Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 126363
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 126363 caratulada “POUSADA JUAN MANUEL Y MORENO AXEL ARIEL S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR PARTICULAR DAMNIFICADO”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 7 de junio de 2023, el juez doctor Emilio Alfredo Caputo Tartara, como integrante unipersonal del Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial La Plata, previo acordar en forma conjunta la fiscal, los imputados y sus defensores particulares el trámite de juicio abreviado, en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del C.P.P., condenó a Juan Manuel Pousadas y a Axel Ariel Moreno a la pena de catorce (14) años y seis (6) meses de prisión , accesorias legales y costas, para cada uno, como autores responsables de los delitos de homicidio en ocasión de robo en concurso real con robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en poblado y banda, cometidos el 24 de abril de 2017, en la localidad de Abasto, partido de La Plata, en perjuicio de José Luis Baez, Hilda Baez, Eudal Cano Valdéz, Juan Chiripane y Rueda Candelario (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 165, 166 inc. 2° segundo párrafo, 167 inc. 2° del Código Penal)
Contra dicho pronunciamiento, la particular damnificada Hilda Baez, con el patrocinio legal de la Dra. Silvia Fabiana Petroff, interpuso recurso de casación (presentación electrónica del 27/6/23).
La causa ingresó a la Sala con fecha 7 de agosto de 2023, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra una sentencia definitiva de juicio abreviado en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente.
Al haberse escogido el procedimiento regulado por los arts. 395 c.c. y s.s. del C.P.P., la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo, por existir par conditio entre éste y el Ad Quem, siendo que las actas sobre las cuales falló el primero y que constan instrumentalmente en el expediente son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por todo lo expuesto, el recurso resulta admisible (arts. 20 inc. 1, 401, 450, primer párrafo, 451, 452 inc. 2, 453 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del señor juez doctor Maidana, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA dijo:
La particular damnificada objeta la celebración del acuerdo de juicio abreviado y la decisión jurisdiccional que lo avaló. Destaca que en la audiencia de vista de la causa, manifestó su oposición al acuerdo en base a que la nueva calificación legal del art. 165 CP -que allí acordaron y que posibilitó la solución del caso por la vía abreviada- no se compadece con las pruebas de la causa ni tampoco el sentenciante justificó su convicción sincera al respecto.
Asimismo denuncia la inobservancia de la ley sustantiva y procesal (art. 448 CPP), por infracción a los arts. 40 y 41 del CP y a los arts. 106, 397, 335, 371, 398 inc. 1° del CPP en la descripción de la materialidad ilícita y la valoración probatoria que justificó la calificación legal como homicidio en ocasión de robo. Por último, alega la violacion al derecho a la jurisdicción (arts. 18 C.N.; 8.1 y 25 CADH; 14.1 PIDCP y ley 15.232).
El recurso es procedente.
En lo que interesa, según se desprende de la causa principal, los procesos contra Pousada y Moreno iniciaron en momentos distintos y se acumularon por conexión objetiva ya en la etapa de juicio en el Tribunal Criminal n° 4. Los requerimientos de elevación a juicio, de manera idéntica, calificaron los hechos como homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, “criminis causa” y por el empleo de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de arma, lesiones leves y resistencia a la autoridad, en los términos de los arts. 45, 55, 80 incs. 6 y 7, 166 inc. 2° párr. segundo y 167 inc. 2° CP (respecto de Pousada fs. 839/857 de la causa 5781 y de Moreno fs. 938/950 de la causa n° 6400). Los jueces de garantías dispusieron la elevación a juicio manteniendo la calificación legal (fs. 875/880 causa 5781 y fs. 974 causa 6400). El Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Plata citó a juicio a las partes, dispuso la acumulación por conexidad objetiva (fs. 945/946) y celebró audiencia preliminar del art. 338 CPP con miras a tramitar el juicio por jurados. Allí la fiscalía ofreció la prueba de que pretendía valerse (en fecha 28/3/22, fs. 992/995).
Las siguientes cuatro audiencias designadas para continuar el trámite preliminar al juicio fueron canceladas por diversos inconvenientes de las partes (de fechas 27/5/22, 4/7/22, 2/9/22 y 21/9/22). La próxima audiencia designada, en los términos del art. 338 CPP -que se realizó en modo virtual, conf. art. 105 última parte-, la Fiscal y los Defensores Particulares presentaron acuerdo de juicio abreviado. Allí la Fiscal propuso, en base a una nueva evaluación de la prueba, el cambio de calificación legal, desestimó la aplicación del art. 80 incs. 6 y 7 CP y postuló el homicidio en ocasión de robo del art. 165 CP. De ese modo, hizo posible la solución por la vía abreviada y la propuesta de pena en catorce (14) años y seis (6) meses de prisión para cada uno de los acusados (cuerpo VI, sin foliar, pero a partir de la tercera página).
La particular damnificada manifestó su oposición en la misma audiencia planteando la inadmisibilidad del trámite abreviado. Objetó la nueva calificación legal del art. 165 CP por no coincidir con la prueba reunida, sostuvo que los hechos se desencadenaron de una manera mucho más grave que los descriptos por el Ministerio Publico Fiscal quedando inmersos en los supuestos del art. 80 del CP. Reclamó por la ausencia de una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho que respalde la nueva postura de la Fiscalía (conf. arts. 397 en función del 335 CPP), por contradicción en torno a los antecedentes condenatorios de Pousada e infracción al principio de congruencia en la descripción de la materialidad ilícita en el acuerdo de juicio abreviado propuesto para el coimputado Moreno.
El Tribunal declaró admisible el trámite de juicio abreviado, recalificó los hechos en sintonía con la propuesta de las partes e impuso las penas requeridas. Las objeciones del particular damnificado no fueron tratadas.
Indicados los antecedentes, se observan tres déficits estructurales en la sentencia que descalifican su validez: a) el Juez del Tribunal avaló la nueva descripción de la materialidad ilícita, sin expresar su convicción sobre la prueba que la justificaría, en infracción a los arts. 106 y 210 CPP; b) al mismo tiempo ello ha significado una modificación de la plataforma fáctica que fue fijada en el requerimiento de elevación a juicio y en la decisión jurisdiccional de la etapa intermedia, sin que obre ninguna prueba ni hecho nuevo que respalde tal modificación y c) ha omitido responder las objeciones de la representante del Particular Damnificado.
a) La descripción de la materialidad ilícita del requerimiento de elevación a juicio respecto de Pousada, luego replicado para Moreno, delineó el hecho I (IPP 06-00-015701-17) del siguiente modo: “ el día 24 de abril del año 2017, siendo aproximadamente las 20:30 hs., cuanto menos seis sujetos masculinos, arribaron a la vivienda sita en las calles 513 y 200 de la localidad de Abasto, partido de La Plata propiedad de Hilda Báez y su familia, y previo intimidar con varias armas de fuego a sus moradores, los desapoderaron ilegítimamente, de dinero en efectivo, celulares y otros elementos propiedad de las víctimas. Que una vez consumado el desapoderamiento, para asegurar sus resultados y lograr la impunidad, uno de los sujetos le efectúa a José Luis Báez un disparo de arma de fuego, provocando su deceso. Asimismo le efectuaron un disparo en la pierna derecha a Eudal Cano Valdez, ocasionándole lesiones que fueran calificadas como de carácter leves, y agredieron a Juan Chiripane y a Rueda Candelario, golpeándolos, ocasionándoles heridas en la cabeza, debiendo ser trasladados a un Hospital de la zona, resultando a la postre estas lesiones de carácter leves. Seguidamente, los sujetos se dan a la fuga a bordo de una camioneta color gris, Renault Duster, en la cual habían arribado ” (fs. 839vta.).
El Juez de Garantías, en la oportunidad del art. 337 CPP, rechazó la oposición de la Defensa de Pousada y dispuso a su respecto la elevación a juicio. Para fundar su decisión valoró, en lo que aquí interesa vinculado al homicidio de José Luis Baez, las declaraciones de los testigos directos, también víctimas del robo, Hilda Baez (su madre), Juan Eduardo Chiripane, Candelario Ovando Rueda y Eudal Cano Valdez (quienes trabajaban en la quinta y sufrieron lesiones leves a consecuencia de golpes de puño y disparos -cabe aclarar que por las lesiones leves el Tribunal debió sobreseer por prescripción). Para fundar el homicidio “criminis causa” el Juez de Garantías sostuvo a fs. 879 vta. que: “de los testimonios colectados surge que los sujetos activos ingresaron a las distintas edificaciones que se encontraban en la quinta con fines desapoderativos portando distintas armas. Puntualmente en la casilla de José Luis Baez se encontraron con que este último opuso resistencia a su ingreso sosteniendo la puerta de la casilla desde el lado de adentro y efectuando un disparo desde el interior, ante lo cual los sujetos activos habrían comenzado una balacera contra dicha casilla, disparando luego desde la ventana. En ese momento, uno de los sujetos habría referido ‘ya está, ya le pegué, ya le di’, para seguidamente romper la puerta de la casa a patadas e ingresar a la misma, dándole un tiro en la cabeza a José Luis Baez que ya estaba en el suelo. Luego le revisaron las cosas y le sacaron la plata que la víctima tenía en el lugar (v. especialmente declaraciones testimoniales de Juan Eduardo Chiripane de fs. 18/19 y de Kevin Blas Joel de fs. 16/17 como así también autopsia de fs. 328/330 en cuanto determinó que la víctima presentaba ‘una herida contusa en cráneo [...] producto de un disparo de arma de fuego de proyectil múltiple, escopeta, lesión que tiene entidad para la producción del resultado muerte. Asimismo, nos encontramos con una herida en tórax [...] que en sí no tiene entidad para la producción de la muerte’ -fs. 329vta.)”.
El Juez del Tribunal, luego de admitir el juicio abreviado sin ninguna fundamentación, describió la nueva materialidad ilícita reproduciendo la nueva formulación de la Fiscal de juicio. Así sostuvo que “el 24 de abril de 2017, siendo aproximadamente las 20:30 hs., cuanto menos seis sujetos masculinos, arribaron a la vivienda sita en las calles 513 y 200 de la localidad de Abasto, partido de La Plata propiedad de Hilda Báez y su familia, y previo intimidar con varias armas de fuego a sus moradores, los desapoderaron ilegítimamente, de dinero en efectivo, celulares y otros elementos propiedad de las víctimas. Que uno de los sujetos, le efectúa a José Luis Baez un disparo con un arma de fuego, provocando su deceso. Asimismo le efectuaron un disparo en la pierna derecha a Eudal Cano Valdez, ocasionándole lesiones que fueron calificadas como de carácter leves, y agredieron a Juan Chiripane y a Rueda Candelario, golpeándolos, ocasionándoles heridas en la cabeza, debiendo ser trasladados a un hospital de la zona, resultando a la postre estas lesiones de carácter leves. Seguidamente los sujetos se dan a la fuga a bordo de una camioneta color gris, Renault Duster, en la cual habían arribado”.
b) Se observa en esta nueva descripción que el tramo que delineaba la acción de dar muerte a José Luis Báez con el propósito de asegurar los resultados del robo y lograr la impunidad fue excluido, sin ninguna justificación que lo respalde. El juez se limitó a enumerar la prueba de cargo -la misma del requerimiento de elevación a juicio- sin ninguna valoración que conecte qué partes de esa prueba sirvieron para la nueva interpretación. En el tramo que debió explicar la calificación legal sólo nombró las figuras penales de “homicidio en ocasión de robo, en concurso real con robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda”. Tal proceder importó un apartamiento infundado de la imputación contenida en el requerimiento de elevación a juicio y la decisión jurisdiccional al respecto y simultáneamente, una falta de fundamentación de la sentencia de juicio abreviado. Podría inferirse que optó por remitir a los fundamentos del acuerdo de juicio abreviado, más ello no alcanza a cumplir los recaudos sobre fundamentación de la decisión, de los arts. 106, 371, 398 inc. 1° CPP. Tampoco basta a ese fin el acuerdo de partes y el consentimiento de los imputados sin indicadores de vicios en su voluntad, dado que en este aspecto, la decisión de las partes no suple la obligación de fundar la decisión jurisdiccional conforme a derecho. En lo demás, el principio dispositivo opera sólo limitadamente en instancias como la presente, en cuanto la ley procesal fija en qué supuestos y bajo qué condiciones las partes pueden pactar la vía abreviada (pena privativa de libertad no mayor a quince años y acuerdo de partes) más la sentencia, según el art. 399 in fine CPP, deberá cumplir con las exigencias del art. 371 CPP, en especial, deberá contener “ una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentan dichas conclusiones, así como la enunciación de las razones por la cuales no fueran atendibles las pruebas decisivas contrarias a las mismas; debiendo responderse a los planteamientos sustanciales realizados por las partes. El Tribunal procederá a plantear y votar las cuestiones esenciales referidas a: 1) La existencia del hecho en su exteriorización. 2) La participación de los procesados en el mismo. 3) La existencia de eximentes. 4) La verificación de atenuantes. 5) La concurrencia de agravantes” .
Por otra parte, la Fiscal en el acuerdo de juicio abreviado sólo señaló que había efectuado una nueva evaluación de la prueba y excluyó las figuras del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y “criminis causa” del art. 80 incs. 6° y 7° CP. Fundó su nueva postura en consideraciones dogmáticas desconectadas de la prueba hasta ese momento valorada. De los desarrollos meramente conceptuales realizados se extrae que la fiscalía reinterpretó la prueba, de manera unilateral y arbitraria, y concluyó en la falta de acreditación de la premeditación del art. 80 inc. 6° y del propósito de asegurar el robo y su impunidad del art. 80 inc. 7° CP. Con relación a este supuesto, destacó que “la acción de efectuarle un disparo a la víctima no permite inferir que el propósito del mismo se[a] lograr su impunidad y consumar el robo toda vez que han habido víctimas que han sufrido lesiones sin ser ellas mortales y la propietaria del inmueble ha señalado la posibilidad de reconocerlos. No debe confundirse esta figura originaria con la prevista por el art. 165 que señalamos de aplicación, en el caso de la primera, se requiere dolo directo, debiendo existir además la conexión ideológica con el otro delito, cuestiones ambas que no se dan en la otra figura aplicable en virtud del presente acuerdo” (p. 21 del acuerdo).
Tal justificación sólo refleja interpretación fragmentada y arbitraria de la prueba, desconectada de las concretas declaraciones de los testigos Juan Chiripane y Kevin Blas Joel, ya referidos, pues desatiende que éstos señalaron que el disparo mortal hacia Baez fue dirigido a su cabeza, cuando éste ya se encontraba en tirado en el suelo -probablemente por los disparos previos recibidos-, y que luego del disparo mortal aprovecharon para apoderarse del dinero que Báez tenía. Tales referencias no se condicen con un homicidio en ocasión de robo.
c) Por último, los planteos efectuados por la representante de la particular damnificada debieron ser tratados y respondidos, en cumplimiento de la garantía de acceso a la jurisdicción y de la defensa en juicio. Si bien el art. 402 del CPP no admite su oposición al acuerdo de juicio abreviado, por lo que su opinión no es vinculante para la procedencia, el derecho de la víctima a ser oída comporta la obligación del juez de responder a los planteos que de manera oportuna controviertan los temas a dirimir.
Con relación a este tema, la Sala 1 se expidió en la causa "Etchelet" nro. 63085 del 23/5/2017, al señalar que la imposibilidad de oponerse al trámite abreviado: "... no impide que pueda participar y formular las peticiones o requerimientos que estime convenientes según los intereses que representa, de modo que éstas deban ser resueltas por el órgano sentenciante, -porque, de lo contrario, se vulneraría el derecho constitucional de la jurisdicción o acceso a la justicia-; con el único límite, claro está, en que el monto punitivo finalmente impuesto no podrá ser superior al solicitado por el fiscal como tampoco modificarse en perjuicio del imputado el modo de su ejecución acordado, ni incluir otras reglas de conducta o consecuencias penales no convenidas (art. 399, CPP). Tal hermenéutica asegura la vigencia de los arts. 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCP, compatibilizándolas con el régimen procesal de este tipo de procedimientos (art. 395 y ss., CPP)...".
A lo expuesto corresponde agregar que, si el derecho de defensa resulta garantizado en cualquier juicio, conviene aclarar que en el procedimiento penal tampoco se limita a la protección del imputado, sino que también alcanza a otras personas que pueden intervenir en él. Nos referimos, fundamentalmente, al actor civil, al mismo imputado como demandado civil y al tercero civilmente demandado. Para observarlo así no parece necesario aclarar que (…) la garantía no sólo alcanza al demandado, sino también al actor. En efecto, se trata del derecho de defender un interés legítimo frente a la expectativa de una decisión estatal sobre él, sea porque se pretende algo o porque, al contrario, nos oponemos a esa pretensión, requiriendo que ella no prospere (cf. Maier, Julio, B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, t. I, Del Puerto, Buenos Aires, 2004, 2da. ed., p. 543).
En autos, no obstante lo dispuesto en el artículo 402 del C.P.P., lo expuesto con anterioridad cobra especial relevancia y permite resolver a favor de la viabilidad del recurso intentado, pues en la audiencia del art. 338 CPP en que la fiscal y los defensores plantearon la solución por la vía abreviada, la particular damnificada planteó puntuales objeciones a esa procedencia. En particular, vinculadas a la valoración probatoria, a la calificación legal y su expresa oposición al juicio abreviado.
Con ello, la particular damnificada no tuvo ninguna respuesta, en violación del derecho a la jurisdicción (art. 18 de la Constitución Nacional), cuyo alcance, como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos, 199:617; 305:2150, entre otros), se ajusta a los arts. 8°, párr. 1°, de la Convención Americana sobre Derechos
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