Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129142
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/22 y Resol. 24/20) e intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días, acredite ante esta sede el depósito -a la orden del tribunal que dictó la decisión impugnada-, en concepto de integración, de la suma de pesos treinta y seis mil cien ($36.100); ello, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 280 cuarto párrafo, CPCC y 63, ley 11.653).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción entablada por Gabriel Alberto Sánchez contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en lo que interesa destacar, declaró la inconstitucionalidad del art 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la demandada (v. pronunciamiento de 20-IV-2022).
Para así resolver, en lo esencial, sostuvo que el plazo de caducidad de noventa (90) días hábiles judiciales que establece la citada norma ritual, computables desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional que se pretende revisar, resulta contrario al principio de supremacía constitucional contemplado en el art. 31 de la Constitucional y a las garantías amparadas en los arts. 16, 75 inc. 22 y 121 del mismo cuerpo constitucional y en las normas convencionales que destacó.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 5-V-2022), cuya denegatoria fundada en la carencia de la nota de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio y en la inexistencia de un caso federal bastante que habilite la instancia extraordinaria de casación local (v. resolución de 26-V-2022), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de 3-VI-2022).
En sustancia, alega errónea la decisión del a quo en cuanto declaró inadmisible el recurso extraordinario intentado, pues el pronunciamiento puesto en crisis por dicha vía, en cuanto declara la inconstitucionalidad del plazo de caducidad regulado en el citado art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechaza la excepción de cosa juzgada opuesta como defensa, es equiparable a sentencia definitiva, al "hacer cosa juzgada tanto formal como material" (sic), poniendo fin a la controversia y a la aplicación al caso de la ley 27.348, causándole un gravamen de imposible reparación ulterior.
III. La queja prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde observar que si bien esta Corte ha sostenido que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar el mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, CPCC; causas L. 113.289, "Olivello", sent. de 28-XII-2010; L. 113.643, "Usandizaga", sent. de 6-IV-2011; L. 121.483, "González", resol. de 27-XII-2017; L. 123.914, "Dailoff", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.681, "García ", resol. de 12-IV-2021) tal principio, por las razones que se desarrollan, debe ceder.
En el caso, no obstante recaer en etapa anterior al dictado de la sentencia del mérito de la causa, el pronunciamiento impugnado, en tanto decretó la inconstitucionalidad del art 2 inc. "j" de la ley 15.057, se expide en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior, por lo que resulta equiparable a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. Ac. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011; L. 122.136, "Castro", resol. de 2-V-2019 y L. 128.659, "Barrios", resol. de 5-V-2022) y, en consecuencia, viable el recurso de queja articulado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4.068/22 y Resol. 24/20).
III.2. En atención a lo dicho, carece de virtualidad el análisis de los restantes agravios desarrollados en el recurso de hecho traído de modo directo ante esta sede extraordinaria.
IV.1. Sentado ello, se impone destacar que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018; L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018; L. 124.991, "Benítez", resol. de 9-XII-2020 y L. 124.709, "Malagueño", resol. de 5-IV-2021).
Ahora bien, radicada la causa ante esta sede extraordinaria, se observa que el depósito efectuado por la interesada resulta insuficiente para cumplir cabalmente con lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial. La referida norma, conforme modificación dispuesta por la ley 14.141 -aplicable al caso- estableció un importe mínimo a depositar de 100 jus arancelarios.
IV.2. Así, de acuerdo al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva, el depósito mínimo a satisfacer en el sub lite es de $453.700, por lo cual el efectuado ($417.600, conforme da cuenta el archivo adjunto al escrito con cargo electrónico de fecha 16-V-2022) resulta insuficiente para cumplir con la carga en cuestión, correspondiendo intimar a su integración (párrafo cuarto, art. 280 cit.; Acuerdo 4.065/22).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/22 y Resol. 24/20) e intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días, acredite ante esta sede el depósito -a la orden del tribunal que dictó la decisión impugnada-, en concepto de integración, de la suma de pesos treinta y seis mil cien ($36.100); ello, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 280 cuarto párrafo, CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2022 10:01:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 11:31:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:43:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:44:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 14:39:45 hs. bajo el número RR-951-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia