Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134283
1600-5339-23
C. 134.283
En la ciudad de La Plata se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Carral, a los efectos de resolver la causa nro. 134.283 caratulada "C. D. S. s/ recurso de casación", conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-CARRAL.
I. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n°1 del Departamento Judicial de San Nicolás de los Arroyos, dictó auto de responsabilidad -en el marco de un juicio abreviado- encontrando a D. S. C. y a E. N. L. autores penalmente responsables del delito de robo calificado por la utilización de arma de fuego en los términos del artículo 166 inciso 2° segunda parte del Código Penal.
II. A continuación, la misma judicatura consideró necesaria la aplicación de una sanción y condenó a los nombrados a la pena de tres (3) años y cuatro (4) meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas.
III. Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial de D. S. C., María Victoria Filas, interpuso recurso de casación y solicitó se case la sentencia atacada.
IV. Conferidos los traslados en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal, se pronunció el Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, y propició el rechazo de la impugnación realizada por la defensa.
Por su parte, José María Hernández, Defensor de Casación Adjunto, solicitó se declare la procedencia del recurso interpuesto de acuerdo a las soluciones propuestas por la Defensora Oficial.
V. Con fecha 24 de septiembre del corriente, mediante la plataforma virtual Microsoft Teams, se llevó a cabo la audiencia de visu en los términos del artículo 60 de la ley 13.634 que contó con la presencia del Defensor Oficial, José María Hernández, oportunidad en la cual el joven C. se explayó, entre otras cuestiones, sobre distintas circunstancias personales vinculadas con su vida personal, la conformación actual de su familia y la contención familiar con la que cuenta.
Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez Manuel Alberto Bouchoux, expresó:
I. La defensa técnica de D. S. C. acude a la vía casatoria y denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal, específicamente, de los preceptos legales contenidos en el artículo 4 incisos 1° y 3° y 8 de la ley 22.278; 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 37, 40 incisos 1, 2b, 3 y 4 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; 13.1, 17.1 y 19 de las reglas de Beijing, entre otros.
Señala que existe una flagrante afectación de la garantía del juicio previo tanto en relación al monto de pena como al modo de cumplimiento.
En ese sentido, expone que fue cercenada toda posibilidad de debate respecto de la necesidad de pena, quantum y modalidad en la medida en que se omitió la cesura entre aquello que debió quedar comprendido en el juicio de responsabilidad y el de la eventual necesidad de imponer una pena una vez cumplidos los requisitos de la ley 22.278.
Postula, a mayor abundamiento, que ello conculcó el derecho a ser oído del joven, la garantía de juicio previo y de doble instancia en relación al auto de responsabilidad cuya fundamentación tampoco se encuentra abastecida.
II. En segundo lugar, argumenta que incluso si pudiera ser salvable ese obstáculo de ausencia de cesura, la sentencia resulta igualmente arbitraria por insuficiencia en la fundamentación.
Denuncia, en esa senda, la inobservancia de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los casos “Maldonado”, “Spindola”, “Castillo Mercedes”, “Ramírez Fernando” y “Romano Hugo Enrique”.
En lo medular, señala que la sentenciante decidió que era innecesario someter al joven a un período de prueba sin efectuar análisis alguno en relación al desempeño institucional del joven.
En ese sentido, cuestiona que la sentencia no contenga una mínima consideración del tiempo existencial transcurrido por C. en institutos, de la existencia del tratamiento en su totalidad, de los padecimientos del joven en relación a sus vínculos, ni del contenido de los informes en su totalidad, análisis que debía ser actualizado al momento de la imposición de la pena.
Por lo demás, esgrime la impugnante que la sentencia ha soslayado toda referencia a la situación especial del joven juzgado, así como todo análisis acerca de los parámetros de integración del niño y la asunción de una función constructiva en la sociedad.
En virtud de lo expuesto solicita que se haga lugar al recurso interpuesto, se declare la nulidad del fallo en cuanto fuere materia de recurso y se mande a dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
III. Adelanto que el recurso habrá de tener acogida parcial en esta instancia, concretamente en el segmento vinculado a las críticas dirigidas al tramo de la sentencia en el cual se dispone la necesidad de imponer la pena.
IV. Antes de comenzar, es importante señalar que la sentencia recurrida fue dictada en el marco de un juicio abreviado acordado por las partes.
Como he indicado anteriormente (c. 133.216, “Agüero”, sent. del 24-IX-2024), nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de procedimientos indicando que: “...la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (SCBA, P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En nuestro sistema procesal, la adopción del procedimiento abreviado no exige admisión de los hechos y participación por parte del imputado, pero sí supone que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral.
Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f, CADH; 14.3 e, PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante los jueces que deben decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Lógicamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica.
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del CPP). De modo que los agravios traídos ante este Tribunal deberán ser tratados concisamente por imperativo legal.
V. En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
De acuerdo a los lineamientos planteados por la recurrente, corresponde analizar, en primer lugar, el agravio relativo a la afectación del derecho al juicio previo respecto de la oportunidad procesal en la que fue evaluada la necesidad de imponer una pena.
Sobre este primer aspecto, es importante recordar que, la recurrente juzgó desacertada la decisión de la sentenciante, quien luego de dictar el auto de responsabilidad, entendió que correspondía expedirse sobre la necesidad o no de imponer una sanción penal a los jóvenes a la luz de lo normado en el artículo 8 de la ley 22.278.
A diferencia de lo pretendido por la impugnante, entiendo que la decisión de la jueza no adolece de los déficits denunciados por la defensa técnica de D. S. C., pues, su conclusión se apoya -en lo esencial- en la excepción del artículo 8 de la ley 22.278 que establece que si el imputado fuere mayor de edad, una amplia información sobre su conducta suplirá el tratamiento tutelar al que debió ser sometido.
Bajo esa tesitura, en la segunda cuestión del veredicto, luego de oír las posturas de las partes y la palabra de los jóvenes C. y L., la jueza a-quo, respondió al interrogante sobre si correspondía o no la aplicación de una sanción en el caso, bajo el entendimiento de que ya se encontraban cumplidos todos los recaudos previstos en el artículo 4 de la ley 22.278.
En este sentido, la jueza expuso que: “...habiendo atravesado los jóvenes el proceso en situación de encierro, en este contexto, advierto que en los autos existen informes suficientes que permiten conocer acabadamente las circunstancias de los imputados y que detallan las actividades desarrolladas en cumplimiento de la medida cautelar oportunamente impuesta”.
Para justificar su temperamento, citó jurisprudencia en donde la Suprema Corte de Justicia estableció que si el imputado tuvo acceso a actividades encaminadas a mejorar su integración social, sería absurdo afirmar que el tratamiento tutelar no tuvo lugar.
Finalmente, con acierto, la magistrada tuvo en cuenta que en el caso se encontraba en juego el derecho insoslayable de todo imputado de conocer, en el plazo más breve posible, la respuesta estatal a la infracción cometida. En base a todas las consideraciones efectuadas, entendió que correspondía dar por cumplidos los requisitos del artículo 4 de la ley 22.278 y proceder a evaluar si resultaba necesario imponer una sanción penal.
Como es sabido, el Régimen Penal Juvenil exige ciertos requisitos para imponer una pena a la persona imputada: a) su declaración de responsabilidad penal; b) que haya alcanzado la mayoría de edad y c) que haya sido sometido a un año de tratamiento tutelar; no obstante, “...cuando al momento de resolver ya estuvieran presentes todos los requisitos del art. 4º de la ley 22.278, esto es, que el imputado haya alcanzado la mayoría de edad y cumplido con el año de “tratamiento tutelar” (requisito sustituible por un informe socioambiental como indicamos anteriormente), no existirían obstáculos legales para que el acuerdo incluya la necesidad y el monto de la pena” (Mary Beloff y otros "La justicia juvenil y el juicio abreviado", La Ley, 79, revista 73, 2015).
En el caso particular las partes acordaron un juicio abreviado que comprendía el tope punitivo de tres (3) años y cuatro (4) meses de prisión para el caso de que recayera sentencia condenatoria. En ocasión de celebrarse la audiencia a tenor del artículo 398 del ritual, el fiscal solicitó que el requisito relativo al tratamiento tutelar (art. 4 inc. c, ley 22.278) debía ser exceptuado en función del artículo 8 de la misma ley, solicitando que la pena sea de efectivo cumplimiento.
Por su parte, la defensa manifestó en idéntica oportunidad que: “...respecto de la aplicación de la pena, entiende que está disponible la valoración de si está o no cumplido el tratamiento y lo deja como una decisión jurisdiccional por afuera del acuerdo ”. También manifestó que “...para el caso de valorar que esté cumplido el tratamiento o se imponga la pena, si bien es de cumplimiento efectivo, se la tenga en cuenta por si se llega a valorar eventualmente como modo de cumplimiento, un arresto domiciliario” haciendo referencia a la participación de la hermana de D. S. C. en la audiencia.
De lo expuesto, se advierte que si bien la necesidad de imponer pena, lógicamente, no formaba parte del acuerdo de juicio abreviado pactado entre las partes, la defensa oficial sí tuvo posibilidad de litigar aspectos vinculados a su imposición, así como a su forma de cumplimiento (al solicitar el arresto domiciliario y convocar a la hermana del acusado al efecto), habilitando de este modo la decisión sobre el cumplimiento del requisito del artículo 4 inciso 3° de la ley 22.278 y a la consiguiente necesidad o no de imponer una sanción en el caso concreto.
Habilitada en ese sentido, la magistrada, luego de dictar el auto de responsabilidad analizó acabadamente las normas que eran de aplicación al caso, concluyendo que los jóvenes D. S. C. y E. N. L. ya habían adquirido la mayoría de edad; a la vez que también estaban siendo sometidos a un tratamiento a propósito de su detención cautelar la cual se mantiene hasta la actualidad, concluyendo que se encontraban cumplidos así los recaudos previstos por el artículo 4 de la ley 22.278.
En tales condiciones, entiendo que la jueza de grado se encontraba habilitada para expedirse, en aquella oportunidad, sobre la necesidad o no de imponer una pena a D. S. C., siendo que lo expuesto por la defensora en la audiencia celebrada deja al descubierto que la respuesta dispensada por la sentenciante resultaba pertinente y de ningún modo importaba un menoscabo a las garantías invocadas (art. 495, CPP).
Desde esa perspectiva, no puede entonces censurarse la conclusión de la juzgadora en relación a que se encontraban dados todos los presupuestos para pronunciarse, tal como lo hizo, en torno a la necesidad o no de imponer una sanción penal.
Tampoco es cierto que la jueza haya cercenado el derecho de D. S. C. a ser oído pues precisamente en ocasión de celebrase la audiencia referida, la jueza tomó contacto con ambos jóvenes y escuchó lo que tenían para decir. Así pues, el art. 41, inciso segundo del Código Penal establece que: "El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto (...) en la medida requerida para cada caso". Por su parte, el artículo 4 de la ley 22.278 señala que uno de los requisitos para aplicar pena a un joven, se relaciona con "la impresión directa recogida por el juez".
Tal como señala la jueza en su resolución, la impresión directa obtenida durante la audiencia -que tuvo lugar tan solo unos días antes de la sentencia condenatoria- fue considerada al momento de decidir sobre la necesidad de imponer una sanción a D. S. C..
Similar déficit argumentativo exhibe el planteo vinculado a la pretensa afectación de la garantía de la doble instancia en relación al auto de responsabilidad. Es que, en un tramo de la queja, la recurrente argumenta que al omitirse la cesura entre aquello que debió quedar comprendido en el juicio de responsabilidad y el de la necesidad de pena, la recurrente se vio imposibilitada de someter el auto de responsabilidad al tamiz del doble conforme derivado del derecho al recurso (8.2 h, CADH).
Sobre esta cuestión, es importante destacar que no existían impedimentos para que la Defensora Oficial impugnara tanto el auto de responsabilidad junto al tramo de la sentencia en la que la jueza se pronunció sobre la necesidad de imponer una pena; al no hacerlo, perdió aquella oportunidad, pues la sola alusión a un fallo arbitrario por “falta de tratamiento de las cuestiones planteadas en relación a la calificación legal y la autoría”, lógicamente carece de la carga técnica y suficiencia necesarias para solventar los agravios que comprende, lo cual configura un claro obstáculo para su tratamiento y procedencia.
Pese a ello, de una lectura del acuerdo de juicio abreviado celebrado entre las partes, así como de la transcripción de la audiencia celebrada a tenor del artículo 398 del Código Procesal Penal, no surge que la defensa haya realizado cuestionamientos en torno a la autoría y a la calificación legal atribuida al suceso juzgado.
En conclusión, conforme la reseña efectuada se advierte que los argumentos de la Defensora Oficial sobre la afectación del debido proceso, al debate previo y al derecho a ser oído, carecen de sustento para ser receptados favorablemente.
VI. Distinta suerte corre el agravio relacionado con la falta de fundamentación del tramo de la sentencia donde la jueza a-quo se decide finalmente por la imposición de una sanción penal.
Recordemos que el planteo de la defensa sobre este punto, se centraba en cuestionar la falta de consideración del tiempo existencial transcurrido por C. en los institutos, la existencia del tratamiento efectivamente recibido por él y la omisión de valorar los informes al momento de imponer la pena de tres años y cuatro meses de prisión.
Tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Maldonado", el juzgador no pueda omitir -al momento de determinar la pena- la consideración relativa a la concreta necesidad de pena desde el punto de vista de las posibilidades de resocialización. Dicho deber de fundamentar la necesidad de la sanción impuesta, supone ponderar cuidadosamente en ese juicio las circunstancias de los imputados y las actividades desarrolladas durante el tratamiento tutelar o, en lo que atañe al caso particular, durante su detención cautelar.
Tal como fuera referido en los párrafos que anteceden, la jueza señaló que existían informes suficientes que permitían conocer detalladamente las circunstancias de los imputados y las actividades desarrolladas por éstos en cumplimiento de la medida de coerción impuesta; sin embargo, de un pormenorizado análisis de aquel tramo de la sentencia, no se advierte que la sentenciante haya valorado aquellos informes indispensables –como contrapartida al requisito del tratamiento tutelar– que ni siquiera menciona al efecto.
Incluso, en lo que hace al trámite adoptado en el caso, la jueza ha expuesto que al acordar el juicio abreviado, las partes “consintieron la aplicación de la pena solicitada por el Agente Fiscal” , y si bien es cierto que el tope punitivo acordado por las partes resulta ser el mínimo de la escala penal correspondiente al delito endilgado (art. 166 inciso 2° segunda parte, CP) con la reducción del artículo 4 de la ley 22278, no es cierto que la defensa haya consentido la aplicación de una pena, pues, la propuesta de un tope punitivo en el acuerdo de juicio abreviado de ningún modo implica "consentir la aplicación de una pena" ni, por consiguiente, exime a la sentenciante de valorar los resultados del tratamiento tutelar -en este caso de los informes de la medida del tiempo en prisión- así como de los demás aspectos necesarios para expedirse sobre la necesidad de imponer una pena.
En esas condiciones, se aprecia que la magistrada hace mención a circunstancias de la vida de D. C. previas a quedar involucrado en la presente causa (condenas previas y tratamientos anteriores), y a las características propias de los hechos juzgados que hacen a su gravedad, incluso en lo que respecta a aspectos que no formaban parte de la imputación, tal como señala la recurrente.
Luego, se expide sobre la ausencia de contención familiar, destacando que la hermana de D. C. -propuesta por la defensa como su referente- no aparece aún como la figura de contención adecuada quien si bien, en palabras de la jueza, se ha esforzado por participar en la construcción de una vida saludable para su hermano, todavía existe un proceso para recorrer en esa vinculación.
Desde esa narrativa, luego de realizar una serie de consideraciones dogmáticas sobre el proceso penal juvenil, concluye que: “los organismos del estado deben seguir trabajando, en el contexto de una sanción penal, a fin de que haga verdaderamente suyos estos cambios observados, internalizando lo disvalioso de sus modos de accionar y la forma en que estos jóvenes vulnerar los derechos de terceros afectado sus propias vidas”;
La conclusión expuesta, configura un claro ejemplo de fundamentación aparente ya que idéntica afirmación podría ser trasladada prácticamente a cualquier caso cuando se omite expedirse sobre el tratamiento llevado a cabo por C. o, al menos, sobre el contenido concreto de los informes que, insisto, ni siquiera se transcriben al efecto.
Como dijimos anteriormente, el artículo 4 de la ley 22.278 fija los requisitos para imponer una pena y en la última parte establece que: "Una vez cumplidos estos r
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