Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126708
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el pronunciamiento del tribunal grado en cuanto decretó su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el presente caso, la que en este estado se declara.
Los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa conforme corresponda.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997, la inaplicabilidad al caso de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348 y su incompetencia para entender respecto del recurso de apelación interpuesto por Aurelia Gómez, en los términos del art. 2 de la ley 27.348 y de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contra la disposición de la Comisión Médica n° 37, delegación Quilmes, emitido en fecha 25 de octubre de 2018 en el expediente n° 187.184/18, iniciado con motivo del rechazo de la enfermedad profesional de la que se denunció portadora, como consecuencia de las tareas prestadas para su empleadora.
Para así decidir, sostuvo que si bien el objeto de la presente resultaba ser la revisión de la decisión recaída en el procedimiento administrativo ya agotado, a través -interpretó- de una acción ordinaria de conformidad con la nueva normativa procesal, la ley 14.997 -de adhesión al régimen legal instituido por el Título I de la ley 27.348- resultaba inconstitucional por varias razones. En lo sustancial, refirió la delegación en el poder administrador nacional de la facultad jurisdiccional y la competencia que detenta la Provincia en orden al dictado de la normativa procedimental aplicable; la vulneración de las disposiciones de los arts. 5, 75 inc. 12, 121 y 122 de la Carta Magna nacional y las bases del sistema federal de gobierno; la violación de la garantía consagrada en el art. 15 de la Constitución provincial, al pretender vedar a los trabajadores siniestrados el ilimitado acceso a la justicia del que gozan e imponerles un recorrido previo por la instancia administrativa que -sostuvo- resulta a todas luces inconstitucional.
III. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 116 de la Constitución nacional; 1, 6, 11 y 14 de la ley 24.557; 10 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 63 de la ley 11.653; 3 y 8 de la ley 26.773 y del decreto 1.694/09.
En esencia, sostiene que la decisión del tribunal de origen que declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997, la inaplicabilidad de la ley 27.348 y su incompetencia provoca una denegación de justicia, que afecta las garantías previstas en los arts. 15 de la Constitución provincial, al tiempo que también elude al mandato consagrado en el art. 14 bis de la Constitución nacional de proteger al trabajo en sus diversas formas.
Manifiesta que la actora dio cabal cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente a los fines de hacer uso del derecho de defensa en juicio, habiendo inclusive puesto de manifiesto en el escrito de inicio que, una vez interpuesto el recurso de apelación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo debía remitir el expediente a la justicia ordinaria del trabajo para tener habilitada la vía judicial.
Señala que, contrariamente a lo decidido en el pronunciamiento que impugna, no es el procedimiento administrativo lo que agravia a la accionante en el uso del derecho de defensa en juicio y acceso irrestricto a la justicia, sino, por el contrario, es la postura asumida por el tribunal de trabajo, que priva a la trabajadora siniestrada de obtener una revisión judicial de lo resuelto por la Comisión Médica interviniente.
IV. El recurso prospera.
IV.1. Liminarmente, se impone señalar que, con posterioridad al dictado de la resolución recurrida y de la interposición del carril extraordinario bajo estudio, esta Suprema Corte ha sentado criterio en relación a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), al decidir -entre muchas otras- las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), para revocar este aspecto de la decisión censurada.
Luego, corresponde señalar que los demás planteos ensayados en el remedio traído hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir, entre otras, en la causa L. 123.474, "Soria" (sent. de 1-XI-2021), en lo relativo a la interpretación de los arts. 2 inc. "j" -con remisión en su primer párrafo a lo dispuesto en el art. 2 segundo párrafo de la ley 27.348- y 103 de la ley 15.057, en cuanto a la posibilidad de recurrir la decisión emitida por la Comisión Médica Jurisdiccional ante los actuales tribunales de trabajo con asiento en la localidad donde se halle situado dicho órgano administrativo interviniente en el trámite administrativo (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
IV.2. En tales condiciones, y en atención a las constancias obrantes en la causa, asiste la razón al quejoso cuando sostiene que el pronunciamiento impugnado es errado y solicita su revocación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el pronunciamiento del tribunal grado en cuanto decretó su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el presente caso, la que en este estado se declara.
Los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa conforme corresponda.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:56:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2022 10:22:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 11:17:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:07:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:51:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/05/2022 12:53:07 hs. bajo el número RR-707-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia