Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 86025
“Registrado bajo el Nro.399 Año 2018”
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 17 de Mayo de dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo R. Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal) bajo la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa nro. 86.025, caratulada “ S., J. N. S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL ”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 15 de marzo de 2017, el Sr. Juez Doctor Néstor Salas, como integrante unipersonal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata absolvió a J.N.S. de la aplicación de la sanción penal solicitada por el Agente Fiscal, en relación al delito de homicidio simple (art. 79 del CP.), conforme sentencia del 22 de septiembre de 2016 dictada por el mencionado Juez.
Contra dicho pronunciamiento, el Agente Fiscal Adjunto de Cámaras, Dr. Marcos Pagella, y el Agente Fiscal de Responsabilidad Juvenil, Dr. Marcelo Yanez Urrutia, ambos del Departamento Judicial Mar del Plata, interpusieron el recurso de casación que figura a fojas 94/100.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 15 de febrero de 2018 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Tras una lectura de la resolución impugnada y del recurso en tratamiento, entiendo que el Tribunal de Casación es el Órgano jurisdiccional encargado de resolver este tipo de cuestiones.
A mayor abundamiento, recientemente y mediante la resolución número P-129540-CC del 27-09-2017 (entre otras similares de igual fecha), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió la cuestión que generaba el juego de los artículos 26, 27 y 61 de la ley 13634 -que regula el fuero penal del niño- con su nueva redacción (según ley 14765). Resolvió que el criterio determinante para saber a qué organismo corresponde revisar las sentencias, o equiparables, recaídas en el ámbito del Fuero Penal Juvenil, está fijado en razón de la materia correccional o criminal del fallo del delito en trato, independientemente de cuál sea el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución.
El Tribunal de Casación, entonces, entenderá en la revisión de sentencias definitivas, o equiparables, en materia criminal, ya sea que la dicte el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil o el Juzgado de Garantías del Joven, mientras que las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal de todo departamento judicial tendrán competencia para revisar los mismos fallos en materia correccional -de conformidad con el art. 26 y 450 del C.P.P-.
En el caso particular, J.N.S. fue absuelto de la aplicación de la sanción penal solicitada por el Agente Fiscal, en relación al delito de homicidio simple (art. 79 del CP.), conforme sentencia del 22 de septiembre de 2016 dictada por el Juez Doctor Néstor Salas, como integrante unipersonal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata.
A partir de lo expuesto y en concordancia con lo dispuesto en los arts. 22, 24 y 26 del CPP, queda claro que, en el caso, se trata de materia criminal, lo que justifica la competencia revisora de esta sede.
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (arts. 75 inc. 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP).
En función de lo expuesto, el recurso es admisible (arts. 18 CN; 20 inc. 1, 401, 421, 450, 451 y 452 inc. 1º del C.P.P.; arts. 61 y 62, ley 13.634).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Expresan los impugnantes que la resolución cuestionada resulta arbitraria al contener fundamentos que no son aplicables al caso en cuestión pues no se han cumplido los objetivos del proceso penal juvenil. Entienden que es contraria a lo normado en el art. 3 de la CDN, el art. 4 de la ley 22.278 y del art. 4 inc. c) de la ley 13.298. Consideran que se encuentran dadas las condiciones objetivas, lógicas y razonables para aplicarle al joven S. la pena mínima oportunamente pactada en el acuerdo de juicio abreviado. Manifiestan que el mencionado S. no logró internalizar el hecho por el que fue declarado responsable. Adunan que debe atenderse siempre al interés superior del niño, evitando colocarlo en situaciones que arriesguen su integridad y desarrollo. Explican que no se concibe que no se le aplique pena a un joven que ha cometido un hecho de extrema gravedad, justificado ello únicamente en el resultado del tratamiento tutelar. Agregan que el joven debe dar una respuesta concreta a la sociedad haciéndose responsable de su conducta delictiva, especialmente cuando esta implicó un delito contra la vida. Advierten que en autos se han abandonado los criterios de responsabilidad por sus actos y proporcionalidad que, junto a la prevención general positiva, también integran los fundamentos de la sanción en la teoría de la pena. Asimismo, dicen que al configurar el art. 4 de la ley 22.278 un “derecho” de los jóvenes” o un “perdón judicial”, este no puedo aplicarse aquí frente la gravedad del hecho, por no respetarse el principio de proporcionalidad y porque el tratamiento aun está en proceso. Afirman que el joven S. no sabía qué hacer con su vida al momento del hecho, mientras que a raíz del proceso penal ha comenzado a asumir una función constructiva en la sociedad, por ello debe continuar el tratamiento de reinserción positiva. Alegan que en el auto absolutorio, el Juez actuante consideró que S. fue provocado, contrariando lo expuesto en la sentencia condenatoria en la que sostuvo que la confesión del imputado fue mendaz por pretender justificar su accionar con la conducta de la víctima. Citan doctrina. Solicitan se case la resolución impugnada, imponiendo a J. N. S. la pena de cuatro años de prisión conforme lo pactado en el acuerdo de juicio abreviado.
Por otro lado, el Defensor de Casación, Dr. Mario Luis Coriolano, propicia la desestimación del recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que no debió haber sido concedido ya que no se encuentra prevista legalmente la posibilidad de recurso para dicho Ministerio contra la sentencia absolutoria en el proceso penal juvenil (arts. 56 y 61 de la ley 13.634) y, subsidiariamente, postula el rechazo del remedio incoado, de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 108/110vta. Hace reserva del caso federal.
La extensión que, por vía de una interpretación compatible con las exigencias de los Pactos sobre Derechos Humanos, se acordó al recurso de casación (por todos, cfr. CSJN in re “Casal”) obviamente no opera cuando es el Ministerio Público el que impugna un pronunciamiento final. Ello así en la medida en que el recurso es para el imputado una garantía de raigambre constitucional que ha sido reconocida por diversos Tratado de Derechos Humanos, mientras que el recurso fiscal se erige en una simple prerrogativa que concede la ley ritual al mismísimo Estado (cfr. CSJN, Fallos: 320:2145). Entonces, en casos en los que el acusador ejerza dicha potestad legal –salvo cuando recurra en favor del imputado–, no corresponde apartarse de los motivos enunciados por el art. 448, inc. 1º, del CPP, justamente porque es la ley la que lo ordena (“El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos...”; art. cit.); de tal manera, cabe afirmar que las cuestiones de hecho y prueba quedarían –en este tipo de supuestos- fuera del ámbito de esta Sede, salvo absurdo o arbitrariedad.
Desde esta perspectiva, el recurso no puede prosperar.
Ingresando al análisis del motivo de agravio, referido esencialmente a la necesidad de aplicar una sanción penal privativa de libertad, considero pertinente resaltar que la presente versa sobre un delito cometido por quien en aquel momento era una persona menor de edad.
En relación a ello, reitero que teniendo en cuenta el principio de igualdad, la protección especial que requieren los niños y el fin resocializador de la pena, es que la Convención sobre los Derechos del Niño establece en sus artículos 37 y 40 que los niños en conflicto con la ley tienen derecho a recibir un trato que fomente su sentido de la dignidad y de su valor, que tenga en cuenta su edad y que aspire a su reintegración en la sociedad. A la vez que establece que el ingreso de jóvenes en conflicto con la ley a un centro de reclusión -o cualquier otra institución cerrada-, debe ser una medida de último recurso, que ha de evitarse siempre que sea posible y, de no ser posible, que ha de establecerse durante el período más breve que proceda (Comité sobre Derechos del Niño, OG 10, 2007 “ Los derechos del niño en la justicia de menores, ” CRC/C/GC/10).
Tal es la protección que otorga la Convención a los menores en conflicto con la ley y en contextos de encierro que su Comité establece, lógicamente, la separación de los niños y los adultos, pero a la vez estipula que el hecho de alcanzar la mayoría de edad, es decir cumplir los 18 años de edad, no significa que automáticamente el joven deba ser trasladado a una institución para adultos. Por el contrario, el Comité establece que la persona “debería poder permanecer en el centro de menores si ello coincide con el interés superior del niño y no atenta con el interés superior de los niños menores de edad internados en el centro” (Conforme en tal sentido Comité sobre Derechos del Niño, OG 10, 2007 “ Los derechos del niño en la justicia de menores ,” CRC/C/GC/10, pág. 24 párr. 86).
Toda esta normativa encuentra su fundamentación en los posibles efectos nocivos que pueda tener la privación de libertad –especialmente en los niños, niñas y adolescentes-, por lo que ampara la regla de la libertad y de la privación como su excepción.
Y en similar sentido a lo expuesto previamente, se plasma el contenido de la Ley 22.278 y la jurisprudencia de la Corte Suprema, liderada por el caso Maldonado.
De dicha normativa se infiere que, en primer término, corresponde al Tribunal ponderar la necesidad de la pena previo análisis de las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez, conforme lo establecido en el art. 4 en relación al art. 2 de la ley 22.278.
Tal como surge de la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, la citada ley otorga al juez la facultad y el deber de ponderar la necesidad de aplicar una pena privativa de libertad y los posibles efectos nocivos que esta tendrá sobre el menor, que se relacionan esencialmente con los fines de su resocialización, es decir, a “la importancia de promover la reintegración social del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad” y no a la gravedad del hecho o a la peligrosidad del sujeto (cfr. CSJN, Recurso de Hecho, causa nº 1174 “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado”).
Ello responde también al contenido de la normativa internacional con jerarquía constitucional encabezada por la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que se infiere que el derecho penal de menores está fundamentalmente orientado a las consecuencias de la aplicación de una pena, especialmente, en lo que respecta a las posibles consecuencias negativas de esta.
Y entiendo que lo expresado anteriormente fue considerado por el A Quo al concluir que de acuerdo a las constancias de la causa con respecto al hecho y la ausencia de antecedentes penales, el resultado positivo del año de tratamiento tutelar y a la impresión recogida personalmente en la audiencia de cesura, la aplicación de pena carecería de sentido y sólo tendría carácter retributivo, contrariando el objetivo del fuero especial que tiene como finalidad la rehabilitación y reinserción del joven (fs. 81).
Ahora bien, con respecto al análisis de la modalidad del hecho, no asiste razón a los recurrentes cuando afirman que el A Quo ha incurrido en una autocontradicción en relación a los fundamentos esgrimidos en la sentencia de condena y aquella de cesura. En la primera, mencionó el Juez actuante que las contradicciones existentes entre las versiones del imputado, su grupo de pertenencia y la víctima, no eran relevantes, como así también aludió a la discusión y existencia de armas blancas en ambos bandos, y al consumo de droga por parte de la víctima (fs. 48/vta.). En igual sentido se expresó en el decisorio para determinar la necesidad de aplicar una pena, al afirmar que debe tenerse en cuenta el contexto del hecho, es decir, la provocación que hiciera la víctima y su consumo de drogas (fs. 78).
Con respecto al tratamiento tutelar, veamos que de las constancias de la causa surge que S. se encontró alojado en el Centro de Referencia hasta obtener una morigeración en el encierro mediante el arresto domiciliario, momento en el que su familia le dio el sostén y acompañamiento necesarios para su positiva evolución (fs. 78/vta.).
Asimismo, se destaca del informe efectuado por el Licenciado en Psicología, Víctor Muñoz Larreta, que el joven tiene una capacidad intelectiva inferior al término medio, no sabiendo leer ni escribir, a la vez que proviene de un entorno familiar con múltiples problemáticas, acrecentado por el hecho de vivir, al momento del hecho, en un barrio conflictivo caracterizado por situaciones delictivas y narcotráfico (fs. 8/9). Frente a ello, el hecho objeto de esta causa y la negativa del joven de volver a su barrio, su familia buscó un nuevo lugar de residencia, alejándolo así de los grupos sociales de riesgo (fs. 9 y 78vta.).
Dicha circunstancia también se plasmó en el primer dictamen efectuado por la Psicóloga Ingrid Lechner, cuando S. aun se encontraba alojado en el Centro de Referencia (fs. 15/16). Allí la especialista plasmó que el joven proviene de una familia de muy bajos recursos, siendo la madre el único sostén económico pero que, sin embargo y a raíz del hecho, buscó un lugar alternativo de residencia (fs. 16). Con respecto al joven, agregó que este, en el contexto del encierro, presentó indicadores de buena conducta tanto con sus pares como con los asistentes de minoridad (fs. 16). En informes posteriores efectuados por la misma psicóloga, se refleja la evolución positiva del joven a través de su asistencia a la Escuela Primaria, la participación en talleres de formación en carpintería, computación, dibujo y cerámica y la posibilidad de socializar aspectos de su historia y trama familiar (fs. 25/26 y 32/33).
Por su parte, la pericia efectuada por Dr. Beltrami también refirió a la presencia en el joven S. de un déficit cualitativo en la comprensión y en la resolución de consignas que implican un razonamiento más elaborado (fs. 80vta.). Sin embargo, también describió que N. J. tiene capacidad de autogestión, de resolver cuestiones prácticas, de trabajar y de aprender, destacando la existencia de una red social y familiar de sostén y estímulo para su correcta inserción social (fs. 80vta.).
Por otro lado, las constancias de la causa indican que J. N. S. se inscribió en Programa Envión Volver y, dentro de este, en Autonomía Joven, en donde realizó el Curso de Armado de Invernáculo y luego el Taller de Cerámica, vislumbrándose allí una posibilidad laboral frente al interés del joven en ese arte (fs. 35/36 y 79).
El interés de J. N. S. por esta última actividad surgió del testimonio dado por la Licenciada María Julia Constantino y la Licenciada Mariela Andrea Ramos. La primera manifestó en la audiencia de cesura que J. N. mostró capacidad y aptitud para el manejo de la cerámica por lo que se inclinó hacia el "emprededurismo" como posibilidad laboral (fs. 71). Por su parte, Mariela Andrea Ramos destacó que S. es el primer joven del partido de Gral. Pueyrredón en estar incluido en el Programa Autonomía Joven y que, debido a su interés, contactaron a la profesora del Centro Cerrado quien le dio clases y facilitó materiales a S. (fs. 71vta.).
Asimismo, ambas profesionales indicaron que el joven, al momento de la audiencia, se encontraba terminando sus estudios primarios, con perspectiva de hacer sus estudios secundarios, encaminándose así en el camino de la educación (fs. 71 y 72). Finalmente, destacaron, en similar sentido, que al inicio del tratamiento tutelar, al joven le costaba hablar de lo sucedido y estaba retraído, demostraba angustia por lo sucedido, no esperando un desenlace fatal, pero luego comenzó a cambiar al contar con un espacio propio para contar lo que le pasaba y al poder conectarse con cuestiones buenas y sanas de su vida y poder disfrutar (fs. 71/72). Finalmente, ambas afirmaron que la evolución al tratamiento era favorable, destacando la Licenciada Ramos que el pronóstico es favorable y que no necesita del proceso penal para cumplir con las actividades que le han organizado, siendo su familia es un gran acompañamiento (fs. 71vta./72vta.).
En cuanto a lo dicho por su madre, María de las Mercedes Miranda Peña, cabe destacar que fue coincidente por lo expresado por los especialistas citados. Esta destacó la introversión de su hijo a partir del hecho, y el cambio positivo que el Programa Envión tuvo en él, siendo que a partir de su inicio comenzó a hablar, reírse y comunicarse con su familia (fs. 80vta.).
Frente a todo lo expuesto, es posible afirmar, como lo hiciera el sentenciante, que el proceso individual de responsabilidad de J. N. S. ha arrojado el resultado esperado, habiéndose cumplido con el objetivo de desarrollar su sentido de compromiso, comprender el daño causado por su conducta y aceptar los desafíos del cambio.
Asimismo, contrario a lo afirmado por el Ministerio Público Fiscal, el joven encausado ha logrado internalizar lo sucedido, mostrando arrepentimiento, vergüenza y un cambio negativo en su conducta a raíz del hecho en cuestión, que fue revertido por las actividades efectuadas durante el tratamiento tutelar y el apoyo de su familia que, a pesar de sus escasos recursos, se mudó a otro barrio a fin de alejar a J. N. de los conflictos y el delito.
Por ello, de la simple lectura de la sentencia se evidencia que no existe ningún informe negativo para S., pues su conducta durante el encierro y la morigeración de este, demuestra que, claramente, no solo ha internalizado el cumplimiento de normas sociales, sino que ha encaminado su conducta hacia la educación, el trabajo y la familia.
En consecuencia, resulta pertinente rechazar la solicitud de imposición de pena efectuada por el Ministerio Público, fundada esencialmente en que el hecho se trató de un delito contra la vida y en la ausencia de internacionalización por parte de S. Lo cierto es que, a esta altura y como ya fuera expuesto, la necesidad de aplicar una pena se fundamenta esencialmente en la evolución que ha tenido el encausado en su tratamiento tutelar, de todo lo que se concluye, como expuesto, que aplicar la pena sería perjudicial para su rápida reinserción social, máxime cuando se ha acreditado que el joven ha cumplido con las normas de conducta, i
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