Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 128370
En la ciudad de La Plata sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y la doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa 128370 caratulada “PEREZ, NICOLAS SEBASTIAN S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR FISCAL GENERAL” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden BUDIÑO-MANCINI.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata que resolvió –por mayoría- declarar , por mayoría de opiniones, la inconstitucionalidad del art. 371 quater, inciso segundo, penúltimo párrafo in fine, del CPP, en cuanto dispone "la realización de un nuevo juicio por jurados" y devolver los autos a la instancia de origen a fin que el magistrado interviniente resuelva lo que estime corresponder.
Ante dicho pronunciamiento el Dr. Fernandez Garello en su condición de Fiscal General interpuso recurso de casación en los términos de los art. 448, 450, 451, 452 y cctes del CPP.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es formalmente admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño, dijo :
I. En la articulación en análisis, el recurrente se ocupó de la admisibilidad del recurso casatorio y aludió a su presentación en legal tiempo y forma, contra una decisión que declara la inconstitucionalidad del art. 371 quater, apartado segundo, penúltimo párrafo, in fine, del CPP.
Entiende que el art. 450 del CPP consagra la impuganibilidad en casación de resoluciones que dicte la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, revocatorios de los de primera instancia, siempre que las mismas importen la finalización del proceso en forma anticipada y definitiva, así indica que parecería en principio que el particular no ingresa en puridad en ninguno de los supuestos regulados por esa norma pues no se ha resuelto en definitiva la situación procesal del encausado, al disponerse el reenvío a la instancia de juicio, lo cierto es que la resolución de la alzada genera diversas vicisitudes procesales lo que generaría una especie de círculo vicioso sin posibilidad de una respuesta racional del sistema.
Concluye que ante estas posibilidades la resolución impugnada resulta una sentencia equiparable a definitiva y, por lo tanto, susceptible de ser atacada por este medio, además de advertir un evidente interés institucional que permite también superar la aparente taxatividad de aquella norma y, a todo evento, gravamen irreparable en la sentencia de Cámara que se recurre.
Sostiene que la resolución que se ataca reviste gravedad institucional y se funda en que la Alzada cercenó las facultades conferidas por la ley al Ministerio Público Fiscal, al privarlo del ejercicio pleno de la acción penal de la forma que lo autoriza el rito bonaerense en su artículo 371 quater, apartado segundo, penúltimo párrafo in fine del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Aduna a su pedido que ante la declaración de inconstitucionalidad, la a decisión adoptada por la Alzada involucra la interpretación de garantías constitucionales (como las de la prohibición de la múltiple persecución penal, la de inocencia, y sus principios derivados de favor rei e in dubio pro reo, la del debido proceso legal, la de igualdad de armas y la del juez natural), así como la determinación de sus alcances, extremos que importan cuestión federal suficiente, máxime cuando se ha otorgado a las mismas una extensión que excede los contornos constitucionales.
II. La pretensión recursiva fiscal resulta formalmente admisible en los términos de los art. 448, 450 y cctes. del CPP, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos relativos al tiempo y a la forma de su interposición, lo que así se deberá declarar en la presente.
Ello pues la singularidad de la resolución recurrida, no empaña el alcance que emerge de la segunda vía que la ley habilita para impugnar (con ciertas limitaciones, las del art. 450 del Código Procesal Penal). Así el Fiscal se encuentra legitimado en función de lo dispuesto por el artículo 450, la cual habilita la impugnación del aquí recurrente en los términos de los artículos 448 y 449 del Código Procesal Penal.
Sentado ello, y no habiéndose puesto en evidencia que la cláusula del art. 452 del ritual resulte discordante con las garantías invocadas en el recurso, cabe añadir que el mismo satisface los requisitos regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y concordantes del CPP y en atención a los derechos en juego que trascienden a las partes, derechos que se encuentran consagrados por la constitución y los tratados internacionales, corresponde declarar la admisibilidad del recurso planteado, por lo que a esta primera cuestión voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. La parte recurrente cuestiona la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata, del 7 de septiembre de 2023 que declaró, por mayoría, la inconstitucionalidad del artículo 371 quater, inciso segundo, penúltimo párrafo in fine del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene que los jueces no han efectuado una interpretación armónica de las cuestiones en pugna y que se vulneró un instituto que está por fuera de la complementariedad constitucionalmente exigida con relación a las normas de derechos humanos interamericanas, al decir que en estos aspectos rige la supremacía de la Constitución y no la interpretación complementaria acerca de derechos individuales que anulen el funcionamiento de órganos constitucionales del Estado.
Indica que tampoco se vislumbra en el particular, que el instituto del Jurado Estancado vulnere la garantía que prohíbe la persecución penal múltiple ni alguna otra que asista al imputado. Reitera que respecto de Pérez no hubo reiteración sancionadora (nunca fue condenado por estos hechos) ni tampoco se lo sometió a un nuevo procedimiento punitivo por esa misma conducta (se lo sometió a uno solo que aún no ha culminado).
En ese orden se queja de que la Alzada al momento de resolver no reparó en la finalidad tuitiva del jurado estancado la cual funciona como una suerte de baluarte contra toda condena apresurada.
Tampoco advierte afectación del debido proceso (por el contrario, la decisión jurisdiccional por la que se convocó a un nuevo jurado, se ajusta con precisión a la manda legal), ni a la garantía de inocencia (de modo alguno el trato procesal dispensado lo coloca en una situación que desconozca ese estado), ni a la igualdad de armas (no se trata una nueva oportunidad para lograr una condena, toda vez que la primera oportunidad, no se agotó), ni la garantía del juez natural (la constitución de un nuevo jurado, más allá de su renovada integración, no muta su naturaleza: sigue representando la participación ciudadana en la administración de justicia, que ha sido creada por ley anterior al hecho bajo juzgamiento y con competencia plena en la materia).
Puntualiza el recurrente que la Cámara al resolver, inobservó el carácter restrictivo que debe primar en la evaluación del ajuste de una norma a los postulados convencionales y constitucionales al extender indebidamente los alcances de ciertas garantías que erróneamente entendió conculcadas.
Por último entiende que el momento procesal oportuno para solicitar la inconstitucionalidad del procedimiento resultó ser el momento de optar por el juzgamiento por un jurado popular, por lo que el planteo de inconstitucionalidad deducido al momento de recurrir la decisión del Tribunal actuante de convocar un nuevo jurado, resulta claramente extemporáneo y así debió declararse pues considera que es una cuestión de oportunidad, lo que no fue debidamente evaluado por la Cámara.
Concluye que el decisorio puesto en crisis se sustenta en una incorrecta interpretación del contenido y alcance de diversas garantías constitucionales, e importa un cercenamiento de facultades privativas atribuidas al Ministerio Público Fiscal y desconocimiento de un instituto constitucional que forma parte del estatuto de poder diseñado por la carta magna.
II. El recurso prospera.
A los fines explicativos corresponde reseñar que estos actuados llegan a conocimiento de este Tribunal, en el marco del debate por jurados que tuvo lugar en la causa nro. 5338 del registro de este Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, caratulada: “Pérez Nicolás Sebastián s/ homicidio en ocasión de robo agravado por la intervención de un menor de edad”, luego de que el presidente del jurado lo declaró estancado y que el Juez técnico, de conformidad a lo establecido en el art. 371 quater inc. 2° del CPP, dispusiera que el jurado quedaba disuelto.
Posteriormente, ya finalizado ese procedimiento, la defensa de Pérez articuló un planteo de inconstitucionalidad de la norma procesal mencionada, en función de la manera en la que finalizó el juicio oral llevado a cabo el 2 de marzo de 2022, el cual fue rechazado por el Dr. Simaz en su calidad de Juez unipersonal del Tribunal interviniente.
Recurrida en apelación esa decisión, la Alzada departamental declaró, por mayoría de opiniones, la inconstitucionalidad del art. 371 quater, apartado segundo del CPP, penúltimo párrafo in fine del CPP, en cuanto dispone la realización " de un nuevo " juicio por jurados y, por unanimidad, dispuso devolver los autos a la instancia de origen a fin de que el magistrado interviniente resuelva lo que estime corresponder.
Ante el recurso de casación interpuesto por el acusador corresponde entonces revisar los fundamentos de la Cámara para fundar tal extrema decisión.
En esa tarea me apresuro a señalar que existió en el fallo de la Cámara un único fundamento que concitó la mayoría constitucionalmente exigida para “que exista sentencia” (art. 168 de la Constitución Provincial); y ese fue el relativo a que la norma procesal en cuestión violentaría el principio denominado “ ne bis in idem ”.
En efecto, el juez del primer término en la votación rechazó el planteo defensista considerando que la norma procesal en cuestión no vulneraba el principio de inocencia, ni el de "in dubio pro reo" y que además el planteo también quedaba inhabilitado por aplicación de la teoría de los actos propios al haberse sometido voluntariamente el imputado y la defensa al juzgamiento por jurados.
Por su parte, el magistrado que votó en segundo lugar, doctor Marcelo Madina, se ocupó de argumentar por qué no era de aplicación al caso la denominada “teoría de los actos propios”, y seguidamente argumentó que la norma procesal en cuestión vulneraba el principio “ ne bis in idem ” al prever la posibilidad de realizarse un nuevo juicio con otro jurado. Expuso que “ …la figura del jurado estancado y la realización de un nuevo juicio oral vulnera la prohibición de la múltiple persecución penal… ”. Para explicar lo que llamó “ el alcance amplio” de la garantía del " ne bis in idem" transcribió un voto de su autoría en una causa anterior de trámite ante jueces técnicos en un caso de reenvío.
Finalmente, el tercer votante, doctor Pablo Martín Poggetto, comenzó expresando su adhesión simple a la postura de su antecesor en la votación en cuanto a la vulneración del “ ne bis in ídem ”, aunque de modo casi secundario, pues inmediatamente consideró que “ …con anterioridad a la instancia procesal de la afectación de dicha garantía, ya se han afectan (sic) otras de igual jerarquía que por sí conllevan a la declaración de inconstitucionalidad planteada… ”, y el resto del desarrollo de su voto se ocupó de estas otras supuestas infracciones constitucionales o convencionales, sobre las que nada había expuesto el segundo votante al que prestó adhesión, por lo que evidentemente no cabe más que asumir que respecto de la violación al principio de inocencia, al in dubio pro reo, al debido proceso y al plazo razonable, no se reunió la mayoría de opiniones constitucionalmente exigida, lo que me exime de dar tratamiento a tales tópicos en tanto, en definitiva, no constituyen más que la opinión de uno de los jueces pero no fundamentos del fallo en términos constitucionales.
En las condiciones expuestas, sólo cabe analizar si, como sostuvo la mayoría, el art. 371 quater, inciso segundo, penúltimo párrafo in fine, del CPP, vulnera la Constitución Nacional por vía de la violación a la prohibición de “ ne bis in idem ”.
Corresponde formular algunas observaciones para arrojar claridad sobre la cuestión debatida para lo cual se debe señalar que, ante la decisión del imputado de no renunciar al juzgamiento por un tribunal de jurados, conforme la ley 14.543, la norma adjetiva regula en su art. 371 quater inc. 2 la figura de “jurado estancado ”. Reza la norma cuestionada: “ Jurado estancado. Cuando no se obtuviere el número de votos requeridos respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres (3) veces. De mantenerse la situación, el veredicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y el presidente hará saber tal circunstancia al secretario. El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el jurado se declaró estancado, y le preguntará al fiscal si habrá de continuar con el ejercicio de la acusación. En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido constituido en particular damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334. En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se procederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio con otro jurado. Si el nuevo jurado también se declarase estancado, el veredicto será de no culpabilidad. ”
Para comenzar con el análisis, he de reiterar la postura que vengo sosteniendo a través de sucesivos pronunciamientos al señalar que la declaración de inconstitucionalidad obliga terminantemente a estipular el objeto materia de interpretación al solo efecto de evitar intromisiones en tareas propias de otros poderes. En consecuencia, la única posibilidad para declarar una inconstitucionalidad es comprobando el enfrentamiento entre normas de diferente rango y que dicho enfrentamiento resulte claro, concluyente y demostrable, de modo que puede considerarse autorizada tal empinada actividad jurisdiccional.
El magistrado que concitó la mayoría en la resolución impugnada, argumentó sobre la violación del principio de “ ne bis in idem ” aduciendo que, ante el supuesto en estudio, no cabía duda de que se volvía a perseguir al imputado por una circunstancia que le es totalmente ajena, y que ni siquiera obedecía a un defecto que impedía el dictado de la sentencia final, sino que se debía a una disposición legal que determina las mayorías necesarias para arribar a un fallo de condena o absolución. Prosiguió su análisis, con apoyo de cita doctrinaria, para sostener que la decisión de disolver el jurado y convocar un nuevo juicio a instancias del Fiscal ha sido en claro perjuicio del imputado quien se vería sometido a un nuevo juicio oral, a múltiples gastos y “prejuicios” , sin haber provocado dicha reedición.
Ahora bien, la declaración de inconstitucionalidad sólo se evidencia como de razón última (o si se quiere de razón primera) pues es un acto de suma gravedad institucional dado que las leyes dictadas a través de los mecanismos previstos por la ley fundamental gozan de una presunción de legitimidad que rige plenamente, salvo –reitero- manifiesta, clara e indudable confrontación con una disposición constitucional, la que no puede sustentarse –como ha ocurrido en el caso- echando mano a principios y proclamaciones, sino que se impone analizar el texto supremo que se reputa violado en su contraposición con la situación fáctica concreta de la causa, que –no está demás reiterar- debe ser particularísima y excepcional, no bastando invocar la simple oposición a una institución para sustraer a los justiciables del alcance de la ley en una situación no contemplada por ella misma como de excepción a sus preceptos generales.
La tacha de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad, que involucra una cuestión tan delicada como es el equilibrio que debe existir entre los poderes de la República (sin intromisiones indebidas de uno de ellos sobre los otros), que en este caso puntual también atañe al sistema federal de gobierno toda vez que en la coyuntura se encuentra en disputa la validez de una norma provincial dictada en el marco de una facultad no delegada, como resulta ser el dictado de normas instrumentales (Art. 121 de la CN). Todo ello refuerza la idea de que sólo quepa la declaración de inconstitucionalidad en caso de presentarse una situación excepcionalísima y de estricta necesidad. Sabido es que las leyes gozan de una presunción de validez que, si bien admite prueba en contrario, únicamente puede ceder ante una prueba clara y precisa –que no admita disputa- de su incompatibilidad con la Carta Magna.
Entiendo que en el caso la motivación expuesta en la sentencia no resulta suficiente para adoptar la decisión que se plasmó en cuanto al instituto de jurado estancado . No se ha identificado, con la precisión esperable, la normativa constitucional que se reputa violada pues, más allá de las genéricas citas al principio de “ ne bis in idem ”, se citaron los arts. 33 y 18 de la CN, 8.4 de la CADH y 14 n° 7 del PIDCyP., pero no fueron objeto de un análisis concienzudo acerca de cómo y porqué el contenido y alcance de tales postulados normativos se encontraría palmariamente vulnerado en el caso concreto.
En efecto, conforme lo previsto en la primera de las normas convencionales citadas “ El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos” (art. 8.4 CADH), mientras que la segunda prevé que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país ” (art. 14.7 PIDCyP).
De la lectura de la referida normativa convencional se deduce sin necesidad de mayor esfuerzo que la garantía en cuestión protege a la persona, que fue absuelta o condenada por sentencia firme, de ser sometida a una nueva investigación y eventual juicio y condena por los mismos hechos.
De ningún modo resulta evidente entonces que tales previsiones convencionales puedan considerarse vulneradas en el caso que nos ocupa, en el que no se ha arribado a un veredicto y eventual sentencia, toda vez que el jurado popular no logró la mayoría necesaria a tal efecto, por lo que se declaró estancado en los términos que lo prevé l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.