Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 105299
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 105.299, "Sánchez, Sergio Javier s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 5.212 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres, Maidana.
El 3 de abril de 1996, la entonces Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Quilmes condenó a Sergio Javier Sánchez a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones graves en concurso real (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 55, 79 y 90, Cód. Penal; 69 y 288, CPP; v. fs. 4/9 vta.).
La defensa oficial del imputado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue concedido por el aludido Tribunal de Alzada (v. fs. 13/16 y 17 y vta.). El 22 de diciembre de 1998 esta Suprema Corte en virtud de lo dispuesto por el art. 4 inc. 3 de la ley 12.059 (modificado por el art. 2 de la ley 12.161), ordenó la devolución de la causa a la Cámara de origen a efectos de que las partes hicieran valer sus derechos conforme el procedimiento de la ley 11.922 (v. fs. 21/22).
En atención a ello, se dedujo recurso de casación contra la sentencia de condena (v. fs. 26/28), el que fue rechazado -por inadmisible- el 13 de agosto de 2002 por la Sala I del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 32/35).
Contra esa decisión, la defensa oficial articuló un nuevo recurso extraordinario, el que quedó registrado bajo Ac. 86.601.
Mediante el pronunciamiento del 13 de octubre de 2004, este Tribunal lo admitió y, de conformidad con lo resuelto en las causas P. 81.109 y P. 82.973, revocó el fallo impugnado y dispuso la remisión de los autos al a quo para el dictado de uno nuevo ajustado a derecho.
En cumplimiento de lo resuelto por esta Corte, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, se pronunció el 22 de julio de 2008, rechazando el recurso de su especialidad (v. fs. 60/69 vta.).
Frente a lo así decidido, el entonces señor defensor de Casación, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio, que obra glosado a fs. 89/104 (18-IX-2008; causa P. 105.299).
Del informe obrante a fs. 116 se desprende que, con fecha 14 de noviembre de 2008, se decretó la averiguación de paradero o comparendo compulsivo de Sánchez, situación que se mantuvo hasta que el nombrado fue habido el 9 de junio de 2021 (v. fs. 84).
Habiendo sido notificado el nombrado del aludido fallo de fecha 22 de julio de 2008 (13-XII-2021), las actuaciones de referencias fueron elevadas a este Tribunal el 13 de julio de 2022 (v. fs. 87 vta.).
Esta Suprema Corte, por resolución del 24 de agosto de 2022, concedió la impugnación a efectos de tratar las cuestiones federales que pudieran estar involucradas -en el caso el supuesto de la arbitrariedad- (v. fs. 184/186 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 190/192), dictada la providencia de autos (v. fs. 194), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal formuló un planteo principal y otro subsidiario.
I.1. Por el primero, denunció la violación del plazo razonable en el ámbito de tramitación de los recursos, exigido por el art. 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello con arreglo al entendimiento jurisprudencial de dicho instituto que efectuase la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 92).
Invocó -en aval de su petición- los arts. 15 de la Constitución provincial; 7.5., 8.1. y 8.2. del Pacto de San José de Costa Rica; 9.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 92 vta.).
Con ese marco, señaló que desde la interposición del primigenio recurso de inaplicabilidad de ley por parte de la defensa oficial hasta ese momento había transcurrido un lapso superior a los doce años; período en el cual el imputado de autos se limitó a solicitar la revisión de la sentencia de condena que se le había impuesto y a intentar recuperar su libertad ambulatoria (v. fs. cit. -segundo párrafo-).
Adujo que la ley 24.390 "...ha fijado como plazo razonable para la prisión preventiva dos años, con una prórroga de un año y una segunda prórroga de seis meses, de acuerdo a la complejidad de la causa [...] mientras que el art. 141 del C.Pr.P. sostiene que la duración total del proceso no podrá ser superior a dos años" (fs. 93). Citó también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia (v. fs. 93 vta.), concluyendo que "...corresponde entender -en principio- como plazo máximo para la consideración del plazo razonable del art. 8.1 de la Convención el fijado por la ley 24.390 (es decir; tres años y seis meses), por encima del cual todo exceso será irrazonable" (fs. 94).
Por otra parte, mencionó los criterios elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y receptados por la Corte Interamericana de Justicia para la determinación de la razonabilidad del plazo de extensión del proceso: 1) la complejidad del caso; 2) la conducta del inculpado y 3) la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso (v. fs. 94 vta.).
Con relación a la causa en estudio, adujo que los hechos que se le imputaron a Sánchez "...no revistieron demasiada complejidad investigativa, y los elementos probatorios habían sido colectados en los primeros momentos de la investigación, por lo cual no es un extremo a considerar a fin de tener por razonable el plazo del proceso, sobre todo en lo que a la etapa recursiva se refiere" (fs. 95). En cuanto a la actividad procesal de su asistido, expresó que "...aquel se limitó [...] a hacer uso de sus derechos constitucionales (básicamente, a recuperar el goce de su libertad ambulatoria [...] y a obtener una revisión integral de la sentencia de condena)" (fs. cit. y vta.). Luego abordó lo referido a la diligencia de las autoridades competentes, afirmó que "...es evidente que el hecho de no haber logrado en alrededor de doce (12) años una decisión definitiva en la órbita del proceso recursivo -período de tiempo que, si se cuenta desde el comienzo de las actuaciones, alcanza los quince (15)- (art. 75 inc. 22 C.N. -art. 8.2.h C.A.D.H., art. 14.5 P.I.D.C. y P.-), importa falta de la diligencia debida por parte de las autoridades, la cual [...] no puede ser cargada a cuenta de los justiciables" (fs. 95 vta. último párrafo y 96; el destacado figura en el original).
En sustento de su postura citó jurisprudencia de la Comisión Interamericana (caso Genie Lacayo , sent. de 29-I-1997); también de la Corte Europea (casos Terranova v. Italia , sent. de 4-XII-1995; Phocas v. Francia , sent. de 23-IV-1996 y Süssmann v. Alemania , sent. de 16-IX-1996; v. fs. 96 y vta.).
Agregó: "Surge en forma meridiana que un período superior a los doce (12) años [...] de duración de la etapa revisora de la sentencia del Tribunal juzgador, sin complejidad de estos actuados, sin maniobras dilatorias de parte de quien se encuentra sometido a proceso, y sin la debida diligencia de las autoridades, superan lo que debe entenderse por plazo razonable" (fs. 96 vta.).
Peticionó en definitiva, que se decrete "...la extinción de la acción penal por prescripción, dado que resulta ser ésta la medida idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo, salvaguardándose así el derecho de Sergio Javier SÁNCHEZ a obtener una decisión definitiva en el proceso sin dilaciones indebidas del mismo, y garantizándose a través de los mecanismos procesales ordinariamente establecidos, la subsanación de una realidad asimilable a una denegatoria de justicia" (fs. 99). Invocó lo normado por los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 7.5. y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 16 segunda parte de la ley 48; 1 y 9 de la ley 24.390 y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada de los precedentes "Mattei", "Mozzatti", "Kipperband" y "Podestá".
I.2. Como planteo subsidiario, tachó de arbitraria la sentencia por indebida fundamentación y por apartarse de los precedentes de esta Corte dictados en torno al punto objeto de la presente litis, lo que implicó -a su criterio- la afectación a los derechos de defensa en juicio y debido proceso sustantivo, contenidos en el art. 18 de la Ley Fundamental (v. fs. 99 vta.).
Cuestionó, específicamente, que el órgano revisor no haya declarado la prescripción de la acción penal nacida de los ilícitos de homicidio simple y lesiones graves (arts. 55, 79 y 90, Cód. Penal), no obstante que desde la fecha del dictado de la sentencia de condena -3 de abril de 1996- había corrido el plazo legal requerido a esos efectos por el art. 62 inc. 2 del Código Penal, esto es, doce años para el delito contra la vida y seis años para el restante, sin que surja -en el caso- constancia alguna de la producción de los actos interruptivos previstos en el art. 67 (t.o. ley 25.990) del mismo cuerpo legal (v. fs. 100).
Con invocación del principio de legalidad, efectuó diversas consideraciones generales acerca del instituto de la prescripción como límite temporal al poder punitivo estatal (v. fs. 100 vta. y 101).
Añadió que "...el nuevo texto del art. 67 del C.P. establece que el último acto interruptivo de la prescripción es la sentencia de condena, aunque la misma no se encuentre firme; sentencia de condena dictada por el Tribunal juzgador -y no por otro-..." (fs. 101 vta.).
A tal efecto, trajo a colación -entre otros que citó- el precedente de este Tribunal P. 83.722, sentencia de 23-II-2005, en cuanto al principio de retroactividad de la ley más benigna, en alusión a la ley 25.990 (v. fs. cit.).
Por último, solicitó la aplicación al caso de doctrina legal elaborada por esta Corte respecto a la declaración oficiosa de la prescripción establecida en los precedentes P. 72.553, P. 82.562, P. 82.620 y P. 89.201, y se establezca que la acción penal respecto de los delitos referidos se halla prescripta en el marco de este proceso, toda vez que han transcurrido más de doce años desde el dictado de la sentencia de condena de primera instancia -aún no firme- (v. fs. 102 vta.).
II. El señor Procurador General propuso hacer lugar al reclamo y declarar la extinción de la acción penal por prescripción (v. fs. 190/192).
Coincido parcialmente con lo así dictaminado.
III.1. El agravio sobre la violación de la garantía de plazo razonable, no es de recibo en razón de su insuficiencia (doctr. art. 495, CPP).
La defensa del imputado hizo una mención genérica a esta garantía y la acompañó con abundante cita de precedentes jurisprudenciales, mas dejó sin adecuado análisis los diversos parámetros que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir su aplicación al caso, en particular la gravedad del suceso atribuido.
Resulta oportuno recordar que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos quienes, tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el caso Suárez Rosero (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo: TEDH Motta , 19-II-1991 y Ruiz Mateos , 23-VI-1993), que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso debe tomarse en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del juicio implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008; P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 132.553, sent. de 24-II-2021; P. 135.381, sent. de 15-VI-2022; e.o.).
Así entonces, se advierte que la recurrente se limitó a señalar de modo abstracto el tiempo insumido en este juicio y a acompañar citas jurisprudenciales, sin hacer referencia concreta a las particularidades del expediente que justifiquen la concurrencia del conjunto de circunstancias que se impone valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso, conforme la doctrina que emerge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal Supremo provincial.
Luego, la referencia a la mora de los órganos jurisdiccionales no puede deducirse del mero transcurso del tiempo, como parece resultar del razonamiento de la parte, sin considerar en toda su dimensión la existencia de diversas particularidades que no pueden soslayarse al momento de analizar este aspecto del tópico, tales como las que fueran detalladas en los antecedentes.
En cuanto a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por la recurrente, cabe señalar que ningún intento ha sido efectuado para justificar que la solución allí adoptada pudiera ser trasladable a este caso a pesar de las particularidades que los diferencian.
Cabe rememorar que esta Corte resolvió que la pretensión de que se extinga la acción penal por violación del plazo razonable de tramitación del proceso es insuficiente si el recurrente apoya su agravio en la afirmación dogmática de que ha sido superado el "plazo razonable" de duración de la causa, sin evidenciar, más allá de sus alegaciones sobre la simplicidad del asunto y la prudente conducta del procesado, tal circunstancia a través de un análisis concreto de sus constancias objetivas (causa P. 117.968, sent. de 11-III-2015; e.o.).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó la necesidad de hacer un análisis de razonabilidad evaluando la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia (CIDH caso Valle Jaramillo , sent. de 27-XI-2008) lo que constituye el cuarto elemento que debe tomarse en cuenta para valorar globalmente la razonabilidad cronológica (CIDH caso Kawas , sent. de 3-IV-2009, párrs. 112 y 115).
Este último elemento en particular, la entidad del delito -en el caso- de homicidio simple y lesiones graves, ha sido ignorado de modo absoluto por la defensa y ello se erige en un impedimento serio para la declaración de la extinción de la acción penal por vulneración del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. En efecto, la entidad del delito es una variable relevante que no puede dejar de ser tomada en cuenta a los fines de resolver la insubsistencia de la acción por transgresión de dicha garantía, conforme resulta de diversos pronunciamientos de la Corte federal en los cuales -con el mismo objetivo que ahora nos ocupa- examinó los montos de las escalas penales respectivas y/o el pedido de pena efectuado por la fiscalía (cons. V del caso "Acerbo, Néstor Horacio s/contrabando causa nº 51.221", al compartir el dictamen de la Procuración, sent. de 21 de agosto de 2007 y cons. 21° del voto de la minoría conformada por los jueces Petracchi y Boggiano en el caso "Kipperband", Fallos: 322:360).
Por lo tanto, la índole del hecho juzgado en estas actuaciones -homicidio simple y lesiones graves en concurso real (sin perjuicio de lo que se resuelva a continuación con relación al último ilícito)- constituye un obstáculo, en el sub lite , para propiciar la extinción de la acción por la causal en análisis e impide tener por configurados los presupuestos excepcionales que deben conjugarse para aplicar la jurisprudencia establecida por la Corte de la Nación a partir de los precedentes "Mattei" (Fallos: 272:188); "Mozzatti" (Fallos: 300:1102); "Moyal" (sent. de 23-X-2007) y su progenie (conf. causas P. 131.186, sent. de 2-IX-2020; P. 131.933, cit.; e.o.).
A ello se debe sumar otro dato que también la defensa ha ignorado por completo: el relativo a la paralización de proceso durante años producto de la rebeldía del propio imputado, en razón de las circunstancias que surgen de la certificación agregada a la causa, y a cuyo respecto nada en particular haya argumentado la defensa sobre el perjuicio o afectación actual para su situación jurídica, todo lo cual reafirma la insuficiencia de su reclamo (art. 495, CPP; doctr. causa P. 132.771, sent. de 13-IX-2021 y sus citas).
III.2. El planteo subsidiario prospera parcialmente.
III.2.a. En primer lugar, se debe destacar que si bien los hechos en juzgamiento datan del mes de mayo de 1993 (causa n° 3921), de fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005; art. 18, Const. nac.), el principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atingente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el mentado art. 2 del digesto sustancial (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
Ello, en lo que importa, modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio" como causal interruptiva de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"), y con expresa contemplación de la teoría del paralelismo para el supuesto de concurso de delitos (conf. causas P. 70.829, sent. de 31-X-2007; P. 77.178, sent. de 14-V-2008; P. 105.339, sent. de 16-XII-2009; P. 116.962, sent. de 16-XII-2015; P. 126.558, sent. de 29-III-2017; e.o.).
III.2.b. A su vez, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
El dictado de la ley 25.990 y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67 apdo. cuarto incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión de los delitos impugnados se ha extinguido.
A su vez, estableció en el quinto párrafo que la prescripción corre, se suspende o interrumpe "separadamente para cada delito", consagrando de manera expresa la denominada teoría del paralelismo para su cómputo en los supuestos de pluralidad de ilícitos, que en el caso concurren materialmente (v. mi voto en la causa P. 64.341, sent. de 6-VIII-2003; e.o.).
Ahora bien, en función de lo que surge de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 211 vta. y 212), del Registro Nacional de Reincidencia (v. fs. 234/238 vta.), y del informe actuarial que luce a fs. 241 y vta. resulta que el imputado Sergio Javier Sánchez ha cometido dos nuevos delitos que interrumpieron el curso de la pr
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