Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 116319
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa Nº 116.319 de este Tribunal, caratulada: “L., G. E. s/ Recurso de Casación interpuesto por fiscal y defensa”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN – NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial San Martín condenó con fecha 15 de febrero de 2022 a G. E. L.a la pena de cinco (5) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por hallarla autora criminalmente responsable de los delitos de explotación económica del ejercicio de la prostitución en concurso real con lesiones leves.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la Agente Fiscal, doctora Vanesa S. Leggio.
III. La agente fiscal deduce recurso de casación en los términos de los arts. 448 inc. 1°, 452 inciso 2 y 4 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Denuncia una errónea aplicación de un precepto legal que implicó un quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento al desestimar la aplicación de las agravantes previstas en párrafos segundo, inc. 1º y último párrafo del artículo 127 del Código Penal.
Por otra parte, refiere que el pronunciamiento carece de motivación y fundamentación suficientes, pues se valoraron arbitrariamente pruebas incorporadas al proceso desde que se incurrió en una defectuosa deducción de la comprobación de extremos fácticos.
Cuestiona la decisión del órgano a quo cuando estableció que no estaba configurado el dolo exigido por el tipo penal para imputar el agravante del trabajo de menores de edad en el ejercicio de la prostitución como así tampoco la violencia ejercida sobre las trabajadoras sexuales para desarrollar sus tareas.
Argumenta que de los testimonios que brindaron las mujeres que trabajaban para la encartada, ésta infundió temor para quien dejara de trabajar. Es decir, postula que existieron todo tipo de persuasiones para que no dejaran de trabajar.
Argumenta que se pudo probar que L. llevaba a cabo las promociones una página Web –Skokka- y los clientes eran re dirigidos por ella hacia el departamento donde las víctimas serían quienes atendían, y no la imputada.
Indica que la encartada, amén de llevarse una ganancia económica, contribuía a que las chicas lleven a cabo la prostitución dándole los medios para ello, y en otros casos allanándoles el camino, como ocurría cuando las hacía ingresar al boliche ‘Fénix’.
Afirma que se ha acreditado la violencia ejercida por L. para que permanezcan trabajando para ella. Por otra parte, indica que renunciar para ella implicaba comenzar a sufrir persecuciones, amenazas, golpes, peleas. En efecto, asevera que lo anterior no solo se ha constatado con las lesiones que sufrió una de
las trabajadoras, sino también con la extensión de sus acciones en las amenazas para que armen un discurso - mintiendo en sus declaraciones- que beneficie a la acusada. Todo lo anterior, refiere que se agrega a la presión que ejerció sobre algu|nas víctimas antes del debate configurando una violencia psicológica -conforme el artículo 77 del CP- y que constituyen claras amenazas para quien intentara dejar de trabajar para L..
Indica que, si bien la violencia y las amenazas no fue ejercida para iniciar el trabajo sexual en beneficio de L., estima que dichas maniobras se ejercieron para mantenerlas en esa función, por lo que solicita la aplicación del agravante previsto en el art. 127 párrafo segundo inciso 1 del CP.-
Sostiene que no puede soslayarse que la encartada captara a menores de edad para que trabajaran para ella. Dice que el error alegado por la acusada respecto a la edad de algunas mujeres se podría haber vencido a través de la exigencia de la documentación pertinente para establecer si efectivamente eran mayores de edad.
Destaca las declaraciones de los profesionales del Programa de Rescate de Personas de Trata de Nación, quienes dieron cuenta al realizarse los allanamientos, el estado de las víctimas, los elementos encontrados, el miedo y el nerviosismo de tener que declarar en contra de quien las explotaba.
Arguye que se acreditó que G. L. promocionaba mediante salidas a locales nocturnos, publicaciones ofreciendo servicios sexuales, facilitaba el ejercicio de la prostitución mediante el alquiler de lugares privados para que esta mujeres puedan trabajar, explotaba económicamente el ejercicio de la prostitución ajena quedándose con un porcentaje del dinero obtenido luego de cada pase, y transformando esto en su actividad comercial, teniendo a esta cantidad de mujeres vulnerables realizando servicios sexuales para obtener un beneficio económico.
En razón de todo lo expuesto, solicita se proceda a revocar parcialmente la sentencia recurrida y dictar una nueva, condenando a la imputada G. E. L. en orden a los delitos de promoción, facilitación y explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores agravado por mediar violencia, amenazas y por haber víctimas menores de 18 años en concurso real con lesiones leves a la pena de quince años de prisión accesorias legales y pago de las costas.
IV. Por su parte, la defensa de la imputada, por intermedio del defensor particular, Dr. Pedro Javier Molina, también interpuso recurso de casación contra el mismo pronunciamiento.
Estima que el fallo incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, específicamente en lo relativo a la calificación legal.
a. Postula que el tipo penal enrostrado exige la explotación económica de la prostitución ajena, es decir, aprovecharse de la fuerza de trabajo con el objetivo último de obtener una mayor ventaja económica, situación que estima no haberse probado, es decir, no se ha acreditado el beneficio económico de la encartada.
Pone de manifiesto las declaraciones de las testigos E. C., S. L. P. y M. A., de cuyo contenido infiere que su asistida no explotaba económicamente a esas mujeres.
Considera que no pudo acreditar con los elementos probatorios aunados que su defendida haya tenido algún tipo de beneficio o provecho económico. Al contrario, afirma que L. empezó alquilando el departamento para sus trabajos sexuales y cuando tomaron conocimiento sus amigas del beneficio que tenía de su labor, decidieron efectuar misma actividad en ese departamento, dividiendo el pago del alquiler entre todas. Anuncia que L. nunca se benefició por el trabajo ajeno.
Considera que la adecuación de la figura penal es arbitraria e injustificada.
Pone de relieve que de la prueba testimonial recabada se señaló que la organización del privado era de manera conjunta, que no había un encargado, sino que dividían entre todas las participantes el monto del alquiler.
Dice que todas las mujeres que se hallaban en el lugar declararon que los clientes les abonaban a ellas y que el dinero obtenido lo guardaban entre sus pertenencias. Que los elementos necesarios para la limpieza del lugar eran pagados por todas en partes iguales, y que no había una encargada en comprarlos, sino que podía ser adquirido por cualquiera de ellas.
También expone que, en cuanto a las publicaciones, las testigos manifestaron que cada una realizaba sus propias publicaciones en la página web ‘Skokka’ y que cada una la abonaba.
Por otra parte, indica que su defendida nunca tuvo el dominio del hecho, nunca promocionó a nadie, nunca repartió dinero, nunca dio órdenes. En ese sentido, considera que el sentenciante no ha logrado fundar la autoría de L..
Toma los dichos de la psicóloga Ailén Roso, quien en su declaración testimonial, estableció que del relato de las chicas, éstas manifestaron estar por propia voluntad y organizadas de manera que nadie controle su actividad.
En efecto, razona que no existió una relación de superioridad entre su defendida y las damnificadas.
Afirma que no existió un estado de vulnerabilidad. Dice que no se ha tomado en cuenta la totalidad de las circunstancias del caso, es decir, que varias de las mujeres testigos, ejercían anteriormente la prostitución y no se ha acreditado que la Sra. L. V. se haya abusado de esa supuesta vulnerabilidad.
b. Respecto al hecho 2 –delito de lesiones-, establece que el órgano a quo omitió brindar fundamentos de cómo llegó a la conclusión de que su defendida fue la autora de las lesiones descriptas.
Sostiene que las referencias expuestas por la testigo de cargo no alcanzan para demostrar que su asistida haya sido la persona que cometió esas lesiones.
Postula que la declaración testimonial, de la propia víctima, no basta para condenar a un sujeto por la comisión de un delito, sino que hay que demostrar la existencia de elementos fácticos que permitan asegurar que el sujeto fue el autor material del hecho.
Así, sostiene que es imposible acreditar que su defendida haya sido la autora de las lesiones en cuestión, cuando del propio testimonio de la víctima se extrae que el pleito se dio entre cuatro personas de un lado y ocho del otro.
Desde otro lugar, remarca que A. F. dijo que A. R. fue la persona que agredió a G.. Lo mismo comentó T. G. C..
En definitiva, refiere que es imposible acreditar que su defendida haya sido la autora de las lesiones en cuestión, cuando en el propio testimonio de la víctima establece “…en la peleaéramos 4 nosotros y ellos eran 8 personas”.
c. Por otra parte, cuestiona las pautas agravantes sopesadas.
En ese orden, denuncia que se meritó erróneamente la extensión del daño psicológico
En efecto, refiere que en ningún momento a lo largo del proceso se ha acreditado instrumentalmente el inicio de algún tipo de terapia psicológica o afín por parte de las presuntas víctimas.
Solicita se obliteren las agravantes sostenidas por el sentenciante y revoque las mismas en el carácter que fueron valoradas.
Peticiona se haga lugar al recurso incoado.
Hace reserva del Caso Federal a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.
V. Concedido y elevado el recurso por el "a quo" , se dispuso la radicación en Sala y la notificación a las partes.
VI. El Fiscal Adjunto ante estos estrados, doctor Fernando Luis Galán, desistió de la audiencia de informe oral y presentó memorial a través del que se expidió respecto a la improcedencia del recurso interpuesto en favor de la defensa.
VII. En el mismo sentido, se expresó la defensa del encartado, quien desistió de la audiencia de informe oral, entendiendo que el recurso oportunamente interpuesto resultó fundado.
VIII. Cumplidos los trámites de rigor y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Entiendo que el recurso incoado por la defensa es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su respectiva defensa (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Del mismo modo, entiendo que el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal es admisible toda vez que se controvierte sentencia definitiva en los términos del art. 450, se han cumplimentado los pasos a que se refiere el art. 451 y se invocan los motivos contenidos en el art. 448, todos del ceremonial penal, encontrándose legitimado el representante del Ministerio Público Fiscal a interponer el presente recurso en los términos del art. 452 inc. 2°.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Liminarmente, anticipo que por una cuestión metodológica habré de alterar el tratamiento de los recursos comenzando por el libelo incoado por la defensa.
a. Con relación al agravio por el que estima que el sentenciante incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva –art. 127 del C.P.-, estimo que dicho planteo es inviable.
Para dar responde al cuestionamiento de la defensa, es necesario efectuar un debido análisis de los elementos probatorios desde que los mismos tienen una fuerte incidencia para precisar sobre el tipo penal enrostrado.
La defensa intenta con todo tipo de aristas pretender que su defendida no ejercía una explotación económica, sino por el contrario, ella también ejercía la prostitución en un pie de igualdad con las demás trabajadoras que allí efectuaban su actividad.
Estimo que la prueba rendida en el juicio pone en evidencia un extremo absolutamente divergente al que postulara el recurrente.
Veamos.
El órgano a quo tuvo por debidamente comprobado el siguiente hecho: “el día 7 de Agosto del 2019 en que se realizaron las tareas de investigación del personal de gendarmería y hasta el día 31 de Octubre del mismo año que se llevó a cabo la diligencia de allanamiento, la aquí imputada, G. E. L., administró los "privados" ubicados en calles ***** departamentos 1 y 2, de la localidad y partido bonaerense de San Miguel , promovió y facilitó la prostitución de personas femeninas mayores y al menos una menor de edad –con desconocimiento de la imputada de tal circunstancia- que ejercían tal actividad, publicando avisos en las páginas de internet del rubro y administrando en general la referida actividad, beneficiándose de la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, reteniéndole parte de cada pase realizado con los clientes que solo L. contactaba y enviaba al lugar” .
El quejoso vuelve a reeditar sus agravios sin hacerse cargo de rebatir lo resuelto por el “a quo” , limitándose a contraponer un criterio meramente discrepante y subjetivo sobre la manera en que debieron ser resueltos sus reclamos, particularmente respecto al modo en que se meritaron los elementos probatorios recabados en el proceso.
Debo señalar que no basta sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sino que es preciso contestar mediante una crítica concreta y razonada todos y cada uno de los argumentos expuestos en ella resultando insuficiente e inidónea tal conducta para demostrar violación legal alguna por parte del tribunal al resolver en contra de sus pretensiones (conf. C.S.J.N., Fallos: 303:109; 304:1048; 305:301; 307:1735; 311:1133; 312:1716; 313:1077; 319:123; en igual sentido, SCBA, P 57877, rta. 8-9-1998; P 69211, rta. 17-7-2003, c. P 69012, rta. 23-4-2003).
Fueron diversos los testigos que alertaron sobre el rol que tenía la encartada en el funcionamiento de las propiedades donde se ejercía la prostitución.
En efecto, la investigación ya puso de relieve tal circunstancia al escuchar en el juicio al deponente R. H. M. –Gendarme- quien dijo que en el domicilio de calle *****departamento 1 y 2, también en domicilios de las calles ********* había chicas que trabajaban ofreciendo servicios sexuales.
El deponente destacó que G. L. llegaba con un automóvil Toyota Corolla e iba a los departamentos de la calle **** -dos departamentos- estaba media hora y se iba. Las chicas entraban y salían de los dos departamentos. G. llegaba, estacionaba y entraba con las chicas. Los clientes se contactaban por la página ‘Skokka’.
Los clientes eran hombres, dijo que había servicios de 15 ó 30 minutos, previo a eso había que mandar un mensaje de texto para decir que se estaba en la esquina y abrían la puerta.
A partir de los datos del vehículo en que se trasladaba la sindicada pudieron averiguar su domicilio ubicado en la calle *****, en el que no se ejercía la prostitución.
Fueron varios los días de investigación y seguimiento. El día del allanamiento contó que había chicas trabajando de entre 18 y 20 años de edad. Asimismo, precisaron que había una joven de 17 años.
El testigo expresó que G. iba por veinte minutos, iba como si fuera alguien importante, en varias oportunidades las chicas iban con ella en el vehículo, cumplía con el perfil de regenteadora.
Destacó que por informes que pidieron a Migraciones la encartada tenía varias salidas al extranjero, de allí que estableció que la misma carecía de necesidades económicas. Dijo también que se trasladaba incluso en tres vehículos diferentes.
Desde otro lugar, se meritó el testimonio de P. M. M., quien dijo conocer a la imputada desde el momento en que la dicente trabajaba en la barra de un boliche. Dijo que en una oportunidad L. se le acercó y le dijo que un cliente quería su número, que era muy linda y que aquel sujeto quería un servicio sexual. Dijo que no aceptó aquella propuesta, en aquel entonces era menor de edad. Luego, expresó que por su cuenta comenzó a trabajar en servicios sexuales en un departamento. Contó que una amiga –A. N.- trabajaba para G. L.. Aseveró que trabajar para L. significaba que ella le encontraría clientes y ella se quedaba con la mitad del dinero por el pase.
Expresó que G. entraba al boliche y hacia entrar a todas las chicas, los patovicas dejaban pasar a todas las demás con las que entrara G..
Dijo que su amiga A. era menor de edad, y que dicha particularidad era conocida por la encartada. Expresó que L. quiso que trabajara para ella, pero la testigo dijo que no. Luego, la relación entre la testigo y la imputada se modificó, pues la segunda la comenzó a mirar mal, tuvo que dejar de trabajar en el boliche porque L. o las chicas que trabajaban para ella la amenazaban. Las chicas que trabajaban para G. le decían ‘mama’, ella oficiaba como la jefa, pues manejaba el departamento, el pago del alquiler y el pago de los clientes.
Luego de que la imputada estuviera privada de su libertad, las conocidas de L. le decían que la iban a acuchillar a la salida del boliche.
Dijo que las demás chicas la llamaban por teléfonos de números desconocidos. También comentó que en el boliche la empezaron a empujar y decían que G. la iba a matar porque fue la responsable de que estuviera presa.
Indicó que G. le mandó un mensaje, pues sabía que tenía que ir a declarar en un intento de intimidación por parte de la sindicada.
También se meritó el testimonio de A. N. F., quien dijo conocer a G. cuando tenía dieciséis años de edad. Una amiga –A.- le sugirió que comenzara a trabajar brindando servicios sexuales porque iba a ganar mucho más dinero, pero la dicente le dijo que no porque era menor de edad. Su amiga le dijo que mintiera. Así, contó que fue a ver G. y le mintió respecto a su edad.
Dijo que G. fijaba las tarifas, los clientes llegaban por un celular y una página web. Había dos celulares por las que se comunicaban, y esos aparatos los manejaba G. o alguna de las chicas. La deponente trabajó en la calle *****. Expresó que su amiga A. también era menor de edad. Dijo que G. sacaba fotos de sus redes y las subía a esa página web. Los clientes los mandaba ella y había veces que G. estaba ahí presente. Todas las chicas le deban parte de los pases. G. pasaba todos los días por el lugar y recolectaba el dinero que le daban todas las chicas.
Luego, contó que fue a trabajar al departamento de calle **** donde había dos departamentos juntos en los que se alternaba de forma indistinta. Allí, también dijo que le daban la mitad de los pases a G., quien seguía haciendo la publicidad y enviaba a los clientes. Cuando fue realizado el allanamiento en la calle ***, la dicente comentó que ya no trabajaba más.
Por último, aseveró que G. nunca le pidió el documento y su amiga A. le dijo que mintiera sob
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.