Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 118905
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causas N° 118.905 de este Tribunal, caratuladas “DÍAZ VILLABA, Blanca Alicia s/ Recurso de Casación” y “PÉREZ, Aldo Osmar s/Recurso de Casación” y acumulada N° 119.055 “DÍAZ VILLALBA Blanca Alicia s/Recurso de Queja”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos registrados bajo el N° 118.905 a consideración del Tribunal como consecuencia de los recursos de Casación deducidos por el señor Defensor Particular, Dr. Humberto Ariel Pastor, en favor de Blanca Alicia Díaz Villalba y el señor Defensor Oficial, Dr. Sebastián Emilio Sampol, en favor de Aldo Osmar Pérez, contra la sentencia del Tribunal de Jurados presidido por el Sr. Juez, Dr. Ignacio Racca, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, que condenó a Blanca Alicia Díaz Villalba a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por ser coautora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, promesa remuneratoria, y por el concurso premeditado de dos o más personas, en los términos de los artículos 45, 80 inc. 1, 3 y 6 del Código Penal, y a Aldo Osmar Pérez, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, promesa remuneratoria, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en los términos de los artículos 45, 80 inc. 1, 2, 3 y 6 del Código Penal (rigen además los arts. 5º, 12, 19, 29.3, 40, 41 CP y 210, 372, 375 inc. 2do., 375 bis y 530 CPP, leyes 14543 y 14589)
II. 1. Contra el pronunciamiento introduce recurso de casación el Dr. Humberto Ariel Pastor, en favor de su defendida Blanca Alicia Díaz Villalba.
Denuncia expresamente conculcadas las garantías constitucionales de debido proceso legal, derecho de defensa, dignidad e integridad psíquica y moral.
Aduce violación del deber de imparcialidad y arbitraria desnaturalización del modelo de proceso acusatorio del juicio por jurados consagradas por el Dr. Ignacio Racca, en infracción al debido proceso legal, derecho de defensa y a ser juzgado exclusivamente por los medios de prueba legalmente incorporados que garantiza el art. 8 de la CADH, al actuar como parte acusadora propiciando y proveyendo la declaración de los condenados por juicio abreviado en violación al art. 342 bis inc. 6 y 7 del código de forma, so pretexto fundante en el art. 366 del mismo texto legal, lo cual tuvo influencia dirimente en el veredicto de culpabilidad dictado.
Señala que ello comporta un supuesto de gravedad institucional por defecto grave del procedimiento y quebrantamiento de las formas esenciales del proceso (art. 448 inc. 1, CPP), que viabiliza la nulidad impetrada por violación de las garantías constitucionales mencionadas.
En sustento de su petición, realiza un análisis de las constancias de la causa, que evidencian las violaciones denunciadas y avalan la nulidad propugnada.
Explica que, en el requerimiento de elevación a juicio, el Agente Fiscal solicitó la condena de prisión perpetua para Walter Manuel Cártula, Blanca Alicia Díaz Villalba, Natalia Verónica Fernández Russo, Braian Nicolás Pedrozo, Aldo Osmar Pérez y Gladys Rosales Fernández, por entender que los seis imputados resultaban coautores y partícipes primarios del homicidio de Rafael Almiroty.
Señala que el 18 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la primera jornada de audiencia del art. 338 del CPP para exponer la teoría del caso y probables estipulaciones probatorias.
Indica que luego, cuatro acusados –Walter Manuel Cártula, Gladys Graciela Rosales Fernández, Natalia Verónica Fernández Russo y Braian Nicolás Pedrozo-, acordaron juicios abreviados en base a los cuales fueron condenados como partícipes secundarios del homicidio agravado.
Apunta que el 29 de marzo de 2019 se realizó la segunda jornada de audiencia del art. 338 del ritual en la que el Fiscal manifestó que solicitaría la incorporación por lectura de las declaraciones de los imputados.
Alude que la jueza interviniente en aquel momento, Dra. Esquivel, con fecha 27 de noviembre de 2020 dictó auto proveyendo la prueba y desestimando la incorporación por lectura de las declaraciones prestadas por los imputados en los términos del art. 308 del ritual; resolución que entiende, quedó firme, en razón de no haber sido recurrida por el representante del Ministerio Público Fiscal, y además determinó que su decisorio pasara en autoridad de cosa juzgada, rigiendo los principios de preclusión y progresividad.
Alega que, luego, el nuevo juez interviniente, Dr. Racca, de oficio reabrió la instancia precluida, y con fecha 6 de diciembre de 2021 designó audiencia en los términos del art. 338 del código de forma, para el día 24 de febrero de 2022. Auto del cual peticionara la nulidad, la que fuera rechazada y cuya apelación fuera resuelta en el mismo sentido.
Posteriormente, el 15 de febrero del mismo año, el a quo corrió vista a las partes del proyecto de instrucciones para el jurado, incorporando en las mismas la posibilidad de que los condenados declararan en el debate.
Marca que, en la audiencia de fecha 24 de febrero de 2022, y luego de conocer el contenido de las instrucciones preliminares notificadas a las partes, la Sra. Agente Fiscal, Dra. Chapuis solicitó la incorporación de la declaración en juicio de los coimputados –ya condenados-.
Puntualiza que, el 4 de marzo del mismo año, se llevó a cabo la audiencia que peticionara la defensa para desarrollar los motivos por los cuales se oponía a la declaración de los condenados; en la cual finalmente el magistrado interviniente decidió que declarara en juicio el condenado Pedrozo.
Entiende que, habiéndose terminado la etapa de producción de pruebas, no se podía volver a ofrecer prueba, y menos aún incorporarla a instancia de la jurisdicción actuando como parte acusadora.
En subsidio alega vulneración del juicio por jurados a través de la distorsión del cuadro fáctico real en las instrucciones preliminares y finales y descalificaciones de la defensa ante el jurado.
Señala que su proyecto de instrucciones preliminares, remitido al a quo , no fue considerado. Específicamente indica que debió haber explicado de una mejor manera al jurado que la elevación a juicio se requirió por seis personas, cuatro de las cuales concertaron juicios abreviados, así como los conceptos de coautor, partícipe necesario, juicio abreviado y partícipe secundario.
Reclama que sus propuestas y requerimientos brillaron por su ausencia, y lo mismo sucedió con las instrucciones finales.
Estima que, si las instrucciones impartidas al Jurado del Pueblo hubieran sido correctas, no habría podido llegar a la conclusión acerca de la culpabilidad de su defendida.
Por lo expuesto, solicita la nulidad de todo lo actuado por el Dr. Racca, desde el auto dictado el día 6 de diciembre de 2021, y se ordene llevar adelante un nuevo juicio por jurados, por otros jueces, conforme a derecho.
Formula reserva del caso federal.
2. A su turno, contra este mismo pronunciamiento interpone recurso de casación el Dr. Sampol, en favor de su asistido Aldo Osmar Pérez.
Se agravia de la incorporación como elemento fundamental para el veredicto de culpabilidad, de la declaración prestada en el debate por el coimputado Braian Nicolás Pedrozo, quien fue condenado por otro Tribunal, a través del procedimiento de juicio abreviado.
Indica que, primigeniamente, cuando la causa tramitaba por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes, la Fiscalía había solicitado, al momento de la audiencia de tratamiento de la prueba a utilizar en el debate, la incorporación por lectura de las declaraciones a tenor del art. 308 del ritual de todos los coimputados, entre ellos, Pedrozo. Agrega que esa petición, ante la oposición de la Defensa, fue denegada por dicho Tribunal, situación que se reiteró cuando las actuaciones pasaron al Tribunal en lo Criminal N° 3 para proseguir con el trámite, oportunidad en que la jueza, Dra. Esquivel, también rechazó la incorporación de las declaraciones de los coimputados. Aduna que en ninguna oportunidad el Ministerio Público Fiscal apeló la denegatoria de la solicitud formulada, por lo que la medida tomó estado de cosa juzgada.
Explica que, en la última audiencia de estipulación de pruebas, el representante de la vindicta pública insistió en la incorporación por simple lectura de las declaraciones del art. 308 del rito, a lo cual el Dr. Racca no hizo lugar, pero admitió que declarara en el desarrollo del juicio oral, el condenado Pedrozo.
Entiende que se trató de una situación irregular, pues la Fiscalía nunca solicitó como prueba ese tipo de “declaración”.
Manifiesta que se mancilló el principio de preclusión procesal, al tratar de reeditar un acto que ya había pasado a calidad de “cosa juzgada”, como fue la petición de incorporación por simple lectura de las declaraciones de los encausados; decisiones que, ante la repetida negativa de los juzgadores, nunca fueron impugnadas por el Ministerio Público Fiscal.
Por otro lado, expresa que también se conculcó el principio de progresividad de los actos procesales.
Cita en su apoyo, jurisprudencia internacional y de nuestra Suprema Corte provincial.
Sostiene que los principios mencionados, reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica.
Además, alega que Pedrozo concurrió a la audiencia declarando en el marco de una figura sui generis . Indica que no depuso como testigo, sino como alguien que, se puede interpretar, fue como imputado, el cual deslindó responsabilidades e imputó directamente a Pérez como autor material del hecho; situación que a su criterio fue fundamental para que el jurado decidiera su culpabilidad e impusiera la importante condena que recibió.
Aduce que, por esa razón, el Jurado interpretó arbitraria y parcialmente las pruebas arrimadas, y basó su veredicto de culpabilidad en una declaración que nunca debió ser admitida.
Por ello, solicita se decrete la nulidad de la incorporación en el juicio oral de la declaración de Pedrozo, por haber precluido su introducción en el debate y por consiguiente, la arbitraria y parcial valoración de la prueba utilizada por el jurado.
Consecuentemente, se absuelva a Aldo Osmar Pérez.
En subsidio, peticiona se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, toda vez que la misma viola los principios constitucionales de culpabilidad de acto, división de poderes, resocialización, estricta legalidad y prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes.
Expresa que, condenar a un sujeto de 37 años de edad a la pena de prisión perpetua, implicaría en los hechos un encierro definitivo casi hasta sus últimos años de vida.
En virtud de ello, requiere que, al momento de individualizar la sanción, se tome, a todo evento, la escala penal prevista para el tipo base contemplado en el art. 79 del Código Penal, por tener una referencia directa con el caso en juzgamiento, y se imponga el mínimo legal previsto para dicho delito.
Hace reserva del caso federal.
III. Concedidos los recursos de casación por el a quo , las partes fueron notificadas de la radicación de la causa por ante esta Sala y de la acumulación de la queja N° 119.055, dispuesta con fecha 1 de agosto del corriente año.
El Dr. Nicolás Agustín Blanco, Defensor Oficial ante esta Sede, desistió de la audiencia de informes, y mantuvo la impugnación del Dr. Sampol.
Por su parte, el Dr. Pastor, manifestó la necesidad de celebrar la audiencia prevista en el último párrafo del art. 456 del CPP.
Habiéndose designado finalmente para su realización el día 29 de noviembre del corriente año, ésta se llevó a cabo con la presencia de la Sra. Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, y del Señor Defensor de la acusada Blanca Alicia Díaz Villalba, quienes fueron previamente notificados de la misma.
IV. Asimismo, el Dr. Humberto Daniel Pastor deduce recurso de queja N° 119.055, contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento Judicial Mercedes, que denegó la concesión del recurso de casación impetrado contra el decisorio dictado por dicho órgano jurisdiccional que confirmó el rechazo a la nulidad articulada, por un lado, contra el decreto de fecha 6 de diciembre de 2021 por medio del cual el Tribunal Oral Criminal actuante designó audiencia, y contra el auto del 27 de noviembre de 2020, en el que se admitieron las estipulaciones mencionadas por la partes y la prueba testimonial ofrecida.
El defensor alega que se encuentran conculcadas las garantías constitucionales del debido proceso legal, derecho de defensa, plazo razonable, dignidad e integridad psíquica y moral, bajo la apariencia de doble instancia y doble conforme (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.).
Arguye que la sentencia impugnada es pasible de recurso de casación, porque, aunque no es definitiva, resulta equiparable a ella, al tratarse de yerros propios de la Alzada que nulifican lo decidido.
Estima que lo inobservado y erróneamente aplicado, constituye un defecto grave de procedimiento y un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso.
Informa que al articularse el recurso de apelación se solicitó expresamente la fijación de la audiencia para informar oralmente, y pese a ello, la Cámara procedió a rechazar el recurso, sin fijar aquella. Dicha omisión acarrea la nulidad de la resolución.
Transcribe el decreto de fecha 6 de diciembre de 2021.
Da cuenta que con fecha 18 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la primera jornada de la audiencia del art. 338 del CPP para exposición de la teoría del caso y estipulaciones probatorias, la cual esta filmada, grabada, firme y consentida. La misma continuó el 29 de marzo del 2019.
Reproduce el acta de la audiencia celebrada con fecha 18 de septiembre de 2018, en donde se fijaron los lineamientos que se intentan probar ante el jurado (teoría del caso) y se homologaron las estipulaciones probatorias.
Expresa que con fecha 29 de marzo de 2019 se celebró la segunda jornada de audiencia preliminar del art. 338 del CPP conforme se había dispuesto el 18 de septiembre de 2018, donde se ratificaron la teoría del caso y las estipulaciones probatorias.
Afirma que es nulo designar audiencia en los términos del artículo 338 quinto párrafo in fine del CPP, a los efectos dispuestos por el Dr. Racca, porque esos fines ya se cumplieron mediante las audiencias celebradas bajo la presidencia de la Dra. Larroque el 18/09/2018 y el 29/03/2019.
Considera que el Presidente no tiene competencia para expedirse motu propio , sin instancia de parte legitimada, sobre cuestiones precluidas.
Menciona que no tiene potestades para reeditar actos de la Presidenta antecesora, que fueron consentidos por las partes, y quedaron firmes y pasaron en autoridad de cosa juzgada. La única competencia que tienen en cualquier estado del proceso, es la detección de nulidades que impliquen violación de normas constitucionales que la ley impone declarar de oficio, con obligación de fundar el motivo del perjuicio.
Asevera que una vez que esa instancia está superada, sólo se pueden plantear nuevas estipulaciones probatorias en el debate (art. 342 bis, inc. 4 in fine, CPP).
Expresa: “La teoría del caso y las estipulaciones probatorias han sido expuestas por las partes y homologadas por la Jurisdicción. Justificar que por el cambio de Ministerio Público Fiscal se debe adecuar la teoría del caso y ampliar la probabilidad de acuerdos probatorios es abrogar el proceso cumplido y retrotraer la instancia en violación flagrante de los principios de preclusión y progresividad, del debido proceso legal y del derecho de defensa.”.
Relata que lo que manda la ley, en materia de audiencias preliminares, ya se cumplió, y que sólo resta que a él se le corra traslado de las estipulaciones escritas de los Dres. Sampol y Landini.
Sostiene que una vez que una etapa preliminar está concluida, aunque se cambie de Tribunal por la razón que fuera, la misma no se puede reeditar por más que el nuevo Magistrado a cargo tenga las mejores intenciones.
Manifiesta: “ Una vez que esa instancia está superada, sólo pueden plantearse nuevas estipulaciones en el debate (art. 342 bis, inc. 4 in fine del CPPBA)
Enuncia que no es preciso celebrar la audiencia para conferirle los traslados dispuestos por la Dra. Larroque, dado que son estipulaciones presentadas por escrito, de las que se le debe correr traslado por escrito, para luego responder por escrito y que el Juez resuelva.
Indica que el yerro se profundizó porque la Alzada privó a la defensa de exponer los daños que irroga a su defendida la abrogación de la audiencia.
Denuncia como agravios: abrogación de los arts. 442 y 447 del CPP, descontextualización y destrato de la apelación, en base a una absurda, arbitraria y falaz afirmación de convalidación de lo actuado por la jurisdicción en base a la doctrina de los propios actos.
Señala que en la audiencia de fecha 24 de febrero de 2022 se incorporó una nueva e inexistente prueba del Ministerio Público Fiscal, a instancia de la jurisdicción que fulminó el deber de imparcialidad, como lo fue, la declaración de los condenados no ofrecida hasta allí por el Ministerio Público Fiscal.
Destaca que el proyecto de instrucciones para el jurado fue severamente cuestionando por las defensas, fundamentalmente porque se ha violentado lo que se suponía se trataría en la audiencia mencionada precedentemente, dado que “ irrumpió el designio real de la misma, la declaración de los condenados no ofrecida hasta allí por el Ministerio Público Fiscal”.
Indica que luego de conocerse el proyecto del Magistrado, tras la discusión preliminar, la Agente Fiscal convocó a prestar declaración testimonial a los condenados. Estima que no se puede convalidar en modo alguno lo actuado, toda vez que es prueba ilegal.
Hace hincapié en la existencia de arbitrariedad y vulneración del deber de imparcialidad.
Concluye que el veredicto de culpabilidad está basado exclusivamente en la declaración de un condenado que jamás debió haber participado del debate oral.
Peticiona que se dicte la nulidad de todo lo actuado a partir del decreto de fecha 6 de diciembre de 2021 y sus consecuencias.
Encontrándose las causas en estado de resolver, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible y en su caso procedente la queja N° 119.055?
2da.) ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos bajo el N° de registro 118.905?
3ra.) En su caso, ¿Resultan procedentes?
4ta.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma en los términos del art. 433 del CPP, razón por la cual su admisibilidad se impone.
En cuanto a su procedencia, estimo que el recurso de casación interpuesto contra la resolución dictada por Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, mediante la cual confirmó la resolución del Tribunal Oral Criminal N° 3 de la citada departamental, que no hizo lugar a la nulidad articulada por un lado, contra el decreto de fecha 6 de diciembre de 2021 por el que se designó audiencia, y por el otro, contra el auto de fecha 27 de noviembre del 2020, mediante el cual se admitieron las estipulaciones mencionadas por la partes y la prueba testimonial ofrecida, no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 450 del CPP.
La norma citada del código adjetivo es la que determina el abanico de resoluciones
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