Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 103362
Registro nro. Año 2020.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa Nº 103.362 de este Tribunal, caratulada: “RODRIGUEZ, Jesús Manuel s/ Recurso de Casación interpuesto por Fiscal General” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO -KOHAN procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega esta causa por recurso de Casación impetrado por el señor Fiscal General del Departamento Judicial Azul, doctor Marcelo A. Sobrino, contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la mentada Departamental, mediante la cual se revocó la decisión del Juez de Garantías que resolvió no hacer lugar a la solicitud de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, solicitada por la defensa de Jesús Manuel Rodríguez, en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores en los términos del art. 119 tercer párrafo en función del primero y 125 del C.P..-
Alega que se halla facultado para la interposición del presente remedio casatorio en virtud de lo normado por los arts. 448 inc. 1, 450 segundo párrafo y 452 inc. 4 del C.P.P., en tanto el auto puesto en crisis resulta revocatorio del de primera instancia y cierra definitivamente el proceso impidiendo al Ministerio Publico Fiscal el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, deberá garantizarse el requisito de la doble instancia.
Da cuenta que con fecha 10 de diciembre de 2.019 la Excma. Cámara resuelve recovar el decisorio apelado en razón de afirmar que se encuentra prescrita la acción, sus argumentos se basan en considerar en que las Convenciones y Tratados Internacionales citados por la Jueza de Garantías, para fundar su resolución, contemplan disposiciones respecto al principio de legalidad y de irretroactividad de la ley penal.
Estima que el fallo en cuestión está desconociendo la ley vigente al momento del hecho, la cual, a su criterio, impone comenzar a contabilizar el término de prescripción cuando la víctima tuvo la capacidad psíquica necesaria para instar la acción.
Expresa que “… siempre que hablamos de prescripción hablamos de una acción disponible y en condiciones de ser ejecutada, por lo cual cuando hablamos de niños vulnerables que no tiene posibilidad de acción, los argumentos esgrimidos por el a quo se vuelven abstractos y superfluos dejando en evidencia un sistema de justicia que cercena la posibilidad de acceso a los seres más indefensos, los niños, que resultan víctimas de abusos sexuales” (ver fs. 8/vta. de presente legajo).
Considera que toda decisión acerca de si la acción se encuentra o no expedita, debe atender en forma conjunta también al Interés Superior del Niño, lo cual, determina que, aun considerando el principio de la aplicación de la ley penal más benigna, lo cierto es que, la debida diligencia como pauta orientadora del compromiso internacional asumido, impone en función del control de convencionalidad, la necesidad de hacer prevalecer aquel principio.
Arguye que la automática aplicación de los arts. 2 del C.P. y 18 de la C.N., en materia de irretroactividad de la ley penal y plazo razonable, en lo referente al instituto de la prescripción de la acción penal en este caso en particular, es un acto que no sólo acarrea gravedad institucional al configurar el abandono de los intereses de aquellos menores de edad que nunca pudieron darse a oír por los abusos infantiles sufridos –vulnerando el derecho a la tutela efectiva consagrado en el art. 25 de la C.A.D.H.-, sino también, la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional por la omisión de su compromiso formalmente asumido de combatir cualquier tipo de abuso o maltrato de los niños y de las mujeres.
Considera que la cuestión radica en determinar si corresponde aplicar al sub examine las previsiones vigentes de los arts. 63 y 67 del C.P. o la versión anterior a la reforma introducida por la ley 27.206.
Señala que si bien desde la fecha que cesaron de cometerse los abusos (1.993) hasta que la Sra. Rodríguez incoara la denuncia, ya habían transcurridos los doce años (12) establecidos por el art. 62 inciso 2 en relación al artículo 119 tercer parrado en función del primero y 125 segundo párrafo del CP., no es menos cierto que, los presuntos hechos de abuso sexual fueron cometidos mientras ella era menor de edad.
Refiere que la doble condición de la víctima –menor y mujer-, hace que se resuelva teniendo en consideración la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sostiene que las disposiciones legales aplicables al caso deben ser interpretadas en armonía con la normativa internacional vigente al momento de los hechos, que salvaguarda una efectiva protección del “interés superior del niño”.
Expresa que, tratándose de un delito dependiente de instancia privada, es la víctima quien debe promover la acción, pero para ello debe tener capacidad jurídica y psíquica para hacerlo (art. 72 inc. 1 del C.P.).
Destaca que la ley establece de modo claro, aunque no lo explicite, que la prescripción de la acción penal se suspende hasta que la víctima pueda ejercer la facultad de instar la acción.
Manifiesta que declarar prescripta la acción computando el plazo desde que los hechos cesaron de cometerse o desde que se consumaron, sin tener en cuenta si en ese momento la víctima estaba en condiciones jurídicas de poder hacerlo, coarta arbitrariamente su posibilidad de acceso a la justicia para la promoción de la persecución penal contra el perpetrador de los abusos.
Entiende que debe otorgarse a las reglas que regían la cuestión cuando ocurrieron los hechos el alcance mencionado anteriormente para garantizar el derecho a las víctimas a la tutela judicial efectiva.
Concluye que, el plazo debe necesariamente computarse a partir de que la víctima tuvo la capacidad de acción libre y plena para denunciar.
Peticiona que se haga lugar al recurso interpuesto, dejando sin efecto la decisión de la Excma. Cámara que declaró prescripta la acción penal.
Hace reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
II. A fs. 109/117 obra glosado escrito en donde María Martina Rodríguez, víctima de autos, adhiere al recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámaras.
III. Concedido y elevado el recurso de casación por el órgano “a quo” (ver fs. 146 del presente legajo), fue radicado en sala por sorteo y notificadas las partes (ver fs. 170 del presente legajo). En dicha oportunidad, la Sra. Fiscal Adjunta ante esta sede, Dra. María Laura D’ Gregorio, solicita que se haga lugar al mismo y se case la resolución recurrida, dictándose un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (ver fs175/179 del presente legajo).
IV. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación?
2da.) ¿Es procedente?
3ra.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Tratándose el presente supuesto de un auto dictado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul, revocatorio del de primera instancia que además imposibilita que continúe la acción, entiendo que la resolución objeto de recurso es susceptible de ser impugnada por esta vía, de conformidad con lo normado por el art. 450 segundo párrafo del C.P.P.-
En consecuencia, visto que el recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma, y que la parte se encuentra legitimada para recurrir, corresponde admitir el presente recurso de Casación (arts. 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 452 y ccdtes. del C.P.P.).
En consecuencia, voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
En primer lugar, corresponde destacar que la decisión de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul, constituye derivación razonada del derecho vigente (arts. 106 y 210 del CPP).
A saber, la Alzada para decidir revocar el auto en crisis y sobreseer por prescripción al encartado en orden a los delitos de abuso sexual agravado con acceso carnal y corrupción de menores, se sustentó en los siguientes argumentos: “…el artículo 63 –en su anterior redacción según ley 26.705- y el actual art. 67 –modificado por la ley 27.206-, ampliaron el plazo a los fines de computar el inicio del término de prescripción de la acción penal, siendo en consecuencia más desfavorable al imputado…teniendo en cuenta las fechas…en que dichas leyes fueron promulgadas (aclaro…que la versión del art. 63 según ley 26.705 ha sido derogada), se advierte que dichas reformas fueron posteriores a la fecha en que consumaron los delitos investigados…en el caso en análisis, operan las disposiciones del art. 2 del Código Penal…debido a que resulta la ley más benigna para el imputado cobra ultraactividad el art. 67 del C.P. en la versión anterior a la reforma de la ley 27.206, con lo cual no resulta aplicable la causal de suspensión de la extinción de la acción penal basada en la minoridad de la víctima…fue necesaria primero la reforma –hoy derogada- al artículo 63 del C.P. por la ley 26.705 y luego al art. 67 –actualmente vigente– por la ley 27.206 para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en razón de la minoridad de la víctima, por lo que debe entenderse que antes de dichas leyes sus disposiciones no operaban.
Interpretar lo contario llevaría a preguntarnos qué sentido tuvieron entonces las reformas analizadas…aplicar retroactivamente el cuarto párrafo del art. 67 del C.P., en su actual versión, conculcaría garantías constitucionales relacionadas, con el principio de legalidad y, con ello, con la imposibilidad de aplicar retroactivamente una ley más gravosa para el imputado (reconocidas en el art. 18 de la C.N. y p de la CADH)…teniendo en cuenta las escalas penales previstas por los delitos endilgados (art. 119 tercer párrafo en función del primero y 125 segundo párrafo del C.P.) debe estarse al plazo de doce años, contemplado en el art. 62 inc. 2 del C.P.…dicho plazo –conforme lo normado por el art. 63 del C.P.- comenzó a transcurrir desde la fecha que cesaron de cometerse esos delitos, mojón temporal que de acuerdo a lo que depone la victima seria en el año 1993.
A partir de lo expuesto, se advierte que desde el año 1993 hasta que la Sra. Rodríguez incoara su denuncia poniendo en conocimiento de la justicia la noticia crimnis – 15 de junio de 2018- han trascurrido con holgura más los doce años previstos por nuestra legislación de fondo como plazo para la prescripción de la acción penal…” (ver fs. 27/31 del presente legajo).
Tal como surge del presente expediente los hechos ocurrieron entre 1986 y 1993.
Ahora bien, la ley 26.705 que fue promulgada el 4/10/11 agregó dos párrafos al art. 63 del C.P., los que disponían: “ En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine-, y 130 –párrafos segundo y tercero- del Código Penal, cuando la víctima fuera menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad ”. .
Por su parte, la ley 27.206, promulgada el 9 de noviembre de 2015, derogó esos dos párrafos e incorporó al art. 67 del C.P. lo siguiente: “ En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine-, 130 –párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad” .
Si del instituto de la prescripción y su inserción en el plano de la ley penal se trata, en su juego con el principio de mayor benignidad de la misma, corresponde poner de resalto que la norma más benévola que es alcanzada por el art. 2 del Código Penal no es sólo aquella que desincrimina una conducta o la que establece una pena menor, desde que queda abarcada también la creación de una nueva causa de justificación o de inculpabilidad o de un impedimento a la operatividad de la penalidad. Para determinar dicho carácter debe tenerse en cuenta tanto la ley, como sus efectos en el caso concreto. En el primer aspecto, debe comenzarse por la interpretación de la regla de derecho establecida, para luego examinar su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y su consistencia con los principios y valores constitucionales en juego.
Así tenemos que incuestionablemente la prescripción de la acción penal, y también la de la pena, están alcanzadas por los preceptos del remanido art. 2 del digesto represivo.
En lo que respecta a la vigencia de la ley penal más benigna, el art. 2° del Código Penal define con certeza el alcance de ese principio cuando dice " si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna .". Dicha redacción resulta semejante a la prescripta en la legislación internacional. En efecto, el art. 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “ Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello”. Por su parte, el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”
En sintonía con los textos legales, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que cuando la ley penal sancionada con posterioridad al hecho incriminado depare, en definitiva, un tratamiento más favorable al imputado, ella debe ser aplicada íntegramente, incluyendo aquellos aspectos que, individualmente considerados, resulten desventajosos con relación a la ley anterior (Fallos, 310:267; 329:5323, entre otros).
De igual forma, el referido Tribunal tiene dicho que es regla de la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional y que en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas (Fallos, 303:248, 578, 600, 957, entre otros).
Ello resulta suficiente como para rechazar el planteo articulado. Ahora bien, se invoca por parte del recurrente la afectación a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, en las previsiones de tal normativa internacional no existe algún tipo de referencia al instituto de la prescripción, o bien al carácter imprescriptible de determinados delitos. Por tanto, la inexistencia de una ley previa no puede ser suplida acudiendo a la interpretación que del artículo 19 del mencionado instrumento del Niño se pretende por parte del quejoso.
Es que al analizar los alcances de las obligaciones que posee el Estado con relación al término “intervención judicial”, inserto en la normativa, el Comité de los Derechos del Niño, ha indicado que “la intervención judicial puede consistir en […] procedimientos penales, que deben aplicarse estrictamente para poner fin a la impunidad generalizada de que gozan, de jure o de facto, los autores de actos de violencia, en particular cuando se trata de agentes estatales” (Observación General n° 13, “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, 18 de abril de 2011, párr. 55, inciso “c”), sin efectuar ningún tipo de consideración acerca de obstáculos normativos de derecho interno que puedan ser considerados inadmisibles al llevar adelante esos procesos penales en general, ni sobre el instituto de la prescripción en particular.
Por tanto, entiendo equivocado interpretar que la sanción de las leyes Y. constituyó la reglamentación de aquello que exige la letra del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La consideración de tal posición vendría a representar una solución que no sólo no logra explicar cuál es el sentido de sancionar mediante una ley algo que, a su vez, se afirma, se encontraba ya expresamente previsto en un tratado internacional. Además, esa lectura del artículo 19 de la Convención, por adolecer de todo sustento en la propia letra de la disposición, constituiría, en los hechos, bajo el ropaje de la directa operatividad de una regla contenida en un tratado internacional, la aplicación retroactiva de las disposiciones de las leyes 26.705 y 27.206, lo cual, como se indicará “ut supra” se encuentra prohibido por el principio de legalidad penal.
En sintonía con la posición que se ha desarrollado, un notable fallo de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido con envidiable claridad de la Juez votante, Dra. Laiño, que “ El principio de ley más benigna receptado en el artículo 2 del Código Penal de la Nación y en el artículo 7 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto establecen la ultraactividad de la ley anterior más benigna y la aplicación retroactiva de la ley más favorable al procesado, es un axioma que adquirió jerarquía constitucional con la reforma de 1994, mediante los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este principio de irretroactividad de la ley penal rige como regla en la materia, y reconoce como única excepción la aplicación retroactiva de una ley penal posterior más benigna para el imputado”.
Continúa refiriendo la Magistrada capitalina que “… cuanto vengo sosteniendo se inscribe en lo expresado por nuestros legisladores al sancionar las leyes 26.705 (BO 05/10/2011) y 27.206 (BO 10/11/2015). Las exposiciones dejan en evidencia, de modo claro y a contrario de lo que se afirma, que la cuestión no se hallaba zanjada a nivel interno y que era necesario, luego de la sanción de la “Ley Piazza” en el año 2011 dictar una nueva norma que redefiniera los plazos de prescripción de la acción penal en casos en los que los menores eran víctimas de delitos contra la integridad sexual (Período 129º, HC Senadores, 2ª Reunión, 1ª Sesión Ordinaria 16 de marzo de 2011 y HC Diputados, 8ª Reunión, 6ª Sesión Ordinaria (Especial) 7 de septiembre de 2011) y luego a través de la “Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas y su aplicación” se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada p
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