Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 97937
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Sr. Agente Fiscal, Dr. Horacio Alejo Chimilli.
II. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto a fs. 38/45, sin costas.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 9, CADH; 15.1, PIDCP; 2°, 59 inc. 3°, 62, 63 y 67 [según textos anteriores a las leyes 26.705 y 27.206], 119 párr. 2do. y 4to. inc. “F”, y 125 del CP; 20 inc. 1, 106, 323 inc. 1°, 433, 448, 450, 451, 452 inc. 3, 530 y 532 del C.P.P.
REG: 312
C- 97.937
En la ciudad de La Plata a los 9 días del mes de junio de dos mil veinte se reúnen en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires doctores, Ricardo R. Maidana y Víctor Horacio Violini, para resolver en la causa Nº 97.937 caratulada “LARREA ANÍBAL ALEJO S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR FISCAL GENERAL” . Practicado el sorteo de ley resultó en la votación que debía observarse el orden siguiente: MAIDANA - VIOLINI.
El día 14 de marzo de 2019 la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín resolvió revocar el auto del Tribunal en lo Criminal N° 1 del mencionado Departamento Judicial, declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a los hechos que fueran calificados provisoriamente como abuso sexual simple reiterado en al menos dos oportunidades (hecho nro. 1) y abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente, reiterado en al menos dos oportunidades (hechos nro. 3), todos en concurso real entre sí, por los que fuera acusado Aníbal Alejo Larrea en carácter de autor.
Contra dicho pronunciamiento la Sra. Fiscal General Adjunta, Dra. Patricia Kaplis, interpuso el presente recurso de casación.
Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra una resolución revocatoria de la de primera instancia, por el cual se declaró extinguida la acción penal por prescripción, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 20 inc. 1, 79, 450 1er párrafo, 451 y 452 inc. 3, 453 del CPP).
Artículos 450, 452 inciso tercero, 465 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor VIOLINI dijo:
Adhiero al voto de mi colega doctor MAIDANA, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
I. Expresa el impugnante que, al analizar el presente caso, resulta trascendental tomar en cuenta que las denunciantes aseveran que los abusos sexuales que sufrieron acaecieron cuando eran niñas menores.
Señala que, tanto a nivel nacional, como regional, se otorga a los niños una protección especial en miras a neutralizar la debilidad, el desconocimiento e indefensión natural que presentan, no sólo por su falta de madures, sino también, por las secuelas psíquicas que este tipo de hechos conlleva.
Al igual que el magistrado de primera instancia, entiende que estamos ante un caso de absoluta excepcionalidad que implica una violación de los derechos humanos, equiparables a ilícitos de lesa humanidad. En ese sentido, sostiene que no se puede permitir que en nuestro derecho interno haya cuestiones que impidan la investigación de casos graves y vinculados al poder, ya que en ellos debe prevalecer el interés superior de los niños.
A su vez, postula que debe tenerse en cuenta que en el caso el caso bajo estudio no solo se trata de menores de edad al momento de los hechos, sino también de mujeres y, confirmar dicha resolución implicaría contrariar las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la “Convención de Belem de Pará”.
Refiere que las disposiciones del art. 62 del CP, vigentes al momento de comisión de los hechos, deben ser interpretadas en consonancia con las disposiciones del derecho internacional y, en esa inteligencia, sostiene que las reformas introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 resultan, justamente, formalizaciones de la obligación internacional de combatir cualquier tipo de abuso o maltrato de los niños y mujeres, sin que ello implique una retroactividad de la ley penal.
II. El recurso no habrá de prosperar.
Esto porque, a juicio del suscripto, la resolución del A Quo se encuentra motivada en elementos objetivos que surgen de autos y fundamentada en la ley que estimó aplicable al caso.
El auto no puede ser descalificado como acto jurisdiccional válido, pues los Jueces de la Cámara han brindado motivos que sustentan el rechazo a la extinción de la acción penal, efectuando un análisis integral del caso bajo estudio.
En efecto, como bien se concluyó en la resolución en crisis la acción penal seguida a Aníbal Alejo Larrea en relación a los hechos que fueran calificados provisoriamente como abuso sexual simple reiterado en al menos dos oportunidades (hecho nro. 1) y abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente, reiterado en al menos dos oportunidades (hechos nro. 3), se encuentra extinguida por prescripción; dado que ha trascurrido en exceso el plazo previsto por el art. 62 inc. 2 del C.P., sin que haya acaecido en el caso ningún acto interruptivo del curso de la prescripción, siendo que el primer llamado a indagatoria se produjo el 7 de noviembre de 2017, cuando la acción penal ya se encontraba prescripta.
En tal sentido, se afirmó que correspondía situar el comienzo del término de prescripción de la acción penal en el momento en que los delitos cesaron de cometerse, y no como lo hiciera el Magistrado de primera instancia cuando la denunciante alcanzó la mayoría de edad.
Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo “transcurso tiempo” (Fallos 305:1236; 311:2205; 313:1224; 323:1785; 324:2778 CSJN y P.71.313, sent. del 16-II-2000; P. 63.579, sent. del 8-III-2000; P. 65.996, sent. del 5-IV-2000; P. 83.147, sent.14-IV-2004; entre muchas otras).
Por otro lado, cabe resaltar que el A Quo no soslayó las reformas legislativas que avanzaron en el sentido de salvaguardar los derechos de las víctimas en pos a una tutela judicial efectiva (Leyes 26.705 y 27.206 en cuanto modifican la regla general acerca del comienzo de la prescripción de la acción para ciertos casos específicos), sino que prescindió de su aplicación por acertadas razones jurídicas.
Esto al explicar que la acción penal se encuentra extinta pues corresponde en el caso dar operatividad al principio de legalidad, aplicando la ley penal más benigna (art. 2 del CP).
Dicho ello, unas breves acotaciones finales.
El delito investigado no constituye ninguno de los supuestos declarados imprescriptibles de conformidad a las Convenciones que así lo determinan; tampoco configura un caso especial en los que cabría realizar un análisis más pormenorizado (v. dictamen Procuración General en CSJN, “Funes, Gustavo Javier y otro s/ encubrimiento, etc. –incidente de excepción por extinción de la acción penal- recurso extraordinario-” y la jurisprudencia de la Corte Interamericana allí analizada).
De tal forma, está claro que el Estado tiene el deber de investigar hechos como los sucedidos en la presente, pero eso no implica que lo pueda hacer a cualquier costo; dicho con mayor precisión: el principio de legalidad -y así sus corolarios- tiene jerarquía Constitucional (art. 18, CN) y ninguna razón plausible autoriza la mirada acotada que se propicia en el caso.
En consecuencia, propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 9, CADH; 15.1, PIDCP; 2°, 59 inc. 3°, 62, 63 y 67 [según textos anteriores a las leyes 26.705 y 27.206], 119 párr. 2do. y 4to. inc. “F”, y 125 del CP; 20 inc. 1, 106, 323 inc. 1°, 433, 448, 450, 451, 452 inc. 3, 530 y 532 del C.P.P.).
ASÍ LO VOTO.
A la misma cuestión planteada , el señor juez doctor VIOLINI dijo:
Adhiero al voto del doctor MAIDANA en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ASÍ LO VOTO.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala V del Tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Sr. Agente Fiscal, Dr. Horacio Alejo Chimilli.
II. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto a fs. 38/45, sin costas.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 9, CADH; 15.1, PIDCP; 2°, 59 inc. 3°, 62, 63 y 67 [según textos anteriores a las leyes 26.705 y 27.206], 119 párr. 2do. y 4to. inc. “F”, y 125 del CP; 20 inc. 1, 106, 323 inc. 1°, 433, 448, 450, 451, 452 inc. 3, 530 y 532 del C.P.P.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase.
FDO: RICARDO MAIDANA - VÍCTOR VIOLINI. JUECES
ANTE MÍ: MARÍA ESPADA. SECRETARIO
Fin de la sentencia