialización, o a la
importancia de promover la reintegración social del niño.
En este orden de ideas, entiendo que A., ha demostrado que se ha
comprometido con su realidad de conflicto con la ley penal, y ha asumido la
responsabilidad de enrolarse en una actitud de ciudadano útil a la sociedad:
él ha iniciado un período de reconstrucción de su personalidad, que concluye
con un exitoso tratamiento de resultados favorables, habiéndose presentado
ante estos Estrados toda vez que ha sido citado.”
Por otro lado, la sentenciante resalta la impresión favorable que el
joven le causara en la audiencia del 24/2/23, ya que evidenció en la misma
que el tratamiento desplegado en autos había dado verdaderos frutos. Es así
como detalla que la conducta del joven queda evidenciada en el proceso
tutelar que él ha protagonizado.
Describe la magistrada, el camino desandado por el imputado: en
causa 224/2019 ingresó en libertad a etapa de juicio ante ese Tribunal,
dictándose el auto de responsabilidad con fecha 4/7/2019, manteniéndose
su libertad, con reglas de conducta obligatorias que pronto incumplió, por lo
que se ordenó su rebeldía y captura el 19/12/2019. La detención se hizo
efectiva el 18/6/2020, dictándose sentencia condenatoria el 9/12/2020,
imponiéndole la pena de un (1) año de prisión de efectivo cumplimiento y
costas, quedando en calidad de detenido hasta el 28/12/2020, momento en
que fue concedida la libertad condicional con reglas de conducta, las que
resalta la Jueza que siempre cumplió, quedando bajo la supervisión del Sr.
Delfino Gómez, adulto responsable, junto al cual vivió y trabajó hasta el
vencimiento de la condena con fecha 12/1/2021.
En su sufragio menciona la juzgadora que el Sr. Gómez, ha sido
fundamental en la vida de A., quien era el padre de su pareja, describiéndolo
como ejemplo de trabajo, solidaridad y amor familiar para el joven –quien
nunca había poseído una familia amorosa o contenedora-.
Cita en su decisorio la Sra. Jueza, Dra. Ordoñez, que asimismo de la
pericia psicológica realizada por la licenciada Claudia Echeverría, se
desprende que el encartado se encuentra formando un vínculo afectivo, y se
mantiene centrado en la crianza de su hija, manteniendo una excelente
relación con Delfino Gómez, quien continúa siendo una fuerte y positiva
imagen paterna, y a su vez es su relación laboral, pero que también
menciona la profesional, que intenta independizarse realizando trabajos por
su cuenta.
En la pericia social realizada por la licenciada Carolina Gros, se
remarcó la importancia de los vínculos afectivos del joven con su hijo, como
así también con su pareja y ex suegro; destacando la perito, que tiene un
continuo deseo de mejorar su situación laboral, lo que se expresa en su
búsqueda constante de buenas condiciones laborales, como en la consiente
importancia de terminar los estudios secundarios, por lo que se encuentra
efectuando averiguaciones para concluirlos. Menciona que en la entrevista
también hizo referencia a los proyectos que tiene con su actual pareja.
Todo lo expuesto en los párrafos que anteceden, determinó a la
sentenciante a optar por la no aplicación de pena, primordialmente el interés
superior del niño, y consideró los esfuerzos que A. ha realizado para logar su
inserción social, conforme surge de los resultados obtenidos en su
tratamiento tutelar, los que fueran referenciados “ut supra”, ya que ha
demostrado que se encuentra comprometido con su realidad y ha asumido la
responsabilidad de sus actos, como así también ha manifestado sus logros;
por lo que entiende la magistrada que se halla debidamente certificada la
resocialización del mismo, luego de la comisión de los ilícitos por los que
fuera sometido a juzgamiento.
Ante todo debo señalar que a partir de la sanción de las leyes
13.298 y 13.634 -y sus modificatorias- en la Provincia de Buenos Aires se
instauró un nuevo régimen procesal en materia de responsabilidad penal
juvenil, superando de esta manera el anterior sistema, el cual se sustentaba
en el decreto ley 10.067/83, y en la llamada “doctrina de la situación
irregular”, dando paso a un nuevo régimen acorde a los estándares
internacionales en materia de jóvenes en conflicto con la ley penal,
respetuoso de la Constitución Nacional, y de los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos que la integran, especialmente la Convención sobre los
Derechos del Niño y los documentos internacionales no contractuales que la
complementan -que se conocen bajo diferentes denominaciones, entre ellas,
declaraciones, principios básicos, reglas mínimas, recomendaciones y
directrices-, en particular podemos destacar las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas
de Beijing-, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, del
28 de noviembre de 1985; las Directrices de las Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de RIAD- adoptadas y
proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, del 14 de
diciembre de 1990; las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de
los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su
resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990; y las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad -Reglas de
Tokio-, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, del 14
de diciembre de 1990.
Todo ello integra el corpus iuris de los derechos del niño, el que
aborda distintos aspectos de los derechos de la niñez, ya sea en forma
general o particular, debiendo ser interpretado y aplicado en forma coherente
y armoniosa (En el mismo sentido, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Opinión Consultiva 17/2002).
En el punto en cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha tenido la posibilidad de expedirse en el precedente “Maldonado” del
7/12/2005(M. 1022 XXXIX, causa nro. 1174C) sobre el sistema de
juzgamiento de niños y adolescentes, y sobre los parámetros que deben ser
tenidos en cuenta a la hora de la imposición de una pena.
Así, el Alto Tribunal expuso que resulta constitucionalmente
obligatorio valorar la minoridad de edad al momento del hecho como
consecuencia del art. 40 inc. 1° de la Convención sobre los Derechos del
Niño, toda vez que entendió que en los casos de menores la concreta
situación emocional al cometer el hecho, sus posibilidades reales de dominar
el curso de los acontecimientos, o bien, la posibilidad de haber actuado
impulsivamente o a instancia de sus compañeros, o cualquier otro elemento
que pudiera afectar la culpabilidad adquieren una significación distinta, que
no puede dejar de ser examinada al momento de determinar la sanción a
imponer.
También estableció que en la ley 22.278 existe un aspecto que no
aparece en el Código Penal: la facultad y el deber del Juez de ponderar
“la necesidad de la pena”, y que tal circunstancia no puede ser equiparada
a “gravedad del hecho” o a “peligrosidad”.
Ahora bien, la razón por la cual el legislador concede al Juez una
facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho
cuando aún era menor de dieciocho años de edad, se relaciona con el
mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a los
fines de resocialización (en función de lo normado por los arts. 5, inc. 6° de
la C.A.D.H., y 10, inc. 3° del P.I.D.C.P.), y en términos de la Convención
sobre los Derechos del Niño para promover su reintegración social y que
este asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40, inc. 1°).
Siguiendo estos lineamientos, la Corte Federal dijo que al momento
de determinar la pena, el Tribunal de Juicio no puede omitir la consideración
relativa a su concreta necesidad en relación a ese autor en particular, y que
la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a
la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de
comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser proporcional
a la culpabilidad del autor, y esta culpabilidad se determina según el ámbito
de determinación en la constelación situacional en que hubiese actuado y en
relación a sus personales capacidades en esas circunstancias, de este modo
nuestra Constitución impuso desde siempre un derecho penal de acto (del
voto de la mayoría).
De esta manera la sentenciante, fundamentó la necesidad de no
aplicar pena, en base a los argumentos transcriptos en los párrafos que
anteceden.
Debo agregar que la respuesta negativa a los reclamos del
impugnante, encuentran sustento en el hecho que el peticionante, no ha
demostrado acabadamente de qué manera lo resuelto por el “a quo”, resultó
contrario a la normativa que nutre al Fuero especializado, limitándose a
realizar el reclamo de manera genérica, y si se tiene en cuenta que la
pretérita sanción, debería ser ejemplar, dentro de un proceso en el cual se
debe hace hincapié en que la privación de libertad, debe ser aplicada como
último recurso, tras un cuidadoso estudio, debe ser proporcionada, limitada
en el tiempo, lo más breve posible, atendiendo al mandato constitucional que
la pena debe estar dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social
de los condenados (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 5, inc. 6° de la C.A.D.H., y
10, inc. 3° del P.I.D.C.P.), de conformidad con la doctrina sentada por la
Corte Nacional en el precedente “Maldonado”.
Es así que, quien suscribe entiende que la sentencia cuestionada
cumple con todos los recaudos legales, toda vez que aparece como
debidamente fundada, siendo posible controlar los motivos que inspiraron
dicho pronunciamiento judicial.
No advierto falta de fundamentación (art. 106 del C.P.P.) en la
conclusión expuesta por el “a quo”, pues la ausencia de tal requisito arraiga
en el uso indebido de la ley, definido como un acto que no se funda en los
hechos y/o el derecho, y que de la simple lectura del decisorio traído a
estudio surge que la Sra. Jueza de grado respetó los parámetros legales
para fundar los motivos de su decisión, basándose en los elementos de
prueba que obran en la causa.
La sentencia cuestionada no se halla desprovista de apoyo legal, ni
es el resultado de la mera voluntad de la juzgadora, situación que se
presentaría en el caso de encontrarnos ante una total ausencia de
fundamentación o valoración sobre la prueba colectada y su fuerza
convictiva, como así también la omisión de cualquier cita, consideración o
premisa de la que se desprenda la conclusión a la que se arriba, impidiendo
el debido control de las partes sobre la justicia de la resolución y su crítica
recursiva ante este Tribunal, cuestiones ambas que presuponen un decisorio
fundado en el cual, además del derecho aplicado, pueda revisarse el iter
lógico seguido por la sentenciante para la formación de su convicción
sincera respecto de lo resuelto.
Tengo para mí que, en estos autos, el Tribunal “a quo” nunca omitió
el análisis de las distintas circunstancias sobre las que sustentó su decisión,
razón por la cual no encuentro vulneración alguna al art. 106 del C.P.P. ni a
los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Por último, corresponde agregar que, la argumentación fiscal no
esgrime un quiebre en el razonamiento del Juez, sino que se circunscribe a
un parecer discrepante en la apreciación decidir, lo que sella la suerte
adversa del recurso.
Así lo voto.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor
Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y
por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello,
dijo:
Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente
corresponde: 1) Declarar formalmente admisible el recurso de casación
deducido por el Sr. Agente Fiscal titular de la Unidad Funcional de
Instrucción y Juicio Especializada en Responsabilidad Penal Juvenil del
Departamento Judicial San Martín, Dr. Marcelo Javier Tonelli; 2) Rechazar el
mismo por improcedente, sin costas y; 3) Tener presente la reserva del Caso
Federal; (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 1 y 2 ap. "h" y 25 de la
C.A.D.H.; 14 inc. 1 y 5 del P.I.D.C.P.; XXVI 2da. parte de la D.A.D.D.H.; 10
de la D.U.D.H.; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires; 1, 106, 210, 371, 373, 375, 421, 401, 448, 451, 452 inc. 1°, 530, 531,
532 y cctes. del C.P.P.; art. 4 de la ley 22.278; 61, primer párrafo, 62, de la
ley pcial. 13.634 -mod. según Ley 14.765-; art. 14 de la ley 48.)
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor
Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en el mismo sentido y
por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal
la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del
Tribunal resuelve:
por el Sr. Agente Fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio
Especializada en Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial
San Martín, Dr. Marcelo Javier Tonelli.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas.
III. Tener presente la reserva del Caso Federal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 1 y 2 ap. "h"
y 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 1 y 5 del P.I.D.C.P.; XXVI 2da. parte de la
D.A.D.D.H.; 10 de la D.U.D.H.; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires; 1, 106, 210, 371, 373, 375, 421, 401, 448, 451, 452 inc. 1°,
530, 531, 532 y cctes. del C.P.P.; art. 4 de la ley 22.278; 61, primer párrafo,
62, de la ley pcial. 13.634 -mod. según Ley 14.765-; art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese y, oportunamente radíquese
electrónicamente en la instancia de origen.
VB
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2023 13:53:58 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2023 14:04:06 - NATIELLO Carlos Angel
Funcionario Firmante: 05/09/2023 14:28:40 - OTHARAN Olivia -
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.