Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 110332
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver la causa Nº110.332 caratulada “R., M. s/ recurso de casación interpuesto por la particular damnificada”, conforme el siguiente orden de votación: VIOLINI – BORINSKY-CARRAL.
1. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó los puntos “II” y “III” del auto del Juzgado de Garantías N°8 del mismo Departamento Judicial, que había resuelto declarar la prescripción de la acción penal, en orden al delito de abuso sexual agravado (punto “I”), hacer efectivo el cumplimiento del proceso por la verdad (punto “II”) y garantizar el derecho a la verdad, habilitando la instancia jurisdiccional (punto “III”).
2. Contra dicho pronunciamiento, la particular damnificada interpuso recurso de casación.
En su presentación, dice agraviarse de la decisión que impugna, en tanto impide la realización del juicio para que la víctima "pueda acceder a la determinación de los hechos que denuncia y se prosigan los trámites procesales correspondientes a los efectos de averiguar la verdad", lo que configura un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior. Cita normativa y jurisprudencia relativa a los derechos de la víctima.
Puntualmente, peticiona que pueda realizarse un juicio por la verdad, tras el cual se podrá absolver al imputado o declararlo "penalmente responsable". Acude al interés superior del niño y a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de explicar que, lejos de pretender la creación pretoriana de un supuesto de imprescriptibilidad, su objetivo es propiciar soluciones más justas para las víctimas de abuso sexual a la infancia.
Sin discutir que el plazo previsto en el artículo 62 del Código Penal se encuentra vencido, entiende que la Cámara realizó una errónea interpretación de preceptos legales -especialmente los de carácter supranacional- y una revisión parcializada del auto de primera instancia.
Explica entonces que la Alzada hizo referencia al dictamen del Procurador en el precedente "Funes", de la Corte Suprema de Justicia, aclarando que el hecho de esta causa no resultaba análogo al analizado en el precedente de cita, tesitura que considera arbitraria, en tanto "reduce la fundamentación de la procedencia del juicio por la verdad en orden a los delitos de abuso sexual a la infancia, visto además, que el precedente en cuestión fue aplicado para los mismos fines que se persiguen en este expediente”.
Puntualiza que este argumento, redujo el derecho a la verdad que tienen las víctimas por delitos de abuso sexual a la mera experiencia cognoscitiva de las mismas, pues detalló que “… no puede sostenerse que exista menoscabo alguno al derecho de la víctima a conocer la verdad de lo sucedido, porque precisamente ella es quien la conoce…”. y especifica que el derecho a la verdad, como garantía, trasciende el conocimiento subjetivo de la propia víctima, pues se relaciona con el deber estatal de brindar una tutela judicial efectiva.
Denuncia que se valoró erróneamente la inexistencia de responsabilidad por parte del Estado en investigar los hechos y sancionar a los responsables, bajo el erróneo argumento de que en el caso “no se ha instado la acción en tiempo oportuno” si en definitiva, es el Estado quien debe asegurar el marco legal para que los derechos no se frustren.
Precisó que el enfoque realizado por la Cámara respecto de que la sentencia declarativa de culpabilidad (a modo de condena moral y/o social) no se encuentra comprendida en nuestra ley procesal resulta arbitrario, pues un proceso por la verdad consta de los mismos momentos procesales que los ordinarios, siendo el único impedimento el de aplicar una pena.
Finalmente, enfatizó que la resolución recurrida adolece de una adecuada y necesaria perspectiva de género, lo que conllevaría el incumplimiento por parte del Estado en investigar con debida diligencia la violencia contra las mujeres.
Posteriormente se presenta ante el Tribunal el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la figura de “amicus curiae”.
En su escrito manifiesta que el interés público de esta causa radica en la inobservancia de pactos internacionales y su consecuente responsabilidad que esta circunstancia podría acarrear al Estado ya que lo debatido resulta de interés para la comunidad y su incidencia radica en la resolución que puedan tener casos similares.
Sostiene que la víctima tiene el derecho a conocer la verdad histórica de los reiterados hechos de abuso sexual, pues ello tiene un efecto reparador para ella, ya que la condición de niño/a abusado/a necesita el reconocimiento del Estado, constituyendo, el juicio por la verdad, una forma de reparación para la misma.
Especifica que "dictaminar la extinción de la acción penal para los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, cancelaría el derecho de la víctima a que su verdad sea discutida públicamente, transformando así la violencia particular en violencia institucional".
Al igual que su colega, cita normativa internacional y explica que si bien el delito se encuentra prescripto, por lo que no se puede aplicar pena, nada impide que se lleve a cabo un juicio por la verdad, que serviría como acto reparatorio para la víctima.
Concluye en que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes configura una grave violación a los derechos humanos, por lo que el Estado Argentino debe investigar el caso para que la víctima obtenga tutela judicial efectiva, ya que una interpretación contraria podría generar responsabilidad ante los organismos internacionales.
3. Radicado con noticia a las partes, la Fiscal estimó correctos los argumentos de la particular damnificada, solicitando se haga lugar al recurso interpuesto, y con ello, la Sala se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
Si bien el recurso de casación es inadmisible y debe rechazarse cuando la resolución atacada no se encuentra comprendida en el elenco del artículo 450 del Código Procesal Penal, corresponde hacer excepción cuando media cuestión federal, como en el presente caso, que habilita la apertura de la instancia casatoria, pues como se denuncia, la decisión en crisis no es un acto jurisdiccional válido, toda vez que la misma resulta arbitraria y violatoria de garantías de rango superior, al haberse parcializado la motivación y omitir la respuesta a cuestiones esenciales planteadas por la parte.
I.-
Al momento de su primera resolución, el Magistrado de Garantías relevó el contenido de la denuncia y la prueba testimonial recabada, como asimismo, constató que el hecho imputado había ocurrido unos veinticinco años atrás.
Sopesó entonces la aparente prevalencia del derecho interno por sobre los tratados internacionales, y analizó las modificaciones legislativas en materia de prescripción respecto de los delitos sexuales (ley 27206).
Señaló que aunque evidentemente tales reformas (que favorecieron la posición de las víctimas) no resultan aplicables al caso de autos, sí inciden en la decisión la Convención de los Derechos del Niño (en relación con su interés superior) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en punto a la tutela judicial efectiva), que ya ostentaban jerarquía constitucional al momento de comisión de los hechos aquí denunciados, con lo que en rigor, el tema se reduce a una cuestión de "estricta justicia".
A su entender, el derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en la posibilidad de ejercer la acción penal y concretar la imposición de pena, sino que debe armonizarse con otros principios, especialmente respecto de los sujetos especialmente vulnerables, y por ello, la extinción de la acción penal no cancela, per se, el derecho de la víctima a que su verdad sea discutida públicamente.
Considera especialmente que el conocimiento de la verdad histórica posee un efecto reparador para la víctima, y que el proceso que lo favorece tendrá las mismas etapas que el proceso ordinario, incluida la instancia de debate, con la particularidad de que ante un eventual veredicto de culpabilidad, no se podrá aplicar pena.
De la documentación acompañada al recurso surge que apelada oportunamente esta decisión, la Alzada revocó lo decidido y devolvió jurisdicción, por lo que el Juez de Garantías se pronunció en una segunda oportunidad, manteniendo su decisión originaria. Apelada esta resolución, y en lo que aquí interesa, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, como se dijo, sólo confirmó la declaración de extinción de la acción penal por prescripción, revocando el resto de los puntos del pronunciamiento.
Para así decidir, recordó que los denominados "juicios por la verdad histórica" constituyeron procedimientos sin efectos penales que se desarrollaron ante la imposibilidad de perseguir efectivamente a los responsables por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En este punto, el "a quo" citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al deber de investigar mientras se mantenga la incertidumbre "sobre la suerte final de la persona desaparecida" y en su caso, donde se encuentran sus restos.
Señaló entonces que los hechos de la presente causa distan de los analizados en el precedente "Funes", citado a efectos de fundamentar la decisión, en tanto en dicho precedente un funcionario policial, tras haber embestido a un menor (que a raíz del hecho falleció) con la patrulla en la que se desplazaba, había borrado todo rastro del delito y enterrado el cuerpo, que sólo fue hallado diecisiete años después, por lo que se entendió que correspondía investigar la verdad de los hechos, pues no podía descartarse la posibilidad de que surgieran "nuevas imputaciones aún relevantes penalmente" hacia el imputado o terceros.
Por el contrario, puntualizó que en el presente caso no son los familiares quienes demandan saber qué ocurrió con la víctima, sino que es la propia víctima quien lo requiere, siendo que evidentemente ésta conoce todos los extremos que eventualmente deberían ventilarse en ese "juicio por la verdad"; o lo que es lo mismo, el "a quo" entendió que en este caso el autor resultaría ser un particular (no de agentes estatales), no se ha denunciado la participación de terceros que deban individualizarse y no se trata de una investigación judicial deficiente o negligente, porque en definitiva, lo que ocurrió fue que la denuncia no se interpuso en tiempo oportuno.
Finalizó el juzgador explicando que la mera sentencia declarativa de culpabilidad a modo de condena moral y/o social no se encuentra prevista en la ley vigente.
II.-
Como puede observarse de la lectura del punto anterior, la impugnante había llevado ante la Alzada un planteo específico por el que, reconociendo extinguida la acción penal, peticionaba la posibilidad de llevar de todos modos la causa a juicio.
Tal planteo fue resuelto en forma negativa por el “a quo” mediante la afirmación de que dicha posibilidad no se encuentra prevista legalmente, pero soslayando que en caso se encontraban –y se encuentran- en pugna dos bloques de derechos de raigambre constitucional, pertenecientes a las partes en conflicto: por un lado el relativo a la irretroactividad de la ley penal (y sus correlacionados principios de legalidad y garantía de plazo razonable), y por el otro el derecho de la víctima de acceso a la justicia y reparación del daño.
Es evidente también que en esta disyuntiva ambos grupos de derechos no pueden ser satisfechos simultáneamente (al menos no en forma total), y que la solución del conflicto implica necesariamente dar preeminencia a uno sobre otro.
Así las cosas, la solución más evidente (y que he venido sosteniendo en los casos en que las partes discutían pura y exclusivamente si la acción penal se encontraba o no prescripta), parecería llevar al rechazo de la acción intentada, dando preeminencia a las garantías del imputado en virtud de la prohibición constitucional de la aplicación retroactiva de la ley cuando le resulta más perjudicial.
Empero, el acotado ámbito en el que se desenvuelve esta sentencia, esto es, el relativo a los abusos sexuales perpetrados pura y exclusivamente contra menores de edad en el período anterior a la sanción de las leyes 26705 y 27206, plantea un delicado dilema de equidad, toda vez que de todos modos, a la fecha de comisión del hecho se encontraba vigente la Convención de los Derechos del Niño.
En este punto, observo que la ausencia de reglamentación de dicha normativa de rango constitucional no depende ni es responsabilidad del imputado o la víctima, sino del Estado, por lo que tal ausencia no puede resolverse en contra de los intereses de las partes; dicha conclusión lleva, nuevamente, al mismo dilema, esto es, al antagonismo entre los derechos que amparan al imputado y los que amparan -en este caso- a las víctimas especialmente vulnerables, como lo son los menores de edad.
Máxime cuando, como en el presente caso, el presunto abuso sexual se denuncia cometido en el ámbito intrafamiliar, lo que supone un enorme obstáculo para que los representantes legales de la víctima menor de edad (que aunque parezca obvio, debe subrayarse, son familiares del presunto agresor y de la víctima, lo que supone un importante conflicto ético) decidan velar por su interés superior e impulsar la acción penal, a la par que tal circunstancia dificulta que el Estado pueda anoticiarse del hecho e impulsar la acción de oficio.
Es cierto también que los fallos invocados tanto en el auto de primera instancia como por la impugnante en su presentación guardan diferencias fácticas importantes con los hechos de la presente causa, pero ello no obsta a la configuración del dilema ético y jurídico antes reseñado.
Lo subrayo, porque el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño obliga al Estado a garantizar todos los derechos que enumera (entre ellos, la protección contra el abuso sexual -artículo 34-) con independencia, entre otras cosas, de "cualquier condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales", y aunque parezca una obviedad, no está demás subrayar que la obligación de “garantizar” un derecho supone, en esencia, garantizar su ejercicio efectivo, pues de no ser así, los derechos consagrados por el ordenamiento jurídico se convertirían en una mera declaración de buena voluntad, carente de todo efecto práctico (y útil).
Como dije, en el presente caso, en el que el delito se dice cometido dentro del ámbito intrafamiliar y por parte de un pariente muy próximo, las posibilidades de la damnificada de denunciar lo sucedido se encontraban fuertemente limitadas: de hecho, sólo pudo hablar con su madre (cuñada del agresor) tras años de terapia psicológica, y luego de la muerte de la esposa del denunciado (a la sazón, tía de la niña), lo que denota, en el mejor de los casos, el desconocimiento del núcleo familiar de lo que estaba ocurriendo.
Empero, si ello es así, el cuadro de situación es sumamente delicado: un niña de menos de diez años de edad, que resulta presuntamente abusada dentro del seno familiar, en un contexto en el que nadie percibió dichas acciones, por lo que lógicamente, nadie pudo acudir en su auxilio o en su defensa, y lógicamente también, no era esperable que la niña pudiera defenderse o accionar por sí sola (de hecho, ni siquiera le era posible escapar de la agresión).
En definitiva, en mi opinión, situaciones como la descripta suponen la existencia de una víctima especialmente vulnerable que se encontraba en una absoluta imposibilidad de defenderse o de ser defendida por terceros, y con ello, evidentemente, tampoco pudo ejercer a tiempo ninguno de los derechos que la ley le otorga (ni podía ejercerlos personalmente), y este es el dilema que en esencia se presenta, pues como sostiene la Alzada , la solución que se peticiona no está expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que tampoco se encuentra expresamente prohibida .
De hecho, la normativa supranacional parecería indicar precisamente lo contrario, permitiendo soluciones como la adoptada en primera instancia.
En efecto, las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad” establecen que se consideran personas en dicha situación aquellas que: "por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico" (capítulo 1, sección 2º); en la misma sección, punto 5, se especifica que: "Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización (…) Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales (...)".
En esta situación, considero que resolver el conflicto traído a conocimiento de la Sala acudiendo simplemente a la normativa del Código Penal implica aceptar que la acción se prescribió y paralelamente, que la víctima nunca tuvo la posibilidad de acceder a la justicia; ello sólo con base en una mera cuestión legal, pues no median aquí supuestos de inoperancia del Estado en la investigación, aunque sí es responsabilidad del Estado que la Convención no haya sido reglamentada en tiempo oportuno, pues ello privó a las potenciales víctimas (hasta el año 2015, con la sanción de la ley 27206), de acceder a la justicia (tal como por lo demás, lo reconoce la propia exposición de motivos de la ley mencionada), por lo que vale recordar aquí siendo la normativa antes citada, en esencia, tratados internacionales con rango constitucional, la parte, es decir, el Estado, no puede " invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado" (Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados", artículo 27).
En consecuencia, y dado que no es la primera vez que el Poder Judicial debe enfrentarse a una situación no contemplada (pero tampoco prohibida) por la ley (piénsese por ejemplo, en la creación del instituto del amparo), el conflicto debe resolverse en la forma más equitativa posible.
Puntualmente, y en relación con el instituto del amparo, recuerdo que al resolver la causa “Siri”, Ángel (el 27 de diciembre de 1957), la Corte Suprema de Justicia de la Nación explicó que cuando una garantía constitucional ha sido desatendida, es función de los jueces restablecerla, “ sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias ”.
Una solución que armonice los derechos de ambas partes supone ratificar que no es posible derogar la prescripción o hacer caso omiso de la verificada en autos, y ello garantiza al imputado que no será penado porque la acción se encuentra extinguida; por otro lado, aunque no pueda perseguir la imposición de una pena, se debe garantizar a la víctima su acceso a la justicia a efectos de poder determinar la veracidad - o no- de su imputación, obteniendo de este modo una reparación moral y públi
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