Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 123510
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luís María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver la presente causa 123.510 ,caratulada " Thomsen, Máximo Pablo; Pertossi, Ciro; Comelli, Enzo Tomás; Benicelli, Matías Franco; Viollaz, Ayrton Michael; Cinalli, Blas; Pertossi, Luciano y Pertossi, Lucas Fidel s/ Recurso de Casación // Viollaz, Ayrton Michael; Cinalli, Blas Y Pertossi, Lucas Fidel s/ Recursos de Casación interpuestos por Fiscal y Particular Damnificado". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI – BUDIÑO .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia de los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, el Particular Damnificado y la Defensa de los imputados Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli, Ayrton Michael Viollaz, Blas Cinalli, Luciano Pertossi y Lucas Fidel Pertossi, respecto del pronunciamiento recaído en la causa 629 (registro interno n° 8488) del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Dolores, por el que se resolvió condenar a Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli y Luciano Pertossi, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por haber sido encontrados coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves (de conformidad con lo normado por los artículos 80 incisos 2º y 6º, 54, 89 y 45 del Código Penal); y a Ayrton Michael Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Fidel Pertossi, a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas procesales, por haber sido hallados partícipes secundarios del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves (de conformidad con lo normado por los artículos 80 incisos 2º y 6º, 54, 89 y 46 del Código Penal).
Efectuadas las vistas correspondientes, cumplida la audiencia del art. 458 del CPP, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. Recurso de la Defensa.
El letrado defensor particular de los imputados Máximo Thomsen; Enzo Comelli; Ayrton Viollaz, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi; Matías Benicelli y Blas Cinalli, Dr. Hugo José Tomei, atacó la condena dictada, con respecto a sus asistidos, por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores.
Invocó diversos precedentes de la CSJN y de la SCJBA y afirmó su derecho a que se revisen en esta instancia actos anteriores al juicio oral por resultar violatorios de la Constitución Nacional.
En ese sentido enunció y desarrolló lo que dio en llamar “ planteos constitucionales formulados en trámite ”, efectuando un repaso de los actos de la IPP que tachó de “inválidos” por vulnerar la defensa en juicio de sus asistidos.
Al amparo de dicha línea argumental, resumió la gravedad de las irregularidades denunciadas explicando que “ ...apenas iniciada la pesquisa los funcionarios a cargo del procedimiento omitieron informar a los imputados que no estaban obligados a declarar contra s[í] mismos, ni a confesarse culpables. Además, no comunicaron a los interesados directos la realización de una prueba irreproducible como el examen de autopsia. Tampoco habrían tenido con quien tramitar la propuesta de perito de parte, puesto que la defensora asignada por el Estado, no se presentó debiendo hacerlo. Pensándolo bien, la notificación de la autopsia a los acusados no habría tenido ningún sentido, más que el cumplimiento de una formalidad más, porque los acusados no tenían con quien hacerlos valer ” (sic).
Agregó que el trámite del expediente “ viene con otras irregularidades ” que echan por tierra el debido proceso y la defensa en juicio. Así, expresó que la Fiscal superpuso fechas de pericias con la diligencia probatoria de reconocimiento de personas. Que, mientras los imputados participaban de ella en la localidad de Villa Gesell, el día 27 de enero de 2020, se realizaban en la ciudad de Mar del Plata las pericias sobre los teléfonos incautados. Adunó que la autorización judicial sobre la extracción de la información de los aparatos telefónicos no tuvo en cuenta los límites del “objeto” del proceso, por lo que fue “irracional”, y violatoria del derecho a la intimidad y privacidad de las personas (Art.19 CN; Art.11.2 CADH; Art.17.1 PIDCyP), pues se sacó información “ sensible ” que fue entregada al particular damnificado y al Ministerio Público Fiscal, sin relación con los hechos de la causa, en desmedro de lo normado por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
En el capítulo titulado "INEXISTENCIA DE LAS AUDIENCIAS INDIVIDUALES REGLAMENTADAS POR LOS Arts. 308/316 DEL CPP", el recurrente denunció la inobservancia de Arts. 308 a 316 del Código Procesal Penal.
Explicó que la Fiscal recibió a los acusados en una oficina donde implementó un procedimiento grupal de imputación, sin mediar audiencias individuales, como ordena la ley.
Expresó que ello fue admitido por la Fiscal pese a que “ ella y los demás funcionarios del Ministerio Público -secretarios y defensora oficial- no tuvieron más remedio que imprimir las actas obrantes a fs.260/298, y suscribirlas para simular la realización legal del acto ”, lo cual a su juicio se trató de una “ falsedad ideológica de instrumento público ”, con anuencia de la Defensora Oficial. Destacó, de ese modo, que no se trató de un error en las actas, sino que las audiencias individuales directamente no se cumplieron .
Recordó que, en la primera jornada de debate, reeditó la cuestión y solicitó la suspensión del juicio, quejándose de que el Tribunal decidiera rechazar el planteo.
Adunó que no constituyó un razonamiento válido -por parte del sentenciante- acudir a la negativa a declarar de los acusados, como justificación del rechazo del planteo de la defensa, puesto que, para que sea válida esa manifestación, previamente, se debió recibir información sobre los derechos que amparaban a cada acusado, en audiencia individual; para contar con una imputación legalmente conformada. Dijo que las formalidades incumplidas, lo eran bajo pena de nulidad: primero, se debieron comunicar los hechos, luego la prueba y recién entonces podían válidamente los acusados decidir si se abstenían o no de prestar declaración. Sostuvo que allí residió el perjuicio, pues nadie puede decidir declarar o abstenerse " sobre hechos que debía conocer sólo por boca de la Sra. Fiscal o del secretario, en audiencia individual, informados de derechos constitucionales (Art.316 CPP) y solo en presencia de un profesional que garantice el adecuado desarrollo de la intimación ".
Solicitó que se case la sentencia recurrida y se declare la nulidad de las audiencias de imputación y de todos los actos posteriores, inclusive el debate.
A continuación, tituló otro punto de agravio como "VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES DE CÁMARA DE APELACIONES ".
En este apartado desarrolló los argumentos tendientes a confirmar "la sospecha de parcialidad en la intervención de los Jueces la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial Dolores, Dr. Felipe Defelitto; Miriam Darling Yaltone y Fernando Sotelo” (sic) , pidiendo que se case la sentencia de condena recurrida, se haga lugar a la recusación de los jueces de la Sala I de la Cámara del Departamento Judicial de Dolores de intervención en autos y se dejen sin efecto la resolución de fecha 14 de abril de 2020, pronunciada en el Exp.23.238 y todos los actos que de ella dependan (Art. 52 CPP).
Luego se ocupó de tratar lo que dio en llamar " VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LA ETAPA DE IPP ".
Aclaró que el contraste entre ambos hechos radicó en las acciones de los acusados, lo cual inexorablemente repercutió en el ejercicio de la defensa. Así, sostuvo que el perjuicio radica en que el Estado llevó a los acusados a dedicar tiempo y recursos en una defensa que tiene un objeto diferente al juzgado en el debate, agregando que, con la sentencia dictada, hubo en el proceso tres descripciones diferentes de un mismo acontecimiento. Una para el auto de prisión preventiva; otra para el requerimiento de citación a juicio y la tercera, distinta a las otras dos, propia de la sentencia de condena.
En ese tren de análisis, criticó decisiones anteriores en las que se rechazó el planteo puesto que, aunque el resultado muerte no varió, la forma en cómo los acusados habrían llegado a él, sí lo hizo, cambiando la participación criminal de algunos imputados y añadiéndose nuevas víctimas al relato.
A partir de todo ello, criticó que se entendiera que se había tratado de un mismo hecho pues, atento a lo explicado de manera previa, sería indudable que se trató de hechos diferentes.
Pidió entonces que se case la sentencia recurrida, se declare la nulidad del procedimiento desde el primer llamado a prestar declaración y todo lo actuado en consecuencia, disponiéndose la inmediata libertad de sus defendidos.
En el siguiente capítulo del recurso, el impugnante planteó lo que denominó “ IMPRECISIÓN DE LA DESCRIPCION DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO ”.
Luego de criticar la resolución emanada de la Cámara de Apelación y Garantías que rechazó el mismo planteo durante la IPP, procedió a cuestionar la formulación del Ministerio Público Fiscal en la oportunidad del art. 335 del rito, denunciando la “indeterminación” del hecho intimado que, bajo su perspectiva, merece la sanción de nulidad establecida en la misma norma.
Ejemplificó aquella indeterminación mediante la formulación de diversas preguntas que no habrían tenido respuesta en la requisitoria de elevación a juicio, como por ejemplo “ ¿En qué momento y lugar acordó con los demás sujetos dar muerte a la víctima? ” “¿ De qué forma acordó dar muerte a la víctima?” “¿Quién tuvo un altercado con la víctima?”, etc.
Prosiguió su crítica al pronunciamiento de la Cámara, censurando cada voto por separado, y recalcando que los jueces no respondieron los agravios llevados a su conocimiento.
Por todo ello, insistió en que se haga lugar a la nulidad de la requisitoria de citación a juicio y de todos los actos que de ella dependen: debate y sentencia condenatoria.
A partir del siguiente capítulo de la impugnación, el defensor comenzó a objetar la sentencia de condena emanada del Tribunal en lo Criminal.
En primer lugar, sostuvo una “ violación al principio de congruencia en la sentencia” y criticó los fundamentos del fallo para rechazar este planteo (que la materialidad fáctica de la requisitoria había permanecido, en lo sustancial, inalterada a lo largo del proceso), pues aseguró que la diferencia existente entre los hechos del requerimiento de citación a juicio y los que tuvo por comprobados la sentencia sí fue sustancial, lo cual surge expresamente del reconocimiento en el pronunciamiento de que “ …de la plataforma fáctica que tengo por demostrada me aparto parcialmente del alcance que los acusadores adjudicaron al suceso que nos convoca… ”.
Continuó su desarrollo argumentando que el Ministerio Público Fiscal llevó a juicio a ocho jóvenes asegurando que, “ previo” al ataque, “ acordaron ” darle muerte a Fernando Báez Sosa asociados y con alevosía. Y que, para ello, anteriormente, también determinaron sus roles comisivos: Thomsen; Cinalli; Ciro Pertossi, Comelli y Matías Benicelli, golpearon a la víctima; mientras que Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi, “previo acuerdo ” y “ distribución de tareas ” con los demás, participaron agrediendo a sus amigos.
Añadió que la Fiscalía había ubicado el dolo de matar (y los aspectos subjetivos de las figuras agravadas) antes de que comenzara la agresión que culminó con la vida de Báez Sosa. Que, sin perjuicio de ello, en la sentencia se ubicó al dolo en otro espacio de tiempo, lo cual lastimó el derecho de defensa por un apartamiento sorpresivo respecto de las circunstancias temporales de surgimiento del dolo homicida.
A partir de allí, el impugnante adujo que podía considerarse un viraje o cambio sustancial porque nada podía hacer para controvertir el inesperado corrimiento temporal del dolo.
Agregó que los cambios en el hecho que impidieron ejercer una adecuada defensa tampoco se agotaron allí pues, en el caso concreto de Luciano Pertossi, llegó a juicio para defenderse de haber agredido a los amigos de Báez Sosa, como forma de impedir que aquél recibiera su ayuda, sin perjuicio de lo cual, fue condenado por agredir al nombrado.
Respecto de Enzo Comelli, indicó que tampoco estuvo anoticiado de que había agredido por la espalda a Báez Sosa, y menos Ciro Pertossi, que lo habría hecho de frente, en simultáneo, con aquél. Que, por el contrario, la intimación Fiscal afirmó que cinco sujetos activos (Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Benicelli y Blas Cinalli) lo rodearon, se abalanzaron sobré él y comenzaron a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo. Indicó que ningún elemento hizo pensar, a la defensa y a los acusados, que la sentencia daría por cierto un dato que no fue intimado previamente de manera directa o alternativa. Que, si Ciro Pertossi o Enzo Comelli hubieran tenido conocimiento previo de la sorpresiva circunstancia endilgada, sus intervenciones durante el proceso habrían sido distintas. Que, en el caso de Comelli, a través de su declaración indicando que él no golpeó desde atrás a Báez Sosa, en simultáneo con Ciro Pertossi. Y que, en el caso de este último, podría haber incluido en su declaración descripciones que negaran tal elemento de la imputación.
Manifestó entonces que, al igual que con el dolo de matar o la nueva conducta atribuida a Luciano Pertossi, la modificación de las circunstancias respecto de Ciro Pertossi y Enzo Comelli, los sumergieron en un evidente “ estado de indefensión ”.
En cuanto al caso de Blas Cinalli, explicó que, más allá de haberle resultado más favorable la participación secundaria determinada en el fallo, de todos modos, la alteración de los hechos determina un estado de indefensión puesto que “ si para el temperamento de los magistrados del Tribunal Blas Cinalli, no fue parte de la agresión a Baez Sosa, conforme aseveración Fiscal (fs.2986vta/2987) lo correcto hubiera sido absolver, jamás buscar un lugar dentro de la dinámica del acontecimiento para justificar la condena impuesta. Blas Cinalli actuó en el debate para desprenderse de la acusación que afirmaba haber golpeado a Baez Sosa, función que logró, puesto que para reubicarlo en otro lugar de la escena, previamente, el Tribunal tuvo que negar la afirmación del Ministerio Público Fiscal ” (sic).
Con aquellas ejemplificaciones, el recurrente volvió a la carga sosteniendo “la imprecisión ” y “los cambios de las circunstancias fácticas ” en cuanto al hecho original contenido en la requisitoria de citación a juicio, y los términos de la condena. Dijo que el a quo advirtió la falencia de la acusación (a la que el defensor, en varios pasajes de la impugnación atribuyó excesiva imprecisión, tal como se vio reflejado en un anterior motivo de agravio) pero, para poder condenar, necesitó precisar algunas conductas.
Argumentó que, en el caso de Matías Benicelli, el sentenciante afirmó que le había pegado a la víctima; pero sin especificar en qué lugar del cuerpo, con qué intensidad y si fue con puño o patadas o ambas. Adunó que no pudo conocerse si su golpe causó la muerte. Dijo que tales falencias no se suplen porque se hubiera enunciado que la conducta también consistió en “ ...continuar agrediendo brutalmente… ” (incluyendo así a Benicelli), con el resultado muerte. Argumentó que era necesario un grado mayor de precisión para no transgredir el principio de culpabilidad.
Denunció que lo mismo sucedió con la situación de Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz. Que la intimación de los acusadores en ninguna parte describió que los nombrados y Blas Cinalli hubieran visto el estado de indefensión de la víctima luego de los dos primeros golpes y que ahí hubieran decidido ayudar a los coautores prestando una colaboración suficiente para consumar el crimen.
Concluyó que, en cada acción atribuida, por mínima que sea la variación del suceso, cambia su forma de refutación. Entonces, enfatizó que la defensa se vio sorprendida, porque en la sentencia se describieron conductas que no fueron imputadas por los acusadores. Y que, si ellas hubieran sido conocidas durante el proceso, ello habría motivado el cambio en las líneas argumentales de la parte, para ejercer una defensa eficaz.
Sostuvo que el Tribunal cumplió funciones propias de la acusación cuando decidió integrar el hecho con desconocidas precisiones. Dijo que ese mecanismo también importó una alteración del principio de imparcialidad.
Añadió que, en el fallo, Luciano Pertossi agredió a Báez Sosa; pero que, en la intimación, sólo a los amigos de éste. También adunó que, en el pronunciamiento del a quo , Enzo Comelli golpeó con el puño a Báez Sosa por detrás y Ciro Pertossi por delante, en simultáneo; pero que la acusación no incluyó esta circunstancia.
Asimismo refirió que en la sentencia se sostuvo que, ya encontrándose en el piso la víctima, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matias Benicelli y Enzo Comelli, con intenciones de quitarle la vida, continuaron agrediéndolo con patadas dirigidas a la cabeza y otras partes del cuerpo como también golpes de puño; acontecimientoséstos que no surgieron de la intimación.
Que en el fallo se consignó que Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, luego de ver el estado de absoluta indefensión de la víctima después de que recibió los dos primeros golpes, apoyaron a los coautores y prestaron una colaboración no imprescindible, pero suficiente para favorecer la consumación del crimen; suceso que no contuvo la acusación y, por ende, el objeto del proceso.
A partir de todo ello, postuló que indudablemente existieron “notables diferencias entre el objeto de imputación y el refrendado en la sentencia ”.
Insistió que el debate no es un ámbito de investigación donde corresponda precisar conductas no contenidas en la descripción acusatoria.
Explicó que “… Si no fueron probados los hechos de la intimación; entonces, por qué han de ser condenados. Ni más ni menos, se los responsabilizó por un hecho novedoso creado por el Tribunal Oral a medida de la Sentencia que pretendían dictar, y con ello, el principio de imparcialidad salió a navegar en medio de una tempestad ”.
Así las cosas, solicitó que se case la sentencia condenatoria por violación al principio de congruencia, en los términos del Art. 203 del Código Procesal Penal, y que se declare la nulidad absoluta del veredicto, sentencia y de la totalidad del d
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