Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado, con costas.
II. Establecer que los hechos se califican como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real, con portación ilegal de arma de uso civil; ello sin ningún impacto en el monto sancionatorio impuesto que se mantiene incólume.
Artículos 18 de la Const. nac.; 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis apartado 2 tercer párrafo CP; 396, 398, 399, 402, 450, 451, 453, 462, 530 y 531 CPP
0500-53068-23
C. 133.751
En la ciudad de La Plata se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Luis María Mancini, a los efectos de resolver la causa n° 133.751, caratulada " MINGUEZ, SERGIO NORBERTO s/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR PARTICULAR DAMNIFICADO", conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-MANCINI .
I. En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial La Matanza, condenó -en el marco de un juicio abreviado- a Sergio Norberto Minguez a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por haberlo hallado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real, hechos acaecidos el 8 de octubre de 2023 en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, en perjuicio de Nelson Abraham Montenegro y la seguridad pública (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis apartado 2 tercer párrafo CP; 399, 530 y 531 CPP).
Contra dicho pronunciamiento, Walter Fidalgo, patrocinante letrado de la particular damnificada, María del Carmen Montenegro, interpuso recurso de casación.
El recurrente cuestiona que el tribunal haya admitido el juicio abreviado. Explica que se condenó al imputado por homicidio simple y portación ilegal de arma de uso civil, sin haber podido acceder a un juicio oral, donde, según su opinión, las pruebas existentes hubiesen permitido calificar el hecho en los términos del art. 80 inc. 2 del CP. De igual modo, durante el desarrollo del recurso hace mención a los artículos 80 incisos 7 y 8 y 165 del CP. También critica que se le haya impuesto una pena por debajo de que la que fuera acordada. Por otra parte, luego de efectuar una serie de consideraciones dogmáticas, aduce -en lo sustancial- que la sentencia resulta arbitraria y carece de fundamentación, puntualmente con relación a la calificación legal y las agravantes. En definitiva, solicita se revoque la sentencia, se desestime el juicio abreviado y se envíe a realizar el juicio. Hace reserva del caso federal.
II. Arribadas las actuaciones a esta sede se expidió el señor Defensor Adjunto ante este Tribunal, José María Hernández, quien postuló el rechazo del remedio incoado. Sostuvo que el recurso es notoriamente inadmisible porque el particular damnificado no se encuentra legitimado para recurrir. Esgrimió que no se trataba de ninguno de los supuestos previstos en el art. 452 del CPP. En lo demás, señaló que tampoco se demostró ninguna inobservancia o errónea aplicación de precepto legal, ni ningún defecto grave en el procedimiento.
III. Efectuados los trámites correspondientes, hallándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible y, en su caso, procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez Bouchoux , expresó:
I. Preliminarmente, cabe recordar que el particular damnificado posee la facultad legal de recurrir conforme las parámetros de los artículos 401, 448 y 453 del CPP y si bien tales presupuestos legales, no le conceden el alcance que determina la teoría de la máxima capacidad de rendimiento -como acontece con el recurso del imputado cuya garantía se encuentra alcanzada del art. 8.2 h de la CADH-, no impiden ingresar en la revisión de cuestiones fácticas en las que se funda el agravio de arbitrariedad en la valoración probatoria.
En el caso, la sentencia recurrida ha sido dictada en el marco de un juicio abreviado al que el particular damnificado oportunamente se opuso, y es en virtud de ello que -por fuera de otras consideraciones posibles y por razones de economía procesal- corresponde estar a lo resuelto oportunamente por el Máximo Tribunal Provincial.
Ello así, por cuanto nuestra Suprema Corte, al pronunciarse sobre el punto aquí analizado, consideró que las limitaciones vinculadas con el monto de pena requerido por el Ministerio Público Fiscal no resultan operativas para el particular damnificado, en los supuestos en los que la sentencia que causa agravio se hubiera dictado en el marco de un juicio abreviado, y especialmente, cuando, como en el caso, estando constituido como tal hizo saber su voluntad en sentido contrario al acuerdo (SCBA, causa P. 135.991, sent, del 9-II-23).
De este modo, de conformidad con todo lo expuesto y con los límites que se imponen en la revisión del recurso en trato, corresponde constatar si hubo arbitrariedad en el razonamiento de los magistrados de la instancia al calificar legalmente los hechos atribuidos al acusado.
II. a] Previamente, es dable señalar que la oposición al acuerdo de juicio abreviado postulado por el recurrente -porque en el juicio oral se hubiesen podido encuadrar los hechos en una figura legal más gravosa-, además de que la ley expresamente prevé que el particular damnificado no puede oponerse a la elección del procedimiento de juicio abreviado (art. 402 CPP), resulta infundada, pues se limita a mencionar el art. 80 del CP y los incisos 2, 7 y 8 del mencionado artículo, sin haber indicado siquiera en qué elementos se basa para sustentar tal postura.
Asimismo, se advierte de la sentencia que el juez de la instancia, previo al acuerdo, mantuvo una entrevista con María del Carmen Montenegro -junto al profesional que la asistía-, quien resulta ser la progenitora de la víctima y se encuentra constituida como particular damnificado, donde expresó su disconformidad con el juicio abreviado porque el monto de pena acordado le resultaba bajo, además de señalarle que en el juicio oral se hubiese podido determinar la responsabilidad de los uniformados que se apersonaron en el lugar de los hechos.
Con relación a lo planteado en dicha audiencia el sentenciante señaló que el monto acordado se encontraba dentro de la calificación legal pactada; que el particular damnificado no postuló pautas agravantes, y que ventilar responsabilidades de personas que no fueron imputadas implicaba la producción de prueba por un motivo ajeno al objeto procesal del caso, por lo que resultaba inadmisible por improcedente.
De este modo, se le garantizó a la parte el derecho ser oída, cumpliéndose con la manda del art. 396 segundo párrafo del CPP -modif. por la ley 15232-.
En definitiva, escuchada oportunamente la postura de la víctima opuesta al acuerdo, y sin que el juez invocara alguno de los supuestos previstos para desestimar el pacto (art. 398 inc. 1° del rito), el procedimiento de admisión del trámite abreviado no merece censura.
Así las cosas, la genérica crítica realizada por el recurrente en este punto debe ser rechazada.
b] Ahora bien, recordemos, que los cuestionamientos formulados por el recurrente fincan en cuestionar la calificación legal y el monto de la pena impuesto, por haber sido menor a la acordada, pero sin precisar concretamente dónde habría radicado la arbitrariedad en la valoración de las pruebas por parte del sentenciante de grado.
Adviértase, por caso, que en la impugnación se hace mención a los artículos 80 incisos 2, 7 y 8; y 165 del CP, pero no indica en qué elementos de prueba se basa para sostener tal postura y menos aún los motivos por los cuales entiende que la calificación atribuida a los hechos no es la adecuada.
Así, la naturaleza del planteo y, particularmente, la forma en que ha sido presentado por el impugnante en el recurso configura el primer obstáculo para su procedencia.
Todo ello, en clara inobservancia al requisito de autosuficiencia propio del remedio que se pretende. Es que la motivación de un recurso –que debe ser clara, precisa y específica- supone aquel razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad. Es lo que determina el ámbito del agravio, y por lo tanto, el límite del recurso (Clariá Olmedo, Jorge; “Tratado de Derecho Procesal”, Tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1966, págs. 468/9).
Particularmente, en esta instancia revisora, la ley impone que el recurrente individualice de manera concreta y específica aquellos vicios que justifican su impugnación, es decir que, en forma clara, expresa y separada enuncie los motivos del recurso casatorio que interpone (cfr. arts. 421 y 451, CPP), lo cual, como se dijo, no aconteció en el caso.
Efectuadas estas aclaraciones, y de acuerdo con los límites del recurso antes señalado, contrariamente a lo argüido por el recurrente, el auto se encuentra debidamente fundamentado, abasteciendo las exigencias de motivación traídas por el art. 106 del C.P.P., por lo que constato que no hubo arbitrariedad en el razonamiento seguido por los magistrados de la instancia al calificar legalmente las conductas del acusado en los términos de los arts. 41 bis, 79 y 189 bis apartado 2 tercer párrafo CP. Veamos.
Conforme se plasmó en la sentencia, a partir de las evidencias que formaron parte del acuerdo, se tuvo por acreditado que "el día 8 de octubre de 2023, siendo aproximadamente las 00:20 horas en las inmediaciones de la intersección de la Areco y Bella Vista de la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, un sujeto de sexo masculino identificado como Sergio Norberto Mínguez quien portaba sin la debida autorización legal para ello una escopeta calibre 16 GA (GAUGE) sin marca ni numeración visible (con inscripción La Precisión -3314-3312) cargada con al menos un cartucho mismo calibre, y con claras intenciones de causarle la muerte a Nelson Abraham Montenegro le efectuó a este un disparo que impactó en la región de su tórax causándole heridas de tal magnitud que le ocasionaron la muerte".
Para ello, se tuvo en cuenta el contenido del acta de procedimiento, donde se plasmaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos. En la misma, se consignó que los funcionarios policiales llegaron al lugar como consecuencia de que un nutrido grupo de personas se encontraba agrediendo entre sí y, en el marco de esa gresca, escucharon un estampido o disparo tras lo cual advirtieron que un joven había sido alcanzado por un proyectil de un arma de fuego, el cual fue trasladado hasta el nosocomio local donde falleció como consecuencia de la lesión que causaron las municiones en su tórax. También se plasmó que el autor del disparo fue identificado como Sergio Norberto Minguez.
De igual forma fue valorado el testimonio de Rodrigo Lucas Catuengo, quien explicó que, como consecuencia de un conflicto entre la víctima y uno de los vecinos del lugar donde acaecieron los hechos, se arrojaban piedras provocando destrozos en los inmuebles y vehículos que se encontraban en el lugar, siendo uno de ellos propiedad del aquí imputado, quien le exigió a los vecinos que cesaran con su actitud y al haber continuado con las agresiones Minguez egresó de su propiedad munido con un arma de fuego y amenazó de muerte a los presentes, momento en que Montenegro lo confrontó tras lo cual apoyó le escopeta en el tórax y le disparó sin más, siendo luego traslado a bordo de un móvil policial hasta el hospital más cercano.
En igual sentido, se expidieron Julieta Andrea Martínez y Marcos Elías Rojas, cuyos testimonios también fueron valorados por el sentenciante.
En esa línea argumental, fue ponderada la pericia que determinó que el arma de fuego utilizada por el imputado resultó ser una escopeta calibre 16; y la operación de autopsia, en la cual se estableció que la muerte de la víctima se produjo como consecuencia de la herida por proyectil de arma de fuego de municiones múltiples en el tórax. Por su parte, el ANMaC informó que Minguez no se encontraba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías.
Además se plasmó en el veredicto que el acusado, al momento de declarar, refirió haber sido el autor del disparo homicida y que confrontó a los Montenegro para que desistan de su actitud porque habían golpeado a su vehículo, y que al haber hecho caso omiso, volvió con el arma de fuego, los amenazó de muerte y ahí la víctima se interpuso en su camino y la escopeta se le disparó.
En efecto de conformidad con la evidencia disponible y la hipótesis de culpabilidad acogida en el pronunciamiento de la instancia, la calificación legal atribuida a los hechos no resulta arbitraria, ello sin perjuicio de la corrección que haré más adelante.
En conclusión, más allá de que el recurrente no ofreció ningún argumento tendiente a demostrar la arbitrariedad en que habría incurrido el sentenciante al aplicar los artículos 41 bis, 79 y 189 bis apartado 2 tercer párrafo del CP, tampoco se evidencia que haya sido arbitrario el razonamiento del magistrado de la instancia; todo lo cual impide el progreso del agravio.
Por otra parte, y más allá de que el recurrente ni siquiera esbozó ningún motivo en aval de su postura, la crítica con relación al monto de pena, también resulta improcedente.
En el caso, el juez impuso una pena de doce años de prisión cuando las partes habían pactado un tope punitivo de trece años de prisión, que, dicho sea de paso, se encuentra dentro de la escala penal aplicable a la pena resultante del concurso material de los delitos imputados.
El concepto de tope punitivo , en referencia al instituto del juicio abreviado, deriva de la armónica interpretación del art. 396 del rito (en cuanto establece que el Fiscal pedirá pena y el imputado y su defensa prestarán conformidad con ella y con la calificación legal ) y el art. 399 (que dispone que "No se podrá imponer una pena superior a la solicitada" ). De modo que resulta claro que este tope punitivo aparece como un resguardo para el imputado, que impide que se imponga un monto de pena mayor al acordado, pero en cambio sí permite la determinación de una sanción por debajo de la establecida por las partes, como sucedió en el caso.
De este modo, habiéndose cumplido con la normativa legal prevista para el procedimiento abreviado y no habiendo siquiera ofrecido el recurrente ningún argumento que respalde su planteo al respecto, se impone el rechazo del reclamo sobre el punto por infundado.
Por último y por fuera de los motivos de agravio, cabe efectuar una corrección a la calificación legal, considerando que, si bien la utilización de un arma de fuego surge con toda claridad de la materialidad descripta, formó parte del acuerdo de juicio abreviado, y además la cita legal del decisorio refiere el art. 41 bis del C.P., en la primera cuestión de la sentencia y en el resolutorio no se hace referencia a la agravante en cuestión. De este modo, corresponde corregir en este aspecto el fallo y establecer que los hechos se califican como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real, con portación ilegal de arma de uso civil; ello sin ningún impacto en el monto sancionatorio impuesto que se mantiene incólume (art. 462 C.P.P.).
Sin más que agregar, propongo al Acuerdo rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado, con costas.
Artículos 18 de la Const. nac.; 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis apartado 2 tercer párrafo C.P.; 396, 398, 399, 402, 450, 451, 453, 462, 530 y 531 C.P.P..
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada el señor juez Mancini dijo:
Adhiero al voto del Juez Bouchoux en igual sentido y por sus mismos fundamentos, y también me pronuncio por la Negativa.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor Juez Bouchoux expresó:
Que, en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde: I. Rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado, con costas. II. Establecer que los hechos se califican como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real, con portación ilegal de arma de uso civil; ello sin ningún impacto en el monto sancionatorio impuesto que se mantiene incólume.
Artículos 18 de la Const. nac.; 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis apartado 2 tercer párrafo CP; 396, 398, 399, 402, 450, 450, 451, 453, 462, 530 y 531 CPP.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el Señor Juez Mancini dijo:
Que, en virtud de lo expuesto, adhiero al voto del Juez Bouchoux.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado, con costas.
II. Establecer que los hechos se califican como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real, con portación ilegal de arma de uso civil; ello sin ningún impacto en el monto sancionatorio impuesto que se mantiene incólume.
Artículos 18 de la Const. nac.; 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis apartado 2 tercer párrafo CP; 396, 398, 399, 402, 450, 451, 453, 462, 530 y 531 CPP
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente radíquese en origen.
cb
Firmas
Funcionario Firmante: 26/09/2024 13:24:46 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2024 13:40:07 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2024 13:52:31 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 26/09/2024 13:54:26 hs. bajo el número RS-806-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia