Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133277
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de casación interpuesto por la fiscalía, sin costas.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 2, 3. 106, 209, 210, 371, 372, 373, 448, 450, 452, 460 –a contrario-, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
1501-12270-22
C. 133.277
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan a los efectos de resolver la causa n° 133277 caratulada “Castillo Alfaro, Jorge Luis, Pezo Merino, Jean Carlos Enrique y Pezo Merino, Karla Janette s/ recurso de casación interpuesto por el fiscal” conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-KOHAN
I. El Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Martín emitió veredicto absolutorio respecto de Jorge Luis Castillo Alfaro, Carlos Enrique Pezo Merino y Karla Janette Pezo Merino por el hecho ocurrido el 5 de abril del 2022 por el que venían imputados, por no haberse acreditado debidamente la materialidad ilícita.
II. Contra dicha decisión interpuso recurso de casación el Ministerio Público Fiscal denunciando que la sentenciante realizó una absurda y parcial valoración probatoria, soslayando las razones por las que se inició el procedimiento y ocurrieron los consecuentes secuestros de la sustancia estupefacientes.
Precisó que el operador del COM observó por las cámaras a un hombre ubicado en el asiento del acompañante de un vehículo Ford Eco Sport haciendo desmanes en el tráfico, lo que dio lugar a la sospecha de que un posible hecho ilícito estuviera ocurriendo, comunicándolo al personal policial.
Señaló que cuando uno de los ocupantes de la camioneta descendió se le cayó sustancia estupefaciente y ello dio origen a la requisa y posterior secuestro de la droga que trasladaban.
Concluyó que a su ver existen elementos probatorios suficientes para tener por acreditada la coautoría de los imputados en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
III. El Fiscal Adjunto ante esta Sede mantuvo el remedio interpuesto por su par de instancia y señaló que la actuación policial no vulneró garantía constitucional alguna pues no huno exceso alguno en el accionar desplegado y el personal policial actuó preventivamente en la emergencia a fin de resguardar su seguridad y la de terceros.
Hizo reserva de caso federal.
Puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez Bouchoux dijo:
I. La fiscalía acusó a Jorge Luis Castillo Alfaro, Carlos Enrique Pezo Merino y Karla Janette Pezo Merino por considerarlos coautores del siguiente hecho: “ Que el día 05 de abril del 2022, siendo las 19:45 hs. en las arterias Ruta N° 8 y Aristóbulo del Valle, de la localidad y partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, los encartados Jean Carlo Enrique Pezo Marino, Jorge Luis Castillo y Karla Janette Pezo Marino, quienes circulaban a bordo de la camioneta marca Ford modelo Eco Sport de color rojo dominio colocado NNN-189, tenían en su esfera de poder, libre disposición y con fines de comercialización, la sustancia estupefaciente cocaína en un guarismo total de 192,7 (distribuidos en un ladrillo compacto y dos envoltorios) y la sustancia estupefaciente marihuana en un peso de 33 gramos, ambos narcóticos considerados como de uso, venta y tenencia prohibida por la ley vigente, como así también la suma total de $ 41700, producto del comercio ilícito y dos teléfonos celulares, uno marca Samsung modelo S21 de color negro de la empresa Movistar y otro marca Huawei con chip de la empresa Movistar”.
II. Los mismos fueron encuadrados legalmente por la acusación pública, como constitutivos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Sin embargo, la magistrada de la instancia concluyó que la prueba producida en la audiencia de debate y la incorporada por lectura, no permitía tener por acreditado el suceso reseñado, a partir de considerar irregular el procedimiento que diera origen a la causa, y en consecuencia absolvió a los imputados.
III. Tal como fuera consignado previamente, la acusación denunció arbitraria y parcial valoración probatoria y señaló que el procedimiento preventivo se llevó a cabo por el personal policial en razón de la advertencia del operador de las cámaras del Centro de Monitoreo del Comando de San Miguel relativa a que quien se ubicaba como acompañante de la camioneta Eco Sport discutía con personas que circulaban a bordo de otro automóvil, lo que ponía en peligro su integridad física y la de terceros.
En razón de ello, -afirma el recurrente- personal policial ante la sospecha de la posible comisión de un delito, la emergencia y la puesta en peligro de la integridad de terceras personas interceptó la camioneta Eco Sport en que se desplazaban los aquí imputados.
Agregó que los funcionarios policiales luego de solicitarle al conductor la documentación correspondiente le ordenaron a todos los ocupantes que desciendan del auto, momento en el que se le cayó a uno de ellos dos bolsas de nylon conteniendo cocaína, la que se incautó.
Asimismo, realizaron la requisa de dicho vehículo secuestrándose sustancia estupefaciente.
De acuerdo con los contenidos de la sentencia impugnada y del recurso traído a esta sede, observo que el recurrente insiste con su objetivo de que se recepte de manera favorable su teoría del caso, pero sin realizar la crítica pertinente a lo manifestado por el a quo ni ofrecer argumentos novedosos que pongan al descubierto los desaciertos que se le atribuyen al pronunciamiento.
Con relación a ello, resulta oportuno recordar que el éxito en materia casatoria se obtiene cuando se logra acreditar que el órgano de juicio incurrió en inobservancia o errónea aplicación de preceptos legales y cuando ello constituya un defecto grave del procedimiento o un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso o de la resolución.
Dicho propósito no se alcanza cuando, como en este caso, se omite cuestionar las explicaciones que la juez del tribunal de juicio consignó en su veredicto, de manera tal que la presentación es susceptible de catalogarla como una manifestación de disconformidad con lo resuelto, pero al mismo tiempo insuficiente para poner en crisis la decisión adoptada.
De la lectura del veredicto dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Martín, se observa que la sentenciante fundamentó su decisión sober la invalidez del procedimiento inicial, para luego concluir motivadamente la ausencia de prueba, de modo que no incurrió en la arbitrariedad denunciada.
Así, luego de oír a los testigos que depusieron en la audiencia y analizar la totalidad de la prueba incorporada por lectura al debate reparó en el inicio del procedimiento, y en relación a ello, señaló que el personal policial con la simple comunicación de un posible conflicto de índole vehicular ordenó a quienes se trasladaban en la camioneta Eco Sport que descendieran y los requisó, al igual que al rodado mencionado.
Refirió que los funcionarios policiales intervinientes no manifestaron que se encontraron ante un flagrante delito y por ello procedieron del modo en que lo hicieron. El oficial Baumann no justificó su accionar avasallante de las garantías constitucionales, no mencionó que los ocupantes del vehículo estuvieran nerviosos o alguna situación anómala que lo autorizara a proceder como lo hizo, sorteando la orden judicial.
Concluyó que no hubo situación de urgencia o fragrante delito, que el proceder policial colisionó con el derecho la intimidad y a la privacidad consagrados constitucionalmente y que fue dicho accionar desmedido -sin la existencia fundada de motivos suficientes de sospecha de la ocultación de cosas relacionadas con un delito-, el que permitió el hallazgo de la sustancia estupefaciente.
Para así resolver reseñó que Alejandro Roberto Cappuchino, supervisor del Centro de Monitoreo del Comando de San Miguel dijo que un operador le indicó que una persona ubicada en el asiento del acompañante de un vehículo estaba peleando con otro auto mientras circulaban, y que por ello alertó al personal policial Gauna y Prieto.
En parejo, valoró los dichos de Néstor Alejandro Baumann quien realizó la interceptación de la camioneta Eco Sport color rojo, y manifestó que la indicación del COM era que se identifique al vehículo porque el acompañante del conductor estaba sacando el cuerpo de la ventanilla y que la identificación de rutina consistía en bajar a quienes se trasladaban en el automóvil, realizarles un cacheo preventivo para que no pudieran lastimar al personal y en ese momento fue que se les cayó sustancia estupefaciente.
En concordancia, estimó las manifestaciones de Gustavo Gabriel Prieto quien contó que recibió la alerta de la base del Centro de Operaciones Municipal relativa a que quien iba de acompañante de un vehículo Eco Sport color rojo estaba sacando los brazos hacia afuera haciendo desmanes hacia otro vehículo.
Agregó que individualizó dicho vehículo, no observó nada rada pero tocó la sirena y el conductor se detuvo, se le requirió que descienda al igual que al resto de los ocupantes y el sargento Baumann los requisó.
El a quo sumó al razonamiento probatorio los dichos del testigo de actuación Cristian Javier Ortíz, las declaraciones de los imputados a tenor de lo normado por el artículo 308 del Código Procesal Penal y el resto de las piezas incorporadas por lectura.
A partir de los elementos ponderados, el juzgador razonó que en su criterio existía "una especie de sospecha básica o rudimentaria, que habilita a la policía para verificar la situación y eventualmente, para identificar a los ocupantes del auto en cuestión", añadiendo luego que "el contenido de la sospecha es absolutamente difuso, la situación habilitante de una actuación oficiosa, se situa en el escalón más bajo de aquel tipo de presunciones. Por lo que en obvia consonancia, la interferencia de la autoridad policial debe ser, equivalentemente, la mínima.".
La conclusión del juzgador, en lo esencial, hace base en que el accionar policial adecuado consistía en identificar a los ocupantes y su relación con el automotor, añadiendo que en el caso el vehículo no mostraba anormalidad, además de que contaban con cédula verde del vehículo y documentación todos los tripulantes, y entonces la ilegitimidad del procedimiento consistió en obligarlos a descender del vehículo y proceder a requisarlos, por cuanto, argumentó "la requisa presupone la existencia fundada de motivos suficientes de sospecha de la ocultación de cosas relacionadas con un delito (art. 225, C.P.P.)".
El recurrente no logra rebatir la conclusión del juzgador en torno a que en el caso no existían, al momento de iniciar el procedimiento, datos objetivos que constituyeran una causa probable de la comisión de un ilícito, lo que sella la suerte de la queja.
Es que, a la hora de analizar la injerencia estatal en ámbitos de intimidad constitucionalmente protegidos, el análisis debe realizarse ex ante, de modo que exista una sospecha fundada de la existencia de un delito previa a aquella injerencia, sin que pueda legitimarse el accionar -en este caso policial- por el resultado posterior resultante de la intromisión (art. 18 C.N., 225, y 294 inc. 5 del C.P.P.).
En este sentido se ha sostenido: "La posibilidad de que el personal policial efectúe requisas y aprehensiones como las practicadas en autos, como vía excepcional, debe posibilitar una evaluación de parte del órgano jurisdiccional; esta evaluación torna necesario que se expliciten los motivos o razones valederas que aconsejaban actuar en la emergencia, obviamente estos recaudos deben vislumbrarse con antelación al emprendimiento de la medida cautelar restrictiva de la garantía del justiciable ya que, en caso contrario, los preventores poseerían un conjunto de atribuciones para efectuar las diligencias que a su criterio sean pertinentes, sin ningún contralor judicial y sin que sea posible siquiera evaluar, luego de producido el acto, si fue regular, se enraíza en las facultades legales del personal policial y se compadece con las garantías materiales y procesales del ciudadano (arts. 1, 18 y 28, C.N.)." (SCBA, P.76793, sent. 19-X-2005)
En definitiva, el análisis del material probatorio reseñado impide arribar a un pronunciamiento condenatorio, toda vez que -como se explicó- no puede censurarse la conclusión del juzgador en punto a que el personal policial fue más allá de sus facultades colisionando su proceder con las garantías constitucionales de intimidad y privacidad, pues no existió la sospecha fundada de la comisión de un delito, ni flagrancia ni urgencia alguna que avalara el procedimiento por ellos realizado.
Sentado ello, congruo con el tribunal en tanto el personal policial realizó un procedimiento arbitrario careciendo de “motivos suficientes” que lo justifique, basándose en una mera apreciación subjetiva, toda vez que las circunstancias de tiempo, modo y lugar examinadas y la conducta de los imputados no se erigen en “causa probable”, “sospecha razonable” o “razones urgentes” y por ello el procedimiento documentado carece de fundamento y de legitimidad.
En virtud de lo expuesto, el agravio de la fiscalía vinculado con la arbitraria valoración probatoria no progresa, y consecuentemente, propongo al Acuerdo el rechazo del recurso interpuesto por la fiscalía, sin costas. ASÍ LO VOTO.
A la misma primera cuestión, el señor juez Kohan dijo:
Adhiero al voto del juez Bouchoux, en igual sentido y por los mismos fundamentos. ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez Bouchoux dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la fiscalía, sin costas (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 2, 3, 106, 209, 210, 371, 372, 373, 448, 450, 452, 460 –a contrario-, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
A la misma segunda cuestión, el señor juez Kohan dijo:
Adhiero al voto del juez Bouchoux en igual sentido. ASÍ LO VOTO.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
Rechazar el recurso de casación interpuesto por la fiscalía, sin costas.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 2, 3. 106, 209, 210, 371, 372, 373, 448, 450, 452, 460 –a contrario-, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente radíquese en origen. MG
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2024 13:06:41 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2024 11:33:02 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2024 11:50:13 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 03/12/2024 11:58:17 hs. bajo el número RS-1272-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia